El poder detrás del trono. Videla, la burguesía nacional y los intelectuales K – Gonzalo Sanz Cerbino y Verónica Baudino

La muerte de Videla fue aprovechada por la intelectualidad K para oponer al dictador el “gobierno de los derechos humanos”. Sin embargo, la misma clase que ayer abrazó al fallecido hoy sigue haciendo negocios bajo el kirchnerismo. Es que dictadura y democracia son las dos caras de una misma moneda: la tiranía del capital.

Gonzalo Sanz Cerbino – Verónica Baudino
Grupo de Investigación de Historia de la Burguesía

Videla, como político, hace mucho que está muerto. Quedó muy claro en las numerosas opiniones vertidas ante su reciente fallecimiento. Sólo unos pocos valientes se animaron a expresar sus condolencias públicamente, agudizando el repudio generalizado al dictador y a sus admiradores. Página/12 y otros medios oficialistas fueron la tribuna donde se plasmó la interpretación de los intelectuales K de las causas del “triste y solitario final” de Videla. Exponentes de “Carta abierta” y voceros del oficialismo buscaron resaltar el rol de la gestión kirchnerista en materia de una supuesta “política de reparación, reformas profundas y expansión de derechos” [¹]. Se enfatizó el lugar del kirchnerismo como paladín de la democracia, la justicia y los derechos humanos frente a una dictadura atroz. La impopularidad del dictador expresaría un cambio en la sociedad especialmente impulsado por un gobierno que tendría, dicen, características diametralmente opuestas a las de la dictadura de 1976.
El kirchnerismo se esfuerza por aparecer enfrentado al proceso militar en su forma política y en los intereses que representa. Por esta razón, la otra arista del discurso contra Videla y la dictadura enfatiza en el sector social que los militares habrían defendido. El diputado oficialista Fernando “Chino” Navarro expresó clara y burdamente ideas que tantos intentan pasar por originales y sofisticadas:

“(Videla) fue el personero de los intereses de esa oligarquía que no vaciló en utilizar los mecanismos más atroces para imponer sus intereses al conjunto de la sociedad argentina. Esa oligarquía histórica, hoy transnacionalizada y financiarizada, que disciplinó a nuestra embrionaria democracia con la hiperinflación, la que sumergió a millones de argentinos en el hambre y la desocupación en los ‘90. La que conspira contra Cristina, este gobierno y el porvenir de nuestro pueblo” [²].

Una circunstancia más para machacar en la falsa distinción entre la burguesía nacional, “buena”, industrial y pro-obrera, hoy supuestamente impulsada por el kirchnerismo, y la oligarquía financiera, extranjerizante y anti-obrera. Sin embargo, como veremos, la historia nos muestra otra cosa.

Los deberes

La clase dominante ubicó a Videla, en 1976, a la cabeza del Estado argentino para cumplir una tarea. La dictadura que comandó debía eliminar los obstáculos políticos que trababan, desde mediados de los ’50, la acumulación de capital en la Argentina. Recomponer la rentabilidad empresaria demandaba, entre otras cosas, avanzar fuertemente sobre las condiciones de vida y los salarios obreros. Tarea que fue ensayada, sin éxito, por todos los gobiernos entre 1953 y 1976. El último intento pasó a la historia como el Rodrigazo, un gigantesco plan de ajuste que buscó, mediante un shock inflacionario, bajar el piso salarial. El plan debió ser abortado por la resistencia de la clase obrera comandada por activistas sindicales y dirigentes de izquierda, que forzaron a la cúpula sindical peronista a movilizarse contra el ajuste. El fracaso de Celestino Rodrigo encendió el alerta en los núcleos empresarios, que comprendieron que no se había cerrado el proceso revolucionario abierto en 1969 y que el ajuste no podría realizarse dentro de los marcos democráticos. Era necesario barrer con lo que dieron en llamar la “guerrilla fabril”, para de esa manera disciplinar al conjunto de los trabajadores, recomponiendo la hegemonía y la acumulación de capital.
Se puso entonces en marcha la ofensiva golpista. Los paros agrarios, que venían desarrollándose desde los primeros meses de 1975, se intensificaron. Las corporaciones empresarias se nuclearon en torno a la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE), que comandó la ofensiva golpista. Esta organización fue sumando apoyos de distintos sectores del empresariado, tanto de los grandes como de los chicos, y montó un ensayo general del golpe con el lock out del 16 de febrero de 1976.
Frente al peligro revolucionario (el “caos”), la inmensa mayoría de la burguesía (grande y chica, nacional y extranjera, industrial, agraria y comercial) se alineó con el programa golpista delineado por APEGE. CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) y la Cámara de Comercio, a la que pronto se sumaron COPAL (Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios, Bebidas y Afines), SRA, la Bolsa de Comercio y el Consejo Empresario Argentino, comandado por Martínez de Hoz, entre otros capitalistas, constituyeron la “vanguardia”. Posteriormente se sumaron las voluntades de un número cada vez más importante de empresarios. Primeramente la UIA, actitud que no sorprendería a nadie, con la que luego convergieron FAA y un vasto número de empresarios hasta ese entonces miembros de la CGE.
Era necesario un profundo ajuste de la economía que iba a recaer, en buena parte, sobre los hombros de una clase obrera reacia a pagar los costos de la crisis. Por esa razón, la imposición del programa económico demandaba un estado de excepción e ingentes dosis de represión, que permitieran disciplinar a las masas para así aplicar un plan profundamente impopular. Aquí las diferentes posiciones existentes en el interior de la burguesía pasaron a un segundo plano, privilegiando una opción estratégica que garantizase el restablecimiento de sus condiciones de acumulación de capital. La dictadura fue una necesidad de la burguesía como clase antes que de una fracción o capa sobre otra. La distinción entre “progresista” o “reaccionaria”, “buena” o “mala”, a la luz de estos hechos, no tiene asidero.
Pocas semanas después del lock out de febrero de 1976 sobrevino el golpe, y con él la masacre. Decenas de miles de activistas políticos y sindicales de izquierda fueron apresados, torturados y asesinados. Muchos debieron exiliarse para huir de la muerte. El efecto sobre los que quedaron fue devastador: la clase obrera había sido disciplinada, a sangre y fuego. La burguesía restableció su hegemonía y sentó las bases políticas para imponer el ajuste, que terminó de concretarse en democracia: la hiperinflación, las privatizaciones, la desocupación de masas y la flexibilización laboral fueron posibles por el efecto desmovilizante de la represión dictatorial. Se impuso así un nuevo umbral a la explotación del trabajador, muy superior al de las décadas del ’60 y ’70. La “democracia” de la que se ufanan los intelectuales del poder es hija, en más de un sentido, del Proceso.

