Pese a lo que el peronismo de izquierda ha planteado, ni el programa de La Falda ni el de Huerta Grande son programas revolucionarios, sino que develan los límites del programa reformista.
Ianina Harari
TES-CEICS
La izquierda argentina tiene una impronta nacionalista muy arraigada, que puede rastrearse desde la política frentepopulista del PC hasta la izquierda nacional peronista, pasando por el trotskismo. La idea que subyace al nacionalismo de izquierda es que en países “dependientes” “semicoloniales”, etc., la contradicción de clase ocupa un lugar secundario frente a la existente entre la nación y el imperio. De allí se desprende la necesidad de la defensa de la burguesía nacional y hasta de una alianza con ella, de forma más o menos velada según el caso. Los programas de La Falda y Huerta Grande son dos exponentes de cómo este nacionalismo aparece en el seno de la clase obrera, de la mano de las direcciones sindicales peronistas.
La Falda
Tras el golpe a Perón, en 1955, el gobierno militar buscó minar el control peronista de los sindicatos. Tras el fallido intento de Lonardi, Aramburu intervino la CGT y todas sus regionales y sindicatos y recrudeció la represión sobre los dirigentes. Contaba para ello con el apoyo de los dirigentes “democráticos” (radicales, socialistas, sindicalistas y anarquistas), que conformaron la Comisión de Acción Gremial. La lucha por la normalización de los sindicatos permitió la recuperación de algunos gremios e incluso la regional cordobesa de la CGT. Los sindicatos recuperados conformaron la Comisión Coordinadora Intersindical de Gremios Normalizados (conformada por peronistas y comunistas) que reclamaba por la libertad de los detenidos, la normalización de la CGT, el restablecimiento de los precios máximos, levantamiento del estado de sitio y derogación de la ley de residencia. En junio de 1957, el gobierno convoca a un congreso normalizador para agosto, en el que intentó consagrar autoridades de la CGT afines. En ese congreso se plasmó la fractura existente entre los llamados sindicatos “libres” (radicales, socialistas, sindicalistas y anarquista), afines al gobierno, y los peronistas, comunistas e independientes. Frente a la denuncia de los opositores sobre diversas maniobras, como inflar el número de cotizantes de gremios adictos al gobierno para que tuvieran un mayor número de delegados, los 32 gremios “libres” deciden retirarse. Así quedaron conformadas dos conglomerados sindicales: los 32 gremios democráticos –los que se retiraron- y las 62 organizaciones –los que se quedaron-. Las 62 estuvieron integradas inicialmente por peronistas y comunistas, que estaban en minoría. Al año siguiente los comunistas se retiraron para conformar lo que será el MUCS (las 19) y las 62 pasaron a ser enteramente una agrupación plenamente peronista.
A fin de noviembre de 1957, en La Falda, la CGT de Córdoba, comandada por López de la UTA, convocó a un Plenario Nacional de Delegaciones Regionales de la CGT y de las 62 Organizaciones. Allí se aprobó un programa que plasmaba no solo las demandas más inmediatas, sino que incluía propuestas más generales de orden político y económico.
El primer apartado del programa de La Falda refiere al comercio exterior. Establece como objetivos que el intercambio comercial con el exterior sea controlado por el Estado, que se eliminen los monopolios extranjeros, que los productores controlen las operaciones comerciales “con un sentido de defensa de la renta nacional”, la ampliación y diversificación de los mercados internacionales y la denuncia de todos los pactos “lesivos de nuestra independencia económica”. También propone la planificación de la comercialización “teniendo presente nuestro desarrollo interno” y la integración económica con “los pueblos hermanos de Latinoamérica”. Se trata de reivindicaciones propias de la burguesía nacional más débil que se ve imposibilitada de competir en el mercado mundial, dada su baja productividad y, por eso, reclama protección estatal frente a las importaciones a la vez que busca ampliar el mercado, pero dentro de una región en la que pueda medianamente competir. Por otra parte, la nacionalización del comercio exterior, practicada por el gobierno peronista a través del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), no produjo ningún tipo de transformación estructural e implicó solo mecanismos de transferencia entre distintos sectores de la burguesía. Esto da cuenta del carácter reformista (y burgués) de la medida considerada más audaz en el programa de La Falda.
