Un análisis de las estadísticas del crimen organizado en Venezuela

Nicolás Grimaldi

Grupo de Análisis Internacional

De mal en peor

Una de las estadísticas que rápidamente llama la atención cuando hablamos de la descomposición de la sociedad venezolana, tiene que ver con la aparición de decenas de bandas delictivas y el aumento exponencial de las estadísticas criminales, fundamentalmente de aquellas vinculadas con los homicidios. Ante la ausencia de estadísticas oficiales, el Observatorio Venezolano de la Violencia publica año a año informes con estimaciones de lo que hace a los delitos graves, sobre todo la de aquellos que afectan directamente la vida, fundamentalmente de la clase obrera.

Este registro es posible rastrearlo desde el año 2011, cuando se contabilizaron un total de 19.336 muertes violentas, promediando un total de 67 muertes por cada 100 mil habitantes entre “homicidios”, o sea de muertes cometidas por civiles, “muertes por resistencia a la autoridad”, o sea asesinatos perpetrados por algún miembro de las fuerzas represivas del Estado, y la categoría en “averiguación”, donde no se sabe el motivo ni el responsable del homicidio. Si bien el registro no especifica aún, como si lo hará a partir de 2016, la cantidad que corresponde a cada categoría, sí se puede señalar que, de las 19.336 muertes violentas registradas, 15.360, el 79%, correspondía a homicidios cometidos por civiles. Se trataba en ese entonces del mayor pico de casos de muertes por violencia registradas en un año superando los 13.080 casos del 2010. A su vez, para el 2011 se registraron 10 mil homicidios más que en el 2001. Es decir, en diez años de Chávez, la tendencia de los crímenes fue al crecimiento.

Si el panorama hasta ese momento fue malo, lo que viene de ahí en más se vuelve peor. Para el 2012, el registro de casos creció un 12% ubicando un promedio de 73 homicidios cada 100 mil habitantes y un total de 21.692 casos. Entre 2012 y 2013, el crecimiento fue del 14% alcanzando los 24.763 casos y un promedio de 79 casos cada 100 mil habitantes. Para el 2014, el crecimiento porcentual fue casi nulo ya que se registraron 24.980 casos en total, con un promedio de 80 muertes cada 100 mil habitantes. A partir de este año, es cuando la situación se desmadra definitivamente. Entre 2014 y 2015 se registró un crecimiento del 11% con 27.875 casos en total y un promedio por cada 100 mil habitantes de 90 homicidios. Ya para el 2016 contamos con datos que permiten desagregar la cantidad de homicidios cometidos en las diferentes categorías. Para ese año, registramos un total de 28.479 casos con un promedio de 91,8 homicidios por cada 100 mil habitantes. Lo interesante, sin embargo, pasa por el hecho de que, del total de homicidios cometidos, el 64% son producto de la participación de bandas criminales, el 17% se encontraba en averiguación, mientras que el 18% correspondía a crímenes cometidos por las fuerzas estatales, bajo la figura de “resistencia a la autoridad” o categoría que encubre también lo que aquí se conoce como gatillo fácil. Veremos en esta misma nota que buena parte de los asesinatos perpetrados por las fuerzas estatales se refieren en realidad a falsos positivos (ejecuciones presentadas como combates o enfrentamientos).

En 2017 comenzamos a observar una tendencia a la baja en los homicidios, dejando al año 2016 como el peor, hasta ahora, en lo que respecta a esta estadística. El 2017 registró un total de 16.046 de muertes violentas, de los cuales 20,7% fueron cometidos por las fuerzas estatales y el 18,9% se encontraba en averiguación, mientras que bajaban 4 puntos la cantidad de homicidios producidos por civiles. En 2018 se da una caída abrupta, con una caída del 14% en relación al año anterior. Para ese año, ya solo el 45% del total corresponde a homicidios, mientras que el 22% corresponde a crímenes que se encontraban en averiguación y 32,6% fueron perpetradas por el Estado. Empezamos a ver como se consolida una tendencia, que implica que el Estado es el responsable directo de un tercio de los asesinatos cometidos en el país. En 2019, la caída sobre el total de las muertes violentas vuelve a ser abrupta, cayendo un 30%, aunque se vuelve a ver lo que dijimos más arriba: un tercio de los crímenes fueron cometidos por el Estado, un 40% corresponde a muertes generadas por civiles, y un 28% se encontraba en averiguación. Finalmente, para 2020, se pronuncia la caída con una baja en un 30% en relación al 2019, aunque por primera vez, los crímenes cometidos por fuerzas estatales superan al resto de los indicadores: 35,5% contra 34,9% de muertes provocadas por civiles y 29% en averiguación ¹.

