Las perspectivas del “diálogo de paz”
Maduro convocó a la oposición a conversar con la intención de resolver la crisis dentro del régimen. ¿Podrá el chavismo seguir en el poder? ¿Se apelará a un gobierno de coalición? ¿Cuál es el papel de EE.UU.? En esta nota, encontrará algunas respuestas.
Por Nicolás Grimaldi[1] (LAP-CEICS)
Desde que comenzó el conflicto, se han realizado manifestaciones opositoras y de apoyo al régimen. Hasta el momento, el oficialismo ha motorizado un total de 23 marchas. Hay que destacar que las movilizaciones del chavismo han sido de las de mayor concurrencia. De las 23 marchas oficialistas, 14 fueron protagonizadas por sectores obreros, siendo la de trabajadores petroleros la más grande con más de 40 mil trabajadores. Luego, se movilizaron trabajadores del transporte, soldados, salud, telefónicos, movimientos sociales, motorizados, estudiantes oficialistas, estatales, la central sindical bolivariana y jubilados. Por último, las marchas realizadas a favor de la Guardia Nacional Bolivariana, las que llevaron a cabo las comunas, el sector de arquitectos e ingenieros chavistas y las realizadas por “mujeres bolivarianas”, con un alto contenido obrero. Obviamente, en ninguna de estas marchas hubo represión, aunque si se produjo un enfrentamiento en la marcha del 12 de febrero con sectores de la oposición, donde murió Juan Montoya, del colectivo 23 de enero. En cuanto a las ciudades, 21 marchas se realizaron en Caracas, la mayoría hacia el Palacio de Miraflores, una en Zulia y otra en Táchira. Es decir, el área de influencia es muy concentrada.
En relación a las marchas opositoras, encontramos un total de 97 acciones, repartidas principalmente entre Carabobo, Táchira, Mérida, Caracas y Trujillo. Un panorama mucho más repartido en la geografía venezolana. De esas acciones, 43 fueron llevadas a cabo directamente por los llamados “estudiantes”, y en algunos casos acompañados por sectores de la clase obrera como docentes, médicos o trabajadores de las universidades o alcaldías.
¿Dónde está la clase obrera?
Aquí es donde surge un primer interrogante: ¿cómo se debe caracterizar a estos estudiantes? En primer lugar, el grueso de las universidades que se han movilizado, son universidades públicas. Dentro de las que se han movilizado se encuentran la UCV, de Caracas con más de 50 mil estudiantes, y la ULA, con sedes en las ciudades de Mérida y Táchira, y que cuenta con más de 40 mil estudiantes. En segundo lugar, si observamos el informe de la UNESCO de principios de este año reconocido por el propio Gobierno, se informa que al sistema universitario venezolano concurren cerca de 2.620.013 alumnos, ubicándolo en segundo lugar de América Latina y quinto a nivel mundial, en cuanto a matrícula universitaria.[2] Estos datos contrastan con los de 1998 donde la matrícula universitaria era de 785.285 estudiantes. Esto nos indica que hay una relación entre la población universitaria y la clase obrera, ya que se hace difícil pensar que la dimensión y crecimiento de la matrícula universitaria responda solo a un fenómeno burgués. O, para decirlo de otra manera, en un país como Venezuela no hay dos millones y medio de burgueses y menos en las universidades públicas. Se trata de la rebelión de la población obrera que el mismo chavismo incorporó al sistema educativo.
Mucho se habla de los “estudiantes” (con un alto componente obrero, como vimos), pero poco se dice de las movilizaciones obreras. Aquellas llevadas a cabo por los sindicatos y gremios, totalizan 31 acciones, casi tantas como las estudiantiles, pero mucho más masivas y a las que el chavismo duda en reprimir. Identificamos represión en un caso: el de los petroleros de Anzoátegui reclamando por el convenio petrolero, que derivó en el arresto de Froilán Barrios. Los reclamos se relacionan con falta de pago o salarios bajos, por falta de insumos en hospitales y por malas condiciones laborales. Los trabajadores que se han movilizado son: petroleros, sector eléctrico, transporte, médicos, docentes, construcción, trabajadores de prensa, trabajadores de la industria del automóvil, de Sidor, de recolección de residuos y tercerizados de la empresa Ferrominera Orinoco.
