El tío ajustador. El ajuste “solidario” de los Fernández y lo que se viene para la clase obrera

El kirchnerismo logró volver a la Rosada. Prometió aumentar salarios y jubilaciones inmediatamente un 20%, y terminar el ajuste. Ya en el gobierno todas las propuestas van mostrando ser puro humo. Eso se hizo notorio en los objetivos que Alberto fue planteando a medida que se acercaba al sillón de Rivadavia.

Ianina Harari

GICO-CEICS

El frente anti-Macri que formó el kirchnerismo logró su objetivo: volver al gobierno. Durante la campaña, prometió aumentos de salarios y jubilaciones inmediatos de un 20%, y un sinfín de propuestas que apuntaban a convencer a los trabajadores que se terminaría el ajuste. No pasó ni un mes de la asunción y todas las propuestas se mostraron como lo que eran: puro humo. No era difícil advertir que se trataba de promesas vanas si se prestaba atención a los objetivos que Alberto fue planteando a medida que se acercaba al sillón de Rivadavia.

La vuelta de la doble indemnización

Una de las primeras medidas que anunció el gobierno fue el regreso de la doble indemnización, que en su momento implementó Duhalde. El fin de esta norma es desalentar los despidos. Sin embargo, se trata de una medida inocua. Por un lado, se implementa solamente por seis meses. Por otro, solo se aplica a los despidos sin causa justificada. Es decir, aquellos en donde el empleador no alega ninguna causal para justificar el despido.

En un contexto de crisis, en el que las empresas ven caer sus ventas y sus ganancias, cierran plantas y hasta se declaran en quiebra, no es muy difícil justificar la causa de los despidos. Los despidos por crisis son contemplados como justificados en la legislación. Basta que la empresa inicie un proceso preventivo de crisis, por ejemplo, y listo. Por lo tanto, esta norma no va a frenar los despidos cuya causa es la crisis que los Fernández no van a revertir. Además, los despidos sin causa solo representaron, en 2019, el 24% del total de los despidos.[1] Pero en la contabilidad de los despidos no entran aquellas cesantías que se dan por “retiro voluntario”, una forma de despidos encubierta que suele ser la primera forma en que las empresas tratan de deshacerse de personal. Tampoco se contabilizan aquellos casos en los que no se renuevan contratos. Actualmente alrededor del 10% del total de asalariados se encuentra empleado con contrato a término. Son quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad en relación a la estabilidad laboral y a quienes es más sencillo echar, sin que legalmente se considere un despido. Ni los retiros voluntarios ni la no renovación de contratos son considerados despidos sin causa. Se trata por lo tanto de una medida de carácter propagandístico que no va a tener ninguna incidencia real.

Una prueba de ello es que durante enero se dieron varios despidos, muchos de ellos bajo las modalidades que mencionamos. Techint despidió 191 trabajadores y la mayoría de ellos eran contratados. En el sector petrolero, en el sur, se están llevando adelante despidos encubiertos y por goteo, mediante acuerdos de la empresa con trabajadores individuales. A fines de enero se vence la conciliación obligatoria para resolver los 700 despidos y 1200 suspensiones en Vaca Muerta. Recordemos que allí se firmó un convenio flexibilizatorio y que ya han fallecido ocho trabajadores por las precarias condiciones de seguridad. El secretario general de Petroleros Privados, Guillermo Pereyra, denunció que muchos trabajadores están siendo presionados para firmar su retiro. En la química IDM, en San Lorenzo, se produjo el despido de ocho trabajadores. La empresa venía de cursar un procedimiento preventivo de crisis. La fábrica de cosméticos TSU que había convocado a un concurso de acreedores, despidió 80 trabajadores.

Otros ejemplos se dieron en el ámbito público. En el municipio de Pilar donde gobierna el kirchnerista Achával, se dejaron 1300 contratados en la calle, con la excusa de que no se renovaron los contratos de quienes fueron puestos por la gestión anterior. Sin embargo, todos los gremios del municipio, ATE, el Sindicato de Trabajadores Municipales, la CTA Autónoma y el Sindicato de Empleados Municipales de Pilar denunciaron que entre los despedidos hay trabajadores con varios años de antigüedad, e incluso con problemas de salud. En La Plata, territorio del macrista Garro, no se renovaron los contratos de 266 trabajadores.

