Por Romina De Luca, Martín Rodríguez y María Paz López
La escuela guardería
La regulación del proceso educativo a distancia, con todo lo que implica, llegó bien tarde. El gobierno primero apostó a la normalidad. Seguimos educando, pero a distancia. Ignoró algo elemental: todo el trabajo que implica la educación a distancia, virtual, digital. Tanto los ritmos como la magnitud de trabajo son distintos: se requiere la preparación de propuestas para este formato específico, su planificación, tiempos que demanda al docente y luego al alumno. En general, la función que concentra el docente artesano en el aula es dividida en distintos roles y trabajos: quien diseña los contenidos, las instrucciones de trabajo para la plataforma, tutorías, comunicación automática. La realidad se impuso y el mismo gobierno modificó su estrategia inicial. Así de la normalidad se pasó al “acompañamiento”.
Uno de los primeros síntomas de este cambio fue la suspensión del cierre de bimestres, trimestres y cuatrimestres y la reorganización del calendario escolar. En paralelo, se fijó el establecimiento de una evaluación formativa que reemplazaría a cualquier tipo de calificación numérica o conceptual. No es momento de evaluar, dijeron. En realidad, el Ministerio nacional reconoció una situación de hecho: Entre Ríos, CABA, Córdoba, Mendoza y La Pampa ya habían anticipado esa medida. Así, el gobierno nacional determinó que la suspensión debía ir de la mano de una revisión de los logros y de las metas, es decir, cómo evaluar y qué enseñar. Para esto último, apeló a los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios a través de los cuáles se ordenarían los contenidos a priorizar en esta etapa. Buena parte de las medidas “extraordinarias” tienen olor a pasado: no evaluar para no estigmatizar, en provincia de Buenos Aires versión 2014, bloques pedagógicos entre grados/años, garantizar permanencia vía promoción automática. Hoy, para el gobierno, la evaluación no debe generar un nuevo segmento de exclusión.
Pase, pase
El principal argumento del gobierno es que evaluar en este contexto implica consolidar la desigualdad. Claro que tampoco está dispuesto a garantizar las condiciones materiales necesaria para apuntalar el proceso. Simplemente busca que esa desigualdad no se note. Por un lado, se resuelve la creación de bloque pedagógico para el ciclo lectivo 2020 con el 2021. De ese bloque quedan exentos todos aquellos que estuvieran en fase de fin de ciclo. Lo que taxativamente se establece es que las nuevas pautas de evaluación deben servir para el “ordenamiento y moderación” en el acompañamiento. Profundizando la impronta de la política kirchnerista, el albertismo aumenta el bloque pedagógico de 1º a 3º grado, en teoría, solo para el ciclo 2021. Sin embargo, conociendo los bueyes con los que se ara, nada indica que la medida se vaya a revertir post pandemia. Una pandemia que, además, no sabemos cuánto tiempo nos va a acompañar. Algo similar se establece para el pasaje de 3º grado a 6º/7º: las promociones se hacen sobre la base de los contenidos mediante “promoción acompañada”. Es decir, todo lo que no se alcanzó pasa como un punto a resolver más adelante. Para el pasaje de 6º/7º grado a 1º año del secundario se realizarán “procesos de intensificación” de contenidos, o sea, fijar qué es lo importante. Además, el proceso de evaluación puede extenderse hasta marzo de 2021.
La propuesta para el ciclo básico del nivel secundario no tiene desperdicio. Si bien la normativa dice que deberán fijarse en mesas federales, las ideas son ilustrativas. Por un lado, entienden que podría decidirse que “solo algunas materias se consideren definitorias para la promoción” aunque todas se sigan dictando y evaluando. También que se puede “conformar un bloque académico y replanificar” las materias básicas que tengan misma carga horaria para el período de clases 2020 y 2021. Y, finalmente, como no podía ser de otra manera, siguiendo la impronta de la Escuela del Futuro, integrar contenidos en “proyectos interdisciplinarios o interáreas”. Para el ciclo orientado, proponen más tutorías de acompañamiento y, para los que terminen, extender el período de evaluación hasta marzo de 2021.
Está claro, estamos ante una situación extraordinaria que hizo que se tomen medidas extraordinarias. Ahora bien, lo que deberíamos discutir es cómo hacer para apuntalar lo máximo posible el proceso pedagógico con más y mejores recursos. Sin embargo, la preocupación oficial es que la Pandemia requiera el menos gasto posible en educación. Para ello apela a recetas viejas y conocidas: bloques pedagógicos y promoción acompañada. La batalla por lo educativo, bien, gracias.
Si no mido no se nota
¿Qué implica evaluar “formativamente”? Tal como lo establece la Resolución “que los procesos de aprendizaje no se evalúen descontextualizados de las situaciones de enseñanza que los organizaron”. La famosa “contextualización” que fue utilizada por parte del gobierno para justificar por qué a los alumnos argentinos les iba pésimo en las pruebas internacionales. En el mismo nivel, el gobierno reconoce que “no será posible resolver, dentro del año lectivo 2020, el cumplimiento de la totalidad de las metas de aprendizaje previstas en las planificaciones anuales llevándonos a desplegar un conjunto de acciones de alcance federal que hagan posible la reformulación de los propósitos formativos previstos”. Por eso, se trata de proyectar para el 2021 creando instancias de “intensificación” de la enseñanza. Qué, cómo y cuándo, por ahora, una promesa. Según el gobierno, hay una oportunidad genuina para el cambio en el hacer y en las formas de evaluar. Resulta sorprendente que la misma gente que viene diseñando política educativa hace décadas quiera hacernos creer que tuvo que llegar una pandemia para que pudiéramos cambiar.
