El impacto de las inundaciones develan negligencia por parte del Estado, ya que el fenómeno climático estaba predicho por investigadores de organismo internacionales, afirmó a AIM Rodolfo Leyes, integrante del Centro de Estudio e Investigación en Ciencias Sociales (Ceics), quien remarcó: “si se puede prevenir no hay un catástrofe, sino un crimen social”.
En Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Salta y en parte de provincia de Buenos Aires “se viven situaciones a partir de algo que se podría haber evitado”, aseguró a esta Agencia el becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), por lo que consideró que “no hay justificativo, ya que hay un abandono por parte de las autoridades responsables ya sean municipales, provinciales o nacionales”.
Lo que se observó es que ante la contingencia climática advertida desde hace tiempo “las municipalidades no existieron, la provincia llegó tarde por el cambio de gestión y el presidente (Mauricio) Macri lo único que hizo fue sobrevolar la zona y prometer obras”, dijo el docente, quien subrayó que “las consecuencias de las inundaciones no son catástrofes, son crímenes sociales, porque todo esto se pudo prevenir”. Al respecto, detalló que “no sólo se habla de pérdidas materiales, sino que muere gente y esos ‘alguien’ son los trabajadores más pauperizados, ya que la población más empobrecida es la más afectada”.
Las pérdidas “por el momento son de las viviendas particulares y como aún está en proceso la creciente es incuantificable pero en La Paz hay familias que perdieron todo”, contó el profesor, quien recordó que en el departamento Paraná “murió un trabajador rural cuando intentó cruzar un arroyo crecido a caballo””.
Para el investigador, el problema surge de dos variables estructurantes: “la concepción capitalista en el manejo de la naturaleza, para sacar el máximo rédito, la máxima ganancia sobre lo que se tiene adelante, donde el capital avanza y el Estado mira para el otro lado; y, por la otra, la desigualdad social, de clases, que se manifiesta donde una persona va a vivir”.
Sobre la cosificación, dominio y subordinación de la naturaleza al capital, argumentó que entre las causas de las inundaciones en la región se encuentran los terraplenes; el avance indiscriminado de las explotaciones rurales, que destruyen el boque nativo; y los barrios privados, que suprimen los humedales: “los capitalistas toman su propiedad y dentro de ella hacen lo que quieren, sin importar las consecuencias”. Al respecto ejemplificó que en Victoria se realizaron terraplenes en el pre delta para hacer una zona de pastura sin autorización del Estado; en Colón una empresa también construyó diques y lo mismo pasó con barrios privados en el sur entrerriano, como el náutico que se quiere instalar en Pueblo General Belgrano.
El segundo efecto del capitalismo es sobre la denominada ‘población sobrante’ —ejercito de desempleados—, “quienes viven en situación precaria, ya que no pueden acceder a comprar lugares que tengan las condiciones óptimas, por lo que terminan viviendo donde pueden, es decir, en las zonas más bajas, en las costas de los arroyos, en los lugares más alejados de los centros de la ciudad o si es en el centro de la ciudad, en formaciones urbanas similares a las favelas”. Para el docente fue muy llamativo cuando el gobernador de Entre Ríos dijo que en la última inundación en Concordia se re relocalizó a la población y ante la nueva crecida había 50 familias viviendo ahí “ya que el análisis es de corte culturalista, perverso, porque quienes viven en zonas inundables están ahí porque no tienen lugares dónde vivir, porque hay un déficit de vivienda fuertísimo”.
Según un estudio del Observatorio de Estadística Social del Ceics “en estas zonas no vive cualquiera. Allí reside un conjunto de personas que nutren a la fracción más pauperizada de la clase obrera. Una de las razones que influye en el crecimiento de población que reside en espacios inundables es el incremento de los alquileres. En efecto, el monto de dinero destinado al pago de los alquileres de casas y departamentos en el conjunto de las provincias se incrementó por año a un ritmo promedio de un 24,4 y 22,3 por ciento, entre el 2004 y el 2012. En algunas de las provincias más afectadas por las inundaciones, como por ejemplo Salta y Entre Ríos, el monto destinado al alquiler de una casa se incrementó por año un 27 y 28 por ciento, respectivamente. Como es lógico pensar, no todo el mundo puede absorber estos gastos, situación que habilita a la migración de personas a zonas más baratas”.
Además, se advierte que la población más pauperizada “es la que se ve expulsada a vivir en zonas más accesibles pero inundables”, dice el documentoPoblación residente en zonas inundables de la Argentina, de Nicolás Villanova, en el que se precisa que la tasa de empleo ‘en negro’ en las zonas inundables es mayor respecto de las zonas no inundables “en el total del país indica un 43 por ciento en el primer”. En el aglomerado del Gran Santa Fe la brecha se profundiza. Mientras que el empleo no registrado en zonas inundables es del 63 por ciento, en ámbitos no anegables la cifra constituye un 31 por ciento
En la investigación, Villanova concluyó que “la precariedad en el empleo y la elevada tasa de desempleo tienen su correlato en la percepción de ingresos más bajos por parte de la población que vive en zonas inundables”, ya que el ingreso promedio de la ocupación principal de los asalariados del total de los aglomerados que residen en espacios anegables representa un 86 por ciento respecto de aquellos que no viven en zonas inundables.
