Nicolás VillanovaTES-CEICS
¿Hasta dónde llega el sistema de punteros? Lea esta nota y entérese cómo cobran peajes a los cirujas por ingresar al CEAMSE y confeccionan listas de quiénes tienen el privilegio de urgar en los residuos o de hacerlo en las montañas más productivas. Los “quemeros” han tenido que organizarse para enfrentar estos mecanismos, pues hasta en la basura la burguesía hace de las suyas.
Los cartoneros son una fuerza de trabajo explotada por dos empleadores. En primer lugar, por las empresas que utilizan el material recogido como insumo para la producción de otros bienes. En segundo término, por el Estado. La tarea de los cartoneros disminuye la cantidad de basura enviada y tratada en el CEAMSE, por la que los municipios pagan cuantiosas sumas. En el 2008, el macrismo reconoció esta segunda función de los cartoneros y su mayor productividad respecto de las empresas privadas de reciclado. Hasta ese año, las contratistas efectuaban la recolección “diferenciada” en ámbitos generadores de material reciclable y lo enviaban a los centros de clasificación. Por esta tarea, el gobierno porteño destinó, solo en el 2007, un monto de 53 millones de pesos por el traslado de 280 toneladas en todo el año. En cambio, los cartoneros juntaban de la calle unas 600 toneladas por día. Por este motivo, una parte del presupuesto a la política de reciclado fue reasignada a subsidiar la actividad de los recuperadores, lo que abarató el costo del reciclado. En los años 2009 y 2010, el actual gobierno porteño destinó a los cartoneros en forma de subsidios poco más del 60% (36.519.363 pesos) de lo que gastaba en un solo año por el servicio de recolección diferenciada. Es decir, los cartoneros realizan la misma tarea que antes hacían para el Estado las empresas de recolección diferenciada, por solo un tercio de la paga.
En los últimos meses, se desató una disputa entre el gobierno provincial y el porteño por ver quién se hace cargo de la basura depositada en el relleno. Como el predio del CEAMSE de José León Suárez está por colapsar, el gobierno provincial le exigió a Macri un incremento del canon por tonelada de basura tratada y que cumpliera con la ley de “Basura Cero”. Esta última propone tomar medidas para disminuir el envío de residuos para su entierro. En este contexto, los cirujas del relleno de Suárez, también llamados “quemeros”, impulsaron un plan de lucha. Ellos también reclaman un pago por tonelada reciclada. De este modo, intentan ser reconocidos por su trabajo al igual que los cartoneros de las cooperativas porteñas. Aunque se encuentra teñida por una disputa más general, la exigencia actual de los recuperadores de Suárez tiene una historia de varios años de lucha. En este artículo analizaremos este proceso.
Entrar al relleno
Los “quemeros” provienen fundamentalmente de los asentamientos ubicados en las cercanías del basural, como por ejemplo La Cárcova, UTA, 8 de Mayo, Villa Hidalgo, Libertador, Independencia y Loma Hermosa. La mayoría de sus residentes obtienen ingresos de changas y del cartoneo. Según ellos, la cantidad de cirujas que ingresan diariamente a la quema no paró de crecer desde el 2001 y, actualmente, se calcula entre 2.000 y 3.000 personas. Para los cirujas, la “quema” es todo. De allí recogen materiales reciclables para su venta. Además, es habitual que extraigan alimentos del basural, ya sea para consumo propio o reventa, desechados por estar vencidos o a poco de vencer. Es decir, el relleno sanitario es su fuente de reproducción material.
El cirujeo en el basural fue históricamente reprimido por la fuerza policial y el personal de seguridad del CEAMSE. Muchos testimonios revelan que el personal de vigilancia utilizaba todos los medios para impedir la recolección de productos. Desde disparos al aire y desalojo de cirujas, hasta los golpes. En ocasiones, la policía llegó a detener cartoneros y trasladarlos a sitios lejanos de sus residencias, como San Miguel, para que aquéllos volvieran caminando. Por esta razón, la actividad se desarrollaba de manera clandestina y en horario nocturno.
