Por Marina Kabat
En los últimos días hemos visto tres iniciativas provenientes del peronismo tendientes a que ciertas figuras del movimiento no sean juzgadas por sus crímenes. La primera fue la convocatoria a la marcha del 1F contra los miembros de la Corte. Esta movida resultó la menos productiva de todas. La escasa convocatoria, reducida al kirchnerismo duro, mostró más debilidad que fuerza. Al mismo tiempo engendró una contramarcha dos días después.
En segundo lugar, Julio Piumato propuso sobreseer a la ex presidenta Estela Martínez de Perón en la causa por la Triple A. El sindicalista argumenta que se trata de una causa armada de persecución política por simple portación de apellido. Piumato, quien es Secretario de Derechos Humanos de la CGT, hizo la presentación a título personal, pero desde la sede de la central obrera. Eligió el día de cumpleaños de la ex presidenta. Sin embargo, es probable, que le preocupe más la suerte de otros sindicalistas que el destino de la viuda del general. En el pasado, el peronismo casi unánimemente prefirió señalarla a ella antes que reconocer ningún tipo de responsabilidad del propio Perón en el asunto. Ahora se intenta dar un paso más y se pretende borrar también las culpas de ella y, sobre todo, proteger a otros posibles implicados.
Testimonios de denunciantes en la causa han señalado la vinculación de Moyano con la Triple A. El avance del juicio seguramente no haría sino ampliar la información disponible sobre la complicidad de la burocracia sindical con la represión ilegal. Ya desde muy temprano las investigaciones sobre el período, como la que llevó a cabo el Centros de Estudios Latinoamericanos, en colaboración con LASA (Latin American Studies Asociation), mostraron la participación sindical. De un estudio publicado por esta entidad surge que algunas víctimas de la Triple A fueron conducidas durante su secuestro a edificios sindicales. A la vez, individuos que actuaron en ataques paramilitares aparecían vinculados con organizaciones gremiales con cuyas credenciales contaban al momento de ser detenidos. Además, muchos de los blancos de la Triple A eran personas que en diversos ámbitos actuaban contra la burocracia sindical, desde militantes sindicales de base hasta el senador Hipólito Solari Yrigoyen que había liderado una campaña contra la ley de Asociaciones profesionales, nueva norma que regulaba la vida gremial, prolongaba mandatos y facilitaba a los gremios el control de la oposición.
“Renuncia”. La tercera movida es algo menos evidente y tiene que ver con la “renuncia” de Máximo. Su carta levantó mucha polvareda. Todas esas partículas en suspensión en el aire mediático taparon en gran medida el debate de la marcha y contra marcha de la justicia. El gesto es en sí mismo inocuo. Después de las renuncias masivas tras las PASO (renuncias reales a cargos efectivos), las cartas de Cristina o la manera en que ella fustigó públicamente al presidente en un acto compartido, esta renuncia a los honores, pero no a los cargos, es solo un pequeño gesto. Un episodio más de este burdo teatro en el cual el kirchnerismo pretende permanecer en el gobierno, pero posicionarse públicamente como oposición para tener alguna chance electoral en el futuro. Al mismo tiempo, el conflicto y el caos permanente le favorecen en tanto la misma incerteza del escenario político complica y ralentiza cualquier avance en el terreno judicial. Frenar las causas es un objetivo central, al igual que mantener los pies en el plato para poder sostener desde el estado sus organizaciones. Por eso, no resignan los puestos claves para controlar las cajas del estado ni los resortes de la justicia. Máximo continúa siendo diputado, sigue perteneciendo al mismo bloque y continúa en la presidencia del PJ. Laura Volnovich sigue en el PAMI, pese al escándalo por sus vacaciones, Fernanda Raverta en ANSES, Marina Moretti en el IPS bonaerense, Homero Giles en IOMA. Carlos Zannini no abandona la procuraduría del Tesoro. Esperan un escenario regional favorable para una nueva ola populista, algo que el posible regreso de Lula a la presidencia de Brasil apuntalaría. En el mejor de los casos sueñan con Cristina 2023; en el peor, aspiran al menos a evadir la cárcel.
Lawfare. No sería la primera vez que el peronismo juega la carta del “lawfare” para adquirir inmunidad. Ya antes políticos, empresarios y hasta torturadores peronistas fueron indultados bajo el mismo pretexto. En 1958, bajo la presidencia de Frondizi se sancionó la ley 14436 que brindó un amplio indulto a los peronistas. La ley benefició a verdaderos a presos políticos y gremiales detenidos durante el gobierno militar de 1955-1958, pero también a quienes habían sido encarcelados por crímenes durante los gobiernos peronistas, incluidos casos de corrupción, personal policial y militar responsable de detenciones ilegales y torturas. Decía el texto de la ley: “Concédese amnistía amplia y general para todos los delitos políticos, comunes, conexos o militares también conexos, cometidos hasta la promulgación de la presente ley. Los beneficios de la amnistía comprenden los actos y los hechos realizados con propósitos políticos o gremiales, o cuando se determine que bajo la forma de un proceso por delito común se encubrió una intención persecutoria de índole política o gremial.” De tal modo, se presupuso intención persecutoria a cualquier delito del que hubiera sido imputado un peronista. La impunidad es amiga del olvido: poco se recuerda hoy de Jorge Antonio, aquel gran precursor de José López o a Solveyra Casares, quien dirigió bajo el peronismo tareas de represión ilegal. La impunidad y el olvido facilitan que la historia se repita: Jorge Osinde liberado por el indulto de Frondizi queda en libertad en 1958, y en junio de 1973 es uno de los responsables directos de la matanza de Ezeiza.
*Publicado en Perfil, 12/02/22
