Macri ya quitó algunos subsidios a los servicios públicos y anunció la disminución de otros. Estas medidas se lanzan para bajar el déficit fiscal, pero provocan inflación y caída del consumo. Sin embargo, no son nuevas. Se trata de un ajuste gradual que continúa los lineamientos ya iniciados por el kirchnerismo.
Nicolás Villanova (OES-CEICS)
Luego de la crisis de 2001, las tarifas de los servicios públicos se congelaron. El Estado inició una política de subsidios a las empresas y los residentes a los efectos de reactivar la economía y evitar la explosión social. Por su parte, durante la última campaña presidencial, tanto Macri como Scioli mencionaron la urgencia de actualizar las tarifas de los servicios públicos. A dos meses de asumir el macrismo, en febrero de este año, aumentó la luz, con subas que pueden implicar hasta el 500%, y en abril anunció el incremento de los precios del gas natural (300%), agua (500%) y transportes (100%). Sin embargo, estos aumentos de las tarifas no son novedosos ni arrancan con el gobierno de Cambiemos. Hace varios años que diversos servicios vienen incrementando sus precios, sobre todo en el interior del país, razón que explica la disparidad en el pago de servicios de los provincianos.
La supresión gradual de los subsidios a los servicios públicos ahora tendrá un mayor impacto en la ciudad porteña y el Gran Buenos Aires, es decir, las zonas donde se prolongó el congelamiento de tarifas o cuyos aumentos no fueron sustantivos respecto de otras provincias. Se trata de descargar la crisis sobre la masa de los trabajadores del país, que hasta ahora habían logrado mantener niveles de consumo conquistados gracias a la lucha del 2001.
Aquí no hay nada nuevo
Entre los años 2004 y 2006 algunas provincias implementaron aumentos en el servicio de transporte de pasajeros. En general, los argumentos para efectuar dichos ajustes se basaron en la ausencia de la recaudación frente al aumento de la demanda y las limitaciones de los subsidios para hacerse cargo de los incrementos en los salarios de los choferes. Por ejemplo, la ciudad de Córdoba aumentó por primera vez en mayo de 2004 y llevó su boleto de colectivo de 80 a 95 centavos (un 19%). Allí se mantuvo una suba escalonada en los años posteriores: a mediados de 2005 hubo un aumento del 26%; en 2008, un 25%; en 2009, 33% y en 2010 un 25%. Corrientes, por su parte, llevó el boleto en julio de 2006 de 0,70 a 1 peso, es decir, un aumento del 43%.
En la ciudad porteña y el Gran Buenos Aires, el primer aumento en las tarifas del transporte llegó durante el año 2008. Los trenes, subtes y colectivos se incrementaron entre un 13 y un 29%. Unos años después, en enero de 2012, la Nación produjo el traspaso del subterráneo a la ciudad de Buenos Aires. Inmediatamente, Macri anunció un aumento del pasaje a 2,50 pesos (127%). En agosto del mismo año, el gobierno nacional anunció una suba del boleto de trenes y colectivos para aquellos usuarios que no tuvieran tarjeta SUBE, del orden del 87 y 82% respectivamente. En mayo de ese mismo año, Scioli anunció un incremento que oscilaba entre el 18,7 y el 75% para toda la provincia de Buenos Aires.
En el año 2013, la suba del boleto del colectivo se efectuó en 13 de las 24 jurisdicciones. En 12 distritos (Ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Santa Fe, Chaco, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Jujuy y Misiones) el precio superaba los 3 pesos. Durante el año 2014, a partir del cambio de formaciones ferroviarias luego del crimen de Once, el boleto mínimo del tren de la ex línea Sarmiento aumentó de 1,10 a 2 pesos, o sea, un 82% con SUBE. Sin la tarjeta el viaje pasó a costar 6 pesos.