A partir del año 2002, los cartoneros efectuaron cortes en la Autopista del Buen Ayre (lindante con el relleno) para obtener el permiso de ingreso a la quema. Las acciones fueron motorizadas por los recuperadores del ex Tren Blanco, en conjunto con los quemeros del CEAMSE. También recibieron el apoyo de las Asambleas Populares de Palermo y Saavedra de la ciudad porteña. Los manifestantes denunciaban que un plan Jefes y Jefas de Hogar no alcanzaba para vivir, como tampoco la asistencia alimentaria que consistía en el suministro de un litro de leche por cada dos hijos, tres veces por semana. En ese entonces, se exigía el ingreso a la quema en cuadrillas por cada barrio. En ese primer momento, no se logró lo esperado, pero se creó un sistema de ingresos al relleno por intermedio de coimas y “peajes” de diferentes tipos, avalado por el personal de seguridad y por punteros políticos. No obstante, los intentos del personal de vigilancia por impedir el ingreso masivo al relleno se mantuvieron.
La creación de plantas y el permiso para cirujear
En uno de los reclamos, la represión en el relleno provocó la desaparición de un niño y la herida a un ciruja. No obstante, los cartoneros retomaron su plan de lucha por el permiso para recolectar en el CEAMSE, durante el 2004. El primer caso ocurrió durante el mes de marzo de ese año. Diego Duarte, de 15 años, había ingresado al relleno de noche. Al ver que se aproximaba personal de seguridad y acostumbrado a las represalias, se escondió debajo de unos cartones. Una máquina retroexcavadora le arrojó toneladas de basura encima. Duarte desapareció y su cuerpo nunca fue hallado.
En agosto de 2004, la policía bonaerense hirió de un disparo a un cartonero en el predio del CEAMSE. Un grupo de personas había ingresado al relleno para obtener restos de comida, luego de la llegada de un camión proveniente de un supermercado. Los cirujas entraron con el consentimiento de la guardia del predio, bajo la condición de abandonarlo a las dos horas. Antes de culminar el tiempo previsto, el personal de seguridad llamó a la policía para frenar el ingreso de cartoneros. Por su parte, un oficial disparó al montón para amedrentarlos. Omar Viaggi, de 16 años, resultó herido.
Este hecho, agravado por la desaparición de Duarte, generó la reacción de los cartoneros, quienes se concentraron en la puerta de ingreso del basural. Allí quemaron máquinas, quinchos y se enfrentaron a piedrazos con la policía y el Cuerpo de Infantería. El enfrentamiento duró seis horas. El saldo fue la detención de más de 50 cartoneros. Al día siguiente, los manifestantes volvieron a reclamar en la puerta del CEAMSE.
La acción de los cartoneros tuvo un resultado inmediato. No sólo se habilitó el ingreso de los cirujas al relleno durante una hora diaria, de lunes a sábado, sino que también se implementó un proyecto desde el gobierno provincial con el objetivo de crear plantas de reciclado, que serían gestionadas por los cartoneros de la zona. La creación de estos centros comenzó a ejecutarse a partir de diciembre de 2004. Fue una concesión en el marco de un problema más general y un intento de contener la protesta. Sin embargo, este beneficio tuvo serias limitaciones. El proyecto no incorporó a todos los quemeros. Muchos de ellos mantienen su actividad en las montañas de basura sin poder conseguir un lugar en los centros de reciclado. También se crearon mecanismos de cooptación. Algunas organizaciones han denunciado que ciertos grupos de cartoneros deben acordar horarios y lugares para cirujear con punteros y con el personal de seguridad del CEAMSE. Incluso, mencionan que la policía tiene listados confeccionados para permitir el cirujeo sólo a quienes se encuentren inscriptos en ellos, en zonas donde se depositan mejores productos1.
Condiciones de trabajo en los centros de reciclado
Las plantas de reciclado gestionadas por los cartoneros son nueve y se ubican dentro del complejo del CEAMSE. Cada centro es operado por una asociación civil. Ellas son: La Esperanza del Rey, SOTRACOM, Las Piletas, Tren Blanco, 3 de Mayo, La Esperanza, Independencia, Los Pibes de la Montaña y Ecomayo. Se estima la presencia de 600 a 700 recuperadores distribuidos en esos galpones. Sin embargo, no eran las únicas. Entre los años 2006 y 2007 se crearon paralelamente cuarto plantas de clasificación de residuos de gestión privada, con capacidad para 100 operarios cada una.
