Los despidos que se vienen realizando son consecuencia de las tendencias propias del capitalismo argentino. Mientras el kirchnerismo pudo tapar esta realidad con loa dólares de la soja, ocultando la desocupación creciente con empleo estatal precarizado y subsidios a la burguesía, el nuevo gobierno ya no está en condiciones de sostener a ninguno de los sobrantes, trabajadores y capitalistas.
Julia Egan (TES-CEICS)
Entre diciembre de 2015 y mediados de marzo, al cierre de esta edición, los despidos en el sector privado alcanzaron a más de 65 mil trabajadores. Los despidos que hoy vemos afectan en especial a aquellos trabajadores a los cuales el capitalismo argentino no puede emplear sin la constante asistencia estatal. En otros términos, aquellos que no puede emplear en condiciones medias de productividad, lo que los convierte en sobrantes para el capital. Es decir, sobran bajo estas relaciones sociales.
Los ahora amanecidos adalides de la resistencia kirchnerista encuentran sus causas en la vuelta del “modelo neoliberal”. Sin embargo, la situación actual no es más que el sinceramiento de una realidad ya presente en la historia argentina que el kirchnerismo no hizo más que reforzar: una industria ineficiente que solo sobrevive a base de transferencias directas e indirectas. Toda la plata que ingresó con el boom de la soja durante los gobiernos kirchneristas, sirvió para ocultar esta realidad sin revertirla. Y una vez más este ciclo se sostuvo con un nuevo espiral de degradación obrera: trabajo en negro, precarizado y con bajos salarios.
Hoy, esta tendencia se pone de manifiesto con la crisis. El kirchnerismo ha hecho mutis por el foro, limitándose a una ya lejana mateada en Parque Centenario. Todas las fracciones de la CGT, de Caló a Moyano, le han dado una tregua al gobierno, que ahora Moyano amenaza con romper ante la insuficiente modificación del piso de ganancias. La izquierda, por su parte, presentó un proyecto de ley para exigir la prohibición de los despidos y la convocatoria de un congreso sindical. Pero, como venimos señalando desde estas páginas, no puede trascender la lucha meramente sindical y dar el paso hacia una acción de tipo política. Mientras tanto, el kirchnerismo y el macrismo, en representación de todo el arco de la burguesía, cierran filas para expulsar a los “sobrantes” estatales y privados. En esta nota, analizamos la situación en este último sector.
La herencia
Mediante un relevamiento de diarios de tirada nacional y local y prensas de los partidos políticos de izquierda, encontramos que entre diciembre y febrero se despidió a 33.300 trabajadores del sector privado. Cabe destacar que esta tendencia ya estaba presente en los años anteriores, aunque la ausencia de números oficiales perjudica la estimación. La consultora Tendencias Económicas contabilizaba que, en febrero de 2012, 6.605 obreros habían perdido su trabajo y 5.775 habían sido suspendidos. Para el mismo mes de 2013, las cifras eran de 264 despidos y 2.898 suspensiones, mientras que en febrero de 2014 contabilizaron 4.758 despidos y 7.246 suspensiones. Nuestro relevamiento muestra que en todo el 2015 se produjeron al menos 9.636 despidos. Esta medición subestima el fenómeno, en la medida en que la prensa no suele registrar los casos de jubilaciones anticipadas o la no renovación de contratos, que consisten en despidos encubiertos.
Según la información disponible, las ramas afectadas en los últimos tres meses son alimentación, automotriz, autopartes, call centers, frigoríficos, fabricación de cerámicas, comercio, construcción, curtiembres, educación, fruticultura, hotelería, juego, laboratorios, servicios de limpieza, maquinaria agrícola, metalurgia, minería, petróleo, prensa, transporte y televisión. En algunos casos, se trata de retiros voluntarios coaccionados, ya que las empresas ofrecen un par de pesos más que las indemnizaciones que se podrían recibir por los despidos que de todos modos realizarían (Saab Scania, FIAT, El Tabacal, Casposo). En otros, se trata de trabajadores temporales o contratados a tiempo determinado, a quienes no se les da continuidad o se les renueva la contratación (Casino de Mendoza, New San–Atma, empresas frutícolas). Tanto en el caso de la fruticultura como las mineras, han recurrido a los despidos a pesar de habérseles disminuido las retenciones, lo cual muestra el fracaso de estas medidas como promotoras de empleo (argumento con el cual las defendió el gobierno). En cuanto a las cesantías por cierre, los casos más conocidos son los de Cresta Roja, Core Argentina, Frideco, Austral Construcciones, colegios privados La Salle y Leonardo Da Vinci de Santa Fé, Salentein y diario Diagonales.
