Vidal y las bases de la represión a los docentes
Por Martín Rodriguez – GES
Cuando el conflicto entre el gobierno provincial y el SOEME llegó a su punto más alto de conflictividad, la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) bajó la Resolución 142-16 para todas las escuelas públicas de la provincia. A pesar de constar de tres carillas, el documento fue contundente, ya que se autorizaba a los establecimientos educativos a contratar empresas privadas de limpieza. Las mismas serian empleadas con los fondos de cooperadora (como si las escuelas bonaerenses tuvieran plata) y, en caso de no alcanzar, la DGCyE giraría una partida complementaria. La disposición también apelaba a que toda la comunidad educativa tomara las riendas del asunto y garantizara la continuidad del ciclo lectivo. En línea con la flexibilización y la degradación educativa profundizada durante el menemismo y el kirchnerismo, el gobierno “tecnócrata” de Cambiemos demostró que camina por la misma vereda que los gobiernos pasados: “inclusión” a ultranza. Si bien pasó inadvertido, también sentó las bases para reprimir a los docentes.
¿Alguien quiere pensar en los niños?
Como todo buen Estado burgués, el argentino se vale de algún tipo de fundamento, por lo general jurídico, para validar su accionar y, si es posible, vestir al lobo de cordero. Por esta razón, la resolución 142-16 entra en acción con bombos y platillos citando la ley provincial de Educación n° 13.688 art 5°. La misma afirma que “la Provincia, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, tiene la responsabilidad principal e indelegable de proveer, garantizar y supervisar una educación integral, inclusiva, permanente y de calidad para todos sus habitantes, garantizando la igualdad, gratuidad y la justicia social en el ejercicio de este derecho, con la participación del conjunto de la comunidad educativa”. El Estado, entonces, se hace responsable de brindar una educación integral, inclusiva, de calidad, etc. Recordemos que estos fueron los principios de los cuales se ha valido el kirchnerismo para hacer bandera de un modelo educativo progresivo que, a partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional en el año 2006, venía a romper con la Ley Federal de Educación de Menem. De lo citado en esta primera parte recordemos para más adelante la frase “con la participación del conjunto de la comunidad educativa”.
Luego de esta pequeña presentación, nos adentran en el primer plato aclarándonos que todos los trabajadores de la educación somos servidores públicos. Dentro de esta categoría incluyen a los administrativos, técnicos, auxiliares y profesionales del sistema educativo. Las citas a la ley provincial continúan, en este caso al artículo 92, el cual nos adjudica a los trabajadores de la educación el deber de “contribuir a asegurar el funcionamiento del Sistema Educativo y de las instituciones educativas”. Muchas cosas podemos desglosar de estas líneas ¿No le sonó duro el termino servidores públicos? ¿No sintió cierto escalofrío? La cuestión es más o menos sencilla: si un trabajador de la educación es un servidor público, se debe a la comunidad en su totalidad. Por eso, acto seguido se afirma que “La Provincia promueve la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho a la igualdad y la libertad, impidan o entorpezcan el pleno desarrollo de los niños y su efectiva participación en la comunidad”. Correlativamente con estos lineamientos afirma que es “deber del Estado para con los niños, asegurar con absoluta prioridad la realización de sus derechos sin discriminación alguna”. Añade el artículo 7°, el cual le adjudica al Estado “la Prevalencia en la exigibilidad de su protección jurídica, cuando sus derechos colisionen con intereses de los mayores de edad, o de las personas públicas o privadas”. Dicho en criollo, el interés de los niños está por encima de cualquier otro, más aún si hablamos de “servidores públicos”.
Una vez que el gobierno provincial se ampara en todos estos artículos, descarga con munición pesada la solución al problema, no sin antes aclarar que “resulta conveniente habilitar otras alternativas operativas para atender los servicios afectados”. Es por eso que la resolución, para el caso de los auxiliares, habilita a la contratación de servicios de terceros o a la asunción de esas funciones por parte de esa argamasa denominada “comunidad educativa”. Pero al recordar que los docentes también somos “servidores públicos” van por nuestras condiciones de trabajo. A esta altura del partido, adentrados en el siglo XXI, uno creía que ciertas concepciones acerca de los roles de la comunidad educativa ya estaban superadas. Sin embargo, esta resolución tiene una bajada ideológica que pretende igualar la figura del docente con la del sacerdote o el viejo apóstol. Según esta conceptualización, de fines del siglo XIX por cierto, los trabajadores de la educación son sujetos dedicados a tiempo completo a aquella profesión que han elegido por vocación. Como tal, debe bancarse lo que venga. Su carácter de trabajador se ve relegado por el del servidor público. Bajo este condicionamiento, si quedaron sin limpiar los baños, usted compañero/a debe agacharse y fregarlos para que las blancas palomitas puedan higienizarse y así poder continuar las clases. Si falta pintura en las aulas o hay algún desperfecto eléctrico, de nuevo, compañero/a, vístase con el ombú, la escalera en el hombro y proceda con las tareas de maestranza. Si se trata de “atender los servicios afectados” cuando en huelga estemos nosotros, prepárese. Imagine si el día de mañana los docentes vamos al paro por tiempo indeterminado, ¿qué pasaría si a los auxiliares se les ocurre abrir las puertas del establecimiento educativo y brindar clases? O lo mismo si piden la colaboración de los padres en reemplazo nuestro. Imagine nomás, a este ritmo en un futuro no muy lejano, a cualquier miembro de la comunidad educativa reemplazado en sus tareas diarias por X persona. El padre de Juancito, por ejemplo, que es taxista, y algo de maña se da para las cuestiones filosóficas y la historia, decide hacerle un favor a la comunidad y en el hueco libre que le queda por las mañanas decide reemplazarlo a usted que está protestando por mejorar la calidad educativa…
La solución de ellos y la nuestra
Debemos repudiar entonces la Resolución 142/16 porque estas medidas atentan contra la unidad de la clase obrera, porque, en primer lugar, fomentan la fragmentación entre aquellos que realizan tareas de mantenimiento y los docentes. En segundo término, abre las puertas para el futuro quiebre entre obreros-docentes y obreros-padres.
El macrismo ya jugó sus primeras cartas y mostró, por si quedaba alguna duda, el rumbo que va a seguir: avanzar con los procesos de flexibilización y degradación educativa. Es doloroso ver como nuestros pibes no pueden realizar consignas apenas abstractas, como su capacidad simbólica se encuentra hecha añicos, como vemos que desde todos lados se bastardea al conocimiento. Ahora, cuando batallemos contra eso apareceremos como los verdugos. Peor, porque la nueva legislación sienta las bases para prescindir de nosotros. El Fines 2 y Terminá la secundaria fueron los laboratorios de esto. Vienen por más.
Rechazamos la división y fragmentación de la clase obrera. Solo tomando el toro por las astas y estableciendo lazos solidarios entre nosotros, los que creamos al mundo con las manos y la cabeza, podemos empezar a construir una nueva sociedad. Volvamos a posicionar a la educación y al conocimiento en general, como una de las tantas herramientas que nos damos los trabajadores a nosotros mismos en pos de lograr la definitiva emancipación del hombre.
