El kirchnerismo buscó presentarse durante su gobierno como un agente de la democratización de los medios de comunicación, contra las “grandes corporaciones” mentirosas como Clarín. Toda esa pelea tenía mucho de mentirosa, porque Magnetto había sido uno de los grandes ganadores en tiempos de Néstor. Pero eso no es lo que nos interesa ahora, en otro momento sentaremos en el banquillo a la tan mentada “ley de medios”. En tiempo de Macri, Cristina llegó a denunciar el “blindaje mediático” de Macri y Vidal. Pero lo cierto es que el riguroso control de los medios fue, en realidad, una característica propia de la tradición de la que el kirchnerismo es parte: el peronismo.
Desde el inicio de la presidencia de Perón, hubo un control creciente sobre los medios. Por una parte, se estableció el monopolio estatal de las radios. Así, hasta 1955 no se escuchó una voz opositora. Por otro lado, se avanzó sobre los medios gráficos. Los mecanismos fueron varios. Primero, la compra directa de los periódicos, para que estos no dijeran lo que al General le incomodaba. Segundo, el manejo de los stocks de papel prensa, con lo cual el gobierno controlaba la tirada y el número de páginas de los diarios. Tercero, el cierre director de medios, como ocurrió con el pasquín socialista La Vanguardia, clausurado por “ruidos molestos”.
Sin embargo, a Perón se le escapaban cosas. Sobre todo, en el interior del país. Allí lograron subsistir algunos diarios no oficialistas con cierta influencia. Por ejemplo, en 1949 los diarios más leídos en Santa Fe pertenecen a la prensa opositora. ¿Qué se podía leer en esos diarios? Buena parte de las noticias que otros callaban. ¿Cuáles? Veamos, dicen mucho de la naturaleza del peronismo.
Algunos sucesos que el gobierno hubiera preferido mantener ocultos fueron noticia en los diarios provinciales. En 1949, la tortura seguida de muerte del obrero tucumano Carlos Aguirre, así como el encubrimiento posterior por parte del gobierno tuvo cierta cobertura en los medios locales y fue comentado también en La Prensa. El mismo año, El Tiempo transcribió la denuncia parlamentaria de la tortura a obreras telefónicas, mientras que el Diario del Pueblo informaba “Tres telefonistas detenidas denuncian malos tratos.” E incluía detalle del parte médico de la revisación médica de las denunciantes. Para investigar estas denuncias que llegaron al parlamento y que, debido a su trascendencia pública no podían ser ignoradas se creó una comisión bicameral dirigida por los diputados peronistas José Emilio Visca y Rodolfo Decker.
La comisión tuvo una intensa actuación, pero se dedicó a la tarea contraria de aquella para la cual había sido creada: en vez de investigar a los responsables de las torturas, se ocupó de acallar los periódicos e instituciones jurídicas y sociales que las habían denunciado. Se clausuraron diarios y entidades destinadas a recopilar información de la violación de derechos humanos y asistir a las víctimas. Se cerró La Liga Argentina por los Derechos del Hombre. En Tucumán se clausuró el colegio de abogados.
La comisión Visca clausuró 70 diarios en todo el país. Las excusas eran ridículas, desde la no inclusión en las publicaciones de la leyenda “1950, año del Libertador José de San Martin” hasta problemas de higiene en los locales. El director de El Intransigente de Salta, de origen radical, fue detenido y su diario clausurado. Se trataba ni más ni menos que del primer diario que denunció la Masacre de Rincón Bomba.
Entre opositores burgueses y patrones, estas medidas causaron alarma. Pero quienes más se vieron perjudicados fueron los trabajadores. Las huelgas no eran registradas en los diarios, lo que aislaba a los obreros. Esto los volvía aún más vulnerables ante el despliegue de la represión estatal, que tampoco podían denunciar. La burguesía siempre posee otros canales de expresión. Los obreros no. Por ello, fuimos los más perjudicados por esta censura. Perón, como buen patrón, buscó taparnos la boca.
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