Nicolás Villanova
TES-CEICS
Cada vez más cerca del kirchnerismo, hoy Ibarra quiere reciclarse, luego de haber sido destituido por su responsabilidad en el crimen de Cromañón. Para ello, intenta delimitarse de Macri. Pero, en realidad, no es tan distinto. Vea cómo oportunamente se turnaron para reprimir a los cartoneros.
En su campaña del 2003 como candidato a jefe de gobierno, Macri acuñó una frase que tal vez le pudo haber costado esa elección: sostuvo que los cartoneros debían ir presos por robar la basura de las calles. Se trataba de una clara defensa de los intereses de las empresas privadas de recolección de residuos, quienes perciben un monto de dinero por parte del Estado para transportar la basura al CEAMSE. Dicha frase no fue bien recibida en un contexto de crisis y activación popular, al punto tal que la intención de voto a Mauricio bajó considerablemente. Luego tuvo que desdecirse, pero ya era tarde. Ibarra retuvo su cargo y logró su reelección en el año 2004. Ahora bien, ¿cuál fue la política de Aníbal con los cartoneros? ¿Y la del macrismo cuando llegó al poder a fines de 2007? En este artículo analizamos el accionar de ambos gobiernos contra el cirujeo. Como veremos, son dos caras de una misma moneda.
No queremos cirujas en la city
Ante el fuerte incremento de la actividad del cartoneo durante los años 2000 y 2002, el gobierno de Ibarra intentó sistemáticamente frenar su avance por intermedio de dos estrategias. Por un lado, se ignoraba a los cartoneros en los proyectos estatales de reciclado y, en su lugar, se procuraba que las empresas privadas de recolección de residuos se hicieran cargo de la recogida de desechos reciclables. Por ejemplo, en julio de 2001 el gobierno lanzó un plan piloto en el barrio de Once que estuvo a cargo de la empresa de recolección CLIBA, adjudicataria de esa zona. La basura, previamente separada por los encargados de comercios y edificios, era depositada en dos camiones: en uno se trasladaba el material reutilizable y en otro los productos no reciclables destinados a su entierro en el relleno sanitario. En el largo plazo, el objetivo del plan era evitar el entierro de basura reutilizable en el CEAMSE, con el objetivo de ahorrar costos en su tratamiento. En el corto plazo, según el secretario de Medio Ambiente porteño de ese entonces, Eduardo Ricciuti, se buscaba “crear acciones que desalienten el cirujeo” en la calle, para mejorar las condiciones de salubridad de la vía pública y evitar que se rompieran las bolsas de basura [1].
Asimismo, el gobierno utilizó medidas abiertamente represivas para evitar el cartoneo. Por ejemplo, en agosto de 2001, los operativos policiales contra los cartoneros se agudizaron en diferentes barrios porteños. Se requisaba la mercadería, se la descargaba en los camiones de empresas privadas de recolección de basura y se labraba un acta por “manipulación de la basura en la vía pública”, como dictaminaba la ordenanza prohibitoria del cirujeo del año 1977. A su vez, se intimaba a los cartoneros a que no regresaran a la ciudad, bajo amenaza de quitarles los carros y cobrarles una multa. Los recuperadores provenientes de los trenes blancos también fueron reprimidos. En reiteradas oportunidades, la empresa TBA, en complicidad con el gobierno porteño y la policía, trasladó a los usuarios que ingresaban en la estación de José León Suárez directamente hasta la terminal de Retiro y, desde allí, eran llevados a la comisaría.
Con movilizaciones de por medio, los cartoneros lograron el permiso para cirujear a través de la ley 992, sancionada durante el mes de enero de 2003. Sin embargo, la represión se mantuvo. Entre los años 2003 y 2006, el gobierno de Aníbal Ibarra (y luego Telerman) implementó controles policiales en los puentes de acceso a la ciudad porteña para evitar el ingreso de cirujas a caballo y de aquellos que se trasladaban en los acoplados de los camiones provenientes del conurbano bonaerense.
Por su parte, Macri inició su mandato a fines de 2007 con el mismo objetivo que Ibarra. La ocupación de los cartoneros en Barrancas de Belgrano en contra de la clausura de los trenes blancos fue violentamente desalojada por el personal policial del gobierno porteño y la policía federal. En reemplazo de los ferrocarriles, primero el gobierno nacional y luego el de la ciudad de Buenos Aires otorgaron camiones que inicialmente fueron sumamente escasos.
La estrategia parapolicial
En paralelo a la represión abierta, tanto Ibarra como Macri utilizaron grupos de tareas con el objetivo de desalojar a indigentes y cartoneros de la vía pública. En julio de 2005, el poder ejecutivo a cargo de Ibarra inauguró el organismo Recuperación del Espacio Público (RECEP). Por su parte, cada gobierno de turno hizo lo suyo con el mismo fin. Telerman creó la UORCEP en abril de 2006 y Macri la UCEP, en septiembre de 2008. Su composición parece haber sido la misma. Según el ex jefe de ministros del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la administración macrista, Fabián Rodríguez Simón, la UCEP estaba compuesta por 30 miembros. El funcionario asegura que no hizo más que “blanquear a personal que ya ocupaba esa función desde el gobierno de Aníbal Ibarra”. Estos grupos actuaban entre las 23 y las 3 horas de la madrugada, con diez o más personas, quienes sustraían las pertenencias y desplazaban a las víctimas [2].
