Reseña de Mentirás tus muertos. Falsedades y millones detrás del mito de los 30.000 desaparecidos, de José D’angelo. El Tatú Ediciones, 2015.
La existencia de una consigna histórica no debe obturar una compresión profunda del fenómeno. Lo que condensa la cifra de bajas en el proceso revolucionario de 1969 a 1976 es la magnitud de la matanza que la clase dominante tuvo que llevar a cabo para defender el capitalismo y exterminar a la fuerza social que lo amenazaba.
Por Guido Lissandrello (Grupo de Investigación de la Lucha de Clases en los 70′-CEICS)
Declaraciones recientes del nuevo Ministro de Cultura de CABA, Darío Lopérfido, han instalado una vez más en la escena política la discusión en torno a la cifra de desaparecidos en la década del 70. Negando que se tratara de 30.000, Loperfido señaló que el número fue inventado para obtener subsidios. Unos días antes, el diario La Nación publicó una nota que llamaba a la “concordia” y a la urgente necesidad de dar protección a los militares que se convirtieron durante el kirchnerismo en presos políticos, violando el orden jurídico y poniendo en el banquillo de los acusados a los “defensores del Estado”. En esta línea interpretativa se ubica un libro editado a mediados del año pasado que, escrito por un ex carapintada que participó de la represión en el copamiento de La Tablada, intenta poner en cuestión el “mito de los 30.000”.
Sangre y billetes
El libro busca poner en duda la fiabilidad de los listados oficiales[1] sobre detenidos-desaparecidos y víctimas de la represión estatal en los 70. Su línea interpretativa no es novedosa en sí misma, reproduce lo que sistemáticamente defiende la derecha procesista: lo que aconteció en aquella etapa sería un proceso de guerra en la que movimientos insurgentes plantearon una amenaza a la existencia de la Argentina y por lo tanto “un Estado y la sociedad a la que éste representa tienen derecho a defenderse de una agresión tal” (p. 20). Lo que hubo, en todo caso, fueron formas de accionar ajenas a las reglas de la guerra, en tanto los métodos “de las FFAA y de Seguridad en aquellos años fueron en extremo desafortunados” (p. 21). Sobre esa base se habrían montado los gobiernos democráticos para introducir una lectura parcial de los hechos. De este modo el triunfo militar de la fuerza social contrarrevolucionaria en los ’70 no se habría traducido en el plano político e ideológico. Allí habrían triunfado los guerrilleros, convirtiéndose en administradores de la memoria y el relato de aquellos años.
Además, el Estado los habría beneficiado económicamente mediante las leyes reparatorias: la ley 24.043 que beneficia a detenidos puestos a disposición del ejecutivo (PEN) o de tribunales militares, y los detenidos en centros clandestinos de detención desde el inicio del Estado de sitio (6/11/74) hasta el retorno de la democracia; la 24.321 que otorga constancia de denuncia formal a toda aquella persona que hubiera desaparecido involuntariamente de su domicilio; la 24.411 que beneficia a los causahabientes de desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado; la 25.914 que indemniza a los hijos nacidos en cautiverio; la 26.564 que amplía el beneficio de las leyes 24.043 y 24.411 a todas las víctimas desde el 16 de junio de 1955; y la 26.913 que otorga una pensión a aquellas personas que acrediten haber estado detenidas por causas políticas hasta el retorno a la democracia (lo que se superpone a las indemnizaciones anteriores). Curiosamente, las tres primeras, que son las leyes fundamentales, fueron obra del menemismo, mientras que las tres restantes fueron del kirchnerismo. El autor calcula, a partir de información suministrada por el Ministerio de Economía, que estas leyes habrían significado para el erario público una carga de u$s 1.850.104.963. Según el CELS para 2004, serían 8.000 los beneficiarios por casos de desaparición forzada y asesinato.
Lo más novedoso del libro es su intento por depurar el listado oficial confeccionado por la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) en 2006, que fue producto de la corrección, actualización y ampliación del elaborado por la Conadep en 1984. Para ello contrasta los casos con publicaciones de las organizaciones político-militares y con diarios de tirada masiva. De esta manera, cada capítulo del libro comienza con una narración novelada, aunque basada en hechos y datos reales, de un caso testigo que ejemplificaría una figura que se incluyó como desaparecido, pero que no merecería revestir como tal. Luego, se listan aproximadamente una decena de casos similares y se adjuntan las fuentes probatorias. Los casos son diversos: personas que figuraron en el listado de CONADEP, pero ya no lo hacen en el de la SDH (capítulo I), las cuales totalizan 2.549 casos; guerrilleros muertos en copamientos de instalaciones militares (capítulo II); ajusticiamientos de militantes por las propias organizaciones armadas por casos de traición y delación (capítulo III); suicidios para evitar la captura por las fuerzas represivas (capítulo IV); asesinatos y desapariciones fuera del territorio nacional (capítulo V); casos en los que los cuerpos aparecieron tiempo después en fosas comunes o que existieron partes militares que informaban el deceso (capítulo VI); ocultamientos de cuerpos por parte de las organizaciones armadas para que las fuerzas represivas no pudieran propagandizar la muerte de referentes (capítulo VII); la muerte accidental de guerrilleros por errores en la fabricación de explosivos o en la manipulación de armamento (capítulo VIII); y, por último, casos en los que no se tiene absolutamente ninguna información sobre la persona en cuestión (sólo un nombre, un apodo o un apellido) o que no podrían ser caracterizados como muertes producidas por el Estado, como el asesinato de Eduardo Aulet a manos de los integrantes del llamado “Clan Puccio”.
