Por Nicolás Grimaldi
Como sucede al inicio del ciclo lectivo, los docentes de las diferentes provincias discutimos nuestros salarios con la patronal. Como ocurre siempre, primero el gobierno nacional convoca a la discusión de la paritaria nacional docente que, en realidad, producto de la descentralización educativa que rige en el país, solo fija un valor testimonial, de referencia, para que ninguna provincia quedé por debajo de ese monto. Este año, el acuerdo se alcanzó, sin mucha pelea, una jornada hábil antes del inicio de clases en la mayor parte del país. Repasemos los acuerdos alcanzados en la reunión nacional para luego examinar la situación en cada provincia.
“Decí ajuste sin decir la palabra ajuste”
Después de algunas reuniones, el pasado 26 de febrero, la CTERA, SADOP, CEA, UDA, y AMET, acordaron con el gobierno un aumento del 45,46% del salario, que lleva el ingreso inicial de una maestra o maestro sin antigüedad, de $41.250 a $50.000 en marzo, llegando a $63.000 en septiembre, momento en el que deberán retomarse las discusiones de acuerdo a la inflación acumulada. El aumento se pagará en cuatro cuotas durante el transcurso del año: en marzo (21,21%) y en junio, agosto y septiembre idénticos 8,08% cada mes.
A estos aumentos, hay que sumarle también la suba del FONID y Conectividad, sumas adicionales cobradas por toda la docencia, que subirán a $6.157 en marzo y a $7.391 en septiembre. Por último, la discusión paritaria acordó la continuidad del programa de capacitación “Nuestra Escuela” que permite la formación gratuita de los y las docentes. Según Sonia Alesso, “Desde que asumió este gobierno nos comprometimos a que los salarios de las y los trabajadores no solo le ganen a la inflación sino que también se recuperen. Ese fue el compromiso del presidente de la Nación y el que cumplimos con esta propuesta que hicimos nueve días antes de que comiencen las clases y que ahora fue aceptada para todas y todos los docentes”.
Ahora bien, ¿qué tiene de cierto esta afirmación de Alesso? Anticipamos la respuesta: nada. Si miramos la situación real del conjunto docente, vemos que el salario negociado nos hunde por debajo de la línea de la pobreza. Peor: nos deja al borde de la línea de indigencia o, en algunas provincias, incluso por debajo de ese valor. Tomando como referencia la Canasta de Consumos Mínimos elaborada por ATE–INDEC, una familia tipo necesitó en enero del 2022, $128.832 para no caer por debajo de la línea de pobreza. Como vemos, el salario de referencia nacional discutido está muy lejos de alcanzar ese monto. En el momento actual, un salario de maestra inicial sin antigüedad, lo que se conoce como salario testigo, alcanza a cubrir el 32% de esa canasta, por lo que ni siquiera trabajando en triple turno se sale de la pobreza. En marzo, el piso salarial docente seguirá cubriendo también el 32%, ya que según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA la inflación para entonces acumulará una suba del 11,9% llevando la línea de pobreza a $155.000. En junio, la línea de pobreza va estar en torno a los $266.000 mientras que el salario inicial llegará a $54.039, o sea un 20,2% de la canasta de pobreza. En síntesis: no hay sobreexplotación que alcance para dejar de ser pobre.
Resulta entonces difícil sostener con elementos de la realidad las afirmaciones realizadas por la titular de CTERA. El único elemento real que permite sostener su argumento, es lo que no dice: las burocracias sindicales son parte del ajuste de la patronal. Por eso, mienten. Ni la pandemia, ni el legado macrista, ni el FMI pueden disimular el rol del gobierno nacional como impulsor del ajuste. Si el gobierno de los Fernández quisiera que el salario docente alcance la línea de pobreza -ya ni hablemos de salir de ella- fijaría una paritaria de referencia que recupere realmente el salario y ubicaría el cargo testigo a enero en torno a los $128.832. El Estado nacional bien puede hacerse cargo de la educación y garantizar con fondos propios salarios acordes a esos valores, es decir, nacionalizar el pago de los salarios docentes. Pero no. La descentralización económica sirve para achicar el déficit fiscal del Estado nacional y “revolearle por la cabeza” la educación a las provincias. De esta forma, el gobierno del Frente de Todos, o quien esté en el poder, fija una paritaria de referencia, garantiza que cada provincia se arregle cómo y cuánto pueda pagar, pero marca un camino: siempre en sintonía con el ajuste.
