En recientes artículos hemos analizado un nuevo avance del imperialismo norteamericano sobre Latinoamérica.1 A su vez, hemos comenzado a indagar los límites de los gobiernos de la región para ponerle un freno.2 En este artículo profundizaremos en las características de la alianza entre los Estados Unidos y Colombia, además de atender a las propuestas de los bonapartistas para enfrentarla.
El objetivo de las bases yanquis en Colombia
El 30 de octubre pasado se firmó el “Acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad entre los gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América”, que sanciona la alianza entre ambas naciones por diez años. Dividido en 25 artículos, lo primero que sobresale de este documento es lo que no dice: no hace referencia a las actividades que habilita la alianza. Tan sólo se asegura que “las partes operativas desarrollaran protocolos y establecerán responsabilidades para la seguridad, acceso y uso de las instalaciones, y equipos para los cuales Estados Unidos requieren medidas de seguridad especiales”. 3 Por otro lado, tampoco prohíbe que los norteamericanos salgan del territorio colombiano, ya que suele utilizarse la frase “cuando se encuentren en suelo colombiano”, lo que implícitamente, habilita la intervención en el resto de los países que no firmaron el acuerdo. En cuanto a sus objetivos, se plantea que ambas partes buscan “profundizar su cooperación en áreas tales como interoperabilidad, procedimientos conjuntos, logística y equipo, entrenamiento e instrucción, intercambio de inteligencia, capacidades de vigilancia y reconocimiento, ejercicios combinados y otras actividades acordadas mutuamente, para enfrentar amenazas comunes a la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia”.4 A todas luces, se evidencia que el objetivo principal del acuerdo es combatir a las fuerzas políticas que enfrenten a “la libertad y la democracia”, es decir, a toda organización que se plantee una estrategia revolucionaria.
Otra de las garantías que obtuvieron los norteamericanos es la inmunidad diplomática, por la que, en caso de cometer algún “delito”, serán juzgados en los EE.UU., no teniendo ningún poder sobre ellos el gobierno colombiano. Siguiendo la misma línea, el articulo 24 plantea que cualquier controversia será resuelta “entre las partes” o “a través de la vía diplomática”, excluyendo cualquier intervención ajena a los intereses de ambos gobiernos. Incluso, los militares yanquis recibirán un beneficio impositivo, ya que buena parte de los soldados y empleados de las bases serán exceptuados del pago de impuestos.5 El acuerdo también plantea la posibilidad de hacer buenos negocios, en particular para los yanquis, al plantear que “los contratistas de EE.UU. podrán emplear a nacionales de EE.UU. o de otros países”, mientras que “los Estados Unidos recibirán con agrado las propuestas de los contratistas colombianos o residentes en Colombia”.6
Además del acuerdo, otros documentos explicitan el objetivo principal de las bases: la realización de “operaciones de espectro completo, en una sub-región crítica de nuestro hemisferio, donde la seguridad y estabilidad están bajo amenazas constante por la insurgencia terrorista, financiada por el narcotráfico, los gobiernos antiestadounidenses, la pobreza endémica y los frecuentes desastres naturales”.7 Por lo que el acuerdo intenta “mejorar la capacidad de Estados Unidos para responder rápidamente a una crisis y asegurar el acceso regional y presencia estadounidense con un costo mínimo”.
La propuesta bonapartista
Ante semejante avanzada, Evo Morales, Hugo Chávez y Rafael Correa no han hecho otra cosa que responder en los marcos solicitados por el imperialismo, a saber, la “vía diplomática”, lo que ha redundado en una ratificación del zarpazo norteamericano.
Por el lado venezolano, más allá de las amenazas de “vientos de guerra” de Chávez, lo único que ha hecho el “socialismo del siglo XXI” es solicitarle a las Naciones Unidas (es decir, a los propios EE.UU.) que detenga la instalación de las bases. El representante venezolano, Jorge Valero, consideró que la situación “tiene un trasfondo expansionista del gobierno de Estados Unidos para convertir a Colombia en un punto enclave de dominación política, económica, cultural y militar de todo el continente”.8 A su forma de protesta se le unió hasta el ex presidente de Colombia, Ernesto Samper, que reconoció que “estas bases no son para luchar contra el terrorismo y el narcotráfico en Colombia”, sosteniendo, en cambio, que se trata de “un portaviones para vigilancia electrónica del hemisferio. Y eso es lo que temen con razón, no solamente Venezuela, sino también Brasil y los demás países de la Unasur”.9 Quien clarificó la estrategia de Venezuela y sus aliados latinoamericanos fue Nicolás Maduro, Ministro de Relaciones Exteriores, al asegurar que su gobierno se concentraría en denunciar lo acontece en la región.
