Natalia Alvarez Prieto
Grupo de investigación de educación argentina – CEICS
Como hemos señalado en varias oportunidades, una de las tendencias que atraviesa al sistema educativo argentino desde mediados del siglo XX es la flexibilización del régimen de evaluación. Fenómeno que cobró renovado impulso recientemente, con la sanción de la obligatoriedad del nivel medio de enseñanza y el establecimiento de los “Lineamientos políticos y estratégicos de la educación secundaria obligatoria”.(1)
Analizaremos aquí los primeros pasos que se dieron en ese sentido durante los años ’60 y ’70 en el nivel medio. Sin embargo, al igual que toda tendencia de largo plazo, veremos que no se trató de un proceso lineal. Por el contrario, la última dictadura militar introdujo reformas de signo contrario al señalado, determinadas en gran medida, por el ascenso de la lucha de clases durante los años previos y por las tareas que se propuso realizar.
La flexibilización educativa
Durante los años ’70, diversos estudios alertaban sobre los altos índices de deserción que presentaba el sistema educativo, tanto en el nivel primario como en el secundario. En ese sentido, el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), una de las instituciones más activas durante aquella época en el desarrollo de diagnósticos y políticas para el sistema educativo, realizó numerosas investigaciones orientadas a determinar la eficiencia y el rendimiento escolar.
En un informe de 1968,(2) el organismo señalaba la existencia de un alto índice de deserción, que producía una merma de la matrícula desde el ingreso hasta los últimos años. A esta problemática debía sumarse un elevado índice de repetición entre grados. A partir del análisis de una cohorte compuesta por mil alumnos del nivel primario en el período 1961-1962, observaba que la deserción escolar ascendía a un 51,1%. Por otra parte, del 48,9% de los graduados, sólo un 19,8% egresaba en tiempo normal (7 años), es decir, sin repetir ningún grado. En el nivel medio encontraron la misma dinámica. De ese modo, llegaba a quinto año menos de la mitad de los inscriptos en primero. Asimismo, en la promoción de 1º a 2º año se reducía a un 67,7% de la matrícula.
Al igual que en la actualidad, una de las formas que se encontró para garantizar la permanencia de los alumnos en las escuelas fue, precisamente, la flexibilización de la evaluación. Con Onganía, a través de la reforma Orgánica de 1968, fue implementada la “promoción automática” entre los distintos ciclos del sistema educativo, eliminándose así la acreditación de saberes entre grados. Desde la perspectiva de los funcionarios, para evaluar los conocimientos, habilidades y hábitos de los estudiantes, se aplicaría un amplio repertorio de instrumentos de medición, por lo que la “calidad” educativa no se vería afectada con tales medidas. En paralelo a la implementación del proyecto que afectaba a una parte del nivel medio (los dos primeros años), se procedió a modificar la cantidad de materias pendientes con las que los estudiantes promovían de grado en el secundario. Así, si hasta ese momento los alumnos podían pasar de año con una sola asignatura previa, mediante la Resolución nº 1379/69 aquel límite se extendió a dos materias.
Con el retorno del peronismo, esta tendencia a disminuir las exigencias del régimen de evaluación continuó su curso. Uno de los cambios efectuados consistió en eliminar las pruebas de revisión bimestral establecidas en el Reglamento de Calificaciones, Exámenes y Promociones de 1972. Dichas pruebas tenían un carácter comprehensivo y debían realizarse en cada una de las materias. El objetivo era evaluar los conocimientos aprendidos y la capacidad de los alumnos para analizarlos, apreciarlos, relacionarlos, utilizarlos y elaborar síntesis.
En términos generales, entre 1966 y 1975, ninguna medida dispuesta para el sistema educativo fue contraria a la disminución de los requisitos de la evaluación. Por ello, podemos decir que, al igual que lo ocurrido en otras esferas (régimen de disciplina, currículum, etc.) la tendencia general del régimen de evaluación no se vio afectada por los cambios de signo del personal político de turno.
Un breve interludio
Sin embargo, durante la última dictadura militar ciertas transformaciones iniciaron una nueva etapa. En ese sentido, se destacan la modificación de la división temporal del ciclo escolar y el aumento de la calificación exigida a los alumnos para promocionar las asignaturas. En cuanto a la primera, en 1980 el curso lectivo pasó de dividirse en 4 bimestres a 3 trimestres. De ese modo, la estructura temporal del nivel medio se alejaba de la correspondiente al nivel primario y se acercaba a la del nivel superior. Con respecto a la segunda, en el año 1977, mediante un Decreto Presidencial, el promedio anual para aprobar las asignaturas pasó de seis a siete puntos.
