Por: Liliana Lizardo y Agustín Aizaga
En 2017 participamos por primera vez en las elecciones de nuestro sindicato, AMGER. Siendo una corriente sumamente joven, esas elecciones representaron las primeras para varios de nuestros militantes. Nos motivaba las ganas de poder aportar nuestra visión al conjunto de los trabajadores de la educación. Como resultado obtuvimos la minoría de la seccional de AGMER Colón, lo que nos dio acceso a cuatro secretarias. Una de ellas es la Secretaria de Educación Especial. Pusimos manos a la obra para poder pensar intervenciones sobre la modalidad que, en general, el Estado busca desarmar. Uno de nuestros objetivos fue recabar información estructural sobre esta modalidad tan necesaria del sistema educativo. El motivo era sencillo. Las estadísticas de Nación analizan cantidad de estudiante y unidades educativas, pero poco dicen sobre las condiciones en que se desarrolla la modalidad. Menos aún los recursos con los que cuentan las escuelas de la modalidad común para garantizar una real integración. Por lo tanto, este primer paso nos resultaba evidente: teníamos que realizar una encuesta sobre las condiciones de la educación especial. En esta nota presentamos los primeros resultados de esta.
Nuestro método de trabajo es sencillo: no se puede transformar lo que no se conoce. Conocimiento y acción van de la mano. Eso que para nosotros es “sentido común” no prima en el campo sindical. Otras corrientes sindicales se limitan a repetir eslogan o consignas generales. Claramente resulta más sencillo esto que detenerse a indagar la realidad, con el esfuerzo que conlleva. Por eso, presentamos aquí los primeros resultados del trabajo pero invitamos a todos -docentes, alumnos y familia- a seguir ampliando los alcances de la Encuesta de Educación Especial. Cuanto más amplio sea el universo muestral tendremos más insumos para organizarnos.
Especial hoy
La modalidad de educación especial viene siendo intervenida ya sea a nivel más general o a través de las leyes educativas en los últimos catorce años. La Ley de Educación Nacional sancionada en 2006, la inclusión y posterior integración de niños en el circuito común a través de leyes nacionales y la sanción de un paquete de leyes generales que impactaron en las personas con discapacidad. Por ejemplo, en 2008 nuestro país adhiere a la convención sobre discapacidad de Naciones Unidas y fue en ese mismo año en el que nuestra provincia dictó su ley de discapacidad. La Ley de Educación provincial, en sintonía con lo fijado a nivel nacional, brega por la integración del estudiante en la modalidad común. Este último punto es el central porque si queremos realizar una integración real debemos saber con qué recursos cuentan las escuelas para realizar esa tarea. No alcanza con declamarlo en una ley si no dotamos a las escuelas de aquello que necesitan la inclusión se devela como una farsa.
En nuestra provincia para el 2018, los últimos datos disponibles de la modalidad mostraban que existen 77 unidades educativas especiales, donde concurren 2.108 estudiantes. En su amplia mayoría, se encuentran integrados en el nivel primario con 1.462; en importancia por magnitud le sigue el nivel secundario con 489, apenas 35 en el nivel inicial y 122 en educación temprana.
Siendo esa la magnitud, no se aporta ningún dato sobre las condiciones edilicias o la formación de los docentes que enfrentan el proceso de integración. Ya lo dijimos en más de una oportunidad, los datos del censo de infraestructura datan de 2014 y aparecen apenas una muestra de indicadores generales como rampas y otros ítems de accesibilidad. Precisamente para recabar información sobre las condiciones edilicias y de formación de los docentes elaboramos nuestra encuesta sobre Condiciones estructurales para la realización de políticas de INCLUSIÓN-INTEGRACIÓN. Veamos qué se registró.
Sobre el total de encuestados, un 95% considera que la escuelas y la sociedad no están preparadas y acondicionadas para la inclusión escolar. Ninguno de los encuestados cuenta con: libros de braille y software especializado para personas con discapacidad visual. Solamente 2,5% tienen personal especializado en lenguaje de señas.
