La lucha de clases en México
La situación actual, de movilización y descrédito de los políticos burgueses, exige poner en pie una estructura que permita canalizar el descontento social en una salida política para la inmensa mayoría de mexicanos.
Por Nicolás Grimaldi (LAP-CEICS)
La Normal de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, en el Estado de Guerrero, fue fundada en 1926. De allí egresaron Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, líderes guerrilleros en las décadas del ’60 y ’70. En el año 2005, los normalistas fueron reprimidos al bloquear la ruta para exigir puestos de trabajo para los egresados. En 2007, emprendieron una larga lucha para evitar el cierre del normal. En 2011, dos estudiantes fueron asesinados por las fuerzas policiales en una de sus colectas. En enero de este año, otros dos fueron atropellados por un tráiler en circunstancias confusas.
El 26 de septiembre, los normalistas se encontraban en la ciudad de Iguala, efectuando una colecta para realizar sus prácticas docentes y, además, para asistir al acto conmemorativo por la masacre del 2 de octubre de 1968 que se realizaría en la ciudad de México. Mientras “boteaban” (como le dicen a recaudar fondos), fueron agredidos por policías y sicarios dejando un saldo de 6 muertos (tres estudiantes), 25 heridos y 43 estudiantes desaparecidos al término de la represión (véase entrevista en este número). Se sospecha que los estudiantes fueron entregados a un grupo criminal llamado “Guerreros Unidos”. Las repercusiones no tardaron en extenderse por todo el país. El escándalo tomó un vuelo internacional. Varios normales fueron tomados. Se creó un comité de solidaridad de las organizaciones en lucha y las marchas se multiplicaron.
En ese contexto, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, pidió licencia para fugarse con su mujer, María de los Ángeles Pineda. Pineda es nada menos que la hermana de dos jerarcas del narcotráfico local, y fue señalada en un reporte del servicio de inteligencia como quien ordenó al director de Seguridad Pública Municipal que reprimiera a los estudiantes, temiendo que interrumpieran un discurso que ella debía dar ese día. Finalmente, la pareja gobernante fue apresada en Iztapalapa. El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, indicó que María de los Ángeles Pineda fue identificada por Sidronio Casasrubias Salgado, unos de los líderes de Guerrero Unidos que se encuentra en prisión, como la principal operadora del grupo criminal desde la presidencia municipal, en compañía de su marido y del secretario de Seguridad de Iguala, Felipe Flores Velázquez. También, dijo que Abarca pagaba entre dos y tres millones de pesos a Guerreros Unidos para tener bajo control la localidad.1 Sidronio habría declarado que su lugarteniente, “el cabo Gil”, se comunicó con él informándole que tenía que hacerse cargo de un grupo de personas, que serían los estudiantes. El “cabo Gil”, sería el nexo entre las policías municipales de Iguala y Cocula con la organización criminal.2
Avanzada burguesa
Este hecho se da en un contexto general de avanzada sobre los derechos civiles de los trabajadores, pero también sobre sus condiciones materiales y hasta de su propia vida. La gran mayoría de la población mexicana vive en debajo de la línea de pobreza, siendo Chiapas, Guerrero, Puebla y Oaxaca, los estados más pobres con más del 60% de la población en esa situación.3 A su vez, estos sitios han sido protagonistas de diferentes formas de represión estatal, ya sea bajo el gobierno de Calderón, entre el 2006-2012, como en lo que va del gobierno de Peña Nieto. La mayoría de las detenciones arbitrarias ocurridas entre junio del 2013 y mayo del 2014 se produjeron en el DF, Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Chiapas y Puebla. En tanto las desapariciones forzadas ocurrieron, en su mayoría, en Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas. En estos estados, también, se produjo la mayor cantidad de ejecuciones extrajudiciales.4 Estas acciones, se dan en el marco de las modificaciones realizadas a la Ley Antiterrorismo, originalmente sancionada por Calderón. Dichos cambios se empezaron a discutir en el 2013 y se aprobaron en el 2014, con críticas del PRD y el PT. De acuerdo a la nueva reglamentación, se eliminó el último párrafo del Artículo 139 del Código Penal Federal, en el que se establecía que “no se considerarán como un acto terrorista las manifestaciones realizadas por grupos sociales”. Por lo tanto, cualquier protesta puede ser penalizada y hasta reprimida con el mayor rigor. También se aprobó la facultad presidencial para suspender garantías y derechos ciudadanos sin necesidad de consultar a ningún organismo. A esto, hay que sumarle la denominada “ley antiprotesta” que se intentó aplicar en abril y se está buscando aplicar ahora por iniciativa del PRI y el PAN. Hay antecedentes de esto en el Estado de Puebla, donde se aplicó la “Ley Bala”, que permitía el uso de armas no letales, y en un principio admitía también la utilización de armas de fuego, para reprimir las movilizaciones. Esta ley fue derogada luego de que se produjera la muerte de un chico de 13 años en un desalojo.
En el DF, el PRI y el PAN impulsaron una Ley de Manifestaciones que le permite a la policía disuadir las movilizaciones que se realicen en vías primarias, u obstruyan negocios o edificios públicos, y establece que las movilizaciones debían realizarse solo entre las 11 y las 18, con un aviso de 48 hs de anticipación. Leyes similares se impulsaron en Quintana Roo, Jalisco y Oaxaca. Las últimas reformas en materia de seguridad impulsadas por Peña Nieto han sido celebradas por el propio Kerry, desde los EE.UU.