Por su parte, las tarifas de electricidad y gas también se incrementaron hace tiempo en las provincias del interior del país. En el año 2006, la luz aumentó tanto para consumidores residenciales como para los comercios e industrias. Por ejemplo, en la provincia de Tierra del Fuego (cuyos residentes son los que más energía consumen a nivel nacional por su situación climática), su gobernador Cóccaro aprobó en ese entonces un ajuste promedio del 25%. En Córdoba, el aumento promedio fue del 20%, mientras que en Mendoza y Río Negro los usuarios residenciales registraron incrementos del 12,9 y 12%, respectivamente. Por su parte, en Salta la tarifa eléctrica aumentó un 21% a lo que se sumó un incremento del agua del 19,5%. Otras provincias como Buenos Aires (excluyendo la zona del Gran Buenos Aires), San Juan, Chaco, Formosa, Catamarca y Santa Fe también impulsaron un ajuste de las tarifas. Estos aumentos se mantuvieron de manera escalonada en varias jurisdicciones durante años sucesivos. Por ejemplo, en diciembre de 2011 la provincia de Santa Fe incrementó la tarifa en un 13,4%; y en 2014, hubo otra recomposición del precio en la mayoría de las empresas eléctricas del país.
Dentro del conjunto de los servicios, las tarifas del gas natural fueron las que más tardíamente se incrementaron. En efecto, durante el 2006 sólo aumentó sus precios la empresa GASBAN (proveedora de gas en la zona de la provincia de Buenos Aires que no corresponde al área metropolitana). Durante el 2008, Cristina Kirchner anunció una quita de subsidios al servicio y un aumento de las tarifas de gas que implicaba un incremento entre el 200 y el 500% para usuarios residenciales de elevado consumo, medida que fue frenada por los reclamos de asociaciones de consumidores y la justicia. Finalmente, en el año 2014 el gobierno nacional anunció una quita escalonada de los subsidios al gas en los meses de abril, junio y agosto y un aumento generalizado en las tarifas para usuarios residenciales que no ahorrasen al menos un 5% de su consumo, incremento que implicaba hasta un 600%.
En la mayoría de los casos, la población más vulnerable supo tener algún beneficio en el pago de una tarifa menor en el transporte y otros servicios, sobre todo los jubilados, pensionados, empleadas domésticas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, beneficiarios de programas y planes de empleo. O bien, un mayor beneficio en caso de no consumir más respecto del mes del año anterior, sobre todo en el servicio de gas natural. En este punto tampoco se diferencian los gobiernos de Cambiemos y el kirchnerismo.
No fue en vano
La quita de subsidios y el aumento de las tarifas en el conjunto de las provincias produjeron una fuerte disparidad en el pago de los servicios. Por ejemplo, cada habitante del AMBA recibía en el año 2013 un monto anual de 989 pesos en subsidios, mientras que los residentes del resto de la provincia de Buenos Aires percibían 514 pesos; en Jujuy, 410; Tucumán, 366; Mendoza, 360; Córdoba, 310; San Juan, 308; y, los habitantes del resto de las jurisdicciones, un promedio anual de 177 pesos.[i]
En cuanto al servicio de electricidad, durante el año 2014, un habitante del Gran Buenos Aires que consumía en promedio de 150 a 300 kw/h (se trata de un usuario representativo del promedio) sólo pagaba el 20% de la tarifa, mientras que el 80% restante estaba subsidiado por el Estado. En cambio, un residente de Santa Fe o Córdoba pagaba el 70% de la tarifa plena puesto que el subsidio sólo garantizaba el 30% restante.[ii] Lo mismo sucedía con el transporte: en el año 2012, los cordobeses pagaban un boleto de colectivo equivalente a un 104% más de lo que gastaban los residentes de la ciudad porteña y del Gran Buenos Aires. Los santafesinos pagaban un 76% por encima de los habitantes del AMBA; los pampeanos, un 58% más; los salteños, un 49%, entre otros.
