El capital español recibió un duro golpe derivado de la crisis y de la pérdida de su moneda. Como siempre, los más golpeados fueron los trabajadores, que sufrieron la más que duplicación de la tasa de desempleo entre 2007 y 2009, mientras que el nivel de la actividad productiva cayó durante este año a un ritmo anual del 4%. El monumental experimento de constituir pacíficamente un Estado supranacional sobre bases capitalistas se encuentra en una encrucijada: la crisis española revela que no se puede confiar en las demás burguesías y sus Estados para subsidiar a los parientes pobres en problemas. La racionalidad burguesa, expresada en su Estado, no traspasó las fronteras de cada nación.
Desde la adhesión al euro, el capitalismo español es incapaz de reducir los salarios reales de su clase trabajadora mediante el tradicional método de hacer caer el valor de la moneda local frente a las extranjeras mediante la intervención estatal. La desaparición de la antigua peseta limita seriamente la redistribución del ingreso nacional por el Estado en beneficio de la clase propietaria de los medios de producción. Con moneda propia, bastaba que el Banco Central indujera su depreciación en el mercado de cambios mediante grandes compras de divisas para encarecer los productos importados y que pudieran aumentar los precios de la producción local. Por esa vía, la consecuente inflación de los precios en pesetas reducía prontamente el salario real y engrosaba las ganancias empresarias.
Ahora, con la economía “eurizada”, el “ajuste” burgués individual de cada país frente a la crisis consiste en una reducción lisa y llana de los precios y de los salarios. Reducción de los precios para frenar las importaciones y alentar la exportación. Reducción de los salarios para que puedan caer los precios al mismo tiempo que suben las ganancias. En ese contexto, la desocupación, que divide a la clase asalariada y debilita su accionar, es clave para que el gobierno “socialista” pueda organizar este “ajuste” antiobrero que reclama la burguesía española.
Y los precios ya empezaron a bajar. Mes tras mes, desde marzo de este año, el nivel general del Índice de Precios al Consumidor muestra deflación, mientras que el consumo de los hogares viene cayendo a un ritmo superior al 5% anual. La incorporación de nuevo equipo productivo se redujo en un cuarto y la producción manufacturera en un sexto.
Las condiciones del mercado de trabajo acusaron el golpe. La desocupación en España pasó de 7,95% a 17,93% entre principios de 2007 y setiembre de este año. Actualmente, dos jóvenes trabajadores de cada cinco no consiguen un trabajo legal. Uno de cada cuatro asalariados españoles trabajan mediante contratos temporarios. Uno de cada ocho está ocupado sólo a tiempo parcial y más de un millón de hogares tiene a todos sus integrantes involuntariamente desocupados. El gobierno socialista español prevé, con burguesa resignación, que la tasa de desempleo seguirá subiendo hasta 2010 y sólo ofrece extender algunos subsidios y gastos públicos. En síntesis, el capital europeo “unido” no respeta el derecho básico del trabajador, que consiste en ser explotado, y está condenando a los obreros de España a la degradación social y política: lumpenización, chauvinismo anti-inmigración y sustitución del salario por la limosna gubernamental.
El Estado español intentó con Aznar en los años noventa reducir el desempleo de entonces abaratando (“flexibilizando”, “liberalizando”, etc.) la contratación laboral, estimulando el crecimiento del empleo temporario. Sin embargo, a los empresarios hispanos ya no les conforma esa iniciativa y, aprovechando la recesión, van por mucho más: exigen un régimen de contrato “de crisis” con indemnizaciones menos onerosas, entre otros “beneficios”.
Ante la presión de los explotadores, el gobierno “socialista” de Rodríguez Zapatero decidió convocar para principios de 2010 a las entidades empresarias y de los obreros para ponerse de acuerdo en una reorganización del mercado de trabajo. Mientras tanto, su policía expulsa inmigrantes y recluta soplones entre la población desesperada para sancionar a quienes contraten inmigrantes sin los papeles en regla.
