Crece el gasto social, pero no disminuye la pobreza
Por Tamara Seiffer.
En la última década asistimos a un crecimiento del gasto social en Brasil y el resto de Latinoamérica. A pesar de haber sido la bandera de gobiernos progresistas, la realidad indica que es un fenómeno general que engloba a gobiernos de distintos colores. Como ejemplos tenemos a Colombia, donde el gasto social por habitante creció el 78% entre 2000 y 2012; México donde lo hizo en un 122% entre 1991 y 2012 y Perú, donde entre 1999 y 2012, creció el 92 por ciento.
Una parte de este gasto se materializa en políticas de transferencia de ingresos (PTI), como el Bolsa Familia de Brasil o la Asignación Universal por Hijo en Argentina. En el año 2010 el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo estimó la presencia de al menos 19 programas de transferencia de renta en América Latina y El Caribe. Mientras en el 2000 beneficiaban al 5,7% de la población total de la región, en 2012 asistieron al 21,1%, aproximadamente 127 millones de personas.
Se estima que la pobreza en Latinoamérica disminuyó del 44,9% en 2002 al 27,9% en 2013. La razón principal de esa disminución fue el ciclo de crecimiento de empleo. Pero el mismo vino asociado de la consolidación del empleo precario y los bajos salarios. Según datos de la OIT, en 2012 la tasa de informalidad y empleo no registrado en América Latina era del 47,7% y el 6,5% de la población ocupada de la región se encontraba en situación de pobreza.
De allí que los PTI hayan devenido una necesidad para complementar los salarios de la población asistida. Cumplen un papel en la reproducción de la vida de esta población, pero en condiciones miserables. Su bajo monto permitió sobre todo modificar apenas los indicadores de pobreza extrema (indigencia). Operan a su vez como un subsidio a las empresas privadas que pueden disminuir costos al utilizar una fuerza de trabajo más barata.
Si bien el gasto crece, en momentos de crisis aguda tiende a disminuir, como ocurrió en 1989 y 2001. Chile, Venezuela y Colombia sufrieron el impacto de la crisis de 2009 en las cifras de gasto social.
El actual estancamiento relativo de la actividad económica en la región, motorizado por la baja de los precios de las materias primas y la escasez de renta, coloca sobre la mesa los problemas del desempleo y la pobreza. Ante esta situación queda al descubierto que los gobiernos latinoamericanos, aún los denominados progresistas, buscan priorizar el bienestar de las empresas en detrimento de las condiciones de vida de los trabajadores. Los obreros deben confiar en sus propias fuerzas para revertir las condiciones que les llevan a la miseria.