A estas reformas represivas, hay que sumarles otras. Por ejemplo, la reforma energética, que permite la privatización de la exploración petrolera y de la distribución de energía eléctrica. La reforma de telecomunicaciones, que beneficia sobre todo a Televisa. La reforma bancaria, que permite el avance de los bancos sobre los bienes de los deudores. Además, si bien se eliminó el IVA en los medicamentos y los alimentos, se implantó una eliminación paulatina de los subsidios a la nafta y el diesel, que sumado a la devaluación, derivó en un aumento del costo de vida para los trabajadores. También, se realizaron reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales que permiten a las fuerzas policiales actuar sin orden judicial para la inspección de viviendas, individuos, o rastreo de celulares. Finalmente, se debe destacar la reforma electoral, que permite la reelección hasta por doce años de senadores y diputados. Por último, la reforma laboral que consagra la precarización, a partir de la creación de trabajos a prueba, la jornada reducida, facilitar los despidos, debilitar la contratación colectiva, y estipular que en el caso de aquellos trabajadores que logren su reincorporación al trabajo, solo cobren un año de sueldo, y no el equivalente a lo que dure el juicio (promedio de entre 3 y 4 años), como garantizaba la ley anterior. Como vemos, la desaparición de los estudiantes se da en el marco de la avanzada de la burguesía contra las condiciones de vida de la población, lo que permite explicar la masividad de la respuesta, a lo largo de todo el país.
La avanzada burguesa tiene como premisa una la falta de organización de la clase obrera mexicana, no solo en el aspecto político, sino también en el aspecto corporativo. Si observamos la tasa de sindicalización de los trabajadores, encontramos que ronda el 8% respecto a la PEA5, muy por debajo de Argentina (37%), o incluso de EE.UU. (11.3%). A esto, debe sumarle que las entidades sindicales se encuentran tomadas por el PRI. El Congreso del Trabajo respaldó las medidas tomadas por Peña Nieto respecto a la situación de los estudiantes. La Confederación Regional Obrero Mexicana aclaró que Peña Nieto “no es responsable por lo sucedido”, aunque “ha habido algunas deficiencias en la política de seguridad”. Sí hay que reconocer que la UNT se movilizó el pasado 1° de diciembre junto a los trabajadores de Universidad Autónoma de México, estudiantes y padres. De la marcha, participaron cerca de 5.000 trabajadores. Es evidente que la lucha no provendrá del movimiento sindical.
Las respuestas
Inmediatamente después de la desaparición de los estudiantes, se realizaron marchas en los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Jalisco y el DF. En Chilpancingo, la capital de Guerrero, 50.000 manifestantes exigieron la aparición de los estudiantes, el esclarecimiento de la muerte de seis personas y la renuncia del gobernador Ángel Aguirre, del PRD. En octubre, en la ciudad de México, se manifestaron unas 15.000 personas encabezadas por familiares de los estudiantes. Poco antes del cierre de la marcha, un grupo de manifestantes abucheó e insultó a Cuauhtémoc Cárdenas, tres veces candidato presidencial y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) -que gobierna en Guerrero e Iguala-, y fue obligado a abandonar la protesta. Cárdenas terminó renunciando al PRD, seguido por dirigentes fundadores del PRD en Puebla. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) marcharon en silencio en solidaridad con los estudiantes de Guerrero. En Michoacán, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, realizó un paro y movilización el 8 de octubre, así como también diversas manifestaciones de estudiantes. Las movilizaciones se fueron radicalizando, hasta las últimas donde se pedía le renuncia del propio presidente mexicano. En los últimos días, los padres ingresaron al mismísimo Senado y los acusaron de ser indiferentes ante la situación. El 1° de diciembre se realizó una movilización masiva (más de 100.000 personas) en la ciudad de México que terminó en represión y detenidos. El 6 de diciembre, una jornada que debía ser decisiva, la capital concentró 25 mil asistentes. En las últimas manifestaciones se exigió la renuncia de Peña Nieto. La crisis del PRI y del PRD llevó a varios parlamentarios a retirar su apoyo al presidente, que es sostenido, por ahora, por la Casa Blanca.
Como podemos observar, el proceso de movilización se desató a lo largo del país, radicalizando sus reclamos. Sin embargo, debe destacarse que la inmensa mayoría de los movilizados se referencian con el zapatismo, lo cual implica un límite importante a las potencialidades del movimiento. La situación actual, de movilización y descrédito de los políticos burgueses, exige poner en pie una estructura que permita canalizar el descontento social en una salida política para la inmensa mayoría de mexicanos. Es decir, exige la construcción de un partido de la clase obrera. Sin embargo, el zapatismo, si bien se ha sumado a las protestas, no ha convocado a las movilizaciones bajo ninguna proclama concreta, ni siquiera por la renuncia de Peña Nieto. Sus comunicados y declaraciones apuntan más a la solidaridad con los padres, el reclamo por justicia y a denunciar “lo podrido que está el sistema político”, que a una propuesta concreta.6 En vez de potenciar las movilizaciones, el zapatismo apela a la lástima. Y es este el punto clave de la situación política de México. Desgastados los partidos políticos burgueses, como el PRD, y ante la respuesta represiva del PRI, la construcción de una organización que abroquele a la clase obrera en un programa revolucionario tendría buenos augurios asegurados.
Notas
1 La Jornada, 28/10/2014
2 http://goo.gl/wOxCTO
3 Datos extraídos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
4 http://goo.gl/EYqCmx
5 http://goo.gl/THR0zk
6 Los comunicados y declaraciones pueden verse en http://goo.gl/wviUlt
