De Perón a Kirchner, de Chávez a Maduro: las metamorfosis de los bonapartismos latinoamericanos.

Por Marina Kabat *

En el pasado fueron Vargas, Cárdenas y Perón. En el siglo XXI, Chávez, Kirchner, Evo Morales. Los países de América Latina se han caracterizado por una serie de gobiernos con liderazgos personalistas y alta concentración del poder político que, muchas veces, fueron erróneamente caracterizados como regímenes socialistas o de tintes izquierdistas. Esta confusión se debe, en parte, a que la más simple y ordinaria medida de nacionalismo económico es leída como izquierdista, si la ejecuta un país considerado periférico o dependiente. El equívoco también es alentado por estos gobernantes, quienes apelan a un discurso más radicalizado mientras pelean por acceder al poder, para luego implementar políticas más cercanas a la derecha, cuando se consolidan en el mismo. La historia del peronismo y el chavismo permite ilustrar este fenómeno y desnudar los mitos construidos en torno al mismo.

El primer peronismo

El peronismo nace después de que se frustraran los planes dictatoriales de Perón y sus colegas de armas. Tras el golpe militar de junio de 1943, Perón se constituye en el hombre fuerte del gobierno de facto. Reúne en su sola persona los cargos de Ministro de Guerra, Vicepresidente y Secretario de Trabajo y Previsión. Su proyecto era establecer una dictadura a largo plazo, similar a la que, por ese entonces, Franco lideraba en España.

En este gobierno se instituye la educación religiosa en las escuelas públicas, se prohíben los sindicatos comunistas, se persigue a sus dirigentes y se establece una fuerte censura en el ámbito de la cultura. Sin embargo, la oposición impide que este régimen se consolide. Durante 1945 se libra una intensa disputa política. En medio de esa batalla, Perón amplía la política laboral con el objetivo de expandir su base de apoyo. Como el mismo confiesa, les habla a los obreros en comunista, para captar su interés. Eso no alcanza para evitar su desplazamiento en un contexto en el cual los partidos opositores se envalentonan por el triunfo aliado en la guerra y festejan en las calles la derrota alemana como una victoria propia. En medio de esta ofensiva opositora, Perón es forzado a renunciar. Mientras él permanece detenido, se discute la convocatoria a elecciones y su carrera parece terminada. El mismo hace planes para su retiro.

Pero, entonces, un sector del sindicalismo acude a su rescate. Este grupo promueve una experiencia laborista en la Argentina y cree poder utilizar a Perón para impulsarla. La central sindical, la Confederación General del Trabajo (CGT), hace tiempo depurada de influencias comunistas, declara la huelga y el 17 de octubre una movilización pide la libertad del funcionario. Las autoridades que habían mantenido posiciones ambiguas respecto a Perón, lo liberan y él es conducido a la casa de gobierno, desde cuyos balcones habla a los manifestantes. El gobierno militar que, hasta entonces no había podido encontrar una forma digna de abandonar el poder sin admitir una derrota en toda la línea, encuentra en Perón un candidato continuista capaz de ganar las elecciones.

Algunos dirigentes gremiales que habían impulsado la movilización en defensa de Perón forman el Partido Laborista, cuyas normativas siguen el modelo de su homónimo británico. Tienen especial cuidado en establecer pautas que les aseguren el ejercicio de la democracia interna. Es evidente que temen a Perón y toman precauciones para no ser subsumidos bajo su égida. Pero, también Perón hace su juego. Resucitado a la vida política por los sindicatos no quiere depender de ellos. Para evitarlo, convoca a otros sectores políticos a impulsar su candidatura. Busca diluir a los dirigentes gremiales dentro de un movimiento más amplio al que incorpora sectores que actúen como contrapeso y que le permitan presentarse como árbitro entre grupos en pugna. Tiene un éxito solo parcial. Si bien recluta dirigentes de otras corrientes políticas y portavoces de diferentes sectores de la burguesía, a cuyos políticos reserva cargos preminentes, la mayoría de la burguesía y sus cuadros políticos se muestran reticentes.