Aquellos cambios fueron de la mano de nuevas concepciones en torno a la evaluación promovidas por el régimen dictatorial. Así, en el seno de la Dirección Nacional de Investigación, Experimentación y Perfeccionamiento Educativo, fue creada la Comisión de Hábitos de Estudio y Evaluación. En los diversos documentos de apoyo elaborados como guía e instrucciones para los docentes, se estableció una estrecha relación entre la evaluación y la disciplina. Por un lado, la comisión subrayaba que las actitudes, los hábitos y las habilidades debían ser evaluados, al igual que los conocimientos adquiridos por los educandos. En ese sentido, sostenía que el proceso evaluativo no debía parcializarse, “reduciéndolo al aspecto cognoscitivo, cuando los objetivos últimos de la educación acentúan el énfasis en los otros aspectos de la personalidad”.(3) Asimismo, indicaba que toda calificación establecida por el docente debía tener en cuenta el esfuerzo y la actitud ante el estudio por parte del alumno, traduciéndolo en un puntaje más a promediar. Por otra parte, la evaluación no debía realizarse en un momento puntual, sino que debía apoyarse en una observación permanente.
De este modo, durante la última dictadura militar se abrió un paréntesis dentro de una tendencia de largo plazo que, por lo menos, desde fines de los años ’60, pareciera orientarse a disminuir las exigencias en el régimen de evaluación. En ese sentido, durante los años de plomo asistimos al desarrollo de algunas reformas sustantivas, orientadas, centralmente, a restringir la permanencia y promoción de los estudiantes en el nivel medio. Este hecho debe entenderse en el marco de los objetivos centrales expresados por el régimen dictatorial: la eliminación de la fuerza social revolucionaria y la reconstrucción de la hegemonía burguesa. Es decir, la búsqueda de la “despolitización” de las escuelas secundarias fue de la mano de un aumento de la exigencia en los rendimientos de los estudiantes y de su vigilancia permanente. De esta forma, ambos aspectos de la realidad educativa -disciplina y evaluación- estrecharon filas. La actividad de los alumnos en el espacio escolar debía limitarse a aprehender los contenidos impartidos por la escuela, acreditar esos saberes y respetar el orden establecido. Por ello, los menos “aplicados”, y por tanto más indisciplinados, serían puestos a raya o alentados a alejarse del sistema educativo. Asimismo, la dictadura también buscó asegurar la disciplina a partir del régimen de evaluación de un modo más directo, es decir, a través de la calificación de las conductas de los estudiantes. Por su parte, los docentes debían convertirse en los guardianes del orden -político- de manera permanente y calificarlo.
¿Todo cambia?
Como hemos visto, desde un comienzo la transformación del régimen de evaluación se justificó mediante la apelación a la problemática de la deserción educativa. Así, la flexibilización de la evaluación del nivel medio caracterizó la etapa comprendida entre 1966-1975. El ascenso de la lucha de clases se imprimió sobre esta tendencia. Por ello, la dictadura desarrolló políticas de signo contrario. Ahora bien, una vez reconstruida la hegemonía burguesa, el proceso de flexibilización del régimen de evaluación continuó su curso. Ahora sí, la burguesía podía afirmar tranquilamente su necesidad de retener a los jóvenes en las aulas. Dicha tendencia no deja de profundizarse desde mediados de la década del noventa. Así, la llamada “promoción social” reeditó, de manera informal, la promoción automática de fines de los años sesenta. Recientemente, en octubre de 2009, el Consejo Federal de Educación elaboró un documento en el que se establecieron los “Lineamientos políticos y estratégicos de la educación secundaria obligatoria”. Allí se señalaba que, para conseguir trayectorias escolares “completas”, el sistema de evaluación debería ser revisado integralmente. El supuesto básico es que la evaluación no puede constituir una herramienta de expulsión o exclusión de los estudiantes del sistema educativo.
Si bien el nuevo régimen de evaluación aún no ha sido establecido, algunas provincias impulsaron ciertas reformas que, tal vez, puedan entreverse como su antesala. Este es el caso de la provincia de Córdoba, que se ha puesto a la cabeza de un cambio radical, a saber, la promoción de los estudiantes con tres materias previas. A ese tren ya se sumaron los proyectos educativos de distintas provincias, entre las cuales se encuentra Tucumán. Al respecto, la ministra de educación de la provincia, Silvia Rojkés de Temkin, dijo: “es preferible tener las aulas llenas y no llenar los institutos de menores y las cárceles”.(4) Ilustrativo para quien tiene dudas sobre los objetivos de estas reformas. Ilustrativo también del futuro de la escuela pública bajo este sistema social.
NOTAS:
(1) Véase: De Luca, Romina: “Kamuflando la miseria. La ¿nueva? escuela en la provincia de Buenos Aires, El Aromo, nº 51, 2009.
(2) Secretaría del Consejo Nacional de Desarrollo: Educación, recursos humanos y desarrollo económico social. Situación presente y necesidades futuras, Bs. As., Agosto de 1968.
(3) Ministerio de Cultura y Educación- Dirección Nacional de Investigación, Experimentación y Perfeccionamiento Educativo-Comisión Hábitos de Estudio y Evaluación: Criterios para evaluar al alumno, Buenos Aires, 1979.
(4) La Gaceta, 31/12/2009.