El descarte

Una vez cumplida su tarea histórica, el personal político que ejecutó la masacre ya no tenía razón de ser. Fue repudiado, perseguido, juzgado y (a veces) encarcelado por la misma clase que lo llevó al poder en 1976. Políticamente, Videla murió el 10 de diciembre de 1983. La burguesía se cubrió de ropajes democráticos y repudió a los asesinos. Ideó dispositivos para la reconstrucción de su hegemonía a través de un renovado arco de intelectuales burgueses y un personal político que redescubría su “fe democrática”. Primeramente, con el Nunca más y la “Teoría de los dos demonios”, que despojaban de anclajes sociales a las fuerzas sociales enfrentadas en los ‘70. Así como detrás de las organizaciones de izquierda (armadas y no armadas) no habría, según los intelectuales alfonsinistas, fracciones de la clase obrera y la pequeña burguesía que lucharon por abolir la explotación, tampoco habría sectores de la clase dominante detrás del golpe. Ambos bandos expresaban “aparatos armados” aislados de las masas. A los “dos demonios” se opuso la teoría del “Terrorismo de Estado”, que postulaba la entronización de un aparato totalitario que atacó (sin racionalidad alguna) a la sociedad argentina en su conjunto. Se seguían negando las razones de la masacre: desarticular una fuerza social que cuestionabas las bases de la sociedad capitalista. En el mejor de los casos ésta última vertiente incorpora la responsabilidad de grandes empresarios como beneficiarios de las políticas represivas en detrimento de la burguesía nacional y las organizaciones políticas peronistas. El Estado como representante general de la burguesía no entra en la historia oficial. El objetivo de la dictadura, sostienen, fue una alianza “nacional”, negando que sobre Montoneros y la Fuerza Social Revolucionaria recayó la represión física y política y no así sobre los empresarios (salvo ínfimas excepciones), quienes se favorecieron con la baja generalizada del costo salarial así como de ingentes subsidios (vía combustibles subsidiados o licuación de deuda privada, por ejemplo).
Hoy los intelectuales K evitan poner nombre y apellido a esa “oligarquía” que impulsó el golpe. Quizás nombren a Clarín o La Nación, pero omiten concientemente extender la lista de nombres ya que se encontrarían con que los golpistas de ayer siguen haciendo buenos negocios bajo el gobierno “nacional y popular”. Algunos, como Osvaldo Cornide o Macri padre, hasta apoyan públicamente a Cristina. Es que, en 1983, la burguesía alentó un recambio que no amenazaba sus intereses sociales, y siguió llenándose los bolsillos a costa de mayor explotación a los trabajadores. Se reubicó bajo el ala de radicales y peronistas, los mismos que en el ‘76 golpearon la puerta de los cuarteles y que aportaron a la dictadura 480 intendentes civiles. La muerte del dictador, entonces, no debe hacernos olvidar que hoy continúan en pie los mismos intereses sociales que él representaba.

Notas
¹ Jozami, E.: “Las marcas de Videla”, Página 12, 19/05/3013.
² Navarro, F.: “Dictador, genocida y sirviente de la oligarquía”, Tiempo Argentino, 19/5/2013.