Un análisis de las estadísticas de muertes violentas durante los años del chavismo nos permite plantear una conclusión fundamental: lejos de pacificar las calles y los barrios, con el chavismo los crímenes aumentaron alcanzando niveles siderales. Solo por poner un ejemplo, en 2016 el promedio de muertes por cada 100 mil habitantes fue de 91,8. Esta tasa es casi 4 veces más que la que supieron tener países como Colombia o México, con organizaciones narcos controlando grandes dimensiones del territorio, o países que están en plena crisis humanitaria, como el Congo. Las estadísticas de homicidios en Venezuela superan las de África, al menos para los casos que se tiene registro. No estamos hablando de un problema que afecta a la burguesía solamente, sino que mayoritariamente el problema de la inseguridad y la violencia de las bandas criminales y policiales afecta a la clase obrera. Mientras la burguesía tiene como posibilidad contratar seguridad privada, mudarse o elegir en qué horarios y por dónde moverse, la clase obrera no tiene esa posibilidad.

A partir de la caída de los últimos años, se podría decir que el chavismo desde el 2017 en adelante comenzó a solucionar el problema “normalizando” las tasas de homicidios. Sin embargo, hay una serie de cuestiones a señalar. En primer lugar, como dijimos, hay un gran crecimiento de los homicidios cometidos por las fuerzas del Estado, muchas de ellas tratándose de falsos positivos o casos de gatillo fácil. Está claro que el gobierno venezolano “entró a los tiros” a los barrios. El segundo elemento que hay que prestar atención, es el crecimiento de la cantidad de casos que aparecen “en averiguación” lo que da cuenta de una descomposición generalizada del sistema judicial, donde cada año entre un 20 y un 30% de los asesinatos quedan sin esclarecerse. Parte de esta falta de esclarecimiento tiene que ver con la migración que reduce la cantidad de personal para llevar adelante las tareas judiciales. En tercer lugar, respecto a la caída de homicidios cometidos por civiles, hay que señalar el peso de la migración, que ya alcanza a 5 millones de venezolanos como mínimo, para explicar este descenso. La migración se suma a otros factores, como la miseria extrema a la cual se ve sometida la clase obrera venezolana, todos elementos que hacen que la riqueza y los bienes a disputar por las bandas criminales sean menores. Por ejemplo, la escasez de combustible hizo reducir drásticamente la circulación de personas y vehículos, lo cual redujo la posibilidad de acción de las bandas y su capacidad operativa. Un cuarto elemento a tener en cuenta para explicar la caída drástica que se da en la cantidad de homicidios en 2020 tiene que ver con la cuarentena producto de la pandemia del COVID-19 que hizo mermar mucho los casos. De hecho, este año ya vemos como comienzan a subir nuevamente, retomando a los valores del 2019. Por último, no puede negarse la existencia de un subregistro debido a la falta de personal o censura de la dictadura por lo que la caída puede ser en realidad mucho menor.

Los pistoleros del chavismo

Con todo, está claro que el chavismo no solo no pudo solucionar el problema a lo largo de estos años, sino que la situación empeoró. Podríamos decir que el chavismo no supo cómo enfrentar la violencia que crecía en los barrios o en las calles. Lo cierto, es que terminó militarizando las barriadas. Pero también, como veremos a continuación, el gobierno chavista no solo fue inoperante, sino que también fue impulsor de esta situación.

