Daniel Ruiz, Anahí, los choferes de la línea Este, entre otros, son todos trabajadores que se encuentran presos a manos del gobierno de Macri. Contra estos casos, varios kirchneristas levantaron el dedo acusador. Sin embargo, Macri se limitó a continuar con la política kirchnerista. En su gestión, el kirchnerismo también usó la cárcel para destinar a los luchadores de la clase obrera.
Pero antes de pasar a casos concretos, la primera cuestión que hay que resolver es la siguiente: ¿qué es un preso político? La pregunta requiere diferenciar casos y casos. Los K dicen tener “presos políticos”. Y hablan de De Vido, de Milagro Sala, de Boudou. Hasta violadores como Cristian Aldana se postulan como tales.
Ahora bien, ¿esta gente merece un rótulo semejante? ¿Es lo mismo Milagro Sala que Daniel Ruiz? La respuesta es a todas luces que no. Sala fue encerrada y absuelta por un acampe. Pero tiene otras causas por chanchullos de corrupción, amen de ser responsable de la sobreexplotación y negreo de trabajadores, y del asesinato de militantes. Daniel Ruiz, en cambio, está preso por luchar el 18 de diciembre de 2017 contra la reforma previsional. Los choferes de la Línea Este lo están por parar contra la empresa, en reclamo de mejores condiciones laborales.
La diferencia es clara. Una cosa es el uso de la justicia para dirimir disputas entre burgueses, a sabiendas de la corrupción que enchastra a todo el arco político burgués. Otra cosa muy distinta es aquel que, defendiendo los intereses colectivos de toda la clase obrera, termina en la cárcel. Ahí está el verdadero preso político, el preso por luchar. Y en esto de encerrar gente el kirchnerismo dio cátedra.
En la “década ganada”, la clase obrera registró un total de 5000 procesados por luchar. La condena se hizo efectiva en varios casos. Algunos de ellos son recordados: en 2006, en Las Heras (Santa Cruz), un grupo de petroleros reclamaba el pase de convenio (de UOCRA a petroleros) y contra el impuesto a las ganancias sobre el salario. Durante la represión al momento de exigir la liberación de un compañero, un oficial terminó muerto por impacto de bala. Luego de un juicio trucho, donde el fiscal admitió la existencia de confesiones bajo tortura, y donde los jueces jueza se tomaron varias “licencias” procesales, cuatro petroleros fueron condenados a pasar su vida en la prisión y otros seis a cumplir penas de cinco años. Osvaldo Bayer llegó a comparar este juicio con el de Sacco y Vanzetti. Y como cada truchada deja una huella para seguir, unos años después, en 2014, otros tres petroleros de la directiva del sindicato en Santa Cruz –Martín Oñate, Néstor Vivares, Jorge Armoa- conocieron la cárcel por dirigir un reclamo contra la empresa Bacsa. Fueron absueltos hace unos meses, fruto de una lucha ejemplar.
En otros casos, el kirchnerismo apeló a los confinamientos sin mayores pruebas. Como el caso del Pollo Sobrero y otros compañeros, acusados de quemar vagones del Ferrocarril Sarmiento en mayo de 2011. Jamás se demostró nada, pese a que Aníbal Fernández aseguraba muy suelto de cuerpo haber recolectado sinfines de pruebas. A nadie escapaba, claro, que Sobrero era opositor a Pedraza, el “sindicalismo que construía” (Cristina dixit) a base de tiros contra los luchadores. Incluso a fines del 2010, pocos meses después de que una patota K matara a Mariano Ferreyra, dos ferroviarios del PO también conocían la cárcel. ¿Por matar como Favale y Pedraza? No, por “cortar la vía”. O qué decir del “gendarme carancho”, una de las acciones de la gendarmería de Berni para “liberar” la Panamericana en el marco del conflicto de Lear. Terminó con un compañero imputado por “atropellar” a un gendarme. Los videos dejaron en ridículo la operación, pero Berni se encargó de defenderla. Como se ve, la justicia actúa contra los luchadores de la clase obrera. Con Macri o con CFK. Lejos de toda bomba de humo, el ataque judicial a la clase obrera une a todos los partidos burgueses. La única grieta es la que separa obreros de capitalistas.
