La caja negra de la riqueza capitalista – Nicolás Villanova

La caja negra de la riqueza capitalista. Los efectos del empleo no registrado en Argentina

El debate del Impuesto a las Ganancias que confisca una buena parte del salario de los obreros registrados oculta la verdadera caja de la riqueza del capital: el ahorro en salarios y cargas sociales de los obreros en negro, una cifra millonaria que supera la deuda externa acumulada.

Nicolás Villanova

OES-CEICS

El macrismo y la oposición se han lanzado a una batalla por el Impuesto a las Ganancias. En un contexto de elevada inflación, pérdida de capacidad adquisitiva de los trabajadores y severa caída del consumo, el Gobierno retoma un debate que lleva varios años. De hecho, la ruptura del moyanismo y el kirchnerismo, dos grandes aliados desde la asunción de Néstor al poder, se produjo fundamentalmente por la no actualización del mínimo no imponible durante el año 2012, y luego le siguieron por lo menos cinco paros generales hasta mediados de 2015, todos ellos por el mismo reclamo. Ahora, el debate se traslada a la actual administración. Sobre todo, luego de que Macri prometiera la eliminación del impuesto, durante la campaña.

En efecto, el Impuesto a las Ganancias que tributan los asalariados, que no es más que una confiscación del salario, repercute en la caída del poder de compra de los trabajadores y pone un freno a la paritaria: la no actualización del mínimo no imponible incrementa la cantidad de obreros del sector formal de la economía que tributan al fisco cuando se les aumenta el salario.

A su vez, todo el asunto del Impuesto a las Ganancias remite a la crisis del déficit fiscal. Por ello, el macrismo ahora, al igual que el kirchnerismo antes, intenta saldar una parte de esa crisis descargando el ajuste sobre la fracción mejor paga de la clase obrera. Puede deducirse que, para ambos gobiernos, la disyuntiva es: o bien se incrementa el tributo al fisco a través de Ganancias o, de lo contrario, se viene un ajuste más agudo y feroz, o sea, una disminución del gasto público (menor empleo estatal –y por lo tanto mayor desempleo-, disminución de la Asignación Universal por Hijo y desmantelamiento de buena parte del aparato asistencial del Estado). Ambos gobiernos pretenden (y pretendieron) hacernos creer que la única manera de resolver el déficit fiscal es por la vía de más impuestos a la clase obrera, como si las empresas capitalistas no estuvieran exentas de pagar fortunas en materia impositiva y como si ellas no recibieran masas millonarias en transferencias y subsidios del Estado.

Pero el Impuesto a las Ganancias es sólo un aspecto del problema. Lo que ningún burgués ni sus representantes en el Estado están dispuestos a cuestionar en la práctica (por más que alguno lo haga en forma “teórica”) es la abrumadora riqueza que obtiene el capital con sólo ahorrarse los costos laborales que implica la contratación de empleados en negro. Un ahorro que presupone la manutención de capitales inútiles, cuya ineficiencia, a su vez, es compensada por subsidios del Estado, los cuales se recaudan con el impuesto al salario y al consumo, entre otros, que brotan de la clase obrera.

El gran boquete

Aún tratándose de elevadas sumas recaudadas por el Estado, el Impuesto a las Ganancias (o ya podríamos decir al salario) no es la mayor erogación o confiscación que brota de la clase obrera. Hay otras fortunas amasadas con las que se beneficia el capital y que no han sido cuestionadas seriamente hasta el momento. Se trata de cifras millonarias de dinero que se ahorran las empresas que contratan empleados “en negro”.

Los obreros no registrados no gozan de los derechos más elementales de cualquier trabajador en relación de dependencia: no tienen vacaciones pagas, están imposibilitados de discutir una paritaria (porque no se encuentran sindicalizados ni bajo convenio), no les descuentan para la jubilación ni gozan de aportes para la cobertura médica. Son quienes padecen la mayor tasa de explotación de los obreros en activo. En la Argentina actual, la masa de empleados “en negro” suma 4 millones de personas, una cantidad que constituye el 33% del conjunto de los asalariados.

Las empresas que “negrean” a los obreros se ahorran fortunas en salarios y aportes a la seguridad social, es decir, las cargas sociales. Por su parte, el Estado también ahorra millonadas de pesos en el ahorro salarial y cargas sociales cuando otorga los planes de empleo. Al estimar la disparidad salarial existente entre obreros en negro y beneficiarios de planes de empleo con el salario promedio de los trabajadores registrados de la economía, el ahorro sólo en el año 2015 fue de 235 mil millones de pesos. Por su parte, el ahorro de las empresas y el Estado en cargas sociales para esas mismas fracciones de clase fue, durante el mismo año, de 162 mil millones de pesos. Sí, leyó bien. De modo que el ahorro de los empresarios, durante el año 2015, por la disparidad salarial existente respecto de los trabajadores registrados y las cargas sociales fue de 397.000 millones de pesos.¹ Al dólar oficial, ese monto fue de 42.800 millones de dólares (ver cuadro N°1).

