Roberto Muñoz
Taller de Estudios Sociales – CEICS
En ediciones anteriores de El Aromo hemos analizado las características que fue asumiendo el movimiento indigenista en Chaco desde la década del 80. Mostramos cómo se fue consolidando una dirigencia surgida de las filas de diversas ONG católicas y evangélicas, que con la creación del IDACH logra un grado de incorporación importante dentro de la estructura estatal e integración política dentro de los partidos del régimen. Vimos también que el accionar del movimiento estuvo concentrado en lograr el reconocimiento de una ciudadanía especial a través de su condición “étnica” y, una vez ocurridas las innovaciones estatales, se consolida lo que se denominó la juridización de lo indígena, al convertir sus reivindicaciones en reclamo legal. Dijimos que estos lineamientos son los que explican en gran parte la falta de confluencia, tanto en sus demandas como en sus acciones, con el resto del movimiento obrero e incluso conllevan enfrentamientos con elementos de la misma clase en términos estructurales, como ocurre cuando la población “criolla” es expulsada de las tierras que son adjudicadas a las asociaciones indígenas. El énfasis en su identificación étnica y el foco puesto en reclamos institucionales de derechos que la legislación les adjudica de manera exclusiva vino a reforzar el papel de las ONGs como entidades asesoras, en particular, en el reclamo principal de entrega tierras comunitarias y ciertos métodos organizativos. Así, estas entidades promovieron las asambleas de delegados organizadas por aquellas entidades en las que generalmente participa en calidad de invitado algún funcionario del gobierno, la designación de representantes para entablar negociaciones directas con las autoridades estatales y, solo agotada esta instancia, la movilización callejeracomo modalidad excepcional. A su vez, hasta fines de la década del 90, si bien se mantienen los encuentros provinciales de los diferentes grupos étnicamente identificados, en concreto, los problemas y demandas de cada asociación indígena son tratados en su particularidad y encarados por cada una de las comunidades por separado.
Dicho esto, en esta nota nos interesa detenernos en lo que se convertiríaen la mayor protesta “indígena” ocurrida en la provincia y que en principio pareció trastocar algunos de los elementos distintivos que hemos apuntado como propios del movimiento indigenista hasta principios de la década pasada: durante cerca de 130 días del año 2006, miles de personas organizadas en asociaciones indígenas se lanzaron a la lucha, desplegando una serie de acciones directas propias del movimiento piquetero que hasta entoncesno habían adoptado.
Los hechos
Los hechos se desencadenaron en Villa Río Bermejito, zona del Impenetrable. En abril de 2006, ante el desborde del río Teuco que anegó gran parte de la región, los habitantes clasificados como indígenas de varios parajes rurales denunciaron que el intendente Lorenzo Heffner repartía discrecionalmente la mercadería destinada a asistir a los afectados. En los primeros días de mayo, cerca de 300 pobladores se movilizaron hasta la municipalidad y como no fueron recibidos por ninguna autoridad, decidieron acampar frente a la municipalidad. A partir de allí, el conflicto irá cobrando mayor dimensión, tanto por sus demandas como por sus acciones, hasta alcanzar una escala provincial. Al mantenerse la negativa de Heffner, los manifestantes lo denunciaron penalmente por discriminación racial y pidieron su renuncia. A su vez, las flamantes autoridades del IDACH, Orlando Charole y Egidio García, ambos peronistas que habían logrado desplazar a la conducción anterior que respondía al gobernador radical Roy Nikisch, pasaron a encabezar el reclamo. Exigieron una reunión con el gobernador, impulsando la ampliación de las demandas por fuera de los límites de lo que ocurría en Villa Bermejito. El 13 de mayo se realizó una asamblea organizada por el IDACH en la que participaron 250 delegados de diferentes puntos de la provincia para elaborar un petitorio y un plan de lucha. El petitorio se componía de 8 puntos, a saber: 1) La renuncia del Intendente de Villa Río Bermejito; 2) La restitución y titulación de los territorios indígenas y que se regularice el desmanejo de las tierras fiscales, solicitando se aparte a los directivos del Instituto de Colonización, y se cree una Comisión Investigadora sobre las adjudicaciones de tierras fiscales realizadas desde 1996; 3) La inmediata relocalización de los criollos ocupantes de las 150.000 hectáreas del Teuco Bermejito; 4) Refuerzo Presupuestario y equipamiento vehicular para el IDACH; 5) Ampliación del Presupuesto del IDACH; 6) Derogación del Decreto 181/06, que establecía el nombramiento de 18 agentes a planta permanente del IDACH; 7) Titularización de los maestros bilingües; 8) Provisión de un cupo de 500 viviendas anuales, principalmente viviendas rurales que contribuyan a mantener a las familias en las zonas en donde son oriundas y así terminar con la migración.
