Por: Julia Egan*
OPINIÓN Miércoles 03 de febrero 2016
El 20 de enero en Flores se realizaron 26 allanamientos a talleres ilegales y depósitos de mercancías para venta callejera, acusados de violar la ley de marcas y uso indebido del espacio público. El operativo tuvo sólo fines fiscales. Los controles laborales, en cambio, brillaron por su ausencia.
Ninguna de las instancias estatales, sea nacional, provincial o municipal, se encuentra interesada en controlar las condiciones de trabajo en las que se desempeñan los trabajadores de la confección. Como muestra de esto, vale nombrar la existencia de al menos 46 mil puestos de venta ilegal en todo el país, que se dedican en un 80% al comercio de ropa (Confederación Argentina de la Mediana Empresa).
La Salada, en la provincia de Buenos Aires, es provista por talleres ilegales de Lomas de Zamora, La Matanza, Lanús. En capital, la avenida Avellaneda y Once constituyen los principales focos de ventas y sus productos se fabrican fundamentalmente en talleres de Flores. Pero la situación se replica en cada punto del país, donde podamos encontrar venta ambulante o callejera y ropa a bajo costo. ¿De dónde creen que proviene?
El 80% de la ropa que se produce en Argentina se realiza en forma ilegal, es decir, forma parte de la economía «en negro». Para los trabajadores, esto significa jornadas de entre 12 y 16 horas de trabajo continuo, pagos equivalentes a la mitad del salario mínimo, vital y móvil, sin pago de horas extras, seguridad social o vacaciones. Ello redunda en pésimas condiciones de vida, tanto para los que habitan en los talleres como para los que no, pues ellos y sus familias sufren el hacinamiento (en el taller o la pieza en una villa o un barrio precario) y la insalubridad propia de estos ambientes. Para los pocos que tienen un trabajo registrado, la situación no es mejor, ya que tienen uno de los salarios más bajos de la economía y se encuentran sometidos de forma constante a los abusos de los empresarios, que no registran debidamente su jornada (además, evitan el pago de cargas sociales) y regularmente se atrasan con los pagos de salarios, aguinaldos y vacaciones, que luego licuan mediante el cierre de los talleres (y posterior reapertura en otro local, con nuevos obreros). Es decir, sus condiciones de trabajo y de vida no se encuentran tan alejadas de las de los supuestos esclavos.
La relativa homogeneidad en las condiciones de explotación en esta actividad se explica por el atraso relativo que presenta históricamente respecto de otras ramas de la economía argentina. Debido a su baja automatización y al empleo de máquinas, a esta altura rudimentarias (las máquinas de coser que todos conocemos), se necesita, en relación con otras industrias, mucho trabajo humano para producir, lo que resulta en altos costos de producción. Es por eso que el «ahorro» de los empresarios, sean talleristas o grandes marcas que los contratan, proviene del incumplimiento de la normativa laboral e impositiva. Por esta razón, el Estado, kirchnerista o macrista, no controla ni sanciona estas condiciones de trabajo, a pesar de que lo que acabamos de exponer se encuentra a la vista de todos. De hacerlo, debería enfrentarse a la quiebra masiva de pequeños capitales ineficientes que no pueden sobrevivir a la competencia sin explotar de forma extrema a sus trabajadores.
Ante la profundización de la crisis económica, los comerciantes de la calle Avellaneda y las marcas piden mayor rigurosidad contra la venta ambulante, apelando frente a los consumidores a una cuestión moral («No compre trabajo esclavo»), que en realidad no les importa, pues ellos mismos lo utilizan. El Estado, ahora, se preocupa sólo por una cuestión de caja, porque no puede seguir sosteniendo toda una actividad que no aporta al fisco y cede ante esta presión. Pero hay que recordar que, cualquiera haya sido el partido gobernante, siempre se benefició de esta explotación extrema para permitir sobrevivir a una capa de la burguesía nativa y para abaratar el costo de la fuerza de trabajo argentina por la vía del consumo de ropa a menor precio. A la vez, se ha desentendido de los cientos de costureros y manteros que han quedado desempleados. Estos deben reclamar que se garantice su trabajo, en unidades de producción y comercio estatales, pero bajo su propio control, donde se cumplan de forma estricta todas las normativas laborales y se desarrolle una producción tecnológicamente viable.
*La autora es socióloga, becaria de CONICET y miembro del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales.
