Contratos basura. El crecimiento del empleo precario en el seno del Estado Nacional

Pablo Estere
Oficina de Estadísticas Sociales

En la madrugada del 8 de septiembre pasado fueron atropellados dos agentes de tránsito dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mientras cumplían sus funciones en un control de alcoholemia. El hecho derivó en la muerte de la agente Cinthia Choque y en la grave lesión de su compañero Santiago Siciliano. La movilización de los agentes de tránsito en reclamo de justicia por sus compañeros puso sobre la mesa una vez más la situación de precariedad en la que se encuentran los empleados estatales. En una de las jurisdicciones con mayor presupuesto del país, cerca del 70% de los agentes de tránsito se encuentran contratados como monotributistas, a quienes no se les reconoce la relación de dependencia que tienen de hecho con el gobierno porteño. Por jornadas de 35 horas semanales cobran $25.000 al mes y sus contratos se renuevan todos los años. Las renovaciones se demoran hasta 2 meses, motivo por el cual muchos trabajan enero y febrero sin cobrar un peso hasta marzo, cuando pagan “todo junto”. Como todo contratado, los agentes de tránsito no cuentan con obra social ni jubilación, y aunque parezca una ironía trágica, tampoco cuentan con una cobertura de seguro por accidente laboral (ART), cuando son los encargados de controlar esto mismo a todos los vehículos que circulan por la ciudad.

Si esta es la situación de los estatales dependientes de la administración del gobierno porteño, uno podría imaginar que al menos los empleados que dependen del Estado nacional se encuentran en mejores condiciones contractuales. Sin embargo, esto no ocurre. En este sentido, bajo el kirchnerismo el empleo público nacional del Poder Ejecutivo (EPN) creció de manera sostenida: de 261 mil trabajadores en 2003 pasó a 404 mil en 2015 (un incremento del 55%). Mientras que a inicios del mandato “K” la cantidad de contratados era de 15 mil (un 6% del total), a fines del gobierno de Cristina los mismos sumaban unos 72 mil (18% del total), lo que quiere decir que el crecimiento del empleo precario fue del orden del 367%. Bajo el macrismo, los niveles de precariedad se mantuvieron en términos relativos. Ahora bien, el conjunto de los empleados dependientes del Poder Ejecutivo Nacional disminuyó en términos absolutos, pues se redujo su planta en 24 mil obreros, de los cuales unas 18 mil bajas se explican por el traspaso de agentes de la Policía Federal a la Metropolitana. El saldo, entonces, es de una merma real de 6.900 trabajadores, la mayoría contratados. Como ya dijimos en otras oportunidades, los contratos basura que dejó el kirchnerismo fueron utilizados por el macrismo para despedir trabajadores sin costo alguno.

Ahora bien, para elaborar un examen más preciso de la masa de contratados en el Poder Ejecutivo Nacional debemos colocar los números en su contexto adecuado, sobre todo por la diversidad de funciones que tienen los estatales. Ese 18% de contratados ¿qué implicancias tiene? ¿Qué sucede con los datos cuando sacamos de la cuenta a las fuerzas de defensa y seguridad? Si “limpiamos” ese número y examinamos por ministerio y organismo, veremos que tanto el kirchnerismo como el macrismo crean empleo estable para ciertas fracciones del empleo estatal, mientras que otras son completamente precarizadas.

Fragmentados

Lo primero a destacar es que el personal del Poder Ejecutivo Nacional que corresponde a las Fuerzas Armadas y de Seguridad representa en la actualidad un 55% del total (más de 200 mil). Todos ellos se encuentran bajo la órbita de los ministerios de Defensa y Seguridad. En estos ministerios, el porcentaje de contratados apenas llega a menos del 1%. Es decir, todas las fuerzas armadas y de seguridad se encuentran en planta permanente. Algo que suena razonable para un régimen y personal político que representa los intereses de la burguesía. En este caso, el kirchnerismo, solidario con el macrismo, incrementó la estructura represiva del Estado. Está claro. En materia de relación contractual, cada gobierno sabe que el personal de seguridad o militar que hoy emplea sirve para el Estado burgués en su conjunto, gobierne quien gobierne.¹

En cambio, el empleo administrativo, los médicos de hospitales que dependen del Estado Nacional, los becarios del CONICET y otros tantos contratados no corren con la misma suerte. Hoy pueden ser empleados por un gobierno, pero mañana ser la variable de ajuste del siguiente. Ya sea porque cada gobierno pretende incorporar a su propia tropa, o bien porque la precariedad en la contratación permite expulsarlos fácilmente, más allá del ahorro que significa para el Estado la contratación precaria. Por ello, descontando los ministerios de Seguridad y Defensa, para el resto del Estado Nacional, el total de contratados y de planta transitoria constituye un 39% sobre el total (ver gráfico 1). A los efectos de dar un pantallazo general de la situación y no marear con tantos números, describimos la situación de algunos ministerios.