Las plantas privadas surgieron a partir de acuerdos entre las empresas y la Subsecretaría de Empleo del gobierno provincial. Uno de esos convenios fue firmado por Moraschi S.A., mediante el decreto 2.911 en octubre de 2007. La empresa debía admitir hasta 100 “becarios”, de los cuales un 40% sería seleccionado de las asociaciones civiles de cartoneros. La jornada de trabajo (de “práctica” según el convenio) no podría exceder las 48 horas semanales. El pago de la “beca” sería de 600 pesos no remunerativos. Por su parte, el gobierno complementaría con 200 pesos y se haría cargo de la ART por el plazo de sólo seis meses que duraría la capacitación. En ese entonces, 800 pesos constituían el 82% del salario mínimo, vital y móvil. Además se entregaría ropa de trabajo y elementos de protección. A su vez, el acuerdo obligaba a la empresa a incorporar en forma efectiva el 80% de los “beneficiarios” que aprobaran el proceso de capacitación “siempre y cuando no se produzcan cambios en las condiciones macroeconómicas que impacten negativamente en el volumen de producción planificado”.
Estas plantas de gestión privada no prosperaron. Actualmente, se encuentran cerradas debido a los costos fijos que no pudieron afrontar (luz, agua y servicios de transporte de material a procesar y sus desechos)2. Costos que, en el caso de las plantas sociales, corren por cuenta del CEAMSE. Según una funcionaria del relleno sanitario, algunas de esas plantas privadas cerraron, porque sólo obtenían ingresos para pagar los sueldos de los operarios, sin más beneficios3. La baja del precio de los materiales reciclables entre fines de 2008 y 2009 probablemente haya influido en el cierre de los centros.
La Asociación Civil Tren Blanco, presidida por Lidia Quinteros, gestiona una de las plantas sociales. Allí operan 65 cartoneros. El trabajo se divide en dos turnos de 8 horas diarias, de lunes a viernes. Los días sábados se trabaja por la mañana. Cada cartonero trabaja 44 horas semanales en promedio. La planta vende de manera centralizada a los intermediarios que se acercan en camiones al predio. Mensualmente, el galpón vende entre 140 y 180 toneladas aproximadamente. Cada operario obtiene entre 1.200 y 1.600 pesos de ingresos mensuales (el promedio representa un 60% del salario mínimo, vital y móvil). Los pagos se establecen quincenalmente. Algunos cartoneros piden adelantos antes del día de cobro, puesto que no llegan a abastecerse con el ingreso anterior.
Los operarios no poseen guantes ni barbijos. En caso de accidente no disponen de ningún medio de atención inmediata. Tampoco tienen seguridad social ni cobertura médica. Cabe destacar que el porcentaje de recuperación es bajo comparado con el conjunto de basura procesada. Es decir, los cartoneros están en contacto con una elevada cantidad de residuos que no son reciclables. Sólo en el año 2009, en el conjunto de las plantas de reciclado ingresaron para procesar 119.270 toneladas de basura, de las cuales se recuperaron sólo el 9,2%4. Por este motivo, los cartoneros incorporaron dentro de sus consignas el reclamo del envío de camiones con una mejor calidad de basura.
Las pésimas condiciones de trabajo generan una elevada rotación de operarios. Algunos han abandonado las plantas y retomado el cirujeo ya sea en la quema o en las calles porteñas. A su vez, el cierre de las plantas privadas abona la idea de que el reciclado es viable sólo bajo estas condiciones y realizable por una mano de obra extremadamente barata.