La paritaria en cada provincia
Comenzando con el sur y la Patagonia, nos encontramos con el siguiente cuadro. En Tierra del Fuego, el gremio SUTEF acordó una suba de 35.6% para el primer semestre por lo que se garantizó el inicio de clases. Esta oferta lleva el cargo testigo a $73.807 para marzo y $80.004 en mayo, con revisión en junio. Es decir, se trata de una nueva paritaria que deja a las y los docentes fueguinos por debajo de la línea de la pobreza. En Neuquén, el gobierno ofreció un 18% para compensar lo perdido en 2021 y un aumento trimestral según el IPC, propuesta que fue rechazada por el gremio ATEN que convocó a un paro de 72hs para el inicio. Sin embargo, una nueva oferta del gobierno de un 20% de recuperación y actualización acumulativa trimestral, terminó siendo aprobada, llevando el salario testigo a $78.000. En Río Negro, UnTer rechazó el ofrecimiento de $79.625 como salario mínimo y convocó a paro el 2 y 3 de marzo, confluyendo junto los estatales. En Santa Cruz, Alicia Kirchner ofreció un salario inicial de $59.905 más un incentivo de $5.080, rechazado por AMET mientras que ADOSAC, al cierre de esta nota, consultaría a las bases pero se presupone que también rechazaría. En Chubut, el gobierno ofreció un mísero 21%, siendo rechazado por Atech que convocó a 72 horas de paro, mientras que SADOP rechazó pero convocó solo a 48 horas. Sitraed aceptó el ofrecimiento, mientras que UDA y AMET no aceptaron, pero no realizaran medidas de fuerza manteniendo la negociación abierta.
En el centro del país, las y los docentes de Santa Fe rechazaron el ofrecimiento de Perotti de 41,7% en tres tramos, con 32.343 delegados que votaron en contra y solo 239 a favor. La propuesta llevaba el salario inicial a $75.128. Por eso, Amsafe va al paro el 2 y 3 de marzo, como también el 7 y 8 en caso de no haber una oferta superadora. En Entre Ríos, las bases rechazaron el 45,4% en 4 cuotas que ponía el salario inicial en $54.440. También propusieron un paro de 48hs, pero en el Congreso de AGMER, la burocracia de Marcha Blanca resolvió dejar en suspenso esa medida debido a la propuesta del gobierno de adelantar el mes de una de las cuotas. Nuestra Corriente Nacional Docente Conti-Santoro Entre Ríos es parte activa del rechazo a la oferta y a la conducción burocrática del gremio. En CABA, en sintonía con el gobierno nacional, Larreta ofreció un 44,2% dividido en tres tramos (14,5% en marzo, 9% en julio, 16,5 en octubre y Fonid) llevando el salario inicial de la jornada simple de $55.190 a $64.269 en marzo, a $69.647 en julio y $79.576 en octubre. UTE “recepcionó” la oferta mientras que Ademys la rechazó. De todas formas, el inicio del ciclo lectivo del nivel secundario en CABA comenzó sin paro, debido a que Ademys suspendió la medida de fuerza acordada en asamblea y convocada para el 2/3 y lo reemplazo por un cese administrativo. Se espera una nueva reunión el 7/3 para continuar la discusión. En provincia de Buenos Aires, Baradel logró aprobar la oferta de su aliado político, Kicillof, de 42% en tres tramos que lleva el salario inicial del cargo testigo de Maestra de Grado sin antigüedad de $55.110,7 a $65.006,3 en marzo, $71.070,3 en julio y $78.549,3 en septiembre, muy similar a lo ofrecido por Larreta. Miseria de un lado y otro de la General Paz.
