A comienzos de abril, Macri viajó a Misiones y propuso desregular el mercado de la yerba-mate, llevándose puesto al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Eso despertó varias quejas de toda la burguesía yerbatera, compuesta por numerosos burgueses agrarios chicos y medianos. De hecho, el INYM fue creado en el 2002, como resultado de un proceso de reclamos contra la concentración de capital, en el que pequeños y medianos “productores” cortaron rutas y acamparon con sus tractores en frente a la casa de gobierno en la capital provincial. Fue el llamado “tractorazo”.
Para descomprimir esa situación, el gobierno creó el INYM que regula y fija el precio de la yerba (es decir, el precio que el burgués industrial paga al burgués agrario) como parte de una política proteccionista. Su directorio, presidido por un funcionario nacional, se compone además de representantes de patrones agrarios, cooperativistas, secaderos, industriales molineros y UATRE. Completan la mesa un funcionario por Misiones y otro por Corrientes. Además, el Instituto cuenta con formas de subsidio para los patrones, por ejemplo: becas universitarias, mejoras para la cosecha y traslado de materia prima. El problema es que el capitalismo lleva a la concentración y la pequeña producción está condenada a desaparecer. El INYM, en cambio, busca volver más lento este proceso. Esta contradicción genera entonces un problema político.
A la propuesta de Macri se opusieron el gobernador Passalacqua del Frente Renovador de la Concordia y el kirchnerista Partido Agrario y Social (PAyS), hablando de regulaciones, intervención estatal y mayor representatividad para las asociaciones de “productores primarios” en el directorio. Es decir, el problema con el INYM sería la falta de democracia… para los patrones, claro. Pero, ¿por qué quieren mantener a los burgueses más chicos? Porque la burguesía yerbatera ha demostrado, en más de una ocasión, que está dispuesta a la acción directa y que puede movilizar a los tareferos. De hecho, tomaron el INYM el año pasado. Por otro lado, porque la concentración de capital implica una expansión de la desocupación. El gobierno de la provincia prefiere entonces no desmantelar dicha institución de forma abrupta, aunque eso implica hacerlo de forma gradual.
La pregunta es: ¿qué política debemos tener los trabajadores? Una opción parece ser defender el Instituto, aunque en manos obreras. Sin embargo, el Instituto solo existe para mantener capitales. Y la realidad es que los intereses de los pequeños patrones no tienen nada que ver con los de los trabajadores. ¿Por qué un tarefero vive en la miseria, cobra a destajo, está en negro y desempleado la mitad del año? Precisamente, por culpa de las limitaciones propias de los “pequeños productores”: la pequeña escala y el consecuente atraso técnico. El pequeño capital necesita entonces de explotar más a los obreros para subsistir.
Nuestro plan no puede ser un salvataje de una burguesía caída en desgracia. Tenemos que proponer una política socialista. La concentración y el aumento de la escala tarde o temprano será un hecho y la tecnificación incrementará la productividad del trabajo. El asunto es expropiar a los burgueses. Sobre la base de la concentración, esa expropiación permitirá a los tareferos trabajar menos y vivir más y mejor. Lo que tenemos que plantear son soluciones para los trabajadores, no para los patrones. Un plan de empleo estatal, por ejemplo, que absorba a los trabajadores. No luchamos por una mejor regulación de la economía, ni por salvar a los patrones más chicos. Luchamos por el socialismo.
Excelente nota