Tampoco plantea una salida el gobierno ecuatoriano que, el pasado 13 de noviembre, reestableció sus relaciones bilaterales con Colombia, rotas desde marzo de 2008, por el asesinato del dirigente de las FARC Raúl Reyes, por parte del ejército colombiano en tierras ecuatorianas. A partir de la reactivación de la Comisión Nacional de Fronteras y de la anulación de la orden de detención contra el ex Ministro de Defensa y del General Padilla, ambos Estados manifiestan su intención de recomponer sus relaciones políticas, comerciales y militares. En este sentido, ya se realizó una reunión de diálogo entre el canciller colombiano, Jaime Bermúdez, y el ecuatoriano, Fander Falconí, en la que se resolvió crear comisiones de trabajo en seguridad y criminalidad, desarrollo fronterizo y asuntos sensibles. Semejante acercamiento no podía dejar de lado la cuestión de las FARC, señalando ambos gobiernos que “los esfuerzos que haremos los dos países mejorarán los mecanismos de intercambio de información y solución de problemas limítrofes”, como señaló el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Fabián Varela.10
A su vez, Evo Morales no ofrece otra salida que la que llevó a la Revolución boliviana a un pantano del que aún no puede salir: más y más “referendos” democráticos. A pesar de señalar, correctamente, que la política militar de los EE.UU. combate a “los pueblos revolucionarios”, propuso someter a referendo regional la presencia de las bases, además de plantear la necesidad de que las Fuerzas Armadas del ALBA adoptaran “nuevas doctrinas revolucionarias, nacionalistas al servicio de los pueblos”. Su cruzada por la democracia burguesa lo llevó, también, a llamar a los sectores democráticos de Colombia a que “se organicen” contra “aquellos partidos que quieran convertir a Colombia en una base militar norteamericana”. 11
Caras y caretas: tres salidas inútiles
Pocas dudas quedan con respecto a los objetivos principales de la avanzada norteamericana: frente a una posible radicalización del proceso revolucionario latinoamericano, al calor de la crisis mundial, tener la capacidad de intervenir rápida y efectivamente.
También es un hecho que las medidas llevadas a cabo por los bonapartismos muestran que ni Evo, ni Chávez, ni Correa pueden dar una salida certera al asunto, ya que apelan a diferentes instancias de la democracia liberal (Unasur, ONU, referendos) que, lejos de ser una alternativa, no hacen otra cosa que legitimar la presencia norteamericana. Con este accionar, no sólo dilatan la respuesta y permiten el avance del imperio, sino que llevan a las masas a depositar su confianza en instituciones que la historia ya ha desenmascarado. En este sentido, de poco le sirvió a los iraquíes que la ONU no autorizara la invasión de los EE.UU. A su vez, Salvador Allende cavó su propia tumba al apelar al “nacionalismo” de sus generales, que terminaron derrocándolo. Por otro lado, poca justificación tiene la política de Ecuador que, a pesar de una retórica encendida en la cumbre de Unasur, en los hechos no hace más que recomponer sus relaciones con Colombia.
Los principales dirigentes bonapartistas están llevando a las masas a una derrota aplastante. Con semejantes direcciones, de ninguna manera puede apelarse a la “integración latinoamericana”, como señaló la intelectual chavista Eva Golinger desde las páginas de Prensa Obrera.12 Por el contrario, las masas deben tomar en sus manos la defensa de las conquistas que han obtenido a lo largo de la última década. Frente a la avanzada militar burguesa, la salida es política. Sólo la movilización popular y mayores niveles de organización de la clase obrera, en total independencia de la burguesía, puede enfrentar al Imperio.
Notas
1 Grimaldi, Nicolás: “El guardaespaldas. O por qué interviene el Comando Sur de los EE.UU. en Latinoamérica”, en El Aromo Nº 51, 2009.
2 Grimaldi, Nicolás: “El imperialismo doméstico. El programa burgués y contrarrevolucionario de la UNASUR”, en El Aromo Nº 50, 2009.
3 Ver el “Acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad entre los gobiernos de la Republica de Colombia y de los Estados Unidos de America”.
4 Ídem.
5 Ídem.
6 Ídem.
7 Departamento de la Fuerza Aérea: “Programa de construcción militar. Año fiscal 2010”, mayo de 2009, enwww.centrodealerta.org/.
8 http://www.telesurtv.net//.
9 Ídem.
10 http://www.hoy.com.ec.
11 http://www.radiolaprimerisima.com.
12 Prensa Obrera, N° 1108, 12/11/2009. Golinger, llamada por Chávez “la novia de Venezuela”, es investigadora del Centro Internacional Miranda (CIM), en cuya página web se le agradece su lucha por “construir un país autónomo, de equidad y justicia social, hacia el Socialismo del siglo XXI”. Véase República Bolivariana de Venezuela, Centro Internacional Miranda, enhttp://centrointernacionalmiranda.gob.ve/. Para un análisis de esta usina del pensamiento bolivariano puede consultarse Schlez, Mariano: “Pensar al revés. Las bases teóricas del chavismo”, en El Aromo, nº 41, marzo-abril de 2008.