De esta manera, la clase obrera aparece dividida, aunque una parte importante se ubica en la oposición del chavismo, fortaleciendo el proceso de ruptura manifestado en las últimas elecciones. Por lo tanto, habría que descartar la hipótesis de que las marchas son hechas por “fascistas” y oligarcas pro-norteamericanos. Se moviliza la propia población que el chavismo dice representar. Y, justamente, la que más ligada aparece al régimen (la sobrepoblación relativa) no parece muy convencida de salir a defenderlo.
Cuestión internacional
Otra arista importante del conflicto venezolano es el plano internacional. Aquí aparece Colombia, quien ha participado en el diálogo iniciado por el Gobierno y la oposición, a principios de abril. La reunión que dio inicio al diálogo, contó con la mediación de los cancilleres María Ángela Holguín (de Colombia), Luiz Figueiredo (de Brasil) y Ricardo Patiño (de Ecuador). Incluso, el propio Santos salió a saludar el proceso, felicitando a la oposición por aceptar la convocatoria de Maduro. En realidad, la política de Colombia se congenia con lo marcado por la UNASUR el pasado 26 de marzo cuando, en una reunión de cancilleres, se abogó por “apoyar un proceso de diálogo amplio y respetuoso, tomando en consideración la Conferencia Nacional de Paz”. Se podría decir, que el conjunto de las burguesías de América del Sur apoyan que la crisis sea resuelta dentro de los marcos institucionales.
Si hablamos de Venezuela, es inevitable la referencia a EE.UU., que ha sufrido un revés en la reunión de la OEA del pasado 7 de marzo, cuando no se recogió dos de las principales reivindicaciones estadounidenses: la convocatoria de una reunión de cancilleres y el envío de una misión de observación y mediación.
A raíz de esto, el 13 de marzo, el Secretario de Estado, John Kerry, sostuvo que se estudiaba invocar la Carta Democrática de la OEA y aplicar posibles sanciones hacia el país caribeño. Un día antes, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó una resolución en la que se solicita a Barack Obama, que imponga “sanciones específicas” como “la prohibición de visados y congelación de activos” contra los particulares que hayan perpetrado, directa o indirectamente, violaciones de derechos humanos contra los manifestantes y periodistas en Venezuela.[3] Como se puede ver, la intención de EE.UU. se orienta más hacia una sanción a través de la OEA (una acción de baja intensidad), que hacia una intervención directa. Esto queda más claro si observamos la posición del Comando Sur, a través de su Jefe, John Kelly. El General ha reconocido que no tiene contacto militar con las Fuerzas Armadas venezolanas, pero ha asegurado que, “de momento”, sus mandos siguen siendo leales al presidente. Aunque ha sugerido que en su seno “probablemente hay presiones y divergencias y opiniones determinadas sobre la dirección que debería seguirse”.[4] Aún más, el propio Kelly ha saludado el proceso de diálogo iniciado en Venezuela y dijo que su “preocupación es económica”. De esta manera, los dichos del referente militar, parecen alejar la posibilidad de una intervención militar.
Cabalgando sobre la crisis
Ante esta coyuntura, Maduro decidió abrir el juego a la oposición. La primera carta la jugo en febrero con la Conferencia de Paz, a la que no asistió la oposición y si lo hicieron la Central Bolivariana de Trabajadores Socialistas y el gremio empresarial oficialista FEDEINDUSTRIA. Pero también asistió nada menos que FEDECAMARAS, la central empresarial opositora (que lideró el golpe del 2002). Esta corporación aprovechó la ocasión para cuestionar el proyecto económico del Gobierno. Luego de este intento, del que no salió nada concreto, el 10 de abril Maduro lanzó la apertura del diálogo con la oposición, esta vez con la presencia confirmada del conjunto de la MUD, incluyendo Capriles. No acudieron, en cambio, Voluntad Popular, de Leopoldo López, Alianza Bravo Pueblo y Proyecto Venezuela, que han denunciado la reunión como una farsa. Tampoco acudieron las organizaciones estudiantiles, quienes se agruparon en la Junta Patriótica Estudiantil Popular, que mantienen la estrategia que lleva a la acción directa. De esta junta, que engloba a los dirigentes estudiantiles anti-chavistas, forma parte Juan Requesens, militante de Acción Democrática y principal dirigente estudiantil.