Como vemos, se destacaban como demandas centrales la restitución de tierras y el reforzamiento presupuestario del IDACH. En relación a las tierras, el reclamo se potenció a raíz de una investigación televisiva que denunciaba la venta fraudulenta de grandes extensiones de tierras fiscales por parte del Instituto de Colonización. Por otra parte, el punto sobre la derogación del decreto 181/06 refería al pase a planta permanente de 18 empleados del IDACH que había realizado la administración anterior y que la nueva conducción pedía que sean revocados porque serían “18 punteros políticos designados por el ministro de Gobierno Hugo Matkovich”. Esta disputa va a provocar una cesura entre “indígenas” oficialistas e “indígenas” opositores. Los grupos que respondían a la anterior gestión del IDACH se van a alinear detrás del gobernador a lo largo de todo el conflicto.
Los manifestantes también hicieron llegar sus reclamos al por entonces ministro del Interior de la Nación, Aníbal Fernández, al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, a diversos legisladores nacionales, y a los funcionarios del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
Más allá de estas gestiones, que implicaron el viaje de una delegación encabezada por Charole a Buenos Aires, el plan de lucha incluyó cortes de ruta. Desde mediados de mayo, las comunidades indígenas iniciaron la instalación de piquetes en cuatro puntos de la provincia. La prensa indicaba que estas acciones fueron protagonizadas “exclusivamente por representantes indígenas sin presencia de piqueteros ni activistas de movimientos sociales”. El 22 de mayo, desde el gobierno les comunican que serían recibidos por el ministro de Gobierno, pero la propuesta fue rechazada. El titular del IDACH respondió que el gobernador “es el único que puede dar respuesta a nuestros reclamos (…) Si no está, esperaremos. Pero la medida de fuerza sigue”. Mientras tanto, el gobierno provincial prosiguió con sus intentos de desactivar la movilización, difundiendo una lista de medidas en beneficio de los “indígenas”, como la entrega de 700 becas a estudiantes de escuelas bilingües y el financiamiento de emprendimientos productivos. Por su parte, el intendente de Bermejito insistía con el carácter político de la protesta, que estaría estimulada por sectores que respondían al ex intendente. Agregaba que los tres concejales que lo acompañaban en su gestión eran tobas, por lo que “no pueden acusar de discriminación porque trabajo con ellos”.