¿Qué representa esta millonada de pesos? Podríamos establecer varias comparaciones y todas ellas serían muy pedagógicas para entender semejante suma. Por ejemplo, durante los años 2013 y 2014 el ahorro en empleo en negro superó en un 20 y un 38% respectivamente a las reservas internacionales en dólares del Banco Central. A su vez, si comparamos el ahorro por la existencia de empleo en negro durante el año 2014 con lo que el Estado recaudó por el impuesto al salario (es decir, la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias) para ese mismo año, el resultado es que el ahorro constituye casi un 920% más (la magnitud total del ahorro por el empleo en negro fue 9,2 veces más elevado que el impuesto al salario).

Esto último expresa que todo ese monto de dinero que se recauda por la vía del Impuesto a las Ganancias y que constituye una parte del presupuesto de la ANSES para pagar aquello que no es garantizado por las empresas que no registran a sus empleados (Asignaciones Familiares o Jubilación) representa sólo una ínfima parte del ahorro del capital que negrea obreros. Por lo tanto, si se registrara a los obreros informales probablemente no fuera necesario una mayor tributación al fisco por parte de la clase obrera registrada y mejor paga.

Por otra parte, el ahorro salarial y en cargas sociales de las empresas que contratan en negro es un mecanismo utilizado para compensar la escasa productividad del trabajo y baja escala de producción. Así como la deuda externa es utilizada para subsidiar al capital en Argentina a los efectos de compensar su atraso relativo en relación a sus pares internacionales y los subsidios del Estado en materia de servicios públicos presuponen un abaratamiento de los costos, la contratación de mano de obra barata en condiciones precarias también influye en el ahorro de costos laborales.

En este sentido, la fortuna que se ahorraron el conjunto de las empresas que no registran a sus trabajadores entre los años 2004 y 2015 supera en un 68% al total de la suma de la deuda externa e interna acumulada hasta el año 2015. A su vez, al comparar la suma anual que el Estado destina en materia de subsidios a los servicios públicos y servicios económicos el resultado es que el ahorro en empleo en negro supera esa cifra (ver cuadro N°2).

Toda esta riqueza que se ahorran las empresas y que reciben del Estado permite la subsistencia de un conjunto de capitales ineficientes, que sólo sobreviven en el mercado interno y cuyas condiciones de existencia presuponen una elevada tasa de explotación de la clase obrera y un gigantesco despilfarro por parte del Estado.

¿Quiénes gozan de buena salud?

Las empresas con mayor empleo en negro son aquellas con establecimientos con pocos trabajadores, es decir, las PyMES. Estos capitales, probablemente los más ineficientes del mercado, son los que amasan fortunas al evitar el pago de cargas sociales y al no regirse el pago de salarios por los convenios colectivos de trabajo. En efecto, entre los años 2004 y 2015 el 70% de los empleados no registrados se ocupaban en establecimientos de hasta 10 personas. Es decir que, de los 4 millones de obreros no registrados en 2015, unos 2,9 millones trabajaban de manera precaria en los establecimientos más chicos.

Sin embargo, las PyMES no son las únicas beneficiadas como producto del empleo precario. Justamente, la gigantesca existencia de trabajo en negro beneficia también a las grandes empresas y capitales más concentrados que contratan en blanco, en la medida en que el incremento de labores no registradas y el desempleo ponen un freno al aumento salarial en el sector formal. A su vez, aquellas PyMES que son proveedoras de otras empresas abaratan insumos por la vía del ahorro en costos laborales, situación que redunda en beneficio de las empresas clientes.

Por su parte, el Estado, ese gran empleador en negro, también evade en cargas sociales. Sólo durante el año 2015, el Estado se ahorró por emplear a beneficiarios de planes de empleo con salarios por debajo de lo que percibe un obrero registrado promedio unos 10.000 millones de pesos, mientras que, por no pagar las cargas sociales a los desocupados con planes con contraprestación laboral, el Estado ahorró unos 5.300 millones de pesos. Desde esta perspectiva, al Estado (en tanto empleador) le resulta mucho más barato sostener a un desocupado bajo la forma de planes de empleo que brindarle una ocupación regida por convenio.

En buena medida, el Estado compensa una parte de aquello que se ahorran las empresas privadas, confiscando al conjunto de los obreros a través del impuesto al consumo (IVA), o bien, a la capa mejor paga (Ganancias, cuarta categoría). Por la vía de la ANSES, el Estado asiste a través de políticas y subsidios a los empleados informales y los desocupados. O bien, para aquellos que no tienen ningún tipo de cobertura médica, que actualmente son cerca de 12 millones de personas, y que sólo pueden asistir a los hospitales públicos, el Estado emite un presupuesto a la atención pública en salud.