Hasta aquí se han producido dos encuentros entre Maduro y la oposición. El primero fue ampliamente protocolar donde primó la celebración por el diálogo, aunque se destaca la intervención de Julio Borges, diputado de Primero Justicia (partido de Capriles) quién sostuvo que la renta petrolera sea invertida en la creación de marcas venezolanas. En el segundo, en cambio, se establecieron tres acuerdos importantes. El primero, la instauración de una “Comisión de la Verdad” para investigar los sucesos ocurridos desde febrero. El segundo, la participación, en principio como asesores técnicos, de la oposición en los proyectos llevados cabo por el oficialismo para la pacificación del país. El tercero, la revisión de la situación de Simonovis, comisario preso desde el 2002 por su participación en el Golpe de Estado, que no gozaría de una buena salud. El segundo acuerdo, claramente, muestra la voluntad de crear un gobierno de coalición.
Los gremios opositores, nucleados en la Unidad de Acción Sindical y Gremial[5], ya han manifestado en reiteradas oportunidades su predisposición para asistir al diálogo, pero Maduro no los ha convocado porque solo reconoce a la central oficialista. Por un lado, esto muestra que la alianza Maduro-Capriles tiene cierta base social para desarrollarse. Pero, por el otro, que la cantidad de contradicciones que arrastra la hacen muy frágil.
Un dato a sumar, es que este diálogo se esta dando en el marco de rumores de golpe de Estado, desde el momento en que Maduro anunció, para mediados de marzo, el arresto de tres generales de la aviación inculpados de planificar un “golpe”, aunque sus nombres se han mantenido en el más absoluto silencio. Es claro que se están incubando internas al interior del ejército, y Diosdado Cabello debe tener mucho que ver con esto.
Conclusión
Como pudimos observar, la situación de crisis que se vive en Venezuela no se resolverá a través de una intervención de EE.UU., sino que intenta ser controlada por el chavismo y la oposición para ser canalizada dentro de los márgenes institucionales. Los gremios, por su parte, se encuentran alineados con el Gobierno o con una línea cercana a la oposición. No obstante, las direcciones no pueden evitar el descontento de las masas, que se mantienen en las calles y apelan a la acción directa. La sobrepoblación relativa todavía no se ha pronunciado. La izquierda no ha logrado hacer pie en esta fracción tan importante. La ha despreciado y ahí tiene las consecuencias: la nulidad de la política revolucionaria en un país donde la lucha de clases toma caracteres más agudos. Llamamos a todos los dirigentes revolucionarios de Venezuela a llevar adelante un Frente Único con las masas movilizadas y convocar a un Congreso Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados, que ponga de pie un programa contra el ajuste del oficialismo y la oposición, que tome en sus manos la tarea de preservar las organizaciones obreras de la represión, que logre la derogación de esa Comisión de Paz que prepara un cogobierno y prepare un verdadero Comité de Crisis liderado por los todos los obreros: los de las fábricas, los llamados “cuentapropistas” y los que pueblan las grandes barriadas como el Petare o 23 de enero.
Notas
[1]Con la colaboración de Gerardo Andrés Coria.
[2]Véase http://goo.gl/ky3X08.
[3]Véase http://goo.gl/ZoRfNI.
[4]Véase http://goo.gl/pbxVTF.
[5]UNT, CGT, Fadess, C-CURA, Mosbase, CODESA, FAPUV, Colegio de ingenieros, ASI, Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa, Fuerza Laboral del Eje Costero.