En Misiones, el gobierno de la renovación acordó un salario inicial $54.720 con UDPM y SIDEPP, que representa una suba del 21,3%. El Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha, del cual formamos parte, rechazó la propuesta y decretó un paro de 72 horas con corte de rutas y asambleas a partir del 2 de marzo. En Jujuy, la conducción del gremio ADEP se vio obligada por las bases a rechazar el 20% en cuotas del gobierno de Morales y a decretar un paro de 48 horas y movilización. Nuestra Corriente Conti Santoro en Jujuy fue parte activa del rechazo e impulsa el planteo de darle continuidad a la lucha. En Salta, los gremios SITEPSA, ATE, AMET, SADOP, ADP y UPCN, y Docentes Autoconvocados de la Plaza acordaron una suba de 45% en 5 cuotas, aunque es rechazado por los Docentes Autoconvocados Unidos que convocan a paro por 24hs y asamblea el 2 de marzo. Por último, en Mendoza el SUTE “rechazó” la primera oferta de 40% en cuotas aunque no convocó a paro, mientras que en Catamarca la intersindical (UDA, ATECA, SADOP, SIDCA, y SUTECA) rechazó el ofrecimiento de un salario inicial de $35.800 y aumentos acordes a la inflación mensual, decretando un paro de 72 horas que quedó en suspenso debido a una conciliación obligatoria.
Así las cosas, tenemos a Río Negro, Chubut, Misiones, Santa Fe, Salta, y Jujuy, con el inicio de planes de lucha, mientras que, en CABA, Entre Ríos, Catamarca y Mendoza, algunas con paritarias abiertas mantienen conflictos en suspenso. San Luis, Neuquén, Tierra del Fuego y Tucumán tienen paritarias ya cerradas, mientras que continúa la discusión en Chaco, Formosa, Córdoba y Corrientes. Pese a los tres grupos, un escenario es el que predomina: la negociación no saca a la docencia de un cuadro de miseria desesperante.
¿Por qué los docentes somos pobres?
Esta reconstrucción de las paritarias nos permite señalar varias cosas. En primer lugar, que el ajuste viene implementándose desde el gobierno nacional, quien establece salarios de miseria como valor de referencia; luego cada gobernador hace su parte de la tarea descargando el ajuste indicado. Es importante señalar esto porque en muchas provincias el ajuste es visto por muchos docentes como un problema del gobierno local y siguen a conducciones que se emparentan con el gobierno de los Fernández. Por eso es necesario explicitar que estamos frente a una alianza ajustadora entre el oficialismo y la oposición. En segundo lugar, el rol de las burocracias sindicales como garantes del ajuste, firmando paritarias de hambre en todas las provincias, aunque por ahora solo algunas han logrado contrarrestar la situación y organizar el no inicio. En tercer lugar, si vemos en perspectiva, nos daremos cuenta que la caída de nuestros salarios no viene de los últimos años, sino que tiene décadas. Por lo tanto, el ajuste no es de Macri o del FMI, o como resultado de la pandemia, la guerra u otro agente foráneo sino expresión de toda la clase gobernante local.
Estos puntos tienen una explicación lógica. El desarrollo de las fuerzas productivas trae aparejado el crecimiento de la automatización del trabajo. Eso, bajo el capitalismo, significa que se necesitan unos pocos obreros con educación de calidad que puedan desarrollar esa tecnología, y el resto queda reducido a ser un apéndice de la máquina o a consolidarse como población sobrante para el capital. Esto que conocemos como degradación educativa es la explicación de los salarios de hambre que recibimos las y los docentes. ¿Por qué un gobierno va a pagar un salario igual a dos canastas básicas totales reales a sus docentes que permita no solo la reproducción biológica sino también la formación intelectual, si le es indiferente que sus obreros tengan o no una educación de calidad? Solo teniendo un aparato productivo altamente tecnificado y a gran escala, se necesitarán obreros con educación científica, docentes que puedan dar esa educación, y que reciban un salario acorde a ese trabajo. Por eso, para conseguir salarios que reconozcan nuestro trabajo intelectual, para combatir la degradación de nuestros alumnos y alumnos, necesitamos pelear en el terreno sindical marcando lo insuficiente de estas propuestas, pero también, y fundamentalmente, en el plano político, para transformar a la sociedad desde su raíz. Ese cambio ubicará el salario en su debido lugar.