Tomemos por empezar el elemento de los homicidios cometidos por civiles. Dentro de esta categoría está incluido el sicariato sindical que floreció con Hugo Chávez, principalmente. Entre 1999 y 2012, fueron asesinados 425 trabajadores sindicalizados, de los cuales 318 eran dirigentes gremiales. El grueso pertenecía a la rama de la construcción y en menor medida a la petrolera. Richard Gallardo (Coordinador Nacional de la UNT), Luís Hernández (dirigente sindical de Pepsi) y Carlos Requena (delegado de Produvisa), militantes de la Unidad Socialista de Izquierda (hoy PSL). Fueron asesinados en un restaurant de La Encrucijada, el 27 de noviembre del 2008 por su participación en la lucha de la fábrica Alpina. Previo a sus asesinatos, la burocracia sindical chavista también asesinó a tres luchadores de la corriente clasista, Luis Delgado, Ramiro Ponce y Esdrás Vázquez, para garantizarse el control sindical de la construcción del ferrocarril Encrucijada-Puerto Cabello. Otro caso emblemático es el de Jerry Díaz, Secretario de Propaganda del sindicato de la empresa Manpa- Higiénicos y dirigente de la CCURA, asesinado en 2010. Los compañeros de militancia de los obreros asesinados denunciaron a los dirigentes Tomas Pérez, de la construcción, y Alexis Díaz, muy cercanos al gobierno municipal de Zamora y miembro del PSUV, como los gestores de los crímenes. Pérez incluso apareció un mes después del asesinato de Díaz en el programa de Aló Presidente, conducido por el mismísimo Chávez. Toda una señal de apoyo. También, en 2010, fue asesinado Argenis Vázquez, Secretario de Organización del Sindicatos de Trabajadores de Toyota. El autor material, fue Jesús Acuña Salazar, hermano del alcalde de Sucre, Rafael Acuña. A esto se podría sumar el caso de Renny Rojas, obrero de Ferrominera, que fue asesinado por el burócrata Héctor Maicán y se acusó falsamente a Rodney Álvarez de cometer ese crimen. Con Nicolás Maduro, esta práctica no desapareció, podemos contabilizar 159 sindicalistas asesinados. Otra forma en la cual el Estado intervino empujando los casos de homicidios, fue a través de la represión a manifestaciones. Con Chávez, contabilizamos 41 muertes mientras que Nicolás Maduro fue el responsable directo de 264 muertes en manifestaciones ².

Aunque no dejan de ser importantes y más aún porque se tratan de crímenes cometidos directamente por el Estado contra dirigentes obreros y políticos, en términos cuantitativos estos números no alcanzan a dar cuenta del rol del Estado en esta situación. La perspectiva cambia cuando nos centramos a ver un poco más en profundidad cuál fue la política del chavismo en relación con la violencia.

Tomemos como ejemplo lo ocurrido en la “Cota 905”. En julio de este año una banda criminal dirigida por el “Koki” (Carlos Luis Revete), el “Vampi” (Carlos Calderón Martínez) y el “Galvis” (Garbis Ochoa Ruíz) se enfrentaron a los tiros durante varios días con funcionarios policiales y militares en el sector de Caracas denominado como Cota 905. Luego de 3 días de enfrentamiento, en los cuales fueron ocupadas las sedes de la policía y el CICPC del lugar por parte de las bandas delictivas, el Estado recuperó el control de la zona, aunque los principales dirigentes de las organizaciones no fueron arrestados y se sospecha que lograron escapar hacia Colombia.

Lo particular de este caso es que la Cota 905 fue decretada “zona de paz” en 2017 luego de una reunión protagonizada por Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, Jorge Rodríguez, referente del PSUV en Caracas, junto a otros funcionarios y a bandas delictivas de la zona. ¿Qué significa que un lugar sea declarado “zona de paz”? Se trata de una política implementada por el gobierno venezolano en Caracas y sus alrededores, a través de la cual se acordaba con las bandas criminales de la zona una pacificación del lugar. Esto significa que estas entregaban las armas y se incorporaban a proyectos productivos comunitarios, como huertas agrícolas o emprendimientos de construcción, a cambio de que funcionarios policiales no pudiesen ingresar en la zona. El cerebro detrás de esta decisión es el actual alcalde del municipio caraqueños de Sucre, José Vicente Rángel Ávalos, que por esa fecha se desempeñaba como viceministro de Seguridad Ciudadana. Sosteniendo que “el hampa quiere cambio”, Ávalos se jactaba de haber reunido y acordado con más de 280 bandas criminales la configuración de estas zonas de paz. Nótese que, desde el 2013 en adelante, los crímenes violentos no hicieron más que aumentar. En realidad, el gobierno no realizó ningún acuerdo de pacificación sino de división del territorio al mejor estilo del “narcoestado” mexicano. Un parte del territorio sería controlado por el gobierno venezolano mientras que otra parte del territorio lo sería por las bandas criminales ¿Quiénes estarían dentro de esos territorios controlados? La clase obrera, por supuesto. Cuando la situación se desmadró producto de la crisis no hubo acuerdo entre las partes que valga, más allá de que los acuerdos nunca fueron muy exitosos. En la Cota 905, a solo dos semanas de haber sido declarada zona segura, abatieron de 15 balazos a un joven basquetbolista del lugar ³.

