Este año, el gobierno volvió a ajustarle a los jubilados. Lo hizo después de aprobar la Ley de Solidaridad Social en el Congreso en diciembre. A nadie podía sorprenderle, más allá que en 2017, el kirchnerismo apuntara contra la reforma jubilatoria de Macri. Como dijimos en una oportunidad, la burguesía –con los K o con Macri- prefiere disponer de la ANSES para subsidiar capitales, pero no para los jubilados. Y el kirchnerismo fue especialista en la materia. La misma estatización de las AFJP así lo ponía de manifiesto, como vimos en un número anterior. Y hoy en plena pandemia, eso queda más claro que nunca: los capitalistas –todos- reciben subsidios y beneficios a través del programa ATP con fondos de la ANSES. Pero por si hacía falta, revisamos un poco más la historia de la “Década Ganada” y veremos que hay siempre una constante: para los jubilados, nada.
En 2010, Cristina vetó una ley. Limitada pero que hubiera mejorado un poco los haberes de los jubilados. ¿Qué decía esa ley? Que el haber jubilatorio mínimo se fijaba en el 82% del salario mínimo vital y móvil. El 72% de los jubilados hubieran pasado a percibir 400 pesos más de lo que percibía para esa altura. El haber mínimo apenas llegaba a los 1000 pesos, mientras que el medio llegaba a 1151 pesos. También se hubieran beneficiado los titulares de pensiones y otras contribuciones. Finalmente, por la aplicación del caso Badaro (caso judicial testigo que fija índices de indexación hasta diciembre del 2006) las jubilaciones que superaban el mínimo hubieran obtenido un reajuste parcial. Mientras tanto, los K decían que los aumentos que habían recibido los jubilados eran más que suficientes. Unos caraduras de la primera hora.
Eso sí, la ley no resolvía la movilidad de las jubilaciones superiores al haber mínimo. Tampoco establecía ningún tipo de retroactividad previo al año 2006, con lo cual dejaba sin resolver una de las causas de los juicios previsionales. Tampoco modificaba la situación de los jubilados “nuevos”, o sea, aquellos cuyo haber se calculaba según los últimos 10 años, sólo indexado en base a los aumentos jubilatorios generales que estuvieron muy por debajo de la inflación hasta el momento de sanción de la ley.
¿Dónde estaba el problema? En que la ley hubiera costado 30 mil millones de pesos anuales. Por eso, los K llegaron a hablar de una “ley de quiebra del Estado”. Claro, necesitaban toda esa plata para los subsidios a las patronales y compensar las ganancias capitalistas. Todo el chiste era que las patronales no pusieran la plata.
Pero, además, el asunto mostraba la contradicción entre una suma mínima equivalente al 82% Móvil y las posibilidades del capitalismo argentino. Aunque la posibilidad de financiar la jubilación fuera materia de discusión, quedaba claro que la burguesía argentina no podía ofrecer otra cosa más que lo mismo de siempre: degradación -en este caso, para los viejos- para poder seguir acumulando. Estamos ante una sociedad con capitales que necesitan todo el tiempo transferencias de recursos (renta, deuda, aumento de explotación, etc.). El kirchnerismo tuvo entonces la “solución” en sus manos: ajustarle a los jubilados y a los trabajadores como variable para pilotear una crisis que en algún momento igual va a estallar.
La historia del kirchnerismo es muy pedagógica. Son más de lo mismo y no tienen dudas de aplacar a la clase obrera de ser necesario. En cambio, necesitamos una salida socialista para resolver los problemas del conjunto de los trabajadores.