La disputa política permanece abierta hasta la consagración de Perón en los comicios de 1946. Estas elecciones, controladas en última instancia solo por el mismo gobierno militar, lo dan ganador con un pequeño margen sobre sus contrincantes. Frustrado su intento de imponer una dictadura militar de largo plazo, Perón aun aspiraba a establecer un sistema político donde pudiera concentrar el poder político y regimentar la vida social. Para ello, el primer obstáculo a sortear es la voluntad de aquellos sindicalistas que se habían movilizado para liberarlo y que promovieron su candidatura. Desde que asume como presidente toda la carga represiva la dirige contra este grupo. Por un lado, la policía sigue sus movimientos y, bajo distintos pretextos, les impide realizar actos y movilizaciones políticas. En forma complementaria, Perón que no podía atacarlos en forma abierta recurre a los servicios de la Alianza Libertadora Nacionalista, un organismo parapolicial, de extrema derecha. Esta ALN comete asesinatos y varios atentados contra los laboristas.

Perón da la orden de disolver el partido laborista y su integración al nuevo partido peronista que él crea. Al mismo tiempo busca incidir en las decisiones de la central sindical, la CGT. En ambos casos los laboristas resisten esta injerencia e intentan mantener su independencia. El diputado laborista Cipriano Reyes, tras sobrevivir varios intentos frustrados de asesinato, es acusado de complot, encarcelado y torturado. Luis Gay, quien presidía la CGT, termina renunciando ante la amenaza de sufrir la misma suerte. Se clausura la experiencia del Partido Laborista. Desde entonces, la dirección de la central sindical quedó en manos de dirigentes escogidos desde arriba. Al punto que una crisis de gabinete y recambio de ministros implicaba también un remplazo en la dirigencia de la CGT, como ocurrió durante 1955.

A Perón, le llevó tres años, desde 1946 a 1949, el disciplinamiento del sector laborista y el control de la CGT. Pero, una vez logrado eso, la misma CGT actuó como brazo represor del gobierno en le movimiento obrero. Intervino sindicatos y seccionales combativas. Reprimió mediante patotas sindicales, desautorizó huelgas e incluso organizó medidas de protesta destinadas acallar las disidencias. Por ejemplo, ante el asesinato y la desaparición de un obrero en medio de la huelga de los trabajadores azucareros, la CGT declaró un día de huelga no en solidaridad con los huelguistas, sino en apoyo al gobierno a quien decían la prensa difamaba con falsas denuncias de represión. Cuando el cuerpo del obrero asesinado apareció y se comprobaron las torturas en dependencias oficiales la CGT simplemente calló.

Durante los primeros años de la presidencia de Perón hay incrementos salariales y mejoras en las condiciones laborales. A través de movimientos huelguísticos los distintos gremios consiguen convenios colectivos favorables. Perón, de nuevo, en sus propias palabras, deja que los trabajadores se desquiten, que pidan y obtengan más de la cuenta, al tiempo que aclara que ya llegaría el momento de ajustar la correa.

A partir de 1949, con el laborismo fuera de juego y con el movimiento obrero estatizado a través de la CGT, ese momento llega. En un contexto de crisis económica se lanza un severo ajuste fiscal y económico. Progresivamente se elimina la negociación colectiva, se congelan salarios y se revierten las concesiones previas a los trabajadores.

La economía argentina se resiente porque el plan Marshall la aleja de los mercados habituales para sus cereales, en tanto los países europeos reciben granos de Estados Unidos. En un principio, eso propicia el acercamiento con el gobierno de Franco, la gira de Eva Perón por España e importantes acuerdos comerciales con este país y con Italia. Sin embargo, cuando Estados Unidos decide incorporar a estos países mediterráneos al Plan Marshall, esos acuerdos se rompen y la relación Perón-Franco se enfría. Pese a estas dificultades, Argentina sortea la crisis gracias a la capacidad de Perón de imponer restricciones al movimiento obrero, restricciones que difícilmente otro gobierno hubiera logrado imponer.

En ese contexto de ajuste económico se profundiza la represión policial y parapolicial. Se multiplican los detenidos sin juicio, las torturas y desapariciones asociadas a la Sección Especial de la Policía y a distintos organismos de inteligencia. Por su parte, la Alianza Libertadora Nacionalista, recibe dinero, armas y vehículos del Estado al tiempo que, en diversas acciones, como el asesinato de los dirigentes comunistas Jorge Calvo y Ángel Zelly, la policía libera la zona para facilitar su accionar.

En simultaneo crece el control sobre la prensa. Desde fines de 1949 actúa la comisión Visca que clausura centenares de diarios, organismos culturales e instituciones vinculadas con la defensa de los derechos humanos. Figuras artísticas de primer orden como Atahualpa Yupanqui, sufren persecución cárcel y tormentos.