Entonces, ¿cuál es la relación entre el ahorro del capital que emplea en negro y lo que subsidia el Estado en materia de asignaciones familiares y salud pública? Al comparar el ahorro sólo en cargas sociales de los obreros en negro respecto de la suma que destina el Estado en la AUH y en salud pública, el resultado es una diferencia no demasiado abultada. Mientras que en el año 2010 el ahorro superó en un 10% más a las transferencias del Estado, en el año 2013 no hubo diferencia, lo que quiere decir que todo lo que se ahorró el capital en el no pago de cargas sociales a los empleados en negro fue de alguna manera compensado por el Estado. Esta compensación expresa claramente que tanto la AUH como el gasto en salud son subsidios al capital privado por la suma que éste se ahorra en el pago de Obras Sociales y en Asignaciones Familiares, como percibe cualquier trabajador en relación de dependencia del sector registrado.

Pero, la AUH y el presupuesto en salud púbica exceden a los asalariados en negro. Son subsidios que van destinados a esta fracción de la clase obrera, sí, pero también a los desocupados y a toda la masa de trabajadores autónomos y por cuenta propia en condiciones precarias que en la mayoría de los casos encubren situaciones asalariadas. En este sentido, puede aceptarse que el Estado destina menos de lo que efectivamente el capital se ahorra en materia de cargas sociales. Esto repercute, a su vez, en las pésimas condiciones en las que se encuentran los hospitales públicos, en la imposibilidad de abastecer a la población sin cobertura médica y las paupérrimas condiciones de atención en las guardias.

En síntesis, tanto las empresas como el Estado ahorran al contratar en negro fortunas millonarias, pero por sobre todo, las más beneficiadas son las PyMES, los capitales más chicos y los más ineficientes. A fin de sostener la existencia de estos capitales, el Estado reproduce y es garante de la precariedad laboral, el aumento de la tasa de explotación y la miseria. No obstante, el Estado compensa un porcentaje de aquello que se ahorra el capital en materia de asistencia social, aunque de manera muy limitada si se compara con las fortunas que se obtienen del ahorro por el empleo no registrado. A su vez, los subsidios emitidos por el Estado brotan de los impuestos que paga la clase obrera, situación que incrementa la presión tributaria que se descarga sobre el conjunto de los trabajadores (consumo) o bien sobre las fracciones mejor pagas (ganancias).

La batalla por el blanqueo

Si el conjunto de los obreros en negro tuvieran descuentos por jubilación y asignaciones familiares garantizadas por las empresas que los contratan, el Estado no debiera descargar una fabulosa presión tributaria contra los asalariados registrados mejor pagos. Incluso, de existir un equilibrio salarial, la recaudación por el consumo sería aún mayor a la actual, sencillamente porque los trabajadores no registrados gastarían más plata en alimentos, vestimenta y otros bienes y servicios.

Sin embargo, es justamente la existencia del empleo en negro la que crea ganancias y fortunas enormes que permiten la protección y sobrevivencia de los capitales más ineficientes quienes, librados a la competencia, se fundirían. Es más, en caso de blanquear al conjunto de los obreros no registrados probablemente cerrarían sus puertas unas cuantas empresas. Pero eso no es un problema de los trabajadores, en todo caso, es una expresión del agotamiento del capitalismo en Argentina.

Ese agotamiento se evidencia en la fractura en el seno de la clase obrera, de la que una porción cada vez mayor tiende a reproducir su vida en condiciones de miseria: los empleados en negro, los desocupados, los beneficiarios de planes de empleo, los pobres e indigentes. Es decir que, el capitalismo argentino ya no puede sostener el empleo en condiciones históricas para el conjunto de la población. Dada la expansión de estas fracciones de la sobrepoblación relativa y la lucha de clases, el Estado intenta contenerlas por la vía de la política asistencial (aunque muy limitada) cuyos recursos brotan fundamentalmente de la clase obrera por la vía de nuevos impuestos. Por lo tanto, el incremento de la presión tributaria crece en sintonía con la expansión de la población superflua y la necesidad de la creciente asistencia social.

Si la deuda externa y los subsidios estatales que sostienen a los capitales más inútiles se usaran para crear empresas eficientes y garantizar el pleno empleo (al menos en los términos en los que el capital puede ofrecer tal cosa, es decir, una tasa baja de desocupación), la situación sería muy distinta. Pero en nuestro país, hasta las empresas más grandes son pymes a escala mundial. Es decir, no hay “salida” capitalista, si se entiende por tal lo que decimos en la primera oración de este párrafo. El pleno empleo sólo puede ser garantizado por un Estado obrero, bajo otras relaciones sociales. Por el momento, y en lo inmediato, debe darse una batalla para impedir que la clase obrera pague un nuevo impuesto al salario. Debe impulsarse una organización que unifique a los obreros ocupados registrados y no registrados que luche por el blanqueo del conjunto de los trabajadores en negro.

NOTAS

¹Para estimar el ahorro en salario y cargas sociales de las empresas por contratar empleo en negro se calculó la diferencia salarial entre asalariados no registrados y beneficiarios de planes de empleo respecto del ingreso mensual de los asalariados registrados, como también, el porcentaje que representan las cargas sociales respecto del salario neto. Estos cálculos fueron multiplicados por la cantidad de obreros en negro y beneficiarios y, posteriormente, por 12 meses para estimar el ahorro anual. La cuenta fue elaborada por el CEICS en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares e Informes de Seguridad Social de la AFIP.