En un plano más terrenal, explican qué se deberá hacer en esta etapa formativa. Por un lado, ofrecer “a los/as estudiantes y las familias lecturas compartidas sobre lo realizado en esa etapa”. También “orientar” el proceso de enseñanza/aprendizaje promoviendo procesos autoevaluativos. Ahora bien, cómo se orienta sin indicar qué se alcanzó y qué no de acuerdo a un parámetro, resulta lindo en los papeles, pero complejo, por no decir imposible, en la práctica. Lo mismo aparece en relación a la auto-evaluación. Con qué criterio se mirará a sí mismo el estudiante: ¿será su propio esfuerzo o lo que se supone debería haber alcanzado según un parámetro que necesariamente hay que fijar? O ¿su nivel de progreso que está atravesado por su propia subjetividad? Más que una herramienta útil parece la lógica del perro que se muerde la cola solo. No obstante, haciendo caso omiso obligan a los docentes a que mantengan informados a alumnos y a padres de la valoración pedagógica de la etapa.
El gobierno supone que al eliminar escalas numéricas o conceptuales resuelve la heterogeneidad de trayectorias individuales. El principal inconveniente que tiene la iniciativa es que un problema material no se resuelve administrativamente. Podemos no evaluar para no verificar desigualdad, pero si no hacemos algo, la desigualdad seguirá en su lugar.
La izquierda celebra una posición equivocada
En este cuadro, la vieja izquierda corporativa celebra la decisión oficial. En esa línea, se encargó de denunciar a los directivos que presionaban a los docentes para evaluar. Así lo hizo el SUTEBA Matanza y Ademys, entre otros, marcando el camino de la decisión que, finalmente, se tomaría. Cierto, los argumentos puestos por el gobierno son los que esta izquierda sostuvo y sostiene en relación a los operativos de evaluación nacionales e internacionales. Su línea histórica es que las pruebas estandarizadas no sirven para medir aprendizajes ya que el docente evalúa de forma contextualizada. Parecen razonar que ‘como conozco los problemas de menganito, le pido hasta ahí’. Una posición condescendiente y de un paternalismo pedagógico notable. Lo hemos repetido hasta el cansancio: las pruebas son un diagnóstico y un horizonte de trabajo. Entender que estamos ante una instancia punitivista es simplificar el análisis. No se trata de esconder que estamos mal, se trata de ponerlo sobre relieve y pelear por modificar de cuajo esa situación. Pero para eso hay que tomar además de la lucha corporativa, la batalla cultural. Al no hacerlo, nos desligamos de la importancia que tiene la educación para amplios sectores de la clase obrera, perdiendo la alianza histórica.
Para defender la escuela hay que defender la educación
Está claro que la discusión que debemos dar no se limita a si poner o no una nota. La desigualdad, los problemas del sistema educativo, la falta de capital escolar y cultural para desarrollar “autónomamente” el proceso pedagógico, la ausencia de herramientas y recursos técnicos para estudiar a distancia, no se resuelven administrativamente. Al gobierno poco le importa. De lo contrario, utilizaría toda la masa de recursos con la que financia a una burguesía planera para sostener la educación y la salud. Hay que recordarlo, a tres meses de iniciada la crisis sanitaria, el selecto grupo de médicos beneficiarios aguarda su miserable bono. En materia educativa, distintos gobiernos provinciales apelaron a la contratación de docentes para repartir bolsones de comida. Si les preocupa la educación de nuestros hijos les indicamos cómo resolverlos: desdoblar cursos, contratar más docentes, pagarles un salario igual a dos canastas básicas totales reales por cargo, contratar personal de apoyo para equipos de orientación y gabinetes, personal no docente técnico para apuntalar el proceso dual y a distancia. No menos importante sería llevar adelante un plan de infraestructura urgente. Valga un ejemplo del “primer mundo”: “un edificio escolar no es lo que llamarías un lugar ideal en medio de una pandemia”, sostuvo Michael Mulgrew, director de la Federación Unida de Maestros de Nueva York. Y agregó: “Los médicos dicen que 39 cuerpos sudorosos en un aula no son saludables y seguros. Por cierto, nunca lo fueron, pero en este caso podrían propagar una infección que mata a las personas”. Efectivamente, si queremos volver al aula, ya que lo que allí ocurre es irremplazable en términos de comunidad, de vínculos y de aprendizaje, más vale que empecemos a elaborar nuestro propio plan de infraestructura. Ya sabemos cuál es la futura respuesta oficial: la educación puede garantizarse bajo un árbol (como sostienen para el Fines 2). No es un problema administrativo, es un problema cultural, social y político. Hay que ponerse a la altura de la tarea.