En el ámbito educativo, se ejerce un fuerte control sobre la docencia y miles de maestros son cesanteados. A diferencia de lo que ocurre en España, en la Argentina este proceso se da a espaldas de la población por mecanismos secretos. La CIDE –Coordinación de Inteligencia del Estado- establece un servicio de enlace secreto en el Ministerio de Educación que se ocupa de identificar al personal que será sancionado. El mismo solo recibe la notificación de su cesantía, sin que haya mecanismos para conocer sus causales y mucho menos apelarla. Mientras que Franco crea Juntas depuradoras que actúan en forma pública y ofrecen al imputado, al menos en términos formales, la posibilidad de defensa, esta posibilidad está ausente bajo el peronismo. En una aparente paradoja, Franco, que gobierna en una dictadura decide institucionalizar y publicitar estos mecanismos para darles visos de legalidad y al menos una apariencia de justicia y, de esa forma legitimar su represión. En tanto, Perón, que en términos formales preside un régimen democrático, debe operar en las sombras.

En las vísperas del golpe militar que acaba con su segundo mandato, Perón ve su poder desgastado. El ajuste y la represión alienan parte del apoyo de sus bases. En 1954 y 1955 las protestas obreras resurgen y los trabajadores en la calle desobedecen a sindicatos y a Perón al proseguir huelgas que el gobierno declara ilegales. Perón intenta imponer lo que hoy llamaríamos una flexibilización laboral y convoca un Congreso de la Productividad, pero enfrenta la resistencia obrera por lo que obtiene magros resultados, al tiempo que desgasta su capital político. Enfrentado a una disyuntiva similar, Getulio Vargas se suicida en Brasil en 1954. Perón abandona sin luchar su puesto ante el golpe militar de septiembre de 1955. A diferencia de octubre de 1945, la clase obrera no sale a la calle, no lo defiende. Perón había erosionado su base de apoyo.

El último recurso de la burguesía.

Tras el golpe militar, Perón se exilia en España. Aun cuando años más tarde se convocan elecciones en la Argentina, no se permite al peronismo presentarse ni a su líder regresar al país. En la segunda mitad de los años sesenta en la Argentina se conforma una fuerza social revolucionaria. Crecen las organizaciones de izquierda e importantes insurrecciones obreras tienen lugar en todo el país. Este trasfondo político convierte a Perón en la última carta de la burguesía argentina contra ese proceso revolucionario en curso.

En los inicios de su carrera política, Perón se había ofrecido a cumplir ese rol. En un discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en 1944, explicó al empresariado la conveniencia de apoyar su proyecto como forma de prevenir la revolución social. Los empresarios debían ceder un poco para no perderlo todo. En ese entonces, no había resultado creíble. Pese al crecimiento del Partido Comunista y su ascendiente sobre el movimiento obrero, un proceso revolucionario no era entonces una amenaza inminente en la Argentina. La burguesía podía, pues, prescindir de sus servicios. Apoyar una concentración del poder político en una persona que gobernara con rasgos autoritarios, ponía en peligro no a la burguesía como clase, pero sí la suerte particular de cada burgués (siempre persiste el riesgo de que, mediante una expropiación puntual un empresario sea remplazado por otro adicto al régimen). Ese es un riesgo que la burguesía solo está dispuesta a correr cuando peligra el conjunto del sistema social de dominación (como es el caso en el momento del ascenso del nazismo o el franquismo). No era ese el escenario de la Argentina de los ’40. Pero, sí el que se estaba gestando a finales de los sesenta.

En 1972, tras 17 años de exilio, Perón regresa a la Argentina para cumplir con fidelidad todo aquello que había prometido al empresariado argentino en 1944. Las masas que durante el Cordobazo se movilizaban al calor de la consigna, “ni golpe ni elección: revolución”, se contentarían en consagrarlo presidente. Para conseguir esto antes de reconquistar el poder, Perón aparenta haberse corrido a la izquierda. Se refiere a agrupaciones políticas radicalizadas como “la juventud maravillosa” y en términos ambiguos alienta expectativas de reformas progresistas. Las ilusiones reformistas crecen y las organizaciones revolucionarias se debilitan.

Ya antes de asumir de nuevo el poder, Perón organiza la represión a las organizaciones de izquierda, inclusive de aquellas que participan del movimiento peronista. Al igual que había ocurrido antes con los laboristas, Montoneros, (organización peronista de izquierda) sufrirá las consecuencias. Como la amenaza revolucionaria en los 70’ es mayor, la represión que el peronismo despliega para combatirla resulta más cruenta, aunque se reconocen los trazos de la política desplegada en sus gobiernos anteriores.

