Acerca de las cooperativas kirchneristas y macristas
Las cooperativas macristas y kirchneristas son generadas con tres objetivos: obtener mano de obra barata para que trabaje en dependencias públicas o en espacios públicos de forma tercerizada; contener bajo la forma de empleo estatal precario a un gran número de desocupados y, finalmente, cooptar a una parte del movimiento piquetero bajo su red clientelar.
Por Nahuel Audisio (TES-CEICS)
El kirchnerismo señala a los planes sociales, sus programas de empleo y la consecuente “inclusión” como uno de sus máximos logros, a diferencia de las posiciones de “la derecha”, a quien no le importaría la fracción de la clase obrera que recibe estos planes. Diferenciándose de los planes sociales anteriores, estableció una contraprestación obligatoria por acceder a una remuneración muy por debajo del salario mínimo. Impuso, de esta forma, un retroceso en las conquistas del movimiento piquetero y se dedicó a fomentar cooperativas. Macri no se quedó atrás y también impulsó la misma política. Veamos que resulta de la comparación de unas y otras políticas.
La provincia de Daniel
En la Provincia de Buenos Aires, que gobierna actualmente el candidato a presidente por el FPV, es donde se encuentran radicadas la mayor cantidad de cooperativas que surgieron como consecuencia de la implementación de los planes Programa de Integración socio-comunitaria (Ex Programa federal de Emergencia Habitacional), Centros Integradores Comunitarios, Agua Más Trabajo, Manos a la Obra, Programa de Inversión Social, Programa de Ingreso Social con Trabajo, Programa Argentina Trabaja.
El gobierno bonaerense se viene beneficiando de estos programas. Para el año 2008, en la provincia de Buenos Aires, existían 3.367 cooperativas con un total de 3.180.100 asociados. A nivel nacional, en el rango de años comprendido entre 1991-2000, la cantidad de cooperativas empadronadas era de 1.327. Mientras que para el rango de años 2001-2006, la cantidad de cooperativas empadronadas ascendió hasta las 6.938. En 6 años, la cantidad de cooperativas aumentó un 522%. Del total de ellas, el 26,4% están radicadas en la provincia de Buenos Aires.
En su gran mayoría, estas cooperativas se encuentran insertas dentro del Plan Argentina Trabaja (PAT). Como vimos en anteriores notas[1], las asignaciones del PAT, constan de un salario asignado a cada cooperativista. Actualmente, este salario se encuentra en $2.600, muy por debajo del salario mínimo vital y móvil, aumentado recientemente a $6.050. Los municipios de la provincia que tienen mayor número de cooperativas en la actualidad son José C. Paz y La Matanza, representando un 7,02% y un 10,41% del total de cooperativas de trabajo de la provincia de Buenos Aires. En ellos suceden dos fenómenos. Por un lado, son quienes tienen más cantidad de población, un gran número de pobres y desocupados. Se trata de distritos que albergan un porcentaje importante de sobrepoblación relativa y por lo tanto están entre los que más necesitan de un paliativo económico para contenerla. El partido de La Matanza concentra 1 cooperativa cada 1.504 habitantes, mientras que José C Paz concentra 1 cooperativa cada 334 habitantes. Por otro, cuentan con intendentes oficialistas, lo que facilita la posibilidad de que se destinen mayores montos para la conformación de esas cooperativas. La asignación de recursos mediante el PAT se realiza directamente desde el Ministerio de Desarrollo Social. El municipio es solo un intermediario que toma asistencia y realiza tareas administrativas, pero es el Estado Nacional mediante esta dependencia ministerial quien cuenta con la posibilidad de otorgar o no el monto por presentismo y productividad.
