Por Martín Pezzarini – Grupo de Análisis Internacional – CEICS
En octubre de 2019, enormes protestas llenaron las calles de Chile. Las grandes ciudades del país, y particular, Santiago, fueron el escenario de una oleada de movilizaciones contra la degradación general de las condiciones de vida. El movimiento comenzó como un rechazo al aumento de las tarifas del transporte público, pero pronto el descontento derivó en reclamos vinculados al sistema de jubilaciones, la calidad de los servicios de salud y educación. Estos hechos fueron el inicio de una crisis política cuyo efecto más visible fue el desplome de las fuerzas que venían gobernando Chile en los últimos años. Desde ese momento, las dos principales coaliciones que se alternaban en el gobierno mostraron grandes dificultades para conservar su poder, en tanto que otros partidos y fuerzas ganaron un gran impulso.
Al poco de que se produjeran estos episodios, el Partido Comunista de Chile y los agrupamientos que integran el Frente Amplio, así como numerosas organizaciones sociales ligadas a estas fuerzas, ganaron un lugar central en la dirección del movimiento. La orientación programática que se sostuvo desde este espacio estuvo marcada por sus críticas a la constitución, puesto que ese sería el sostén del “modelo neoliberal” en Chile y el origen de todas las miserias que pesan sobre la población. Rápidamente, la reforma constitucional que reclamaba esta “nueva izquierda” fue absorbida por los partidos del régimen, quienes terminaron firmando el «Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución» para retomar el control de la situación política e imprimirle una salida institucional al movimiento.
De este modo, en octubre de 2020, se llegó al Plebiscito Nacional, donde la alternativa a favor del cambio constitucional obtuvo un apoyo contundente, cercano al 80% de los votos. Al poco tiempo, en mayo de 2021, la “nueva izquierda”, los candidatos “independientes” y las “comunidades indígenas” obtuvieron un lugar destacado en las elecciones de convencionales constituyentes. La designación de Elisa Loncón como Presidenta de la Convención Constitucional y el triunfo de Gabriel Boric en las internas de Apruebo Dignidad, pusieron de manifiesto los cambios que estaban teniendo lugar en las filas del personal político y el impulso que recibía el nuevo progresismo. Frente a esta situación, se generalizó la idea de que Chile se estaba volcando masivamente a las urnas para rechazar el neoliberalismo y el viejo régimen pinochetista, en tanto que la política nacional estaba adoptando un supuesto giro hacia la izquierda.
Este fue el contexto en el que se desarrollaron las últimas elecciones presidenciales. Los resultados pusieron en evidencia que la crisis política todavía no se ha cerrado. Las dos coaliciones que hace décadas venían alternándose en el poder quedaron en tercer y cuarto lugar, al tiempo que dos candidatos relativamente nuevos pasaron a la segunda vuelta. Y en este enfrentamiento, Gabriel Boric se impuso frente a José Antonio Kast, a quien el progresismo consiguió instalar como el representante de la “ultraderecha”, “neoliberal”, “fascista” y “pinochetista”. Así, la “izquierda” se impuso frente a la “derecha”, reeditando un drama semejante al que ya habíamos visto en Chile y en otros países del continente.
Con todo, cuando analizamos detenidamente la naturaleza de esta “izquierda”, advertimos que no estamos frente a ninguna novedad. Boric es la principal expresión del progresismo, que consiguió capitalizar la pérdida de apoyo del Partido Socialista y el Partido Comunista de Chile. Su programa no es diferente a lo que ya hemos visto en otros países: críticas al “neoliberalismo”, demandas de participación, políticas de identidad y algunas moderadas reformas sociales. Además del respeto a las “diversidades”, las comunidades “indígenas” y el apoyo a las pequeñas empresas, Boric propone algunas medidas cuya “radicalidad” sólo llama la atención porque se lo compara con el discurso extremadamente moderado del viejo Partido Socialista. Lejos de expresar las políticas inapelables de su futura gestión, los elementos más reformistas de su programa – como el aumento del salario mínimo a 500 mil pesos, la reforma del sistema jubilatorio y el fortalecimiento de la salud pública- solo son las típicas promesas de un partido burgués que nunca ha gobernado. Y si ese discurso puede resultar creíble, ello se debe, antes que nada, a los antecedentes relativamente “limpios” que tienen los partidos del Frente Amplio, puesto que nunca habían llegado a la presidencia. Bastará que su gobierno comience para que se termine de desvanecer su tibia perspectiva reformista.
La crisis política obligó a que los partidos de Chile se presentaran como «oposición» o «renovación», permitiendo la entrada de arribistas de cualquier tipo. En realidad, la emergencia de esta “izquierda” es una respuesta de la propia burguesía, que detiene el movimiento de la clase obrera e impide el desarrollo de su conciencia, aplacando el descontento que se manifestó en 2019. Hay que recordar que Boric firmó el “Acuerdo por la paz social y la nueva constitución” junto con todos los partidos del régimen, buscando descomprimir el clima de protestas en noviembre de 2019. Además, en contra de quienes participaron de las movilizaciones y saqueos de ese año, votó la “Ley Anticapuchas” junto al gobierno y, como si fuera poco, recientemente reconoció que no piensa apoyar el indulto de las personas que fueron encarceladas en aquellas jornadas. Luego de que se conocieran los resultados de la primera vuelta, el candidato no solo moderó su discurso, también hizo sucesivas referencias al “diálogo” con otros sectores que precisará su futuro gobierno. Estos elementos demuestran las semejanzas que comparte Boric con el resto de la dirigencia política, así como la estafa que se construyó en torno a su candidatura.
Las críticas al régimen y los reclamos de una “nueva” democracia, junto a la permanente insistencia del indigenismo, la política de la identidad, la defensa de las minorías y las críticas al neoliberalismo resemblan las experiencias de Podemos en España, el MAS en Bolivia y el kirchnerismo en Argentina. Los resultados son conocidos por todos: cambian los personajes y las voces, pero la miseria social se mantiene incólume.
Publicado en Semanario de Junin
