Elemental, Nestor. El gobierno K frente al secuestro de Julio Lopez
Stella Grenat
Grupo de Investigación de la Lucha
Armada en los ‘70 – CEICS
El kirchnerismo, se ha presentado como el adalid de la defensa de los derechos humanos. Las condenas de Etchecolatz, de Julio Simón alias el “Turco Julián”, de Von Wernick, el juicio a Febres, la formalización del traspaso del predio de la ESMA a las organizaciones de derechos humanos, la in- auguración de un monumento en el Parque de la Memoria y la detención de Patti, parecerían con- firmar esta apreciación. Sin embargo, el año y tres meses que lleva desaparecido Julio López marca los límites del Estado burgués a la hora de juzgarse a sí mismo. No es el primer gobierno que evita ir a fondo y se ve salpicado por sus propias contradicciones. El problema, según el oficialista Página 12 es que aún “las redes de complicidades no pudieron ser desmanteladas.”1 En realidad, como veremos, nunca se intentó semejante tarea. Veamos cómo actuó cada uno de los poderes del régimen burgués ante el problema.
La balanza y la espada
Al poco tiempo de la desaparición de Julio López, El Aromo señaló que la supuesta ofensiva del gobierno contra el aparato represivo de la dictadura abría un espacio para el reagrupamiento de los represores. En particular, señalamos que Arslanián había desafectado a 3000 policías de la bonaerense, pero que ninguno de ellos estaba preso o investigado. Sólo se había indagado a 400 que intervinieron en la dictadura y, de ellos, Solá sólo separó a 36 sin iniciarles causa alguna.2 Hoy, los querellantes más activos en la causa de la ESMA denuncian que los miembros de la policía que siguen en sus funciones desde el Proceso ascienden a 9.000. Resulta improbable que todos ellos hayan estado involucrados en el secuestro del testigo. Sin embargo, un gobierno decidido a buscar hasta las últimas consecuencias debería haberlos investigado a todos.
El problema principal lo constituye el reagrupamiento del personal más recalcitrante del aparato represivo. Este se desenvuelve sin problemas, capitaneado por los detenidos en el penal de Marcos Paz y bajo la complicidad del Sistema Penitenciario Federal (SPF). Allí los represores “guardan jerarquías, se comunican entre ellos y tienen gente afuera”.3 El SPF fue denunciado penalmente por obstaculizar la investigación de la desaparición de López.
No obstante, el SPF no es el único órgano estatal que trabaja para evitar el esclarecimiento. Myriam Bregman y Guadalupe Godoy -abogadas de López- denunciaron que no fueron informadas de los allanamientos realizados al penal (28 de junio) y a las casas de seis policías y militares vinculados a Etchecolatz (29 de agosto). Peor aún, estos allanamientos se efectuaron irregularmente y sin la presencia de funcionarios judiciales.4 Las abogadas argumentan que toda la investigación parece hecha por principiantes. Por ejemplo, las escuchas se hicieron con tan poca precaución que los sospechosos habrían detectado que sus llamadas estaban siendo intervenidas.5 Todo parecería conducir hacia una conclusión: las fuerzas de seguridad se han constituido en un obstáculo para evitar –y luego esclarecer- el secuestro de Julio López. Ninguna otra cosa cabría de esperarse de la institución im- plicada en los juicios. Sin embargo, pocos han advertido el sentido de la intervención de la justicia. El 18 de septiembre de 2006, los organismos intervinientes en el juicio presentaron un recurso de habeas corpus denunciando la desaparición de Julio López. No obstante, la justicia provincial instruyó la causa como “averiguación de paradero”.6 Esta carátula se utiliza ante un extravío y supone que el testigo se habría perdido solo. No obstante, el 26 de septiembre Solá reconoció que estábamos frente al primer desaparecido en democracia, por lo que fue duramente reprendido desde Casa Rosada.7 Es evidente que el discurso del Gobernador no coincidía con lo que el estado estaba poniendo en práctica. Para evitar cualquier escándalo, el mismo 26, Solá dio de baja a 60 policías que habían cumplido tareas en centros clandestinos de detención durante la dictadura.
Luego de desestimar la posibilidad de un secuestro, la justicia consideró que no era pertinente seguir la pista de la llamada anónima que, el 20 de septiembre de 2006, una mujer hizo al diario Hoy de La Plata. En ella, dijo ser la Comisionado Victoria Huck (Jefa Distrital de La Plata) e informó la aparición de restos de un hombre calcinado en Punta Lara, un lugar en el que, desde 1974, aparecían cadáveres. El Ministerio designó al Superintendente Roberto Silva para que dirigiera la investigación del caso López. Curiosamente, Silva ingresó a la fuerza en 1977.