Daniel Scioli, siguiendo esta línea de contención del movimiento piquetero y como parte de su campaña presidencial, anunció la creación de un Ministerio de Economía Social y Organización Comunitaria. El objetivo sería:
“construir un sistema federal de Economía Popular eficiente, no burocrático y adaptado a las realidades y necesidades de los sectores excluidos, llevando un Registro Único de Organizaciones y Trabajadores de la Economía Popular, y realizando una sana segmentación sin discriminar a ninguna entidad cooperativa pero priorizando a las que contribuyan a la inclusión socio-laboral de los sectores más vulnerables.”[2]
La creación de este ministerio, es la cristalización de la burocracia de las administraciones que se conformaron en diferentes cooperativas y el lavado de cara a relaciones de flexibilización laboral, producto de la cooperativización forzosa a la que se vieron obligados los desocupados. Es una forma de institucionalizar los actuales manejos clientelares del gobierno kirchnerista respecto a las cooperativas y los magros montos otorgados a estas entidades. Es claro que el objetivo es regimentar a las cooperativas que vienen dando una lucha por el pase a planta y por el aumento de los salarios.
Mauri no se queda atrás
El gobierno macrista también fomentó el desarrollo de cooperativas. En Capital Federal, la cantidad de cooperativas aumentó conforme lo hicieron a nivel nacional. Para el año 2008, se habían empadronado 1.849 cooperativas, con un total de 1.634.085 asociados. A nivel nacional, representa un porcentaje de 15,9% del total de cooperativas, y un 17,4% del total de asociados, por debajo de la Provincia de Buenos Aires y Santa Fe.
Estas son contratadas por diferentes carteras públicas, entre ellas las de Educación, Espacio Público y principalmente la UGIS (Unidad de Gestión de Intervención Social). La UGIS tendría como objetivo la contención y asistencia de las necesidades básicas en materia de prestación de servicios públicos. Para realizar las tareas, firman convenios con cooperativas de trabajo, dentro del marco del Acuerdo de Asistencia y Cooperación con el Ministerio de Desarrollo Económico mediante el plan Basura Cero. Los cooperativistas tienen que encargarse desde la desratización, desinsectación y desinfección hasta el servicio diario de recolección de residuos domiciliarios y limpieza de pasillos donde no accede el servicio de recolección pública, como sucede en las villas.
La asignación de tareas a cooperativistas opositores mediante el plan “Basura Cero” empieza a tener vigencia a partir de junio de 2014, luego de una movilización y acampe de las organizaciones barriales que fue conocido como “Carpa Villera”, realizado por la Corriente Villera Independiente. Estos convenios se firman anualmente, aunque hasta hace unos años, tenían un plazo mínimo de cuatro meses. Los convenios firmados son particulares entre cada cooperativa y la dependencia pública, pero en general son similares. Dentro del acuerdo se encuentra el otorgamiento de ropa, herramientas y un monto total para que los cooperativistas repartan entre los asociados. El monto asignado a cada cooperativa varía según los términos del acuerdo político expresados en el convenio, pero las cooperativas estiman los gastos de operación y el excedente a ser repartido en partes iguales entre los cooperativistas. Los asociados recibirían, en promedio, un salario entre $3.800 y $4.500 por cuatro horas de trabajo, aunque estas cifras pueden variar. Por ejemplo, para fines de 2014, los cooperativistas nucleados en la organización MP La Dignidad habrían recibido un salario de $3.580, lo que representa un 34% más que el percibido mediante el Plan Argentina Trabaja. En muchos casos, los cooperativistas concentran sus tareas en los días sábado y domingo, cumpliendo con la carga horaria semanal, y los días restantes días se las rebuscan con otro empleo.