El Ministerio de Modernización fue creado al inicio de la gestión de Macri para “mejorar” la carrera de los empleados públicos capacitándolos con herramientas digitales y hacerlos más eficientes. Sin embargo, se caracteriza por algo nada novedoso en el EPN: exhibe hoy un porcentaje de contratados que oscila entre el 60 y 80% sobre el total sus empleados. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social, que como mencionamos en otro artículo es el principal encargado de contener el desempleo, la pobreza y atenuar las posibilidades de estallidos sociales², no repara en castigar a sus trabajadores con condiciones precarias que parecen orientadas a igualarlos con la población a la que atienden. Mientras que, entre 2002 y 2003 contaba con un 45% de contratados, de 2004 a 2007 osciló entre el 60 y 70%. De 2010 a la fecha, no registra ningún trimestre con menos de 80% de contratados.

Por su parte, la situación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es particularmente llamativa si recordamos sus objetivos y funciones. Es el mayor empleador de los ministerios nacionales (si excluimos Seguridad y Defensa), pero no escapa a la tendencia precarizadora. Entre 2002 y 2018 presenta muchas oscilaciones, pero nunca registra menos del 20% de contratados. Además, entre 2006 y 2010 los contratados superaron el 40% en todos los años. El Ministerio de Educación es uno de los más pequeños (alrededor de mil empleados), sin embargo, esto no parece facilitar el pase a planta de todos sus trabajadores ni con los K ni con Macri. Desde 2008 registra en todos los años porcentajes de contratados superiores al 50%.

No puede dejarse de mencionar la situación del Ministerio de Planificación Federal. Para esta etapa, se trata de un ministerio puramente kirchnerista, porque tuvo vigencia desde el 25 de mayo de 2003 hasta el 10 de diciembre de 2015. Con Julio De Vido a cargo, los negociados no sólo pasaron por la obra pública, sino también por la precarización de sus trabajadores. Comenzó con un 15% de contratados y terminó con un 63% en el último trimestre del 2015.

El Ministerio de Salud supera la media nacional en estos 15 años analizados. Con registros entre el 30 y 40% todos los años, con el macrismo y los últimos meses de Cristina parece dar una vuelta más en la espiral de la precariedad contando con porcentajes superiores al 60% desde 2015. Incluso, algunos de los organismos específicos que dependen del Ministerio de Salud ponen en evidencia mayores niveles de precarización respecto de la media. Por ejemplo, el Hospital Posadas empleaba a 3.700 trabajadores en 2013, mientras que, en 2018 pasó a ocupar a 4.400. El porcentaje de contratados fue de 49% en el primer año y 75% en el segundo. Por su parte, el Hospital Sommer mantuvo en los mismos años una masa aproximada de 1.000 trabajadores. En los dos años el porcentaje de contratados fue de 86 y 90%, respectivamente.

En otros organismos como la Biblioteca Nacional la masa de trabajadores ocupados fue entre los años 2013 y 2018 de 500 y 740. Los niveles de contratados superaron, en ambos años, el 90%.

Hecha la ley y las trampas

Otra manera de analizar la precariedad laboral en el seno del Estado Nacional es haciendo un recorte escalafonario. Si sacamos el escalafón que corresponde a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, los más de 170 mil trabajadores estatales se emplean en cinco grandes escalafones cuya representación en 2018 resumimos entre paréntesis: 1.- Sistema Nacional de Empleo Público -SINEP- (40%); 2.- Ley N° 14.250 -Convenciones Colectivas de Trabajo- (25%); 3.- Escalafones Científicos y Técnicos (15%); 4.- Resto de Escalafones (17%); 5.- Organismos Reguladores (3%).

El SINEP es el escalafón con mayor participación del personal civil de la Nación alcanzando a casi 70 mil estatales. Se compone de 4 agrupamientos: general, profesional, científico-técnico y especializado. Todos ellos con requisitos específicos para su ingreso y con diferentes niveles, lo que se conoce como “las letras”, que van de la “A” a la “F” en la jerarquía de complejidad, responsabilidad y autonomía de la función. Siendo las jerarquías peor pagas (y mayoritarias) del SINEP las más lejanas a la letra “A”. Cabe destacar que, para que un trabajador cambie de letra sólo es posible por la vía de un concurso, los cuales se abren cada varios años, a criterio de cada gestión. A su vez, dentro de cada nivel existen grados y tramos, que clasifican la promoción intermedia del trabajador, según capacitación, desempeño y competencias.

