En lo que va del año, el gobierno viene ganándole a la clase obrera. Macri avanza de a poco, pero avanza. Otro año más, las paritarias cierran por debajo de la inflación sin mayor oposición. Ocurre que dada la vigencia de una cláusula de la ley de convertibilidad, legalmente no pueden indexarse los salarios y, por lo tanto, no hay cláusula gatillo automática. Así todos los años deben reiniciarse las negociaciones paritarias y el resultado depende de la correlación de fuerzas.
Por supuesto, el gobierno y las patronales juegan con las expectativas de la inflación futura, y usualmente se descarta lo que se haya perdido el año anterior. Además, la “cláusula gatillo” aplicada en 2016/2017 no cambió nunca la ecuación: solo estipulaba que las partes podían reunirse nuevamente si la inflación superaba el monto pactado, pero sin que eso fuera una obligación. Así, todo dependía de la voluntad y capacidad de cada gremio para sentar a la patronal a negociar. Toda la discusión se centra en correr detrás de la inflación, pero nunca se plantea una recomposición histórica de los salarios, que desde hace una década tienen la mitad del poder adquisitivo de los ‘70.
En 2017, hubo varias actualizaciones por cláusula gatillo, pero a condición de pactar paritarias con un techo de 15%, esta vez sin la cláusula, cuando la inflación estimada no baja de 22%. Para que ese bochorno fuera más disimulable, el gobierno pactó ahora la “cláusula de revisión”. Algo similar a la anterior, pero con un agravante: ahora hay una fecha tope para solicitar la revisión del porcentaje acordado. Eso significa que, si la inflación se dispara después de la revisión, ya no se puede hacer nada legalmente.
Así, la mayor parte de los gremios acató estas pautas. Incluso varios negociaron por debajo, firmando un 12% (SUTCBA o el SUTERH, dirigido por Santa María, kirchnerista acorralado por causas judiciales). Ni hablar de La Bancaria de la Corriente Federal, cuyo titular Palazzo firmó por el 15% en dos cuotas con cláusula de revisión. ¿A cambio de qué? Del mal llamado “aporte solidario” para la obra social, un descuento compulsivo a los trabajadores, que va a parar a la caja del sindicato. Esa es la “combatividad” K. Ni hablemos de otros kirchneristas peores. ATILRA –dirigido por Ponce- cerró por el 15%, en dos cuotas, con cláusula de revisión en septiembre, luego de que el año pasado los trabajadores lácteos no recibieron aumento. Finalmente, pocos rompieron el techo (Aceiteros, UOM y sindicato de publicidad), pero siempre por debajo de la inflación.
Ante todo esto, ¿hay descontento? Sí. El problema es canalizarlo, algo que la izquierda todavía no pudo. De hecho, la igualación entre las jornadas de diciembre con el 2001 fue desmentida por la realidad. Desde entonces, la mayor parte de los conflictos culminaron en derrotas, totales (Stockl, Fanazul) o parciales (Posadas, Inti), a excepción de los mineros de Río Turbio. Además, comparado con el 2001, las luchas son numéricamente menores y carecen de un eje organizador. O sea, están dispersas.
Lo que falta y tenemos que construir es el salto organizativo del 2001: una Asamblea Nacional de Trabajadores, para la elaboración de un plan de lucha y un programa. Ocurre que con la crisis no va a engrosar automáticamente las filas de los revolucionarios. Al contrario, lo más probable es que en este estado de cosas, el descontento sea canalizado antes por el peronismo, ya sea el kirchnerismo, el frente que armó Moyano con el Papa (21F), u otra variante similar. Sin embargo, todas las variantes burguesas han mostrado que no tienen demasiado para ofrecer. Es hora de mostrar que nosotros sí: el socialismo. La izquierda debe ponerse a la altura, delimitarse del kirchnerismo y compañía, y poner en pie una salida socialista a la crisis.