Ante la renuencia para abrir una mesa de negociación, a fines de mayo se resuelve marchar hacia Resistencia. El 31 de mayo comienzan a movilizarse desde distintos puntos de la provincia hacia la capital. Con la llegada de las diferentes columnas a Resistencia -alrededor de 2.500 personas-, el gobierno convocó al IDACH a una reunión para el 6 de junio. Para entonces había arribado a la ciudad Luis D´Elía, en calidad de Subsecretario de Tierras y Hábitat Social del gobierno nacional. El dirigente piquetero devenido en funcionario declaró que la dependencia a su cargo iba a instalar una oficina en el IDACH para recibir las denuncias sobre ventas irregulares de tierras y comprometía su presencia en la marcha del día siguiente que acompañaría a la delegación que debía ser recibida por las autoridades. Al apoyo del gobierno nacional, se sumó la adhesión del Consejo Latinoamericano de Iglesias, el Servicio Mundial de Iglesias de Estados Unidos (Región Cono Sur), la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
Los manifestantes exigieron que también participen de la reunión con las autoridades 100 delegados de las asociaciones indígenas y Luis D´Elía, pedido que fue rechazado, haciéndola fracasar. Ante ello, en asamblea se decide instalar un campamento frente a la Casa de Gobierno provincial. Con el diálogo interrumpido, a partir del 7 de junio se realizaron bloqueos a las puertas de la Casa de Gobierno y piquetes en las calles céntricas de la ciudad durante varios días, logrando el acompañamiento de diversos sectores. El 14 de junio formaron parte de una jornada provincial de protesta, en donde diversos sectores se movilizaron para confluir en la plaza central de Resistencia. Entre otros, organizaciones de desocupados –que demandaban garantías sobre tierras cedidas por el gobierno– y sindicatos docentes iniciaron el día cortando el acceso al puente Chaco-Corrientes. La jornada cerró con un acto único, en el que las diversas organizaciones movilizadas –agrupaciones piqueteras, sindicatos docentes y de estatales, partidos de izquierda y organismos de derechos humanos- expresaron su solidaridad con la lucha de los “pueblos originarios”. Al día siguiente, se realizó en la plaza del acampe un festival solidario que llamaron “Encuentro por la tierra”. El mismo fue declarado de interés cultural por la Presidencia de la Nación y auspiciado por la Subsecretaría de Cultura de la Nación. El evento fue convocado por el PJ, el Frente para la Victoria, la Federación de Tierra y Vivienda, Barrios de Pie y el Movimiento Evita.
Pasadas dos semanas desde la última reunión frustrada, el ejecutivo provincial vuelve a convocar a una reunión. El 21 de junio, los miembros del IDACH, junto a 20 delegados de asociaciones indígenas, son recibidos por el vicegobernador y el gabinete de ministros para establecer una agenda de trabajo que aborde los puntos del petitorio. Se decide entonces volver a sus localidades, quedando solo un grupo de diez personas manteniendo el acampe. Hacia fin de mes se inicia una ronda de reuniones con los ministros de diferentes áreas. Por su parte, la justicia chaqueña dejó sin efecto el decreto que había producido el nombramiento de las 18 personas para la planta permanente del IDACH. Ante esto, se refuerza el accionar de los grupos indígenas adeptos al gobierno y el ministro Matkovich recibe a más de cien indígenas opositores a la conducción del IDACH. Momentos antes de cumplirse el plazo fijado, los dirigentes del Instituto declaraban que las negociaciones resultaron infructuosas y convocaban a una asamblea para el 14 de julio para discutir la continuidad del plan de lucha. Ese mismo día se manifiestan frente a la legislatura para rechazar el tratamiento de una ley que ampliaba el presupuesto del Ministerio de Producción para subsidiar a pequeños productores, solicitando que esos fondos sean administrados por el IDACH. Mientras tanto, se refuerza el acampe frente a la casa de gobierno y realizan cortes de rutas en el interior. Además, de no conseguir respuestas satisfactorias, amenazaban con la posibilidad de ocupar edificios públicos.
Con este marco, el gobierno realiza una convocatoria para el 21 de julio. Los representantes del IDACH, encabezados esta vez por Egidio García y el resto de los delegados indígenas, son recibidos por el ministro de Gobierno. Sobre el final de esa reunión, los representantes indígenas volvieron a solicitar audiencia con el gobernador, pero les respondieron que no podían confirmar una fecha porque el mandatario no se encontraba en la provincia. En ese momento, Egidio García se dirigió en lengua qom al resto de la comitiva que lo acompañaba para informarles que él no iba a abandonar la oficina hasta que le confirmaran una audiencia con el gobernador. Atrincherados en la sala de reuniones, un grupo de 12 integrantes liderados por García e Inocencia Charole (hermana de Orlando), comenzará una huelga de hambre que se extenderá por más de tres semanas. La medida implicó cierta fractura en el interior del IDACH. Cuatro de los vocales del mismo enviaron un comunicado al Ministro Matkovich señalando que: “Desconocemos la supuesta autoridad sobre el IDACH de las personas que se encuentran en la Sala de Reuniones del Ministerio de Gobierno, a las que respetamos en sus derechos y luchas, pero no toleramos que sigan supuestamente representándonos”.
