El miércoles 30 de mayo CONICET dio a conocer una resolución del Directorio que modifica la forma en que la labor de los investigadores es evaluada. Hay un cambio coyuntural en relación a los informes 2021-2022 que debían informarse este año y afecta a quienes les tocaba informar, y otro estructural que afecta al conjunto de los integrantes de la CIC. Ambas son preocupantes y muestran la improvisación de una gestión que va emparchando los problemas que surgen de la falta de planificación que existe en el organismo y que imposibilita que los investigadores planifiquemos nuestro trabajo.
Los informes de este año
Hasta el momento, los informes de los investigadores entre las categorías de adjunto y superior se dividían para ser evaluados en dos cohortes. Desde la categoría de adjunto el informe es bienal y cada año informaba la mitad de los investigadores. Un día antes de la apertura de la convocatoria de informes de este año, se anunció que esta cohorte solo informará un año, el 2021, y que esos informes serán aprobados automáticamente por haber transcurrido el trabajo durante la pandemia. Luego, CONICET anunció que el año que viene estos compañeros tendrán que volver a informar el período 2022-2023. Es decir, los informes de este año abarcarán uno solo de los dos años del plan de trabajo presentado, que debiera ser tomado de conjunto. Lo mismo sucederá con el siguiente informe, porque abarcará el 2022, que correspondía a un plan de trabajo, y el 2023, que corresponde a otro plan de trabajo. Como la planificación es bienal, quienes están en esa situación se enteran que lo que empezaron en 2023 entra en un período que termina este mismo año, por lo cual deberán apurarse por conseguir resultados para llegar a publicar antes de fin de año, es decir, en 6 meses. Con los tiempos de evaluación que manejan las revistas, será toda una proeza. Pero lo peor es que desconfiguran los planes de trabajo que se vienen llevando adelante, lo que dificulta cualquier tipo de planificación.
El cambio en la forma de evaluar
A partir del próximo año, las evaluaciones de informe para las categorías de adjunto, independiente, principal y superior cambiarán. Todos informarán los mismos años, los años pares. La novedad es que habrá dos tipos de informes que se intercalarán: informe integral e informe de seguimiento. El primero es el informe tradicional, que ahora se presentará cada cuatro años. El segundo es el novedoso y se trata de un informe que será evaluado, según explica el Directorio de CONICET, por un sistema informático que verificará el “cumplimiento de las condiciones mínimas establecidas en los criterios de evaluación”. El problema que aparece aquí es el mismo que existe hoy en día para todos los informes: que los criterios con los que el CONICET evalúa el trabajo de sus investigadores no son públicos. Nadie sabe cuáles son esas “condiciones mínimas”, porque los criterios los elabora cada comisión año a año cuando se reúne, y ello sucede una vez finalizado el período que el investigador tiene que informar. Por lo tanto, no hay forma de conocer con antelación esos criterios para organizar el trabajo en función de ellos. Además, los criterios que se vienen publicando para algunas instancias son de un nivel tan general que es imposible adivinar cómo serán operacionalizados por las comisiones. De esta forma, no sabremos qué evaluará el sistema informático.
Otra innovación que introdujeron es la calificación que pueden recibir los informes. El informe puede ser rechazado, aceptado o aceptado con sugerencias u observaciones. En realidad no es algo completamente novedoso, porque hasta el día de hoy existía la posibilidad de realizar observaciones en los informes aceptados. Lo que seguimos sin saber es cuáles son los criterios para aprobar un informe, y ahora no sabemos cuáles son los criterios para no recibir observaciones. Tampoco conocemos las consecuencias de ello.
Los problemas que buscan resolver
El problema que motiva este cambio no es la búsqueda de mejorar el sistema de evaluación en CONICET atendiendo a los cientos de casos que hay año a año pidiendo reconsideraciones, motivados en gran medida por las arbitrariedades en las evaluaciones. Lo que empujó al Directorio a implementar estos cambios es el desborde de trabajo de las comisiones evaluadoras. Efectivamente, el crecimiento de la planta de investigadores y becarios en el organismo generó el colapso del sistema de evaluaciones. Esto provocó que las comisiones no dieran abasto y se retrasaran resultados. Los cambios que implementa el Directorio permitirían descomprimir el trabajo de las comisiones encargadas de evaluar informes y promociones al aminorar la carga de informes a evaluar cada año (el ciclo de cuatro años se completaría así: informes de asistentes los años impares, y los años pares tocaría una vez de adjuntos y otra de independientes, principales y superiores). Ahora bien, no queda claro qué sucederá con las promociones, cuyas convocatorias vienen sufriendo retrasos. Lo que es claro es que esto viene a emparchar un sistema que creció sin ninguna planificación y, por lo tanto, sin adecuar el funcionamiento a ese nuevo volumen de trabajo. En lugar de anticiparse al problema que iba a generar el salto en la cantidad de investigadores, les estalló en la cara y ahora buscan emparcharlo torpemente.