Sigue cayendo el salario

Otro anuncio que el gobierno cree que puede hacer pasar como “recomposición salarial” es el monto que decreto como adelanto de las paritarias de 2020. Fernández empezó su campaña hablando de la recuperación salarial de los trabajadores y los jubilados. Pero a medida que su triunfo era más palpable y debía hablar de las medidas concretar, comenzó a referirse a que la prioridad era atender a quienes estaban en peores condiciones. Era claro que lo que pretendía era dar algún aumento simbólico a los salarios y jubilaciones más bajas, de forma de no afrontar el costo de un verdadero aumento, pero aparentar que mejoraba la situación de los menos “privilegiados”.

Así, primero decretó un aumento para los privados de $3.000 en  enero más $1.000 en febrero. Con los descuentos, el trabajador percibiría $3.320 en total. Se trata de una cifra miserable, que además se va a descontar de las paritarias que se firmen. Además, esta suma no fue incorporada al básico, y se la excluyó del cálculo de adicionales, como antigüedad, presentismo, etc.

Este aumento, a cuenta de las paritarias, tiene una diferencia fundamental con lo que se suele negociar en ellas. Mientras en las paritarias se negocia un porcentaje para todos, la suma fija tiene impacto porcentual es distinto en cada categoría. Se trata, entonces, de distribución de miseria al interior de la clase obrera disfrazada de «solidaridad». Además, mientras el gobierno se esfuerza por presentar esto como un “piso” de las paritarias, uno bastante miserable, ya advierte sobre los techos en boca del propio presidente: “No hagan pedidos desmedidos”. Por supuesto, esta cifra no tiene ninguna injerencia real en el poder adquisitivo de los salarios, que viene cayendo hace años.

Otro problema es que, con este aumento, se exime a las pymes del pago de aportes patronales sobre esta cifra. En un momento en que se está ajustando a los jubilados porque la caja jubilatoria sería “insuficiente” para pagar la fórmula de actualización vigente, se sigue desfinanciando la ANSeS con esta dádiva a los empresarios pymes. Estas empresas, además, recibirán una extensión del plazo en el que tienen facilidades para el pago de deudas impositivas, previsionales o aduaneras y en el que se suspende la de presentación de medidas cautelares contra ellas. Es decir, a los empresarios más explotadores y negreros, se les da dádivas a costa de la caja previsional. Como alguien tiene que pagar el ajuste, el gobierno decidió que fueran los jubilados. En cambio, las pymes, responsables de alrededor del 45% del empleo total, y de casi el 85% del trabajo en negro, mediante el cual los trabajadores ganan la mitad que los registrados, no van a tener que hacer ningún esfuerzo.

Los estatales también fueron “beneficiados” con el mismo aumento, solo que lo reciben con un mes de atraso. Pero el aumento no será cobrado por la totalidad de los estatales, sino solo por aquellos que cobran hasta $60.000 en bruto, unos $49.800 en neto, lo que deja afuera a casi el 30% de trabajadores, que no tienen precisamente sueldos exorbitantes. En este caso, hace exactamente 1 año, en 2019, UPCN firmó un 28% que aún no se terminó de cobrar. En noviembre debía reabrirse la paritaria por la cláusula de revisión, pero ello no sucedió y ni UPCN ni ATE lo reclamaron. Frente a una inflación anual del 55%, ya se han perdido un 27% de salario solo en el último año. Pero la realidad es que los salarios estatales vienen cayendo hace diez años de forma sistemática. Este aumento no solo no recompone el poder adquisitivo perdido, sino que nos sigue colocando por detrás de la inflación.

Una de las ideas que el gobierno intenta instalar para justificar los aumentos salariales por decreto es que hay que desindexar los salarios.