Respecto al mercado interno, plantea la elevación de los salarios y del consumo, un aumento de la producción “con sentido nacional”, el desarrollo de la industria liviana “adecuada a las necesidades del país” y la “consolidación de la industria pesada”. Respecto a la política energética, propone la nacionalización de las fuentes naturales de energía. En cuanto a las economías regionales, que se encontraban en crisis, exige “soluciones de fondo, con sentido nacional a los problemas económicos regionales sobre la base de integrar dichas economías a las reales necesidades del país, superando la actual división entre ‘provincias ricas y provincias pobres’”. También demanda un control centralizado del crédito por parte del Estado. En cuanto al ámbito agropecuario, reclama la nacionalización de los frigoríficos extranjeros, “a fin de posibilitar la eficacia del control del comercio exterior, sustrayendo de manos de los monopolios extranjeros dichos resortes básicos de nuestra economía”. Asimismo, propone un programa agrario que se base en la mecanización del agro, expropiación del latifundio y extensión del cooperativismo agrario, en procura de que la tierra sea de quien la trabaja, lo cual supone una defensa de la burguesía agraria más pequeña. Otra vez, encontramos la defensa de la burguesía nacional más débil y la necesidad de sostener las transferencias estatales hacia ella.
El apartado sobre “Justicia Social”, plantea un plan de reivindicaciones obreras: control obrero de la producción y distribución de la riqueza nacional, mediante la participación efectiva de los trabajadores en la elaboración y ejecución del plan económico general, a través de las organizaciones sindicales; participación en la dirección de las empresas privadas y públicas, asegurando, en cada caso, el sentido social de la riqueza y control popular de precios. También se pide un salario mínimo, vital y móvil, previsión social integral, unificación de los beneficios y extensión de los mismos a todos los sectores del trabajo, reformas de la legislación laboral “tendientes a adecuarla al momento histórico y de acuerdo al plan general de transformación popular de la realidad argentina”; creación del organismo estatal que con el control obrero posibilite la vigencia real de las conquistas y legislaciones sociales; estabilidad absoluta de los trabajadores y fuero sindical. Se trata de reivindicaciones sindicales avanzadas, que muchos sectores de izquierda comparten hasta hoy en día, pero que no superan el umbral del reformismo. La expresión “distribución de la riqueza” es expresión de ello. Todas ellas parten de la ilusión en que el capitalismo argentino puede mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y la burguesía nacional tiene un interés en ello, y no en aumentar la tasa de explotación. Es decir, que algo de ello podría lograrse manteniendo estas relaciones sociales.
En el apartado “soberanía política”, es donde más radicalizan su programa (reformista). Proponen la elaboración del gran plan político-económico-social, que “reconozca la presencia del movimiento obrero como fuerza fundamental nacional, a través de su participación hegemónica en la confección y dirección del mismo”. Es decir, no se plantean la toma del poder por parte de la clase, sino que se le dé un lugar privilegiado. También se demanda un fortalecimiento del estado “nacional popular”, “tendiente a lograr la destrucción de los sectores oligárquicos antinacionales y sus aliados extranjeros, y teniendo presente que la clase trabajadora es la única fuerza argentina que representa en sus intereses los anhelos del país mismo, a lo que agrega su unidad de planteamientos de lucha y fortaleza”. Aquí no solo no hay una oposición al Estado comandado por la burguesía, sino que identifican aliados y enemigos. Si los enemigos son la oligarquía antinacional y la burguesía extranjera, los aliados deben ser los capitales industriales nacionales y los agrarios chicos, aquellos cuyas reivindicaciones vimos que levantaban en el resto de los apartados. El apartado también evidencia su nacionalismo: la clase obrera porta los anhelos nacionales, o sea, del capitalismo nacional y por tanto la expansión de la burguesía que lo comanda.1 También se plantea una reivindicación del latinoamericanismo (“dirección de la acción hacia un entendimiento integral (político-económico) con las naciones hermanas latinoamericanas”) y del federalismo (“acción política que reemplace las divisiones artificiales internas, basadas en el federalismo liberal y falso”). Por supuesto, se agrega también la consigna de “libertad de elegir y ser elegido, sin inhabilitaciones, y el fortalecimiento definitivo de la voluntad popular”, contra la proscripción que pesaba sobre el peronismo. Por último, hay una declaración de solidaridad con las luchas de liberación nacional de los pueblos oprimidos.
Años después, en 1962, ya bajo el gobierno de Frondizi, las 62 Organizaciones se reunieron en Huerta Grande y elaboraron un nuevo programa, que mantiene el espíritu de La Falda:
“1. Nacionalizar todos los bancos y establecer un sistema bancario estatal y centralizado.
- Implantar el control estatal sobre el comercio exterior.