Y los que no buscan resolver
Junto al anuncio de los cambios, el Directorio publicó una serie de documentos relativos a las evaluaciones. En ellos aparecen pautas muy generales cuya concreción está por verse, dado que desconocemos cómo ello se operativizará. Se trata claramente de responder a los históricos reclamos de transparencia en las evaluaciones del organismo, pero se convierte en letra muerta en tanto la reforma no ataca el principal problema que tenemos: los criterios siguen sin ser públicos, transparentes y estables. Lo mismo sucede con los otros cambios implementados. La incorporación de un informe de seguimiento podría entenderse como una respuesta al reclamo de extender los tiempos entre evaluaciones, atendiendo a que el trabajo científico no produce necesariamente resultados a corto plazo. O la aparición de una calificación intermedia entre informes aceptables y no aceptables, que podría entenderse como una herramienta para evitar la proliferación de informes rechazados ante imponderables que escapan al control de los investigadores, o generados por el desconocimiento de los criterios de evaluación. Sin embargo, en tanto los criterios con que se evalúa nuestro trabajo sigan sin ser públicos, las reformas traen más incertidumbre que tranquilidad. Nadie sabe cuáles serán los “criterios mínimos” para aprobar el informe de seguimiento, ni con qué criterios se aplicará la calificación de “aceptable con observaciones”.
Lo que no parece modificarse es la forma en que se seleccionan los miembros de las comisiones de evaluación, que son quienes deciden los criterios que aplicarán año a año. En uno de los documentos, se enfatiza que tanto las Juntas como las Comisiones son órganos asesores del Directorio. Con ello se espera justificar el hecho de que es el Directorio quien elige los miembros de las Juntas y la Gerencia de Evaluación quien elige los miembros de las Comisiones. Con esta declaración están admitiendo que las elecciones son a dedo. Así, se hace oídos sordos a los reclamos por la democratización de estas instancias y se defiende la existencia de camarillas.
Como ya mencionamos, la falta de criterios claros y transparentes es algo que el Directorio no quiere cambiar. Los investigadores seguiremos trabajando sin saber cómo se nos va a evaluar. De esta forma, la planificación del trabajo se torna muy difícil. Como ya propusimos en nuestro documento “Aportes para un Convenio Colectivo de Trabajo en CONICET” hace años (ver https://bit.ly/3ovNYnz), todas las reglamentaciones que hacen a nuestras condiciones de trabajo deben ser discutidas en paritarias y plasmadas en un Convenio Colectivo de Trabajo. Se trata de un derecho laboral elemental que ha conquistado la clase obrera, pero que en CONICET nos niegan. Los criterios de evaluación hacen a nuestras condiciones laborales y deben ser discutidos en el marco de la negociación paritaria. Deben ser públicos, tener estabilidad y en caso de ser modificados, debe darse un tiempo prudencial para adaptar los planes de trabajo. No pueden cambiarse de un día para el otro ni aplicarse de forma retrospectiva sobre el trabajo ya realizado. Deben ser criterios objetivos y claros, de forma tal de evitar cualquier tipo de arbitrariedad y subjetividad por parte de los evaluadores. Por otro lado, las evaluaciones no pueden ser reemplazadas por criterios bibliométricos que tienen más que ver con el campo de la bibliotecología que del quehacer científico. Tienen que quedar claras las tareas que se nos exigen para aprobar y se debe contemplar la especificidad de cada área y las diferentes trayectorias posibles. Pero todo ello debe ser objetivado en criterios que no dejen lugar al arbitrio del evaluador. Las comisiones asesoras deben democratizarse y no pueden conformarse a dedo. Todos los investigadores tienen que tener la posibilidad de integrarlas al menos una vez a lo largo de la carrera, y nadie puede integrarlas más de dos o tres veces y no de forma consecutiva, para evitar el enquistamiento de algunos grupos que las hegemonizan y terminan imponiendo criterios.
El Directorio implementa cambios importantes que afectan nuestras condiciones de trabajo sin someterlo a debate con los trabajadores, lo que nos retrotrae a la época en donde los trabajadores no podían discutir sus condiciones laborales, no existían los sindicatos y menos la negociación colectiva. Constituye la aceptación del estatuto impuesto por una dictadura. Así CONICET es el reino de la dictadura patronal, el sueño de cualquier liberal. Las actuales autoridades llegaron prometiendo un convenio colectivo de trabajo y se van imponiendo cambios en nuestras condiciones de trabajo sin ninguna consulta con los trabajadores.
