DNU y Ley Ómnibus: vayamos por todo

El DNU y proyecto de Ley Omnibus enviados por Milei al Congreso constituyen un brutal ataque a la clase obrera en su conjunto, principalmente en lo que tiene que ver con la eliminación de derechos laborales y garantías constitucionales como el derecho a huelga, a protestar y a reunirse. La educación y la docencia obviamente no son ajenas a estos atropellos.
En términos generales, la docencia se ve atacada por la declaración del área como esencial, que no implica un aumento presupuestario o mejoras salariales como debiera suceder con un área central, si no que implica la eliminación lisa y llana del derecho a la protesta. En efecto, el DNU de Milei plantea que los trabajadores de la educación (igual que muchas otras actividades declaradas “esenciales” o “trascendentales” por el DNU), ante una medida de fuerza deben garantizar un 75% de funcionamiento pleno del servicio. Esto, además de impracticable en la realidad, implica una violación directa del derecho constitucional a la huelga, avalado a su vez por diferentes tratados internacionales con rango constitucional. Plantear que solo ¼ del personal docente puede adherir a una huelga implica enajenar ese derecho a las ¾ partes restantes. El mismo ataque sufrimos los docentes con la prohibición, con riesgo de sanción penal, de movilizar o reunirnos que aparecen en la Ley Ómnibus, o con la prohibición de asambleas en los lugares de trabajo si se afecta la “actividad normal” de los establecimientos, como plantea el DNU. También está en riesgo la misma personería de los sindicatos que convoquen al paro y no garanticen el “normal” funcionamiento de este ahora servicio esencial.
La docencia también se ve afectada por el establecimiento de la obligatoriedad de descontar los días de paros, algo que en los hechos ya sucede en provincias con gobiernos kirchneristas o macristas, pero que ahora tomaría forma legal violando la jurisprudencia previa que establece el carácter alimentario del salario. A su vez, podría verse afectada la estabilidad docente, por el antecedente negativo que implica la modificación de la Ley de Empleo Público en ese sentido, algo que a futuro podría intentar extenderse al ámbito educativo.
En el proyecto de Ley Ómnibus también se ve afectada la docencia y la educación en los apartados del Capítulo II Sección 1. Allí, plantea una evaluación obligatoria para todos los estudiantes del último año de secundaria, la posibilidad de que los estudiantes, los padres y madres, y los docentes, puedan acceder a la información de los resultados de las diferentes evaluaciones, así como también permite la alternancia de educación presencial con otras formas de educación a partir del segundo ciclo de la primaria. Esto último resulta llamativo, sobre todo de funcionarios que fueron defensores a ultranza de la presencialidad en plena pandemia, pero que ahora permiten la virtualidad o la educación a distancia. Cabe destacar además que, medidas sueltas como las pruebas, atacan el problema al final del camino. En efecto, las chicas y chicos que iniciarán la escuela secundaria en 2024 tienen una trayectoria educativa que no consolidó las herramientas mínimas. Lo mismo ocurre con los que se encuentran en el segundo ciclo de primaria. Con qué acciones y recursos se atacará ese problema no lo sabemos. Tampoco se indica cuál será la incumbencia de esa evaluación censal al terminar la secundaria.