Dentro de estas ramas, construcción y alimentación son las más afectadas. La primera, presenta una situación crítica, con 24.800 despedidos, que representan el 74% del total de cesantías. La actividad se vio afectada fundamentalmente a partir de la suspensión de obra pública, principalmente en las provincias de Chaco (13.600 despedidos), Santa Cruz (4.500), Mendoza (3.500), Tucumán (3.000) y el AMBA (200). Esta rama fue una de las que mayor crecimiento presentó bajo el kirchnerismo y tiene las peores condiciones de trabajo: hay un alto índice de trabajo no registrado que redunda en largas jornadas laborales y salarios aún menores que los ya magros establecidos por convenio. La dudosa adjudicación de obra pública, que en varias ocasiones terminó sin concretar hospitales y escuelas anunciados una y otra vez por cadena nacional, permitió que empresarios pudiesen colocar sus pequeños capitales en una rama que requiere una baja inversión en maquinarias y equipos. Una vez terminada la dilapidación de los fondos estatales (que vale mencionar provienen del aporte de todos los trabajadores del país), los obreros de la construcción quedan en la calle, sin más. Eso fue lo que sucedió en la empresa de Lázaro Báez, Austral Construcciones, donde se “deshicieron” de 1.800 trabajadores a causa del cierre de la empresa, que tras agotarse las transferencias estatales tuvo que cerrar.
Algo similar sucedió con Cresta Roja (15% del total de los despidos), que a pesar de recibir del Estado Nacional, entre 2007 y 2011, nada menos que 2.100 millones de pesos y emitir cheques sin fondos con el visto bueno de los interventores K, terminó dejando en la calle a 5 mil obreros.
A estas actividades le siguen comercio (560 despidos), metalurgia (541), automotrices (502) y petróleo (500). Los trabajadores de las últimas tres actividades se vieron afectados recientemente por las suspensiones, que implicaron una reducción en sus salarios y la posibilidad latente del despido. Según un informe privado, las suspensiones durante el mes de enero alcanzaron a 7.800 trabajadores.1 De las que hemos podido registrar, 3.500 corresponden a los petroleros, 320 a automotrices (Fiat y Volkswagen) y 940 a metalúrgicas (Fundalum, Siderca y Matricería Austral). De los 59 casos de despidos registrados, se realizaron medidas de fuerza en tan solo 22, principalmente movilizaciones. La UOCRA llamó a una jornada de movilización nacional, que consistió en cortes de ruta en las principales ciudades. Sin embargo, lo hace forzada por la creciente competencia por izquierda encarnada en el SITRAIC. Es este último el que reclama la inmediata reactivación de la obra pública y la incautación de la maquinaria de las empresas cerradas para que pasen a manos de los trabajadores, fundamentalmente en el caso crítico de Austral Construcciones. En Lomas de Zamora, en octubre del año pasado, inclusive se reclamó por la realización de obras hídricas necesarias para la zona donde se empleen los trabajadores desocupados de la construcción, una verdadera forma de demostrar la posibilidad de aunar las necesidades de los desocupados con la de la población trabajadora en general. Sin embargo, en todas las actividades, las medidas continúan siendo acciones aisladas sin una coordinación siquiera al nivel de la rama.