Por su parte, la Policía Federal tomó 600 declaraciones que no sólo se superponían, sino que se contradecían con las de sus pares bonaerenses.8 La Gendarmería también hizo su aporte contradiciendo a la bonaerense en los peritajes realizados con las llaves de Julio López. Igual impericia se produjo en el procedimiento realizado en la casa del delegado municipal de Atalaya, Rubén Durso. Parte de la comisión policial llegó en un auto sin identificación. Tres de los agentes no han podido ser aún identificados. No se labró ningún acta y, mientras los perros husmeaban en los alrededores, los cinco policías merendaban con el delegado. Por la noche se realizó otro operativo en la misma casa. Esta vez incluyó los perros y el helicóptero. Participaron la nunca requerida Victoria Huck, los fiscales Martini y Berlingieri y el titular de la Comisaría 3, el capitán Zaffino.9 El procedimiento se interrumpió cuando los perros seguían un rastro hacia el campo de en- frente “por lo tupido de la vegetación y la oscuridad reinante”. Ni los policías ni los fiscales firmaron el acta del procedimiento.10 Efectivamente, en estos momentos la justicia dejó de considerar a López un “extraviado”, para tomar el caso como el de un “desaparecido”.11 Sin embargo, este cambio no se debió a los avances judiciales, sino a la movilización popular. Los querellantes, frente a tanta irregularidad, pedían que se formara una comisión especial. Sin embargo, la investigación siguió en manos de la Policía Federal La investigación fue delegada por el Ministerio en Oscar Farinelli, quien, cuando López desapareció por primera vez, prestaba servicios en la Dirección General de Inteligencia de la Provincia.12 En el último tiempo, los avances de la causa son insignificantes: la SIDE no presentó ningún informe del entorno de Etchecolatz, sino de familiares y amigos de López.
Como se ve ni el presidente, ni el gobernador, ni sus ministros, ni los jueces federales, ni los provinciales, ni sus respectivos fiscales, ni las fuerzas policiales y militares, han logrado progresar en la resolución del caso. Los querellantes deben batallar no sólo contra los asesinos sino también contra los investigadores, y los mínimos avances de la causa son resultado de su persistencia. Los mismos abogados junto a otros querellantes tienen que sopor- tar algo muy similar en la causa de la ESMA.13
Debajo de la mínima
En 1985, el gobierno de Alfonsín condenó a las Juntas Militares. Es decir, sólo a nueve personas. En 2006, Kirchner ni siquiera puede llevar adelante juicios contra militares seniles (hasta ahora no puso preso ninguno). Ni siquiera puede garantizar un juicio consecuente al personal policial de entonces. No se trata de la obstrucción de “sectores recalcitrantes”. Todo el aparato estatal, incluyendo particularmente a los organismos civiles (en especial la Justicia), han intervenido en el sentido de evitar el esclarecimiento del secuestro. No hay razones para suponer que Cristina vaya a modificar este estado de cosas. En definitiva, las acciones del matrimonio K sólo ha traído beneficios contantes y sonantes a quienes, usufructuando de las dádivas oficiales, reciben edificios infames, honores y subsidios. Hasta cuentan con ex ministras de economía para regentear sus florecientes recursos.
Notas
1Pasquini Durán: “Moñitos”, http://www.pagina12. com.ar 24 de noviembre de 2007
2Harari, Fabián: “¿Por qué desapareció López?”, El Aromo, nº 32, octubre de 2006.
3Declaraciones del Juez Arnaldo Corazza en http://www.derechoshumanoscba.org.ar/, 18 de agosto de 2007
4Ya se había realizado un primer allanamiento el 23 de marzo de 2007, sin la presencia del juez ni de ningún otro funcionario judicial. La requisa fue realizada por el Servicio penitenciario que el 14 de marzo había sido denunciado por el trato preferencial que otorgaban a los reclusos, que sabían cuarenta y ocho horas antes que se realizaría este procedimiento. Denuncia de los integrantes de Justicia Ya¡, 18 de abril de 2007, http://www.panuelosenrebeldia.com.
5Meyer, Adriana y Nora Veiras: “Los sospechosos de siempre” http://www.pagina12.com.ar, 30 de agosto de 2007.
6La causa se inició en el Juzgado de Garantías nº 4 a cargo de la Dra. Marcela Garmendia y la Fiscalía nº 3, a cargo de los Dres. Marcelo Martini y Javier Berlingieri.
7Meyer, Adriana: “Este no es un desaparecido más”, http://www.pagina12.com., 26 de septiembre de 2006
8“Expediente de Exposiciones de de la Policía Federal 352-21-006.035/2 2006. Denuncia, op. cit.
9Zaffino fue separado de la fuerza en enero de 2007 por encubrir el fusilamiento en un móvil policial de su comisaría de Darián Barzábal. Denuncia, op.cit.
10Denuncia, op. cit.
11La causa pasa al Juzgado Federal nº 3 a cargo de Ar- naldo Corazza y de la Fiscalía Nº 1 a cargo de Sergio Franco.
12“Purga en la policía bonaerense: reemplazan a 119 oficiales”, http://.clarin.com/diario, 31 de marzo de 2006.
13Grenat, Stella: “Entrevista a Carlos Lorkidpanidse”, El Aromo, nº 39, noviembre/diciembre de 2007.