Finalmente, el artículo 545 de esta sección, establece la evaluación docente continúa con revalidación de capacidades y conocimientos cada 5 años. Este punto resulta sumamente contradictorio con evaluaciones que ya existen, como es el caso del concepto docente, que existe en CABA y Misiones por ejemplo, donde somos evaluados anualmente, y no se especifica cómo será la convivencia entre estas formas de evaluación. Además, no aparecen las especificaciones de dicha evaluación. Por ejemplo, los mecanismos de concepto mencionados recientemente tienen como cuestiones a evaluar el respeto por las normas institucionales, la comunicación con las familias, el cumplimiento de plazos administrativos, entre otras cuestiones, que solo pueden ser evaluadas por las autoridades competentes de la institución y no por algún funcionario detrás de un escritorio a kilómetros de distancia. Podemos suponer que lo que tomará en cuenta dicha evaluación es la formación del docente durante esos años. Ahora bien, con salarios de pobreza, trabajando doble o triple turno, ¿qué formación se puede exigir? ¿Se puede realizar una tesis de maestría en 5 años trabajando 12 horas por día? ¿Se pueden realizar cursos de formación cuando eso implica sufrir descuentos por inasistencias? El gobierno de Milei, como lo ha hecho ya el macrismo y el kirchnerismo, busca culpabilizar a los docentes por la situación de la educación, sin hacerse cargo del impacto educativo del desastre social que dejaron y piensan dejar. Contradictorio con todo ello, se permite la participación de profesionales no docentes en el proceso educativo. Cabe preguntarse: ¿en qué quedamos?
A estos ataques se suman otros, como el impacto salarial de la eliminación de las transferencias a las provincias, que afecta directamente a las que tienen menos recursos, como ya está sucediendo por ejemplo en Misiones, con descuentos nominales de varios miles de pesos por el no cobro de la garantía salarial. Ni hablar de la perspectiva que tenemos para las paritarias 2024, tras varios meses de elevada inflación que ya han comenzado a licuar nuestros salarios. En el marco de la ofensiva desatada por Milei contra el conjunto de los trabajadores no podemos descartar que las paritarias no se abran, o que ofrezcan aumentos muy inferiores a la inflación. Y si se aprueban el DNU y la Ley Ómnibus, veremos seriamente limitada nuestra capacidad de responder con huelgas y movilizaciones.
Por otro lado, los paladines de “la educación es competencia de las familias” se aseguran, de todos modos, su propio “relato”: en el artículo 547° de la ley establecen que se fortalecerá las bibliotecas y se crearán programas para la lectura. Para determinar qué se lee en las escuelas si hay plata.
Al DNU y la Ley Ómnibus hay que rechazarlos, pero a Milei también hay que enfrentarlo como propuestas alternativas, para que el ajuste no lo pague la clase obrera. Necesitamos un salario igual a dos canastas básicas totales por cargo, que nos permita no solo satisfacer nuestras necesidades biológicas sino también invertir en nuestro capital cultural, algo indispensable en nuestro trabajo. Se nos exige capacitación pero los estatutos no otorgan licencias para cursar estudios, necesitamos que se incorpore la formación como un derecho estatutario más, para no seguir sufriendo descuentos sobre nuestros magros salarios. Necesitamos también un plan de obras públicas para la construcción y refacción de escuelas. Basta de hacinamiento, falta de gas, de luz o de agua. También se requiere la construcción de jardines de infantes y maternales, para que ningún niño o niña se queden sin vacantes volviendo caótica la vida de las familias. No sobran docentes, faltan para el armado de parejas pedagógicas que propicien la educación personalizada, así como también se necesita personal para la conformación de gabinetes pedagógicos y psicológicos que atiendan los problemas que inundan las aulas.
Si no hay plata, que el ajuste lo paguen los empresarios, para los que el DNU y la Ley Ómnibus habilitan decenas de negocios mientras el Estado les condona deudas y sigue sosteniendo los regímenes que les permiten amasar fortunas a nuestra costa. Necesitamos organizarnos con asambleas por escuelas y asambleas sindicales para organizar la lucha contra la licuación de nuestros salarios, la destrucción de nuestras condiciones laborales y el cercenamiento de derechos constitucionales. Y sobre todo, confluir en una Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados para empezar a discutir en ella una alternativa política de los trabajadores para hacer frente a la crisis. La crisis educativa que todos los gobiernos, durante las últimas décadas, han alimentado, no se soluciona ni con medidas cosméticas que acentúan la degradación ni con el ajuste y la regimentación de la docencia.
Corriente Nacional Docente Conti Santoro