El 6 de agoste hace un mes que comenzó el juico oral contra los acusados de asesinar a Mariano Ferreyra. ¿Qué ha hecho el Estado para develar la trama de complicidades en el crimen? ¿Qué tipo de tribunal está juzgando a los asesinos? ¿Cómo actuó la fiscalía? A continuación, una entrevista a una de las abogadas por la querella, María del Carmen Verdú, que responde sobre estos interrogantes.Desde el 6 de agosto, se viene desarrollando el juicio oral y público contra los acusados de asesinar a Mariano Ferreyra. El juicio mismo es una victoria política, ya que es la primera vez que el secretario general de un sindicato es llevado al banquillo por dirigir un ataque a trabajadores de su gremio. En este caso, con posibilidades de ser sentenciado a cadena perpetua. La querella es llevada adelante por APEL y CORREPI, que deben enfrentarse a un sistema judicial y a un Estado poco propensos a develar la trama que llevó a la muerte del compañero. Para realizar un balance del juicio, entrevistamos a María del Carmen Verdú, una de las abogadas por la querella. Aquí, nos responde sobre la actuación de la fiscalía, los antecedentes del tribunal y la estrategia de la defensa.
¿Cuál es la actitud del Estado ante la causa? ¿Ha colaborado o ha obstaculizado la investigación?
Desde un principio, la Justicia también trató de esconder bajo la alfombra la participación de la Policía Federal el día del asesinato, abriendo una causa paralela para distraernos. Aunque estaba probado que no se trató de una simple “zona liberada” por omisión, sino que la policía hizo un aporte fundamental al plan criminal (custodiando a la patota, abriéndole el paso para que actuara) garantizando su escape seguro y destruyendo pruebas de su accionar, los policías fueron procesados sólo por abandono de persona agravado, por haber resultado la muerte y graves daños en el cuerpo y la salud de las víctimas, y por incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, delitos que, sumados, apenas si superan los 15 años de prisión.
El fiscal y la jueza desoyeron el planteo que hicimos los querellantes, reclamando que los comisarios Lompizano, Mansilla y Ferreyra, el subcomisario Garay y los oficiales Echavarría y Conti y el suboficial Villalba, fueran procesados como partícipes necesarios en la ejecución del homicidio calificado y homicidios calificados en grado de tentativa, delito penado con prisión perpetua.
La decisión de separar el hecho principal de la investigación de la conducta policial mostró claramente que, cuando fracasaron en el intento de sepultar el ataque bajo la máscara de la “pelea entre facciones opuestas de sindicalistas”, al estilo del “se mataron entre ellos” del día siguiente al Puente Pueyrredón, el plan B fue preservar al aparato represivo estatal.
Para el gobierno nacional, los policías que facilitaron el ataque y garantizaron la impunidad de sus ejecutores no cometieron ningún delito. Por eso, el Ministerio de Seguridad resolvió defenderlos, a través de los abogados de su Dirección de Asuntos Jurídicos. Cuando salimos a denunciarlo, les ordenaron renunciar a la defensa, porque el tiro les salió por la culata y comprometía la imagen “progre” del ministerio. Pero sólo los retiraron en la causa Ferreyra, porque son los mismos funcionarios oficiales que cruzamos a diario, cuando los mandan a defender policías torturadores y de gatillo fácil.
La trampa de la “causa paralela” parecía funcionar, a tal punto que su ejecutora, la fiscal Camaño, fue premiada por su eficiencia con la designación como segunda línea en el Ministerio de Seguridad. El nuevo fiscal y la jueza López procesaron a seis jefes policiales por abandono de persona agravado, por haber resultado la muerte, mientras desde la querella acusábamos a los comisarios Lompizano, Mansilla y Ferreyra, el subcomisario Garay, los oficiales Echavarría y Conti y el agente Villalba como partícipes necesarios en la ejecución del homicidio calificado y homicidios calificados en grado de tentativa.
A fin del año pasado, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional no tuvo más remedio que admitir que se trataba de un mismo hecho, en el que habían intervenido dos grupos de personas, patoteros y policía. Luego, el tribunal oral que recibió la causa de los policías tuvo que reconocer que había indudable conexión con la causa de Pedraza y sus matones, y la mandó a tramitar al mismo Tribunal Oral Nº 21, al que, al mismo tiempo, las querellas exigimos que se unificaran ambos expedientes, lo que finalmente logramos.
¿Quiénes son los todos los imputados que se encuentran siendo juzgados en la actualidad?