De los subsidios al pago por tonelada recuperada
El pago a destajo hace que cualquier modificación en los precios de los productos reciclables altere el salario mensual de los cartoneros. Entre fines de 2008 y principios de 2009, los ingresos disminuyeron por la caída de los precios. Por este motivo, los cartoneros de las plantas del CEAMSE se movilizaron en noviembre de 2008 y repudiaron la disminución de los precios. El piquete fue reprimido por el accionar policial y se detuvo a 12 cartoneros. Un año después, en diciembre de 2009, los cartoneros volvieron a manifestarse. En el marco de la implementación de los planes Argentina Trabaja, los cirujas de los alrededores de la quema y de las plantas sociales exigieron subsidios y bolsones de alimentos realizaron un corte en la Autopista del Buen Ayre que duró 31 horas y complicó el ingreso de camiones recolectores al relleno. En estas manifestaciones participó el Partido Obrero, junto a otras organizaciones barriales.
Por su parte, el gobierno otorgó subsidios, pero no abarcaron a la totalidad de los cartoneros de las plantas. Por ejemplo, de la Asociación Civil del Tren Blanco, sólo 20 personas reciben los planes de un total de 65 operarios. Quinteros denunció que muchos de esos planes fueron destinados a punteros políticos vinculados con el kirchnerismo5.
Hacia fines de 2011, los cartoneros de las plantas impulsaron un nuevo plan de lucha. Las malas condiciones de trabajo, la falta de mantenimiento y deterioro de la maquinaria que utilizan para procesar los residuos y la incertidumbre sobre la continuidad del convenio de sus centros llevó a los recuperadores a ejercer medidas de acción directa. En enero de 2012, los manifestantes cortaron la autopista del Buen Ayre. Luego, entre los meses de mayo y julio, realizaron un piquete en el mismo lugar e impidieron el normal funcionamiento de ingreso de camiones al CEAMSE. Todas estas medidas de fuerza se efectuaron contra los gobiernos de la provincia y la ciudad de Buenos Aires. No obstante, algunos dirigentes, como por ejemplo Quinteros, también responsabilizan al gobierno nacional por la situación precaria en la que se encuentran los cirujas.
Las convocatorias y comunicados enviados al gobierno porteño, al provincial y al nacional son firmadas de conjunto por los presidentes de las nueve plantas sociales. Este aspecto resulta positivo para los cartoneros en la medida en que el reclamo se encuentra unificado. Muy a pesar de las autoridades del CEAMSE quienes, sistemáticamente, han intentado crear una división en el seno de los cartoneros por distintos mecanismos, por ejemplo, enviando una mayor cantidad de residuos a unas plantas, en detrimento de otras. Algunos dirigentes pertenecen a organizaciones territoriales. Una de las voceras del reclamo es Lorena Pastoriza, presidenta de la cooperativa 8 de Mayo, del barrio homónimo. La dirigente fue Secretaria General Adjunta de la CTA de San Martín y Tres de Febrero y está vinculada con la Federación Tierra y Vivienda, liderada por Luis D´Elía6.
En el avance de la contienda, los manifestantes especificaron sus reclamos. En sus comunicados, exigen la renovación de la maquinaria, la gestión transparente de camiones para el envío de materiales reciclables, el acceso a la seguridad social, la reapertura de plantas que se encuentran cerradas (las privadas) para ser gestionadas por cartoneros. El eje del conflicto actual es salarial: los cartoneros exigen al estado el pago de 500 pesos por tonelada recuperada y estiman la recuperación de 250 toneladas mensuales por planta. Conscientes de que no todas las plantas obtienen esa cantidad de material, como el caso de la Asociación Civil del Tren Blanco, los recuperadores reclaman que el piso sea por un monto equivalente a 150 toneladas. Estimativamente, los ingresos mensuales oscilarían, a un promedio de 60 operarios por planta, entre los 1.100 a 2.000 pesos. De este modo, los operarios obtendrían este monto mensual, sumado a lo percibido por la venta de los productos reciclables a los acopiadores. Es decir, de 2.600 a 3.400 pesos, aproximadamente. Por su parte, el gobierno porteño y el provincial ofrecen 330 pesos por tonelada, es decir, un piso promedio de 707 pesos a un total aproximado de 1.375 pesos.