La huelga de hambre despertó la solidaridad de organismos de derechos humanos. Pérez Esquivel y Hebe de Bonafini, pudieron reunirse con los huelguistas y se comprometieron a informar de la situación al presidente de la Nación. Para entonces, Charole, tras su licencia por enfermedad, vuelve al ruedo convocando a una reunión de todo el Directorio del IDACH, logrando reunificarlo y avalando en conjunto la protesta, tras lo cual, acompañados por diputados provinciales y nacionales, denuncian penalmente a Matkovich por abuso de autoridad, al prohibirles el acceso a la oficina de la casa gobierno donde se hallaban los huelguistas. Luego, viaja nuevamente a Buenos Aires, y consigue que el gobierno nacional se comprometa a intervenir para destrabar el conflicto.
El 4 de agosto, la prensa es habilitada a reunirse con los huelguistas. García hace declaraciones remarcando el carácter étnico de la lucha y negando las acusaciones de funcionarios que le adjudicaban un carácter partidario asociado al PJ y al kirchnerismo: “nosotros somos un pueblo indígena, no somos ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. No somos radicales ni peronistas, somos un pueblo indígena que está demandando su derecho ante un Estado”. Por su parte, diputados provinciales oficialistas organizaron un acto en la Legislatura con un grupo de indígenas, entre los que se encontraban ex directores del IDACH, concejales radicales “indígenas” y miembros de la comisión directiva de la Asociación indígena Meguesoxochi, para respaldar tanto al gobernador como al intendente de Villa Río Bermejito.
El 9 de agosto, D´Elía vuelve a Resistencia y mantiene una reunión con el ministro de Gobierno y Charole y les comunica que la Subsecretaría que dirige firmará un convenio de transferencia por 2 millones de pesos con el IDACH, que podría ser ampliado en un millón más, mediante Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Esto vino, finalmente, a destrabar el conflicto. Luego de más de tres meses de iniciado el mismo, el 22 de agosto de 2006 el poder ejecutivo chaqueño y las autoridades del IDACH firmaron un Acta Acuerdo, poniendo fin a las medidas de fuerza. Se fijaba que: 1. El IDACH proseguiría por vía judicial las denuncias iniciadas contra el intendente Lorenzo Heffner; 2. Se continuaría con el relevamiento topográfico y poblacional de las tierras reconocidas por el Decreto N°480/91 ratificado por su similar 1732/96; 3. Se agilizarían los expedientes sobre las tierras aborígenes que se encontraban en trámite en el Instituto de Colonización, facilitando la entrega de títulos individuales o colectivos; 4. Se avanzaría con la relocalización de las familias criollas, ocupantes de las 150.000 hectáreas en la zona del Interfluvio Teuco-Bermejito, cedidas a comunidades indígenas; 5. El Gobierno Provincial se comprometía a incorporar al presupuesto de 2007 del IDACH, como mínimo, el aumento que resulte de aplicar el porcentaje de crecimiento del gasto permitido por la Ley de Responsabilidad Fiscal, que comunique el Ministerio de Economía y Producción de la Nación y que utilizará en la confección del Proyecto de Presupuesto de 2007 de Gobierno Federal, en cumplimiento de normas vigentes; 6. Se trabajará en la estructura orgánica del IDACH con la intervención de los organismos técnicos correspondientes para su posterior aprobación; 7. Se continuará con el proceso de titularización de los maestros bilingües y creación de cargos para maestros bilingües interculturales; 8. El IDACH sugerirá al Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda las prioridades para las construcciones de las viviendas para aborígenes; 9. El IDACH aportará al Ministerio de la Producción un listado de pequeños y medianos productores indígenas para la atención de la campaña 2006-2007.