Los imputados son Cristián Daniel Favale (barra brava reclutado por la UF), Pablo Marcelo Díaz (reclutador y jefe de la patota en el lugar), Jorge Daniel González (de la UF), José Ángel Pedraza (dirigente de la UF), Juan Carlos Fernández (segundo de Pedraza), Claudio Gustavo Alcorcel, Juan Carlos Pérez, Francisco Salvador Pipitó, Gabriel Fernando Sánchez, Guillermo Armando Uño. Todos, salvo Favale, de la UF. También están imputado, por las fuerzas policiales, Luis Osvaldo Mansilla (comisario), Jorge Raúl Ferreyra (comisario), Hugo Ernesto Lompizano (comisario), Rolando César Garay (subcomisario), David Ismael Villalba (cabo), Luis Alberto Echavarría (oficial) y Gastón Maximiliano Ezequiel Conti (oficial). Desde la querella APEL-CORREPI acusamos a todos por homicidio calificado (en grado de tentativa, respecto de los heridos) como coautores y partícipes necesarios, según el caso. La pena para ese delito, en cualquiera de ambos casos es prisión perpetua. La fiscalía, en cambio, acusa a los policías por abandono de persona agravado (es decir, un delito cometido con posterioridad al hecho).
¿Cuál es la estrategia de la defensa?
La culpabilización de las víctimas. Sostienen que, como hubo iniciativa de autodefensa, devolviendo pedradas, o usando palos y gomeras, se trató de una riña. Paralelamente, sostiene que la patota intentó impedir un delito (el corte de vías), por lo que fue legítima defensa o, a lo sumo, un exceso de esa legítima defensa.
¿Quiénes son los jueces? ¿Cuáles son sus antecedentes?
El Tribunal Oral en lo Criminal nº 21 (TOC 21) está integrado por los doctores, Díaz, Barroetaveña y Bossi, que no se diferencian demasiado de la media habitual de cualquier instancia del aparato judicial. La última vez que CORREPI intervino en un juicio ante este tribunal fue hace apenas unos meses, cuando ese tribunal y la fiscal María Luz Jalbert tuvieron a su cargo el juicio contra el policía federal Alberto Alejandro Segovia, que fusiló con un tiro en la nuca a Mauricio Vega, en el barrio de Colegiales. Llegamos al juicio oral después de impedir que el juez Daffis Nikilson cerrara la causa con el argumento de que un tiro en la nuca a quemarropa, a un pibe desarmado con ambos brazos del otro lado de un portón, era una legítima defensa.
La defensa del asesino fue tomada orgánicamente por la Dirección de Asuntos Penales del Ministerio de Seguridad, cuyo decano, Federico Luis María Hierro, intentó negociar una probation, es decir, que el verdugo pagara el asesinato de un joven con tareas comunitarias, al mismo tiempo que el tribunal suspendía el inminente juicio alegando problemas organizativos que, de todos modos, no impidieron la turbia negociación que tuvo la causa en suspenso, entre la Cámara de Casación y la Corte Suprema , por más de un año.
A pesar de todo eso, en 2012 llegamos al juicio. En el ínterin, habíamos denunciado la presencia de los abogados ministeriales en la defensa de los policías de la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra, de la que, ni corta ni perezosa, la ministra Garré los retiró para cuidar la imagen del gobierno. También Segovia se quedó sin su defensa institucional oficial, que fue reemplazada por la Dra. Valeria Corbacho, experimentada defensora policial. Fue la abogada del ex subcomisario Luis Abelardo Patti en la causa por el asesinato de los militantes Cambiasso y Pereyra Rossi. También de los represores Samuel Miara, Roberto Sosa y Eufemio Uballes en la causa por el Centro Clandestino de Detención El Atlético. Además, defendió al espía metro-federal Ciro James, y al policía David Villalba, el que se quedó sin batería para filmar justo en el momento que la patota atacó a los trabajadores ferroviarios y las organizaciones que los acompañaban.
En la sentencia por el caso Segovia, los jueces dieron como válida la teoría del “accidente” y siguieron el pedido de la fiscalía, a pesar de todas las pruebas que demostraron que el arma no se disparó sola, que el policía disparó a matar y, como es habitual por su cobardía, además, disparó por la espalda. Lo condenaron a tres años de prisión efectiva.
La causa de Mariano Ferreyra, ¿fue elevada a juicio en su totalidad o quedan tramos pendientes (en particular, referentes a las responsabilidades políticas)?
No hay tramos pendientes. Pese a nuestros esfuerzos, no hay ninguna actuación respecto de los funcionarios del gobierno nacional (Schiavi, Tomada, de Vido, Luna, Rial, etc.) ni contra los directivos de UGOFE. Lo replantearemos a la hora de alegar en el juicio.
¿La acusación de las querellas coincide con la formulada por el Ministerio Público Fiscal? En caso negativo, ¿cuáles son las diferencias?
Respecto de Pedraza y su patota, por ahora coincide (aunque la fiscalía puede modificar su posición al formular acusación en los alegatos). La gran diferencia se advierte respecto de los policías, a los que la fiscalía no acusa por homicidio, sino por negligentes, desprolijos, distraídos y descuidados.