El conflicto sigue abierto y las partes aún no acordaron. Por esta razón, los cartoneros volvieron a reunirse para discutir nuevas medidas de acción directa. Cabe destacar que los manifestantes se niegan a percibir planes sociales. Defienden, en cambio un pago por tonelada recuperada. Este acuerdo implicaría un reconocimiento del vínculo laboral por parte del Estado, que establecería un pago a destajo a los cartoneros, quienes pasarían a ser trabajadores estatales. Aunque precarizados, para ellos, lograr que el Estado reconozca su trabajo y les pague por él es una victoria que corona toda una lucha, y es la precondición para nuevas demandas.
Todo este proceso muestra, a su vez, el carácter reaccionario de concepciones de la sociología burguesa, como la noción de “cuentapropismo”, que solo sirven para velar los vínculos laborales – es decir la explotación- de estas fracciones de la sobrepoblación relativa por parte de la burguesía y, de esta manera, frenar la lucha de la clase obrera.
Independencia de clase
A fuerza de acciones directas, los cartoneros de José León Suárez obtuvieron un permiso para cirujear en el CEAMSE y, algunos de ellos, una planta para poder reciclar. Estas conquistas garantizaron parcialmente su reproducción material. No obstante, se trata de una fracción de la sobrepoblación relativa sistemáticamente reprimida. En efecto, las plantas de reciclado se crearon con el objetivo de contener la protesta, luego de que la represión policial causara la muerte de Duarte. Estos centros reproducen una precariedad absoluta en las condiciones de trabajo de los cartoneros, aunque para muchos de ellos significa su único sustento. Paralelamente, se creó un sistema de clientelismo político, amparado por punteros. Estos últimos responden a diferentes variantes del PJ y son quienes manejan los planes sociales. Incluso, se encuentran vinculados con el personal de seguridad del CEAMSE. Este último decide quiénes ingresan al relleno y quiénes no. A pesar del sistema punteril y los intentos divisionistas por parte de las autoridades del CEAMSE, los cartoneros de las plantas sociales lograron la unidad en la lucha.
En cada una de estas manifestaciones, los cartoneros sacaron sus propias conclusiones. Hoy luchan por ser reconocidos como trabajadores del Estado. En esa batalla, el Estado está dispuesto a pagar un canon por tonelada recuperada, aunque las partes no acuerdan el monto sugerido. No obstante, este es un primer paso para la formalización de esa dependencia laboral respecto del Estado. De aquí en más, deberán exigir mejores condiciones de trabajo, salario por tiempo, jornada de 6 horas por trabajo insalubre, obra social, jubilación, etc.
El ejemplo de los quemeros de José León Suárez no es un hecho aislado. Los cartoneros asociados en cooperativas de la ciudad porteña también reciben un monto fijo que paga el Estado por su labor. Incluso, una de esas organizaciones, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), convocó en julio de este año a una movilización en reclamo de un Plan Nacional de Reciclado. En sus consignas, el MTE intenta extender su demanda al conjunto de los cartoneros del país que, según estima, serían 150.000. Por ello, marchó hasta el Ministerio de Desarrollo Social del gobierno nacional7. Sin embargo, no se trata de un reclamo unificado. De hecho, las otras cooperativas cartoneras de la Capital Federal vinculadas a la CTA no participaron de esa convocatoria. El movimiento se encuentra fragmentado, debido a distintos alineamientos y alianzas con diferentes partidos o referentes de la burguesía. La profundización de los reclamos y una mayor unidad sólo será posible por intermedio de la acción con independencia de clase. Por eso, no alcanza con que la izquierda se solidarice y apoye las medidas de lucha de los cartoneros, debe organizarlos y no dejar el terreno abierto a la intervención burguesa.
NOTAS
1 Periódico Hoy, 11/05/2011.
2 Entrevista a Lidia Quinteros (11/08/2012).
3 Véase www.cempre.org.uy.
4 CEAMSE: Memoria y estados contables. Ejercicio n° 33, año 2009.
5 Periódico Hoy, 11/05/2011.
6 Véase www.suteba.org.ar.
7 Véase www.ctep-argentina.blogspot.com.ar.