En cuanto a la infraestructura escolar, tan necesaria para los discapacitados físicos los resultados son calamitosos. En las escuelas un 15% cuentan con ascensores, pero ninguna con montacargas. Ninguna de las escuelas que participaron de la muestra tenía sus baños acondicionados para personas con dificultades motrices. En lo que refiere a otros elementos de seguridad y accesibilidad, ninguna de las escuelas cuenta con señalización sonora para ciegos o personas con disminución visual, el 5% tiene señalización luminosa para sordos y el 7,5% señalización luminosa de emergencias. Las escuelas encuestadas no tienen pisos o paredes con texturas. Se supone que esas son las condiciones adecuadas para dotar a los alumnos de cierta independencia y seguridad en el movimiento. Solo el 17,5% cuenta con baños adaptados, pero no que garanticen la plena movilidad. Menos de un cuarto de las escuelas (22,5%) tiene rampas. Por último, dos aspectos primordiales como: puertas y espacios amplios para desplazamientos en sillas de ruedas y barrales antipánico se encuentran en el 10% y 7,5% de las escuelas encuestadas respectivamente.
Veamos si esas carencias de infraestructura se “compensan” por la abundancia de personal especializado en educación especial. Va de suyo que éste sería un insumo básico para lograr una integración real. De los encuestados solo el 2,5% de las escuelas cuenta con interpreta lenguaje de señas -como dijimos más arriba-, apenas el 15% de las escuelas tiene Equipo Escolar Interdisciplinario, un 10% cuenta con Maestra Orientadora Integradora , el 7,5% con un docente de pareja pedagógica y el 7,5% con un profesional privado no docente.
El último aspecto que relevaba nuestra encuesta versaba sobre la capacitación docente. Si recordamos que la integración es el horizonte que persigue el Estado, la capacitación de los docentes en servicio debería ocupar grandes esfuerzos. Inclusive dentro de una lógica de ajuste, la capacitación en servicio insumiría menos recursos materiales y menos tiempo que la construcción y adecuación de todos los edificios escolares. Claro está, no se trata de elegir: para integrar necesitamos los tres niveles, es decir, infraestructura, tecnología, recursos, personal adecuado y capacitación. Solo señalamos que el Estado, como vamos a ver, ni siquiera garantiza capacitación. Por eso, los resultados de la encuesta son más que desalentadores. En cuanto a las capacitaciones en servicio acorde con lo establecido por la Resolución CFE 311/2017 sobre condiciones de inclusión el 67,5% afirmo no recibir ninguna y solamente el 32,5 recibió alguna formación asociada. Un tercio de los docentes no recibió capacitación alguna en el último año escolar. Poco más de la mitad (52,5%) recibió entre 1 y 3 capacitaciones generales, solo un 15% efectuó entre 4 y 6 capacitaciones generales.
Abandonados
Este primer balance muestra que el Estado provincial abandona a los alumnos integrados a su suerte sin garantizar recursos a tal fin. La desazón de las familias es mayúscula. El mismo personal político que en nuestra provincia voto y aprobó la Ley de Discapacidad, tardó siete años en promulgarla en lo concerniente a educación y todavía ni siquiera se adecuó completamente la normativa. Argumentaban que las escuelas se tenían que adecuar. Llevamos casi cinco años y el avance en materia de infraestructura, equipamiento, adecuación curricular, es sumamente insuficiente. Por lo tanto, este año se cumplirán doce años desde que se sanciono la ley y el resultado muestra que, para el Estado, es papel pintado.
Otra muestra de esta verdadera política estatal la observamos en el escándalo por la financiación de las Maestras de Apoyo a la Integración del año pasado. Donde el CGE y IOSPER se pasaban la pelota sobre quien debía hacerse cargo del salario de las compañeras. En plena Pandemia, una vez más, se recortan esos servicios y se dejan a compañeras en la calle.
Invitamos a todas las familias que integran la comunidad de educación especial, de los niños integrados a que nos hagan llegar sus reclamos. La Encuesta es un primer paso para acercarnos a un cuadro de situación. Mientras el Estado desmantela la modalidad especial, por considerarla costosa, abandona a los alumnos en escuelas que no cuentan con lo necesario para integrarlos. Estamos ante una completa estafa. Nosotros peleamos para que cada uno reciba según sus posibilidades la mejor educación posible. Es hora de hacernos escuchar y para eso necesitamos oír sus voces. Esperamos entonces sus comentarios.
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