Producto del desmadre de la situación en los barrios, el gobierno de Maduro lanzó dos estrategias policiales: la Operación Liberación de la Patria (OLP), primero, y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), después. La OLP se lanzó el 15 de julio del 2015. Se implementó en un marco en el cual el gobierno adoptó un discurso de mano dura contra la delincuencia. Por ese motivo, creó estas operaciones que en los papeles buscaban combatir a los grupos delictivos y paramilitares. Obviamente esto implicaba que estas operaciones iban a realizarse en las barriadas más humildes de Venezuela. La otra cuestión, es que la OLP tenía una accionar conjunto de diferentes fuerzas tanto regionales como nacionales. Esto implica que sea difícil establecer investigaciones sobre el accionar de la OLP. En el año de su estreno, se denunciaron 17.215 detenciones arbitrarias, de las cuales el 92% fueron producidas en el marco del accionar de la OLP. En un año y medio, la OLP fue responsable de 512 ejecuciones extrajudiciales que hasta el propio Ministerio Público Fiscal ordenó que sean investigados por la sospecha de casos de gatillo fácil. Por ello, en 2017, el gobierno buscó “reconceptualizar” el accionar de las OLP, pero solo se limitó a rebautizarlas como Operación de Liberación Humanitaria del Pueblo. A pesar del nuevo nombre, los asesinatos se acumulan y debutan con 6 casos de gatillo fácil en Caracas.

Por todo esto, desde el primer trimestre del 2017, la OLP comenzó a ceder protagonismo a las FAES. A diferencia de la OLP, las FAES operan como un cuerpo especial dentro de la Policía Nacional Bolivariana. Lo hacen como un escuadrón, que llegan a un territorio, lo ocupan por un breve lapso de tiempo y luego se retiran. A un año de su creación se las responsabilizaba de 1.500 muertes, aproximadamente el 30% de las 4.998 muertes a manos de la fuerza de seguridad que se produjeron en 2017. En 2018, fueron responsables de 5.287 asesinatos, de 1.231 en 2019 y 2.900 en 2020. La mayoría de esos asesinatos son denunciados como casos de falsos positivos. Vale aclarar que los casos de gatillo fácil de las fuerzas de seguridad fueron una moneda común bajo el chavismo. Según las pocas estadísticas que se han podido reconstruir, entre 2010 y 2018 fueron asesinadas por fuerzas de seguridad pública un total de 23.688 personas. De más está decir que el grueso de las muertes, son de obreros. También, son altos los casos de torturas. Entre 1999 y 2017, se registraron 743 denuncias de torturas ⁴.

Mucho más que números

A lo largo de esta nota describimos una de las formas más profundas de descomposición social que puede darse en un país. Estamos hablando de muertes absurdas que afectan principalmente la vida de la clase obrera. A su vez, vemos la paradoja de que las leves mejoras en estos indicadores responden más a la catástrofe humanitaria que vive el país y no a una política acertada del Estado. Como vimos, el Estado chavista fue parte activa en el desarrollo de la tendencia alsista de esta variable. Lo fue, en primer lugar, cumpliendo un rol activo en el ataque a la clase obrera mediante la represión salvaje a movilizaciones y el sicariato sindical. Lo fue también en el rol de asociado de las bandas criminales como lo vemos a través de las “zonas de paz”. Por cuestiones de espacio no desarrollamos en este artículo, pero podemos incluir acá también a las mafias que operan en el arco minero de la Faja de Orinoco o el reclutamiento de presidiarios que realizaba la ex ministra de Cárceles, Iris Varela, al mejor estilo “Batallón Militante” del kirchnerismo. Por último, lo fue también a través de la conformación de verdaderos escuadrones de la muerte como las FAES o las OLP, aunque podríamos sumar también otras operaciones militares como las REDI o ZODI que constituye la ocupación militar de territorios enteros.

Está claro que el chavismo cumplió un rol absolutamente represivo a lo largo de todos estos años. El objetivo de estos ataques, fueron aquellos sectores obreros, principalmente, que no querían conformarse con las migajas de la renta petrolera por lo que el chavismo intentó “encasillarlos” a sangre y fuego. Resulta escandaloso que organizaciones que se proclaman de izquierda sostengan aún hoy su apoyo a un régimen profundamente represivo de la clase obrera como es el chavismo, en lugar de plantear la necesidad de que la clase obrera se saque de encima este gobierno carnicero y criminal.

1. Reconstrucción realizada en base a los informes del Observatorio Venezolano de la Violencia. Disponibles en https://observatoriodeviolencia.org.ve/
2. Ver Grimaldi, Nicolas. El chavismo. Ediciones RyR, 2020
3. https://eldiario.com/2021/07/10/zonas-de-paz-ayudaron-a-fortalecer-las-megabandas/
4. Reconstrucción realizada en base a los informes anuales de PROVEA. Disponible en https://provea.org/