Los cooperativistas manifiestan que en general no le faltan insumos para trabajar, pero que tampoco necesitan gran cantidad de herramientas para las tareas que realizan. Aunque se han realizado denuncias por cooperativistas que se encuentran trabajando en el Riachuelo, sin ningún tipo de indumentaria, en un terreno en dónde predomina el asbesto, una sustancia altamente cancerígena.[3]
Luego de transcurrido el año de vigencia del convenio, la dependencia decide si sigue utilizando los servicios de la cooperativa. En general, estos convenios se actualizan por tres razones. Por un lado, son verdaderamente ventajosos para el Estado ya que todas las tareas que tendría que realizar un empleado público de planta permanente, la realizan los cooperativistas enmarcados en un convenio precario, pagando un Monotributo Social y sin aguinaldo. Por otro lado, el estado contiene a esta masa de desocupados latentes que se nuclean en organizaciones barriales y devienen en cooperativistas. Por último, esta política le sirve al macrismo para construir su aparato clientelar. El Gobierno de la Ciudad otorga a los punteros políticos los montos que desean para poder manejar las cooperativas y de esta forma aumentar su aparato político dentro de las villas. Si vemos la distribución de las cooperativas en la Ciudad de Buenos Aires, estas se encuentran generalmente en la zona sur, donde más creció el Macrismo, expresado en cantidad de votantes en las elecciones.
No tan distintos
Existe una diferencia entre las cooperativas nacionales nucleadas en el PAT y las conformadas en la órbita del macrismo. La asignación a los cooperativistas por parte de estos últimos se realiza mediante un monto fijo mensual, de donde los cooperativistas tienen que deducir gastos, pagar el monotributo social y lo que queda, el excedente, se reparte en partes iguales entre sus “socios”. Este excedente es muchas veces mayor en las cooperativas que dependen de la Ciudad de Buenos Aires que en las cooperativas conformadas por el Estado Nacional. En comparación, los aumentos en las cooperativas de CABA son más recurrentes que los aumentos realizados en la provincia de Buenos Aires, que se encuentran, en promedio, congelados en un período de tiempo de dos años.
Las cooperativas macristas y kirchneristas son generadas con tres objetivos: obtener mano de obra barata para que trabaje en dependencias públicas o en espacios públicos de forma tercerizada; contener bajo la forma de empleo estatal precario a un gran número de desocupados y, finalmente, cooptar a una parte del movimiento piquetero bajo su red clientelar.
Emilio Pérsico, uno de los principales dirigentes del movimiento piquetero afín al oficialismo nacional, en la presentación de la promesa de la creación del Ministerio de Economía Popular, se quejó de los salarios que el gobierno nacional paga a los cooperativistas y los comparó con los montos asignados por Macri:
“no puede ser que un cooperativista que trabaja en nuestros barrios gane un salario social, que agradecemos, 5 veces menor al de un trabajador de la Ciudad. Igual trabajo, igual remuneración. Eso me lo enseñaron en el peronismo desde chiquito. Y también las cooperativas no son una política de contención social, para nosotros tienen que ser una forma de vida, una forma de ascenso social. Si no, no tenemos futuro.”[4]
Doce años después de la implementación de estas cooperativas, este dirigente da cuenta de los límites propios, del objetivo político de contención y reconoce que la política del kirchnerismo respecto a los desocupados nucleados en cooperativas es aún más miserable que la del macrismo. Aunque nos quieran hacer creer que son diferentes, tienen lo mismo para ofrecernos.
Las cooperativas de trabajo, le sirven política y económicamente a la burguesía en su relación con la clase obrera. Ya hemos criticado en otras oportunidades los límites del cooperativismo.[5] Sea de la organización política que sea, la propia estructura de las cooperativas fomenta el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores. La exigencia del pase a planta permanente de todos los trabajadores que realizan tareas para el Estado debería ser el reclamo principal de todas las organizaciones que nuclean a cooperativistas. La batalla contra el aparato clientelar K, peronista y macrista solo podrá venir de la mano del renacimiento de la política independiente del movimiento piquetero.
[1]Audisio Nahuel: “El despertar de un gigante”, El Aromo N° 83, marzo de 2015
[5]Villanova Nicolás: “En busca de una paritaria”, El Aromo N° 75, noviembre de 2013.