El rol que antes había desempeñado la Alianza Libertadora Nacionalista, ahora lo va a cumplir la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina). Sus máximos dirigentes, quienes detentaban cargos en las fuerzas de seguridad del Estado son ascendidos por orden directa de Perón. Se multiplican los asesinatos de activistas y miles son forzados al exilio bajo amenaza de muerte. La prensa, que en las primeras presidencias peronistas fue controlada mediante la censura oficial y mecanismos indirectos como la no entrega de papel prensa a las editoriales opositoras, sufre en los ’70 atentados con bombas, hay periodistas asesinados y exiliados. Perón mismo amenaza en público a una periodista que osa preguntarle por el accionar de la Triple A. Se establecen normas que permiten al ejército actuar sin impedimentos legales de ningún tipo contra las organizaciones revolucionarias y se establecen centros de detención clandestina, algunos de los cuales continuarán en funcionamiento más tarde bajo la dictadura. Debido a esta cruenta represión, las principales organizaciones revolucionarias se hallaban derrotadas ya antes del golpe militar de marzo de 1976.

En el plano social, lejos de las esperanzas que había alentado, el gobierno peronista establece una política de ajuste: congela salarios, suspende la negociación colectiva y dicta la ley de prescindibilidad del empleo público que autorizaba a despedir trabajadores estatales debido a su militancia política.

Kirchnerismo y Chavismo

El ascenso kirchnerista está dado por un proceso de conmoción social, después de que una insurrección popular forzara la renuncia del presidente Fernando De La Rúa en diciembre de 2001. Después de este hito, el estado de movilización impide a la burguesía institucionalizar un gobierno, pero no alcanza a afirmar un proyecto propio. Los de arriba no pueden gobernar, pero los de abajo no consiguen hacerlo tampoco. En esa situación de empate, surge un personal político que iniciando su carrera por izquierda logra contener a las masas, desmovilizarlas luego para reafirmar el régimen burgués.

Si a mediados del siglo veinte Perón estatizó el movimiento obrero, a inicios del siglo XXI el kirchnerismo estatizó a los movimientos de desocupados. Estos habían surgido a finales de la década de los ’90 en respuesta al creciente desempleo. Al igual que había ocurrido en la primera presidencia peronista, durante los primeros años de gobierno kirchnerista el elevado precio internacional de las exportaciones argentinas, en este caso la soja, generó recursos que permitieron elevar el cuadro económico general. Sin embargo, no se trató de una mejoría genuina, sino de un avance relativo: los salarios reales se incrementaron en relación al piso que habían encontrado al caer en medio de la crisis, pero no llegaron siquiera a recuperar del todo los niveles que habían tenido antes de aquella crisis. Sin haber promovido en los años de bonanza cambios económicos estructurales, cuando los precios internacionales cayeron, el kirchnerismo impuso una política de ajuste. En ese momento su faceta represiva se recrudeció.

Por un lado, recrudece la represión estatal. Por otra parte, también aumenta la represión paraestatal, en este caso asociado al uso de patotas y barras bravas. De acuerdo a la contabilidad realizada por Fabián Harari, en las tres primeras presidencias kirchneristas, 46 trabajadores son asesinados en medio de la represión a acciones obreras. Si se comparan las tres presidencias de Perón y la de los Kirchner se torna evidente la continuidad de las políticas represivas que solo varían en forma y magnitud en función de la cantidad y profundidad del activismo obrero que enfrentan.

Parte de la base social del kirchnerismo proviene del mundo de la pequeña burguesía y requiere el mantenimiento de las ilusiones institucionalistas y democráticas caras a esta fracción social (al menos a la configuración histórica de la misma en Argentina). Con gestos simbólicos de escaso valor real el kirchnerismo conquistó y cooptó en su primer gobierno a sectores vinculados con organizaciones de derechos humanos. Más allá de cual sea su práctica política real el Kirchnerismo se coloca a sí mismo en las antípodas de la dictadura. Por ello, le resultaría difícil violentar el régimen político vigente de modo de transformar el actual sistema democrático en una dictadura, tal como ha acontecido en Venezuela. De tal modo, a diferencia del país caribeño, cuando el kirchnerismo entró en crisis, sufrió una derrota electoral y hubo una alternancia en el gobierno. Esta alternancia parece en vías de repetirse a juzgar por el resultado de las últimas elecciones de medio término (después de haber retornado al gobierno en diciembre de 2019 el kirchnerismo ha perdido las elecciones de medio término en noviembre de 2021).