Como puede apreciarse, la exclusión de algunos casos es bastante dudosa. Difícilmente puede quitarse responsabilidad al Estado en el asesinato y/o desaparición en operativos coordinados con las fuerzas represivas de países vecinos, habida cuenta de la existencia del Plan Cóndor. Lo mismo puede decirse de la “iniciativa privada” de los grupos paramilitares creados desde el Estado, que en muchos casos también operaban por cuenta propia para su beneficio. Es bastante discutible que el entierro masivo en fosas comunes de NN, aunque haya existido un parte oficial, escape a la política de desaparición. Si bien el autor no termina de dar una cifra acabada, se desprende de su lógica argumental que a las 8.368 víctimas que figuran en el Informe de la SDH habría que restarle las 1.279 ejecuciones sumarias, que no serían “excesos” sino la legítima defensa del orden en un contexto de guerra, y otra centena de casos como los ya mencionados, que dejarían el número total por debajo de los 7.000.
De números y procesos
Mediante esta operación el autor busca presentar una cifra sensiblemente menor a la que se ha instalado históricamente y pretende mostrar que su “exageración” estuvo al servicio de un fin espurio. Es decir, que se inventó para conseguir subsidios. Sin embargo, la cifra de los 30.000 surgió como parte de la campaña de denuncia de los organismos de derechos humanos que buscaron ayuda en el exterior y que, en ese momento, no contaban más que con datos fragmentarios y un clima completamente adverso a la búsqueda. Allí se constituyó como la cifra simbólica que permitió articular la lucha contra la dictadura y luego, para ciertos sectores de los organismos de DDHH, contra los gobiernos democráticos.
Hoy hay quienes se indignan y sostienen que “la cifra no puede cuestionarse”. Se trata de una posición irracional, pues la cuantificación de un proceso social permite mensurarlo correctamente. La existencia de una consigna histórica no debe obturar una compresión profunda del fenómeno. Lo que condensa la cifra de bajas en el proceso revolucionario de 1969 a 1976 es la magnitud de la matanza que la clase dominante tuvo que llevar a cabo para defender el capitalismo y exterminar a la fuerza social que lo amenazaba. Dimensiona también los alcances de esa fuerza. Y en este punto, no cabe la distinción entre detenido-desaparecido o ejecutado, porque todos contribuyen a la tarea de producir bajas materiales en la fuerza social revolucionaria. Incluso se debiera contemplar las prisiones legales, que dejaron inactivos a militantes, y las bajas morales, aquellos que como producto del avance represivo y de la derrota fueron abandonando el campo de la revolución. Siguiendo el criterio de bajas materiales, los listados más representativos parecen ser los del Equipo de Antropología Forense (EAF) y los del grupo de investigación de Inés Izaguirre, que rondan los 10.000 y 12.000, respectivamente. Un cálculo más preciso sólo puede surgir del acceso público a todos los archivos de la dictadura, que desde Alfonsín para acá se han mantenido en la más absoluta oscuridad.
Sin embargo, el problema central está en otro lado. Una de las pocas virtudes que tienen los libros de la visión apologética de la dictadura es que tiende a presentar el proceso de los 70 de manera descarnada. El alfonsinismo y el kirchnerismo han querido cifrar las culpas en el personal político de las Fuerzas Armadas, reconociendo en menor o mayor medida responsabilidad a las organizaciones armadas. De allí surgió la idea del “terrorismo de Estado”, un Estado que incumple sus funciones de garante del conjunto de la ciudadanía. La derecha procesista, en cambio, en su pragmatismo, reconoce la existencia de un estado de guerra, de un enfrentamiento social. Una lectura, en definitiva, más profunda, que reconoce lo que el resto de la burguesía quiere ocultar: se mató desde el Estado, en democracia y en dictadura, para defender un orden social particular, que se asegura la ganancia de unos pocos a costa del sufrimiento y la muerte de la mayoría. Ese ordenamiento es el que sigue vigente, porque con la democracia, a diferencia de lo que sostienen los gobiernos de Alfonsín para acá y desde la propia derecha procesista, no ganamos. La tarea de los revolucionarios de hoy no puede reducirse al reclamo de justicia por las consecuencias de la derrota. El mejor homenaje a nuestros caídos está en recuperar sus banderas, las banderas del socialismo, y llevarlas al triunfo. Como señalamos hace tiempo: Justicia no, Socialismo.
Notas
[1]Se trata del listado elaborado por la Conadep en 1984, que registra 8.961 casos de desaparición forzada, y el informe de la Secretaría de Derechos Humanos de 2006 con 7.098 desapariciones y 1.279 ejecuciones sumarias.
