Lecciones de la lucha de los costureros de Zañartú
A fines de 2013, 85 trabajadores iniciaron una lucha por su fuente de trabajo. La organización “paisana” operó para el vaciamiento patronal y el cooperativismo los alejó del triunfo. No obstante, los compañeros llevaron adelante una valorable lucha, una experiencia llena de aprendizajes, que no se ha cerrado aún.
Por Julia Egan (TES-CEICS)
El taller de Mónica Mariel Bolo, ubicado en Zañartu y Doblas, funcionó tan sólo diez meses. Producía para marcas como Montagne, Cheeky, Prestige, Yagmour. Se trataba de una vivienda de tres plantas, abarrotada de máquinas y mesas de corte. En el tercer piso se hacían sólo remeras y, en planta baja y primer piso, las prendas más complejas, principalmente de Montagne. Había sólo dos baños para los cien trabajadores, quienes debían encargarse de la higiene diaria del taller.
Muchos de los costureros llegaron a este taller a partir de un anuncio en la radio “La Favorita”, de la colectividad boliviana, donde se ofrecía “trabajo en blanco” para costureros con experiencia. Durante los primeros meses, el horario de trabajo era de 7 a 17hs, pero a los trabajadores que ingresaron posteriormente se les decía directamente que la jornada era de doce horas (de 7 a 19). El pago variaba entre los $17 y los $21 la hora y se negociaba individualmente por fuera del convenio, con un sueldo mensual promedio de 4 mil pesos. Pero incluso con salarios de convenio, la situación no hubiera variado mucho, ya que para la categoría de medio oficial la hora se paga $18.25.1 Todos los trabajadores estaban registrados bajo la categoría de medio oficial, aunque muchos realizaban tareas de una categoría superior. Durante los últimos meses, algunos trabajadores también debían repartir los cortes, debido a que se había despedido al encargado. En el recibo de sueldo estaba registrada sólo media jornada de trabajo, por lo cual el resto del salario era cobrado en negro. Aunque se suponía que los trabajadores se encontraban debidamente registrados, nunca se realizaron aportes patronales ni se tuvo la cobertura de una obra social.
La patronal exigía alcanzar las 500 prendas diarias de productos complejos (un ritmo normal arrojaría una producción de 100 prendas diarias). La mayoría de los trabajadores cedía ante estas presiones y accedían a hacer más horas de las pactadas porque “necesitábamos ganar un poco más”, nos dicen. La mayoría de los trabajadores de la fábrica viven en piezas alquiladas en la villa 21, cercana al taller, cuyo costo mensual ronda actualmente los $1.000.2 Esta situación se agravaba en la medida en que gran parte de las trabajadoras eran madres solteras. Una de ellas cuenta que tuvo que pedir dinero prestado, ya que “a veces estaba sin comer, iba a comedores, a veces no había cupo. ¿Qué iba a hacer?”.3
Los descansos no se respetaban, ni en extensión ni en calidad. En el desayuno, sólo se les daba té con pan, cuando el convenio exige una taza de leche para prevenir la tuberculosis, ya que elimina el polvillo de los pulmones. Al momento del acampe, una trabajadora se encontraba internada por presentar esta enfermedad ya avanzada…
Patrones con piel de paisanos
En septiembre, comenzaron los atrasos en el pago de los salarios. En diciembre, llevaban dos meses sin cobrar y se les debía el aguinaldo. Ante los reclamos, Bolo respondió con el despido de diez trabajadores. Con el agravamiento de la situación, el 6 de diciembre los trabajadores pararon. La dueña llamó a su abogada y a la policía, mientras que los despedidos se contactaron con Alfredo Ayala, de la Asociación Civil Federativa Boliviana (ACiFeBol, mutual de la colectividad boliviana), quien les dijo haber comprometido a Bolo a pagar los sueldos el próximo lunes. Sin embargo, los costureros encontraron, el lunes, las instalaciones vacías. Bolo se había llevado las máquinas el fin de semana.
La ACiFeBol nuclea a pequeños talleristas que reclaman mayor flexibilidad laboral. Los costureros, confiando en las relaciones de paisanaje, fueron directo a las fauces del lobo, solicitando ayuda jurídica a representantes de su propia patronal. El “inmigrante”, el “paisano”, como tal no existen. Estas figuras esconden dos clases contrapuestas: obreros y burgueses. Ayala claramente era parte de los segundos. Este personaje tenía un largo prontuario defendiendo las máquinas de los talleristas frente a los reclamos obreros e incluso frente a representantes del Poder Judicial. Por dar solo dos ejemplos, en marzo de 2007 la Subsecretaria de Trabajo clausuró un taller clandestino que funcionaba en el primer piso del ex centro clandestino de detención Automotores Orletti. El tallerista aceptó desalojar el lugar y acordó que un camión de la municipalidad fuera a la mañana siguiente a sacar las maquinarias para llevarlas a otro domicilio. Pero ese día, Alfredo Ayala, junto con dueños de otros talleres clandestinos agredió a los choferes del camión y bloqueó las puertas del lugar tratando de impedir el desarme del taller. En abril de 2007, el juez Oyarbide ordenó catorce allanamientos a talleres clandestinos y la confiscación de sus maquinarias. En uno de ellos, ubicado en la calle Portela, Ayala con 150 talleristas desafiaron a la Gendarmería, bloquearon el taller e impidieron que se confisquen las maquinarias.4 Con estos antecedentes, no cabe duda que fue el mismo Ayala quien asesoró a Mariel Bolo para que pusiera a salvaguarda sus máquinas, mientras él le hacía ganar algo de tiempo con falsas promesas a los costureros.