La historia del chavismo tiene fuertes puntos en común con la del kirchnerismo. Emerge en el mismo contexto de movilización social que caracterizó a gran parte de América Latina en el cambio de siglo. En Venezuela desde el Caracazo en 1989 se sucedieron numerosas protestas sociales y la izquierda comenzó a crecer en los sindicatos, incluso Causa R, una escisión del PC gana la gobernación de Bolívar. Sin embargo, en vez de conformar un proyecto propio, gran parte de la izquierda se subordina en 1998 a la dirección de Hugo Chávez presentándose a elecciones en un frente con este candidato. Antes de realizar este frente, Chávez, un militar de carrera, había intentado en forma infructuosa llegar al poder mediante elecciones y a través de un golpe de estado. Chávez gana las elecciones de 1998 sin despertar especial entusiasmo (más de un tercio del electorado no se presenta a votar). De esta manera, Chávez que no tenía un proyecto de transformación social llega a la presidencia con cierta aura izquierdista en función de las agrupaciones que le habían prestado su apoyo.

Chávez realiza reformas políticas que le permiten concentrar el poder: habilitó al poder ejecutivo, es decir a sí mismo, a disolver la Asamblea Nacional, reservó al ejecutivo la administración de los recursos económicos comunales y el dictado de ascensos en el ejército. Si Perón en el inicio de su carrera consiguió centralizar funciones, laborales, asistenciales y represivas al ser al mismo tiempo Ministro de Guerra y Secretario de Trabajo y Previsión, Chávez logra lo mismo al concentrar esas funciones en la figura del presidente. Ambos sostuvieron con mano firme la zanahoria y el garrote al asegurarse el control directo y personal de los resortes que permitían tanto la coacción como el consenso.

A nivel económico, Chávez subió los impuestos a las compañías petroleras privadas y amplió la participación en el sector de la compañía estatal PDVSA. En un contexto de suba de los precios internacionales esta medida solo implica la captura por parte del Estado de la renta diferencial ocasionada por esas oscilaciones en el mercado. También remplazó directivos de la empresa estatal, colocando a funcionarios adictos.

Tras estas medidas en 2002 se produce un golpe de Estado y Chávez renuncia. En un movimiento equivalente al del 17 de octubre de 1945 en el que Perón es recuperado a la vida política por los trabajadores movilizados, Chávez es repuesto a la presidencia merced a una amplia movilización obrera de una naturaleza similar al Caracazo. Así como los obreros argentinos consiguieron luego con sus acciones más de lo que Perón quería otorgarles, la clase obrera venezolana que logra frenar el golpe actúa por su cuenta y obtiene diferentes victorias. El movimiento de fábricas ocupadas es parte de este proceso que opera por abajo y que Chávez en un principio tolera. Una oleada de ocupaciones es parte de la respuesta al intento de golpe de estado de 2002 y al lock out patrtonal que lo había acompañado. Ese año y el siguiente muchas firmas pequeñas o medianas que participaron del lock out fueron ocupadas. En un principio, el gobierno de Chávez no apoyó las medidas dejando que los casos se resolviesen por vía judicial ordinaria. Dos años de presión popular fueron necesarios para que recién en 2005 el gobierno comenzara a autorizar la expropiación de algunas de estas empresas. La represión oficial y el desalojo de los obreros que tomaron la fábrica de sanitarios Maracay muestra cómo la tolerancia de Chávez tenía un límite.

Chávez en todo momento combina concesiones con represión a la clase obrera. En un contexto de aumento de los precios del petróleo puede elevar salarios, aunque estos no superaron los niveles que habían alcanzado en otras épocas de bonanza, como la década del ’70. En el momento que la clase obrera se encuentra movilizada las concesiones son mayores y la represión es menor y adquiere formas más solapadas. Para ello se crean organismos parapoliciales de represión como son los colectivos motorizados. Estos reprimen movilizaciones opositoras e intentan mantener el control de las barriadas obreras donde estas se gestan. En gran parte a consecuencia de su accionar, bajo la presidencia de Chávez hubo 41 muertos obreros en movilizaciones, a razón de 3 por año. También se buscó debilitar la posición del clasismo y de los sectores independientes del estado dentro del movimiento obrero a través del asesinato de dirigentes gremiales y sociales. Entre 1999 y 2012 fueron asesinados 425 trabajadores, 318 de ellos eran dirigentes gremiales. Una vuelta de tuerca más en el grado de perversidad de la represión es que por el asesinato de Renny Rojas en una asamblea de trabajadores de Ferromineira, en vez de detener a su asesino el partidario del gobierno Hector Maican, se apresa a Rodney Alvarez dirigente gremial y compañero del obrero asesinado. Rodney Álvarez permanece hoy injustamente encarcelado.