Se desprende del Acta que –salvo la cuestión que refiere al presupuesto del IDACH, en la que se especifica claramente la forma de proceder– el resto de los puntos manifestaban más bien un compromiso de buena voluntad por parte del gobierno, pero sin mecanismos concretos que garantizasen su resolución. Un año después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación iba a imponer una cautelar sobre el gobierno de Chaco para que decrete la emergencia alimentaria, sanitaria y educativa de la esta población, ante la sucesión de muertes por desnutrición en el Impenetrable Chaqueño. El aumento de fondos del IDACH no había podido evitar esta crisis.
Por una política de clase independiente
Recapitulando, vimos que el petitorio sobre el que se estructuró el reclamo desde un principio fue corporativamente indigenista. Las exigencias que provincializaron el conflicto giraron alrededor de la entrega de tierras por su condición de “pueblos indígenas” y mayor presupuesto para el IDACH. En sus discursos, Charole destacaba que “este es un conflicto racial”. Lo novedoso no estuvo dado por sus demandas, sino por sus métodos de lucha. Protagonizaron, por primera vez y de manera sistemática, un repertorio de acciones propias del movimiento piquetero. Sin embargo, la demarcación étnica del conflicto no permitió la identificación plena dentro de las estructuras de las entidades piqueteras, incluso cuando muchas de estas organizaciones también incluían entre sus demandas la entrega de tierras fiscales para desarrollar emprendimientos productivos. Si bien la protesta indígena logró el apoyo de aquéllas, esa confluencia fue en términos de solidaridad con un sector que era concebido corporativamente distinto: “los aborígenes”. Ello a pesar de que se trata de una población cuyo principal ingreso proviene de planes sociales conseguidos al calor de la lucha piquetera y no del resultado del desarrollo de una economía doméstica peculiar. Un elemento central para esa demarcación fue que la dirección del movimiento de protesta quedó en manos de los funcionarios del IDACH. Es claro que parte de la envergadura que tomó el conflicto estuvo asociada a las disputas en las “alturas” entre el gobierno del Chaco, en manos de la UCR, y el gobierno nacional, en poder del kirchnerismo. Esta disputa se plasmaba en el interior del propio IDACH, donde a la conducción vigente de orientación peronista se le oponían facciones oficialistas recientemente desplazadas del Directorio, que permitieron al gobierno provincial contar con una base social “indígena” propia. Es así que la organización política bajo la identidad “indígena”, no brota espontáneamente de su experiencia arraigada en prácticas sociales que los distinguirían de otras fracciones de la clase obrera, sino que es resultado de la intervención ideológica sistemática tanto de instituciones de orden privado y religioso, como desde el Estado que los interpelan y organizan como tales; de las oportunidades legales que el nuevo marco legal brinda a los colectivos que se reivindican indígenas, así como de la existencia de una burocracia indígena. De esta forma, toda política seguidista, de simple “solidaridad” con las luchas de los “pueblos originarios”, no hace más que reforzar la dirección burguesa de esta porción de la clase obrera argentina. La tarea, por el contrario, es dar batalla por la conciencia de estos compañeros, desarrollando una política de clase independiente.
Notas
1Muñoz, Roberto, “De evangelistas a funcionarios indígenas. El movimiento indigenista en Chaco y la creación del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH)”, en El Aromo N° 102, agosto-sept. de 2018.
2Muñoz, Roberto, “Las escrituras de la Madre Tierra. El proceso de entrega de títulos en propiedad comunitaria a asociaciones indígenas del Chaco”, en El Aromo N° 103, octubre-noviembre de 2018.
3Diario Norte, 4/07/2006.
4Diario El Litoral, 22/05/2006.
5Diario El Litoral, 22/05/2006.
6Diario Infobae, 16/05/2006.
7Citado en Rozé, J. P. (2015) “Volveremos y seremos naciones. Conflictos inter-étnicos, política y fetichismo de la mercancía”, en Roze, J. P. et al.:Vientos y tempestados. Violencia en la periferia de la globalización. Editorial de la UNNE, Corrientes.
8Diario Norte, 5/08/2006.
9Diario Norte, 5/06/2006.