- Nacionalizar los sectores claves de la economía: siderurgia, electricidad, petróleo y frigoríficas.
- Prohibir toda exportación directa o indirecta de capitales.
- Desconocer los compromisos financieros del país, firmados a espaldas del pueblo.
- Prohibir toda importación competitiva con nuestra producción.
- Expropiar a la oligarquía terrateniente sin ningún tipo de compensación.
- Implantar el control obrero sobre la producción.
- Abolir el secreto comercial y fiscalizar rigurosamente las sociedades comerciales.
- Planificar el esfuerzo productivo en función de los intereses de la Nación y el Pueblo Argentino, fijando líneas de prioridades y estableciendo topes mínimos y máximos de producción.”
Nacionalismo y reformismo
No importa cuán combativo haya sido el sindicalismo peronista en el período de la Resistencia Peronista, ello no determinó ningún cambio en su programa. De hecho, ya hemos visto en notas anteriores que siguieron defendiendo este tipo de ideas en los momentos en que se sumaron a la fuerza social contrarrevolucionaria.2 Aquella burocracia sindical que se consolidó con Vandor, tuvo su nacimiento en este período, aunque con un accionar distinto al que lo marcará luego.
Como ya explicamos, la burocracia sindical son los cuadros sindicales peronistas cuyo programa político es el reformismo. Los sindicalistas peronistas representan los intereses más generales de la burguesía en el seno del proletariado (la continuidad de las relaciones capitalistas) y, al mismo tiempo, representan intereses secundarios (económicos corporativos inmediatos) de la clase obrera en el seno de la burguesía. De allí que es posible que emprendan acciones de lucha, pero que no tendrán intención de llevar más allá del umbral de la lucha económica. Los límites de estas luchas, que suelen caracterizarse como traiciones, deben buscarse en su programa.
El reformismo es un programa burgués, por más que sea encarnado por masas obreras. Se trata de un programa de conciliación de clases porque supone que la diferencia de intereses entre proletariado y burguesía puede resolverse en el marco del capitalismo. Por supuesto, no busca avanzar en una trasformación social, sino solo mejorar algunas condiciones dentro de los límites de este sistema. Por ello, no es de sorprender que, ante una emergencia revolucionaria, se pasen abiertamente a las filas de la reacción.
En períodos donde ese peligro está ausente, la burocracia peronista sostiene la alianza con las capas y fracciones del capital nacional más débil. El programa de esta alianza reformista es nacionalista. Como vimos, se enfoca en la defensa del capitalismo nacional, y busca la protección del mercado interno. Se trata del programa de liberación nacional que defendía la burguesía nacional débil (básicamente capitales industriales chicos y burguesías débiles del interior) nucleada en la CGE.3 Si bien el programa que defendía la CGE no era exactamente el mismo, sí se basaba en la defensa del mercado interno, y en ese sentido propiciaba aumentos salariales como forma de elevar el consumo interno, aunque en la práctica se opuso a medidas que apuntaban en ese sentido porque no podía afrontarlas.
Por ello, pese a lo que el peronismo de izquierda ha planteado, ni el programa de La Falda ni el de Huerta Grande son programas revolucionarios, sino que develan los límites del programa reformista. El nacionalismo forma parte del acervo ideológico de la burguesía. La defensa de la Nación como tarea de primer orden es simplemente el interés de la clase dominante por conservar el dominio sobre un espacio de acumulación contra competidores de otros países. Su aparición en las filas obreras es parte del trabajo ideológico de la burguesía, con el cual construye su hegemonía. La idea que debemos defender a una burguesía ineficiente porque eso traerá algún beneficio a los obreros no tiene ningún sustento histórico, así como tampoco la idea de que en la Argentina aún quedan tareas burguesas por desarrollar. La batalla contra esta ideología, y la alianza de clases a la que nos conduce, es parte de la tarea que la izquierda debe darse.
NOTAS
1 Para una crítica al nacionalismo ver: Harari, Fabián: “Casas ajenas. La naturaleza de las naciones”, en Razón y Revolución, nº 29, Buenos Aires, 2016.
2 Ver: Harari, Ianina: “Al pie del cañón. La lucha contra el clasismo durante el tercer gobierno peronista (1973-1976)”, en El Aromo, nº 94, enero-febrero de 2017.
3 Ver: Ver: Sanz Cerbino, Gonzalo: “La lógica del enemigo. Los programas de la burguesía argentina y sus límites, 1955-1976”, en Razón y Revolución, nº 29, Buenos Aires, 2016.