En el SINEP el aumento del sueldo por antigüedad no se rige por los años trabajados, sino por el avance en los tramos y grados. Para avanzar en los tramos el trabajador debe acumular créditos por la vía de capacitaciones y cursos, y obtener evaluaciones satisfactorias de “desempeño”, las cuales son dictaminadas por el coordinador del área y firmadas por la máxima autoridad del organismo. En promedio, sólo se avanza cada 3 años, de haber cumplimentado con todos los requisitos. Además, esas calificaciones muchas veces dependen del funcionario de turno y la vinculación política entre el trabajador, el coordinador del área y la máxima autoridad del organismo. Este letargo en la realización de la “carrera” en el empleo estatal tiene como consecuencia la imposibilidad de aumentar el sueldo por fuera de las paritarias.

El SINEP es la modificación que hizo el kirchnerismo en 2008 al Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA), creado por Decreto en 1991. Ambos marcos normativos del empleo público nacional fueron fundamentados en la necesidad de homogeneizar los escalafones de la administración pública y fijar reglas claras para la selección de personal y mecanismos de evaluación para la promoción tanto horizontal como vertical. Sin embargo, el SINEP no se convirtió en el agrupamiento más extendido por la cantidad de trabajadores de planta permanente, sino debido a la incorporación de contratados. Lejos de homogeneizar, la tendencia fue a la fragmentación. Como puede verse en el gráfico 2, si consideramos la evolución de cada agrupamiento escalafonario y la cantidad de contratados aparte, observamos que éstos son los que más rápido crecieron y en mayor cantidad, seguidos por el escalafón Ley 14.250, el que regula en general los convenios privados.

A partir del año 2016, la fuente³nos permite discernir a qué escalafón corresponden los contratados que en el gráfico 2 presentamos de manera agrupada. Así, el escalafón mayoritario pasa a ser el SINEP gracias a la enorme masa de contratados que incorpora los cuales representan cerca del 70% de su total. Hay un agrupamiento escalafonario con mayor porcentaje de contratados y es el de los Organismos Reguladores que tiene un 74% de contratados, pero se trata del minoritario dentro del sector del EPN que aquí analizamos. Los otros 3 agrupamientos escalafonarios están más cerca de la media nacional: Ley N° 14.250 (12%); Escalafones Científicos y Técnicos (15%); Resto de Escalafones (23%).

Otra cuenta elocuente: si tomamos sólo los dos agrupamientos escalafonarios con mayor cantidad de trabajadores para el último trimestre de 2018 (SINEP y Ley 14.250) estamos hablando de 106.333 trabajadores, de los cuales 50.534 eran contratados, es decir, el 47%.

Como podemos observar, por fuera de los ministerios de Defensa y Seguridad, la masa de contratados es muy elevada en el empleo público nacional.

Que se vayan

El análisis de la composición del empleo público en el Poder Ejecutivo Nacional nos permite desnudar otra faceta de la precarización y de la degradación histórica de las condiciones laborales de los estatales. En este sentido, se observa una gigantesca masa de obreros contratados, sobre todo en los ministerios que se supone existen para garantizar necesidades elementales de la población (Desarrollo Social, Salud, Educación, entre otros). En cambio, los gobiernos de turno, específicamente el kirchnerismo, no dudó un instante en emplear de manera permanente a buena parte de los obreros que conforman los órganos del aparato represivo del Estado (Defensa y Seguridad). Es decir, aquellos que el Estado burgués pretende utilizar para reprimir y desactivar el conflicto social.

El sindicalismo estatal que dirige actualmente a los estatales parece no ver esta situación y sus planteamientos se reducen a una posición defensiva en las discusiones paritarias. Desde la asunción de Macri, la ATE kirchnerista caracterizó la situación como de resistencia y defensa de lo “conquistado”. Desde esta perspectiva, se da por supuesto que un obrero precarizado es una conquista. A su vez, la primera ola de despidos de 2015 fue enfrentada por ATE de manera tibia y desorganizada con la máxima de prorrogar los contratos, preocupada más por desmovilizar que en avanzar decididamente.⁴ En los años siguientes la lucha contra la precarización y la consiga de pase a planta permanente estuvo prácticamente nula. ATE sólo moviliza para hacer campaña por la vuelta de Cristina, la precarizadora, en lugar de avanzar por la mejora en las condiciones laborales de los obreros. Por su parte, UPCN brilla por su ausencia.

Por eso los trabajadores debemos dar un paso al frente y exigir el pase a planta permanente de todos los estatales para trabajar al servicio de las necesidades sociales de la población y dejar de ser presos de la lógica patronal. Todos los contratados y becarios debemos pasar a planta permanente, bajo convenio. Justamente para evitar la fragmentación que propone el Estado empleador y eliminar la precariedad laboral.

Notas

¹Ver Ponce, S. y Sanz Cerbino, G.: “La armada herencia”; en El Aromo, N°103. https://n9.cl/l2pg.

²Ver Estere, Pablo: “Neoliberalismo ausente”, El Aromo, n°105. http://shorturl.at/BHN04.

³Boletín Fiscal del Ministerio de Hacienda.

⁴Ver Estere, Pablo “Ajuste de cuentas”, El Aromo, n°89 https://theshortener.com/js3.