Kontenidos
Como señalábamos, la rama más afectada es la industria de la construcción, donde se destaca el caso de Chaco. Esto no resulta extraño, puesto que esta provincia se destaca por la existencia de una alta desocupación, abierta pero también encubierta mediante planes de empleo y con la ayuda de las mediciones engañosas de los organismos de estadística.2 El problema con la industria de la construcción es parte de este escenario más general, ya que los puestos de trabajo se generaron a partir del desarrollo de obra pública. Los despidos comenzaron a realizarse en septiembre, mucho antes de la definición electoral, cuando el Estado dejó de girar fondos a las empresas encargadas de las obras y de realizar certificaciones.3 En Santa Cruz, que es la tercera provincia con más despidos, se registraron 4.520 y todos pertenecen a la construcción. De ellos, 1.800 se explican por la quiebra de Austral Construcciones, perteneciente a Lázaro Báez, el empresario mimado de Cristina Kirchner. Báez recibió, entre 2003 y 2015, casi 9.000 millones de pesos en contratos de obra pública, de los cuales 1.000 millones fueron asignados por la Nación y 7.847 millones por provincias y municipios.4
Báez no es el único amigo de Cristina que se benefició del despilfarro de las arcas estatales. Casos similares son los de Cristóbal López y Sergio Spolzki. El primero, se deshizo de Paraná Metal, dejando en la calle a 180 trabajadores en Villa Constitución. La reapertura de la empresa en 2009 fue posible gracias al otorgamiento de planes RePro, girados por el Ministerio de Trabajo y constituyen un complemento que permite el pago total de los salarios. Durante ese año, en el peor momento de la crisis, se llegaron a otorgar 140 mil planes. En 2013 llegaron a 31 mil y en 2014, la última cifra conocida, 40 mil, lo que representó 80 millones de pesos.5 Otras empresas que percibieron el RePro y que aun así despidieron trabajadores fueron la célebre Cresta Roja, Impsa (metalúrgica mendocina que en 2015 despidió a 37 obreros), la pesquera Conarpesa (20 despidos en 2015) y Cerámica San Lorenzo (120 despidos a fines de 2015). A esto se suma la situación de la cadena automotriz, beneficiada en gran parte por este programa, y que fue la protagonista del grueso de las suspensiones que se vienen aplicando con más fuerza desde 2009.6
Por su parte, Spolzki y Garfunkel, del Grupo 23 (Tiempo Argentino, El Argentino, revista Siete Días, radio América, Infonews, entre otros), se beneficiaron de la asignación de pauta publicitaria pública: entre julio de 2009 y junio de 2015, recibió la suma de 814.961.991 pesos.7 Al día de hoy, continúan adeudando salarios desde el mes de noviembre a 65 empleados, han echado al menos a 35 trabajadores tras el cierre de El Argentino y diario Diagonales y mantienen en total incertidumbre a los más de 500 trabajadores del grupo. La situación en los medios periodísticos también se explica por la asignación de recursos por parte del Estado. Muestra de eso es que con la retirada del gobierno K, hacia mediados del año pasado, se cerró la caja de la pauta y comenzaron los problemas. Como denunció la directora de la revista Barcelona en diciembre, los gobiernos nacional y provincial vienen incumpliendo con el pago de la pauta oficial desde hace meses, mientras que el de la Ciudad de Buenos Aires paga irregularmente. Los despidos que se producen desde el 2014, y que van en aumento, obedecen a una creciente falta de financiamiento de una actividad que depende en gran parte de la percepción de pauta oficial y privada. Y que además se vale de la súper explotación de sus trabajadores para ahorrar costos de cualquier forma posible (mayoría de planta con tercerizados y colaboradores, incumplimiento de los aumentos paritarios, falta de pago de sueldos y aguinaldos, falta de herramientas de trabajo). En este marco, la UTPBA ha hecho gala de su compromiso con las patronales estatales, pero también privadas. Sin embargo, los trabajadores de prensa han dado un salto en su organización gremial a partir de la conformación del Sindicado de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa), fruto de la intervención sistemática de la izquierda y otros trabajadores independientes. El nuevo sindicato expresa una tendencia clasista en oposición a la entreguista UTPBA y es el que ha protagonizado las luchas del último año frente a los despidos, persecución gremial, maltrato laboral y negociaciones paritarias.
La petrolera es otra rama que se encuentra en una situación delicada. Registró 570 despidos en 2015 y 500 en 2016. La caída del precio del petróleo plantea un escenario muy duro, razón por la cual los trabajadores y el gremio vienen realizando movilizaciones y cortes de ruta. Sin embargo, los sindicatos petroleros van a una acción conjunta con la patronal, ya que solo se limitan a reclamar por el subsidio al barril del petróleo. Es decir, dinero que va directamente al bolsillo de los empresarios. Mientras el secretario de Energía anunciaba que “esta crisis se resuelve cediendo todos un poco”, Pereyra, del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, advertía que “habrá una ‘purga’ de aquellos trabajadores con mayor tasa de ausentismo”8.