En busca del tiempo perdido
Pero todavía quedaban en el taller las prendas encargadas por las marcas. Gran parte de los 85 costureros iniciaron, entonces, un acampe en la puerta del taller, que duró 45 días. El miércoles 11, cuando la dueña pretendía llevarse documentación del taller, la Policía Federal golpeó e hirió a los trabajadores que intentaron impedirlo. El acampe se planteó por tiempo indeterminado, con el objetivo de que se pagaran los salarios adeudados y se garantizara la continuidad laboral. A las primeras dos audiencias en el Ministerio de Trabajo por la parte obrera concurrió sólo el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA), y no se permitió la participación de representantes de los trabajadores en conflicto. Ante la (previsible) falta de disposición de los abogados de la ACiFeBol, que manifestaban no poder seguir el conflicto, los costureros finalmente se contactaron con La Alameda, organización que les garantizó el asesoramiento legal y los acompañó durante el resto del conflicto.
En la primera reunión con el Ministerio de Trabajo, se dictó la conciliación obligatoria, el compromiso del pago de un bono de $2500 a cuenta de los salarios adeudados y la apertura de la fábrica el 6/01, pero esto no fue cumplido por la dueña. El día 6, los trabajadores decidieron marchar y ocupar el SOIVA, en reclamo del reconocimiento de sus delegados, el cumplimiento de la conciliación obligatoria y que se informasen las acciones del sindicato. Tras la ocupación del Ministerio de Trabajo (13/1), lograron una tercera audiencia con la participación de sus delegados, que finalmente no se realizó, porque no se presentó ni la dueña ni los representantes de las marcas. El 14 de enero, las empresas se comprometieron a pagar un adelanto de lo adeudado (los 2.500 pesos) y completar el pago en el transcurso de dos semanas. La dueña, por su parte, a reabrir el día 16. El 15 se logró cobrar el adelanto prometido y se levantó el acampe, pero el taller no abrió. El 17 transcurrió una nueva audiencia donde se prorrogó el plazo de reapertura hasta el lunes 20/01. Sin embargo, los dueños volvieron al edificio, acompañados por tres patrulleros de la comisaría 12°. Allí, se acusó a los trabajadores de haber robado la ropa y se intentó detenerlos. Para sortear esta esta situación y evitar el cierre de la negociación, los costureros accedieron a que se retirasen las prendas que quedaban en el taller.
Con el pago de los 2.500 pesos y estos atropellos, las marcas ya consiguieron sacar sus prendas. El 24 de enero, se sentaron a negociar de otra manera. Tras incumplir lo acordado el 14 (pago de deuda en dos semanas y reapertura del taller) fueron por más, ofreciendo menos: consiguieron que la deuda se pagase en ocho cuotas y, en vez de reapertura del taller se acordó la continuidad laboral bajo la forma de “cooperativa”, estrategia impulsada sistemáticamente por La Alameda.
Esto se llevaría adelante por el aporte de máquinas y producción por parte de las marcas, entre ellas Montagne y Cheeky. Sin embargo, las máquinas nunca fueron entregadas y, en cambio, han sido provistas por el Polo Textil del INTI. Es decir, las marcas responsables “solidarias” de la situación obtuvieron las prendas cosidas por los costureros, les pagaron solo la cuarta parte de sus salarios adeudados, el resto en cuotas y se ahorraron la indemnización por despido, so pretexto de que se ha mantenido la continuidad laboral.
Las marcas al banquillo
Los compañeros mostraron que, pese a los que dijeron los medios, ellos son obreros y no esclavos. Por eso lucharon por su fuente de trabajo. Esto les permitió lograr algunas conquistas, en un sector donde cotidianamente talleres como éste cierran sin que los trabajadores vean un peso de indemnización. Los obreros lograron llevar la demanda a su principal empleador, las grandes marcas dadoras de trabajo a domicilio y obtuvieron así el pago de los salarios adeudados. Pero estas firmas ya tienen hoy el fruto del trabajo de los compañeros, las prendas, mientras que el pago de sus salarios lo han diferido en cuotas. A la vez, se han desprendido de obligaciones laborales sin costo alguno (sin pago de indemnización), ninguna ha otorgado las máquinas prometidas y sólo Montagne ofrece trabajo a la cooperativa. El Ministerio de Trabajo amparó durante todo el conflicto el incumplimiento de los acuerdos por parte de la patronal e, incluso, permitió que sucesivamente se llegase a acuerdos en peores condiciones que los anteriores.
El conjunto de los trabajadores de estas marcas subcontratados por diversos talleristas, incluyendo los trabajadores del ex taller Zañartú, deben organizarse y pedir la centralización del trabajo en talleres de estas firmas, bajo su control, y el cumplimiento estricto de las normas laborales. El proceso de cooperativización no resuelve los problemas y puede fragmentar más a la clase. En el interín, además de luchar por el trabajo de todos los compañeros despedidos, se debe mantener la organización y vigilar las condiciones de trabajo. Es urgente realizar estudios de tiempo de las tareas y asegurar que la tarifa pagada por la empresa incluya, por un lado, un salario de convenio por una jornada legal de trabajo y, por la otra, que reconozca la amortización de bienes que la cooperativa aporta. Con esto se evitará que se deterioren las condiciones de trabajo de los compañeros y que el emprendimiento cooperativo se transforme en una forma de subsidio estatal a empresas que no respetan las normas laborales.
Notas
1 C.C.T. 626/11.
2 Véase Villanova, Nicolás: “¿Dónde vivir? Inflación en alquileres y asistencialismo del Estado”, en El Aromo, n°77, marzo-abril de 2014.
3 InfoJus, 27/01/2014, http://goo.gl/l0niUZ.
4 Noticias Urbanas, 17/12/2009, http://goo.gl/ zznAR9.