Dos papas y una batata
La quita parcial de subsidios impactará mayormente en los hogares de la ciudad porteña y el conurbano bonaerense, es decir, la región que prolongó en el tiempo el congelamiento tarifario y donde los incrementos no fueron tan elevados como en el resto de las provincias. A partir de un ejercicio estadístico hemos relevado cuál será el impacto en una familia obrera en la provincia de Buenos Aires, tomando como criterios los gastos en boletos de colectivo y en los servicios del agua, gas y electricidad. Tomamos como base el consumo de los hogares de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares efectuada por el INDEC durante el año 2012, y sin incluir otros transportes y gastos en combustible, tarjeta SUBE ni abonos mensuales. Dicho en otros términos, no deja de ser un cálculo conservador.
En este sentido, manteniéndose constante la cantidad consumida, el mayor impacto de los aumentos se verá reflejado en el gas natural, agua y electricidad. Con la quita parcial de subsidios, el aumento del gasto en el servicio de gas será de más de 8 veces para las familias obreras con jefe asalariado registrado privado y estatal, mientras que, para una familia con jefe asalariado no registrado, el incremento será de 7 veces. En el caso del servicio eléctrico su aumento representará una suba del gasto de más del triple para las familias con jefes registrado privado y público, mientras que, para una vivienda con jefe asalariado “en negro” el incremento será de un poco más del doble (ver Cuadro I).
Cabe destacar que si comparamos el monto que se gasta en estos servicios respecto del ingreso total familiar (o sea, de los ingresos laborales y no laborales del conjunto de la unidad en el hogar), el mismo representaba en 2015 de un 1,3 a un 2%. Con la quita parcial de subsidios, y manteniéndose constantes dichos ingresos, esos porcentajes pasarían a representar entre un 4 y un 5,1% del ingreso familiar.
Esto que parece poco, en realidad representa mucho para la vivienda obrera. Sobre todo porque el gasto destinado a los bienes y servicios más elementales, o sea, aquellos que hacen a la reproducción biológica, representan un porcentaje muy elevado respecto del total del gasto mensual. Para las familias obreras con jefe asalariado no registrado o con jefe beneficiario de un plan de empleo de la provincia de Buenos Aires, el gasto en alimentos, indumentaria, vivienda y salud representa el 58 y 57% del total de gastos, respectivamente.
Preparando el terreno
El kirchnerismo intentó varias veces desarmar lo que había armado para evitar la explosión social y para mantener su base electoral. Encontró una resistencia inmediata y, en medio de la crisis política permanente en la que comenzó a vivir desde al menos el 2013, prefirió transformar esa energía social en la «bomba» que le dejaría de herencia al próximo gobierno. El macrismo sabe que no puede desarmar de la noche a la mañana todo aquello que se obtuvo luego del Argentinazo sin consecuencias políticas. De hecho, entre los aumentos tarifarios, la inflación y las promesas incumplidas en relación al impuesto a las ganancias, va camino a perder sus apoyos entre la burocracia sindical que, hoy por hoy, se encamina a la unidad, preocupada por la resistencia y la movilización de las bases.
Sin dudas es un escenario propicio para la intervención de la clase obrera y la izquierda. Pero la izquierda debe tomarse la tarea de explicar a los obreros qué es lo que se viene y cómo enfrentarlo, sin embellecer el pasado. De lo contrario, terminará constituyendo al moribundo kirchnerismo en una alternativa para las masas. Qué mejor que un congreso de obreros ocupados y desocupados donde confluyan todas las organizaciones de izquierda para crear comisiones, dividir tareas, organizar a los desocupados en los barrios, los ocupados en las fábricas, intervenir en todos los frentes e impulsar un plan de lucha en bloque.
Notas
[i]ASAP (2014). “Subsidios y Compensaciones Tarifarias en Transporte”. Disponible en: http://goo.gl/MqeJ9N.
[ii]ASAP (2015). “Los subsidios energéticos en Argentina”. Disponible en: http://goo.gl/HSAZbb.