A pesar de haber acordado un subsidio de 10 dólares al barril de petróleo –compromiso mediante de no realizar despidos por seis meses– el Ministerio de Trabajo homologó un acuerdo con la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (Ceope) para abrir un proceso preventivo de crisis que les permita suspender a 2.000 trabajadores de forma rotativa durante 90 días, prorrogables por otros 90, abonando el 50% de los salarios. Su aplicación es inminente, puesto que el sindicato solo está negociando las condiciones en que se aplicará.
Sin tiempo que perder
Los despidos que se vienen realizando son consecuencia de las tendencias propias del capitalismo argentino. Mientras el kirchnerismo pudo tapar esta realidad con los dólares de la soja, ocultando la desocupación creciente con empleo estatal precarizado y subsidios a la burguesía, el nuevo gobierno ya no está en condiciones de sostener a ninguno de los sobrantes, trabajadores y capitalistas. Mientras que para la burguesía que no puede sobrevivir a la competencia, estas son las reglas del juego, los trabajadores no tenemos por qué hacernos cargo de su fracaso. La única forma de frenar los despidos es mediante la movilización y organización del conjunto de la clase obrera.
Hasta ahora, hemos presenciado movilizaciones aisladas, correspondientes a las empresas afectadas, o a lo sumo trabajadores de una rama (construcción, petroleros y estatales). La burocracia sindical muestra que a lo sumo está dispuesta a cuidar el kiosquito propio: mientras que Pablo Moyano llena de insultos a Sturzenegger por el conflicto con la rama correos, de camioneros, Moyano padre se enorgulleció de afirmar que nunca hizo un paro en los primeros 50 días de gobierno. Solo se preocupa por el incumplimiento de la modificación en ganancias –impuesto que afecta fuertemente a su gremio– pero los despidos lo tienen sin cuidado. Piumato, en una confesión reveladora, afirmó que “no es momento para que los trabajadores saquen ventaja de la situación”, en relación a los pedidos de aumentos paritarios. Barrionuevo pide darle “un tiempo” a Macri. Caló mantiene la misma postura conciliadora de siempre. Todos ellos se quedaron conformes con la entrega del fondo especial de las obras sociales que Cristina les había confiscado. La CGT cordobesa ahora amaga con un paro, pero no le dijo “ni mu” a Cristina en la provincia donde la vida de los trabajadores se mide por la duración de las suspensiones. Ni hablar de que la repartija de recursos hacia los capitalistas, que de todos modos resultó en suspensiones, despidos y precarización, se dio con el aval de todas las centrales sindicales. El acuerdo entre sindicatos, empresarios y gobierno es muy concreto: los primeros, buscan guardar para sí los recursos de las obras sociales; los segundos, garantizar los subsidios necesarios para seguir operando (de hecho ya se anunció la continuidad del RePro). A cambio, deben asegurar al gobierno que la baja salarial se realizará sin problemas. Todo ello pende ahora de un hilo con el torpe anuncio de ganancias, que está lejos de lo que Macri había acordado con Moyano.
Ante este panorama, la izquierda no puede quedarse en las declamaciones sindicales. Hasta ahora, solo hubo movilización donde la izquierda tiene algún tipo de dirección, como el SiTraIC, pero en el resto de las actividades brilla por su ausencia. El pedido de prohibición de los despidos por ley es necesario, junto con el resto de las reivindicaciones salariales y de estabilidad laboral. También es necesario luchar por la inmediata reincorporación de los despedidos, el reparto de horas de trabajo sin afectar el salario y la estatización bajo control obrero de toda empresa que cierra. Pero más importante es aprovechar la predisposición a la lucha que se está viendo en los sectores que se movilizan para canalizarlo hacia una experiencia de tipo política. Es hora de dar un salto a la acción política y llamar de una vez a la unidad de los trabajadores ocupados, precarizados (cooperativas, planes de trabajo) y desocupados. Reeditar la experiencia de las Asambleas Nacionales de Trabajadores nos permitirá centralizar una dirección que nos prepare de una vez para enfrentar el avance del ajuste y evitar que la clase obrera argentina sufra una nueva derrota histórica.
Notas
2Véase Villanova, Nicolás: “Retrato de Chacolandia”, en El Aromo n° 87, disponible en http://goo.gl/3HP9HV.
6Véase Harari, Ianina: “Escenas de suspenso, terror y esperanza”, en El Aromo n° 79, disponible en http://goo.gl/vULpKr.
