Por Osvaldo Regina – Hubo una gran disparada hacia el dólar y el euro desde los primeros meses de la crisis yankee, en el tercer trimestre del año pasado. Continuó con igual decisión pero menos fuerza, para dispararse con todo desde el segundo trimestre de 2008 (ver gráfico 1). En total, según los cálculos del Banco Central, la suma de las divisas adquiridas por empresas y particulares como inversión financiera en ese período, netas de lo que vendieron, ascendió a 25.000 millones de dólares (algo así como la mitad de la inversión física del país en un año).
El efecto de la fuga casi no se sintió sobre la cotización del dólar hasta que llegó setiembre pasado, cuando el peso comenzó a depreciarse por el furor de empresas y ahorristas para pasarse a moneda extranjera. A diferencia de casos anteriores, esta nueva caída del peso se dio en un contexto donde el Banco Central, para frenar estos cambios en la cotización, venía vendiendo sus divisas desde el mes de abril, con la consiguiente pérdida de reservas internacionales por valor de u$s 5.500 millones hasta fines de noviembre pasado. Aproximadamente, la mitad de lo perdido durante el 2001 para defender la paridad de 1 peso = 1 dólar en medio de una fuga colosal (ver gráfico 2).
En los últimos meses, una nueva oleada de la crisis yankee, con la bancarrota del banco Lehman Brothers en EE.UU., acentuó la fuga de capitales acá como parte de un movimiento generalizado en las economías atrasadas. Los países pobres resultan doblemente castigados durante la crisis del mercado financiero mundial: la falta de crédito externo desencadena no sólo el temor a las bancarrotas sino también una tendencia a la crisis de las monedas locales, cuya expresión característica en Argentina es la migración hacia el dólar.
Pero las fugas del dinero emitido por el Estado local no traducen solamente fenómenos específicos del mercado. En ciertas coyunturas, pueden resignificarse, operando como expresión política del capital, como doble poder burgués que condiciona a su gobierno “descarriado”. Es decir, la fuga de capitales se instituye como sistema de voto burgués calificado: 1 dólar = 1 voto a la burguesía y contra el gobierno de turno. Les pasó a Alfonsín y a Menem en 1989, urgiendo al primero su salida anticipada del gobierno, advirtiendo al segundo contra cualquier “salariazo” y forzando el camino hacia el ajuste feroz del Plan Bónex de 1990 como fase previa, de caída salarial y mayor desempleo, necesarios para el lanzamiento del Plan de Convertibilidad en abril de 1991. Diez años más tarde, la fuga de capitales de 2001 precedió al despido del presidente De la Rúa y a la gran caída en el salario real inducida por la devaluación de 2002.
De hecho, los últimos dos grandes planes económicos, el de la convertibilidad en los noventa y el de la devaluación competitiva, desde 2002, pivotearon sobre sendas fugas de capitales que indujeron una gran caída en el nivel de actividad, como paso previo, regimentador de los trabajadores, para la puesta en vigor de un nuevo esquema de política económica (ver cuadro).
Las fugas de capital también son un recurso excelente al alcance, tanto de la burguesía como de la burocracia política del Estado burgués, para someter con desempleo las pretensiones del movimiento obrero y amansar con la caída en la demanda interna a los demás sectores populares. Las disparadas del dólar, si se sostienen, terminan multiplicando el nivel de los precios y, con ello, las tasas de ganancia del capital local. De paso, el gobierno puede hacerse el inocente ante la consiguiente caída del salario real que le produjo el “golpe de mercado”, mientras que sus funcionarios políticos hacen pingües ganancias especulando en el mercado financiero, cuya evolución saben que depende en gran medida de las decisiones que ellos mismos han de tomar.
Hasta acá, lo sucedido entre 2007 y 2008 parecería encuadrarse, principalmente, en un fenómeno de mercado, como respuesta a la incertidumbre global que se multiplica en jurisdicción de Estados pequeños y débiles. Sin embargo, la crisis política que sacudió al kirchnerismo desde su derrota frente al reclamo agroexportador, sumado al estado judicial de hechos graves de corrupción en la cúpula, podría empalmar, eventualmente, con una agudización mayor de la fuga de capitales nacida de la crisis de las hipotecas y avanzar más allá. Se profundizaría el malestar social con vistas a la renovación de la camarilla gubernamental y se prepararía un nuevo gran ajuste contra el salario para garantizar así, tanto en lo político como en lo económico, la continuidad de las ganancias y, con ello, del régimen político iniciado en 1983 y su extensa nómina de beneficiarios directos.
