A fines de octubre, Buenos Aires (la jurisdicción educativa más grande del país) bajó distintas directivas en materia de evaluación, calificación, acreditación y promoción escolar. Parece una tomada de pelo. A fin de año se enviaron los lineamientos que los docentes deberían haber priorizado durante la virtualidad… En el fondo, es un nuevo intento de hacer “como sí” el proceso educativo estuviera funcionando.
En primer lugar, que los lineamientos lleguen a esta altura del año, significa tirar por la borda el 2020 y patear el problema para el 2021. Claro, el gobierno no es zonzo y en lugar de reconocer que no le importa nada la educación de nuestros chicos, dice que esto es un acto de “justicia educativa”. Esa “justicia”, como ya se resolvió, será que no repitan el año.
Pero los docentes sabemos que eso no es justicia, es demagogia. Lo que se busca es disfrazar la irresponsabilidad del gobierno de Kicillof. Así, esta medida simpática esconde un desprecio por el contenido y la educación que van a recibir millones de chicos. El gobierno se llena la boca hablando de las condiciones desiguales de escolarización dadas por la posibilidad de acceder o no a la enseñanza virtual, como si ellos no tuvieran ninguna responsabilidad en garantizar ese acceso mediante dispositivos e internet gratuito.
Por otro lado, se les exige a instituciones y docentes que realicen un diagnóstico, a partir de las causas por las cuales los alumnos no hayan tenido conexión. Es decir que, por un lado, el Estado desliga en los equipos de orientación escolar, una tarea que le correspondería tomar en sus manos. Por otro, cabe preguntarse cómo se llevará ese registro cuando, justamente, el problema que tenemos es la incomunicación con los hogares.
Digamos además que el problema no empieza en la escuela, sino en las familias. El Estado debería relevar las condiciones de vivienda y de vida de los desconectados. Claro, eso le devolvería, una vez más, la responsabilidad a sí mismo. ¿Alguien se preguntó cuál es la continuidad que pueden realizar las 1300 familias que fueron desalojadas de Guernica?
El gobierno también pide un informe que detalle lo actuado para poder alcanzar los contenidos prioritarios. ¿Cuándo se fijaron esos contenidos? En octubre, lo que quiere decir que hay que enseñarlos en dos meses. ¿Cómo se puede hacer eso? Juntando materias enteras… Un delirio que profundiza la degradación educativa.
El desastre no termina acá. El acompañamiento para los alumnos que no hayan alcanzado los contenidos prioritarios, se realizará desde febrero con la participación de docentes, preceptores, bibliotecarios y “otros” (¿los padres?). Así, cualquiera puede suplir el rol de un docente especialista en la materia. Estas tutorías, además, podrán ser presenciales en pequeños grupos, con lo cual el gobierno ya firmó la presencialidad antes de la vacuna.
Lo más alarmante de todo son los criterios con los que se evaluará el progreso, en función del punto de partida inicial de cada alumno. En criollo: que cada quien haga lo que pueda. Recordemos que las pruebas “Aprender 2019” mostraron que el 70% de los alumnos, en tiempos normales, termina la secundaria sin saber lo básico. En pandemia, este cuadro se va a agravar por la sencilla razón de que la estrategia es patear la pelota, adecuarse a lo que hay, y tapar el problema.
La fijación de metas según las posibilidades de cada pibe, no mejora la educación. Es el abandono de cualquier sentido real de justicia escolar. Porque la justicia escolar es una educación que iguale lo estructuralmente desigual. No que profundice lo desigual diciendo que somos igualmente diferentes.
Hoy la escuela está sin rumbo, porque el personal político que la dirige perdió la brújula hace rato. No es más que el resultado de una sociedad que está sin rumbo porque la clase que la gobierna se muestra inútil. Es momento de que tomemos la posta los laburantes.
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