En 2013, tras la muerte de Chávez, este es sucedido por Maduro. En un contexto de deterioro económico Maduro profundizó el ajuste y la represión a los obreros, al mismo tiempo que transformó su régimen en una dictadura. Disolvió el parlamento, suspendió la negociación colectiva en el ámbito público, lo cual por la importancia de las empresas estatales afectó a una porción importante de los trabajadores. Con salarios promedio que se ubicaron entre 2 y 5 dólares mensuales las estructuras clientelares de asistencia se convirtieron en las instituciones que permiten o impiden el acceso a los alimentos. Esta situación dio lugar al éxodo de la clase obrera venezolana: más del 20 por ciento de la población venezolana huyó del país.

Maduro perfeccionó los mecanismos represivos creados por Chaves: de los colectivos motorizados se pasó a organizaciones más estructuradas como las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales) que actúan ahora directamente como una fuerza especial en el marco de la propia Policía. Solo en 2017 las fuerzas represivas fueron responsables de la muerte de 5000 muertes. Las fuerzas represivas también aparecen vinculadas con casos de desaparición forzada de activistas, como el caso de la desaparición de Alcedo Mora en 2015.

El chavismo coqueteó con la izquierda de la mano de la ambigua retórica del “socialismo del siglo XXI”. Sin embargo, en ningún momento atentó contra la propiedad privada. Incluso, en el ámbito de la producción petrolera, el chavismo no desplazó a las compañías privadas fueran ellas nacionales o extranjeras. Hubo recambio en el mundo burgués asociado con el ascenso de la boliburguesía, empresarios adictos al gobierno que ganaron concesiones estatales, contratos para provisión de servicios, etc. y el desplazamiento de otras figuras. Pero, más allá de las ventajas o desventajas que el chavismo significara para cada uno de los empresarios particulares, el mismo jugó un rol favorable al conjunto de la burguesía, al desmovilizar y reprimir una clase obrera en ascenso que había derrumbado gobiernos anteriores. Las organizaciones de izquierda que en un principio facilitaron este proceso al apoyar a Chávez fueron sus principales víctimas. El chavismo se adjudica ahora el monopolio de la palabra socialista y ha ilegalizado organizaciones solo por usar tal palabra. Este proceso no representa una novedad histórica, en el siglo XX el Partido Comunista primero apoyó a Vargas en Brasil para luego ser ilegalizado y perseguido por él.

El nombre de la rosa

Los nombres con los que definimos las experiencias históricas no son neutrales. La noción de populismo ha sido impulsada muchas veces para presentar una visión apologética de los regímenes políticos que aquí hemos analizado. El rol de Laclau en la defensa y propaganda de estos gobiernos es paradigmático en ese sentido. El hecho de que ahora se califique a gobiernos como el de Trump o Bolsonaro como populismos de derecha, refuerza esta misma idea, en tanto se asume que los populismos clásicos serían de izquierda.

Por eso, resulta importante entender que estas experiencias son regímenes bonapartistas donde un personal ajeno a la clase obrera busca intermediar entre las fuerzas sociales enfrentadas, tal como hizo Luis Bonaparte al final de la Segunda República Francesa. Los gobiernos bonapartistas para poder contener y dirigir a las masas obreras en un principio deben hacerles mayores concesiones. Pero, todo el tiempo apuestan al control, disciplinamiento y estatización de esta clase social. Cuando cumple este objetivo destraba el empate social previo, derrota a la clase obrera y reafirma el régimen burgués. Por eso, los bonapartismos son gobiernos burgueses.

La tendencia a la estatización del movimiento obrero y a la represión social muestra fuertes rasgos filofascistas. Estas tendencias filofascistas, siempre presentes en los bonapartismos, se observan con mayor claridad cuando estos carecen de recursos o cuando enfrentan un desafío revolucionario mayor. Los bonapartismos difieren de las experiencias fascistas porque tienen en sus inicios una base social mayormente obrera, pero coinciden con ellas en su objetivo de reprimir las alternativas revolucionarias. Por ello, el futuro del socialismo en América Latina no depende de acompañar o profundizar estos gobiernos bonapartistas (lo cual constituye una apuesta suicida como la experiencia histórica lo ha demostrado), sino del éxito que tengamos al combatirlos.

*Publicado en El Viejo Topo – núm. 408