En Argentina, desde los 90, no hay una indexación salarial real. La Ley de convertibilidad la prohibió y esa cláusula sigue vigente.[2] Lo que hay son cláusulas de revisión, que no imponen obligación alguna para efectivizarse. Es decir, si las partes deciden no volver a reunirse, no hay revisión. Incluso puede haber revisión y que se pacte un monto de aumento que siga colocando la paritaria por debajo de la inflación. Eso no es indexación, es una ficción de indexación. El kirchnerismo se jactaba de haber reactivado la negociación colectiva, en comparación a los 90. En realidad, la mayor dinámica en la negociación colectiva era consecuencia del aumento de la inflación. Ahora que los Fernández impulsan el pacto social, parece que quieren congelar las negociaciones paritarias y eliminar cláusulas de revisión para «desindexar» la economía. En palabras del presidente: “Las paritarias se van a normalizar. Pero una de las peores cosas que nos pasan es la indexación de la economía. Indexar la economía nos lleva al peor de los mundos y hay que desindexarla. La cláusula gatillo es una forma de indexación.” “Tenemos que lograr acuerdos en paritarias libres, sin las cláusulas.” “No sabemos si va a haber otro aumento por decreto, tenemos que esperar que la economía se tranquilice”.

En estas declaraciones aparece un engaño: la idea de que los salarios están indexadaos. Si así fuera, no habría pérdida salarial, porque los aumentos acompañarían la inflación. Sin embargo, los salarios vienen perdiendo contra la inflación, con paritarias a la baja. Por lo tanto, no son los aumentos salariales los que explican la inflación. En realidad, detrás de esta retórica, lo que busca el gobierno es bajar todavía más los salarios reales. Este aumento miserable de 3 mil para algunos, parece haber sido un globo de ensayo. Como pasó sin problemas, con el apoyo de la burocracia, van a intentar continuar con más aumentos por decreto. Mientras tanto, los precios de la canasta básica aumentaron con la quita del IVA y la inflación no bajó y se calcula para enero una inflación de entre 3% y 4%. De eso se trata el pacto social que ya está en marcha: los precios suben, los salarios bajan.

El esfuerzo no es de todos

Efectivamente, el esfuerzo no lo vamos a hacer todos. Mientras mineras y petroleras pagan menos retenciones, mientras las pymes reciben dádivas estatales, los trabajadores vamos a sufrir los aumentos en la canasta básica por la vuelta del IVA. Los aumentos de las tarifas de los servicios solo se han pospuesto. Pero recordemos que ese congelamiento, aunque sea temporal, también beneficia a las empresas. No solo porque ellas mismas son usuarias de los servicios, y en mayor medida que cualquier hogar, sino porque ello genera una presión inflacionaria sobre los salarios. No es casual que se suspendan los aumentos para el período en que se van a discutir la mayor parte de las paritarias.

A todo ello se suma los anuncios que Fernández vino haciendo respecto a los convenios colectivos. Tanto el presidente como sindicalistas afines declararon la necesidad de revisar los convenios colectivos para “modernizarlos”, un eufemismo que se usó en los 90 y que se usa en todo el mundo para encubrir el ataque a las conquistas obreras. Sobre este punto hay acuerdo entre los protagonistas del nuevo pacto social: la CGT, la UIA y el gobierno de los Fernández.

El pacto social, cuyo documento inicial ya fue firmado, se encuentra en marcha y estas medidas que comentamos son parte de él. Es claro que los anuncios que viene haciendo el gobierno de los Fernández no son más que un poco de humo para tapar el ajuste. Repartir algo de migajas para disimular que, una vez más, el ajuste se hace sobre los trabajadores para sostener a una burguesía choriplanera, cuyo sustento cuesta cada vez más, y no hay deuda que alcance. El peronismo tiene la suficiente inserción entre la clase obrera como para garantizar que el ajuste avance sin demasiada conflictividad social. Su capacidad de control social es mayor que la del macrismo, y eso le permite que las medidas pasen sin grandes conmociones. Por eso desde la burguesía nacional hasta al FMI festejan. Los Fernández están haciendo un ajuste brutal sin mayor oposición obrera. Al menos por ahora.

Este gobierno viene a continuar sumergiéndonos en un espiral descendente que nos somete a cada vez peores condiciones de vida. Eso es lo único que la burguesía puede hacer para resolver la crisis que genera el capitalismo. No vamos a detenerlo mientras no nos saquemos de encima a toda la burguesía, terminemos con este sistema que solo nos ofrece mayor miseria y construyamos el socialismo.

[1]https://bit.ly/2uNFlIN

[2]https://bit.ly/2G0eBXT