A partir de los hechos de la ocupación del predio Indoamericano se planteó el eje sobre el cual va a desarrollarse la arena política en los próximos tiempos. Es decir, cómo se va a desarrollar la lucha clases en la Argentina de cara a la principal cuestión a solucionar por parte de la burguesía: la salida del bonapartismo. El Gobierno de Cristina hace rato que dio muestras de, no sólo comprender el problema, sino de conocer la solución: represión y ajuste. Frente a estas dos palabras el universo progresista y popular se altera y aparecen los mismos fantasmas de siempre para ocultar una política de Estado: “Duhalde”, “la derecha”, etc. Mientras tanto, reprimimos, acordamos con “la derecha”, llamamos al FMI, etc. Al igual que con el asesinato de Mariano Ferreyra, en este hecho nadie puede asumir la defensa del papel jugado por el Gobierno de Cristina en el desalojo del predio Indoamericano como “progresista”. La solución final al episodio es indicativa del “progresismo” del gobierno: a partir de ahora, el que “ocupa” pierde todo beneficio, presente o futuro.
Los hechos de Soldati, Bernal y Retiro, nos muestran, en primer lugar, las condiciones sociales de miseria en que se reproduce una fracción de la clase obrera en la Argentina. Esta misma fracción acude a la toma porque ya experimentó dónde concluyen las políticas de vivienda del Gobierno de la Ciudad, del gobierno nacional y de asociaciones como Madres de Plaza de Mayo (con la ayuda de Macri): en nada.
Por otro, las causas que detonaron este hecho no surgieron sólo de un reclamo de viviendas por parte de un sector de Soldati o Lugano. Estos sucesos son un fenómeno que se relaciona con el adelantamiento de las elecciones de la ciudad y las negociaciones del entramado político-punteril de Buenos Aires. No obstante, no estaba previsto que tomara la dimensión social que tuvo. Todo este proceso lo explicamos en los artículos del LAP. Pero si bien los Gobierno de Cristina y Macri lograron sacar la gente del Indoamericano, el asunto no parece terminar de la misma manera en las tomas de Villa Lugano y Retiro. Esto también implicó un costo para el Gobierno de Cristina, que tuvo que efectuar cambios en el gabinete. ¿Viene un aire más progresista con estos cambios? Garré anunciará el despliegue de 6 mil gendarmes en las zonas más conflictivas del conurbano para que “colaboren con la Policía Bonaerense en la prevención y persecución del delito”. El titular de la fuerza policial más importante del país será el comisario Enrique Capdevilla. El comisario general Néstor Vallecca, afectado por la crisis del Parque Indoamericano, dejó su cargo, igual que su segundo, Jorge Oriolo. Capdevilla era el director de Orden Urbano y Federal, es decir, tenía a su cargo a la Infantería y a la Policía Montada. Pequeña muestra del giro represivo que se produce dentro del Gobierno. Garré cambió a toda cúpula de la Policía Federal. El recambio del personal político anuncia una escalada represiva como política de estado.
Lo que venimos señalando en estas páginas, desde la asunción de Cristina Fernández, es que el Gobierno tiene planteado hace rato el problema de la salida del bonapartismo. Por lo tanto, como vemos, diferentes indicadores sociales, políticos y económicos que analizamos en estas páginas muestran que se está ejecutando el programa político que implica ajuste por un lado y represión por el otro. El mapa para la burguesía y el personal político que la acaudille es el de profundizar esta línea política. Mariano Ferreyra, la represión en Soldati, son fenómenos que empezaremos a ver con más frecuencia que antes. Están alistando a la tropa.