Sólo entre los meses de julio y agosto de 2005, la RECEP efectuó 1.365 acciones tendientes a desalojar de los espacios públicos a cartoneros que acopiaban, y en algunos casos residían, en diferentes esquinas de la ciudad porteña [3]. Un ejemplo del accionar de este grupo ocurrió el 7 de diciembre del mismo año. Por la noche, ocho integrantes de la RECEP, de los cuales algunos portaban armas, realizaron un operativo en los terrenos linderos a la estación de Pueyrredón. Allí golpearon a los cartoneros y miembros de la cooperativa El Álamo. También secuestraron dinero, documentos, mercadería, carros y una balanza. Para ello actuaron acompañados de dos policías y un camión de la empresa de recolección de residuos INTEGRA.
Durante el gobierno de Macri, los operativos de la UCEP se produjeron sistemáticamente a razón de entre 15 y 20 acciones por semana [4]. Los asentamientos cartoneros han sido víctimas de este grupo en reiteradas oportunidades. Ejemplo de esto son los predios ocupados en el barrio de Caballito, uno de ellos detrás del club Ferro y otro en Yerbal al 1400. Ambos fueron, en primera instancia, amedrentados por personal de la UCEP y, posteriormente, desalojados por la policía entre los meses de junio y diciembre de 2009.
Otro de los operativos del organismo en cuestión dio lugar a una clausura, al menos formal, del mismo. En un asentamiento ubicado en Pasco al 1300, debajo de la autopista, en el mes de octubre de 2009, una mujer cartonera embarazada fue golpeada salvajemente. En la denuncia se narra lo sucedido:
“Allí aparecieron los integrantes de la UCEP y uno que estaba de gorrita se ensañó con ella y le empezó a pegar patadas, puñetazos y trompadas por todos lados. Después le pegaron entre varios. […]. Luego la empezaron a manosear entre más o menos diez integrantes. La declarante señala que está embarazada. Les pidió a los patoteros que llamen al SAME porque se sentía muy mal y le contestaron que no” [5].
A partir de esta denuncia, la justicia intervino y resolvió la disolución de la UCEP. Sin embargo, las acusaciones contra el organismo y su permanencia se mantuvieron con posterioridad a la intervención judicial. Es decir, la entidad volvió a la actuación para- estatal que había caracterizado sus inicios.
Una política coherente (con su clase)
Tanto Macri como Ibarra son representantes de la clase dominante. Forman parte del personal político que debe resguardar el orden de todo aquello que lo ponga en cuestión. Para un gobierno, la presencia de personas en situación de calle no resulta una buena imagen para preservar su dominio. Por eso es que en un primer momento, la estrategia de Ibarra fue expulsar a los cirujas y evitar su avance. Si el Estado porteño no logró deshacerse del conjunto de los cartoneros se debe principalmente a la lucha que éstos han enarbolado [6]. Finalmente, el gobierno de Macri tuvo que reconocer la eficiencia del trabajo cartonero, que garantiza un ahorro en los presupuestos destinados a la recolección y tratamiento de residuos. Por ello, su estrategia desde el año 2008 fue asignar zonas de cartoneo a unas pocas cooperativas, otorgarles subsidios mensuales y reacondicionar los camiones. Sin embargo, la política represiva aún continúa, sobre todo con aquellos recuperadores que se instalan en la ciudad de Buenos Aires, a quienes el Estado intenta sistemáticamente expulsar. Evidentemente, los trabajadores cartoneros no pueden esperar mucho más de la democracia burguesa. Si quieren mejorar su condición, deben organizarse no con sino contra el Estado.
NOTAS
1 Clarín, 11/9/2001, http://goo.gl/gvBeh.
2 CELS y Defensoría del Pueblo de la CABA: “La UCEP: un organismo estatal con prácticas ilegales”, octubre de 2009. En base a 14 denuncias recibidas entre octubre de 2008 y octubre de 2009. Disponible en: http://goo.gl/JThM7.
3 La Nación, 7/11/2005, http://goo.gl/ZyBC8.
4 Pollini, Jorge: “UCEP: Unidad de Control del Espacio Público”, julio de 2009. Disponible en: http://goo.gl/ckPfY.
5 CELS, op. cit.
6 Véase sobre la lucha cartonera, Villanova, Nicolás: “Un tren piquetero. La lucha de los cartoneros del Tren Blanco y el Argentinazo”, en El Aromo, n° 64, Buenos Aires, enero/febrero de 2011; y, “A los camiones. La ofensiva burguesa contra los cartoneros, después del Argentinazo”, en El Aromo, n° 65, Buenos Aires, marzo/abril de 2011.
