El martes 7 de junio se publicó en el Boletín Oficial de la provincia de Bs. As. la Resolución Nº 204, la 219 y la 220 de la DGCyE, que disponen el cese de oficio para los docentes y auxiliares que cumplieran con los requisitos para jubilarse. Estamos hablando de una nómina de 1.500 docentes y 400 auxiliares docentes.
Los que aún no habían tramitado su jubilación recibirían un cobro anticipado correspondiente al 60% del salario total (que sería percibido hasta tanto la jubilación se haga efectiva) y perderían el cobro del FONID y del aguinaldo. Hasta el momento, el sistema permitía al docente permanecer en servicio (aun cumpliendo la edad mínima) hasta obtener el régimen de jubilación más beneficioso. La perspectiva que abre el cese de oficio es la pérdida de opción; entonces, si la antigüedad en provincia no es mayor que en otras jurisdicciones, la jubilación deberá ser gestionada por ANSES (que en el caso de los docentes es menos beneficiosa que la jubilación a través del IPS de Bs As.). Además de la pérdida de los seguros de vida y salud, el docente cesado de oficio ya no puede acceder a un cargo de mayor jerarquía y, por ende, se esfuma la posibilidad de obtener un haber jubilatorio más alto en base a un mayor salario alcanzado en actividad.
El Director de la DGCyE, Alejandro Finocchiaro, remarcó que “el docente que alcanza los requisitos establecidos en la legislación vigente en materia jubilatoria para obtener la prestación ordinaria o por edad avanzada, pierde el derecho a la estabilidad, pudiéndose disponer su cese por esa causa” y que “el acceso a la prestación ordinaria del personal docente” resulta “el peldaño óptimo al cual puede acceder el docente en actividad”.
Pues bien, en el Art. 18, inciso a) del Estatuto Docente de Bs. As. Dice: “El derecho a la estabilidad se pierde: Cuando el docente reúna los requisitos exigidos para obtener los beneficios jubilatorios máximos.”. Finnochiaro omite mencionar que la estabilidad se pierde al obtener los requisitos para acceder a los beneficios máximos de la jubilación. Además se impide la posibilidad de optar por la Jubilación Automática Docente.
La medida de oficio vulnera ese punto de la legislación. Por otra parte, la FEB tiene más de 7.000 reclamos pendientes de resolución, incluso algunos desde el año 2007. La jubilación de oficio lo único que hace es sumar más docentes a la lista de espera. Para peor, a los afectados se los da por notificados por el solo hecho de aparecer en la nómina del Boletín Oficial.
O agarrás esto o te quedás sin nada
Según el gobierno, la medida buscaría quitar del medio los estorbos que impiden generar nuevas vacantes para titularizaciones. Como no se crean nuevos puestos, la estrategia es hacer una suerte de sustitución de agentes y, pareciera, les piden solidaridad a los “viejos”. En una provincia con 210.000 cargos, el argumento mueve a risa. Más bien, el gobierno mide fuerzas y coloca a una cantidad de trabajadores en una situación de vulnerabilidad que les resta fuerzas y posibilidades para reclamar por una jubilación menos precaria. No olvidemos que en junio de este año el gobierno sancionó el proyecto de Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, una ley extorsiva que propone una actualización del haber jubilatorio que no siempre es conveniente (sin posibilidad de poder reclamar en absoluto), tanto para quienes estén por jubilarse como para quienes estén tramitando su jubilación, juicio mediante; como también para quienes ya estén jubilados. O sea, el dejar a estos trabajadores despojados de sus beneficios como trabajadores en actividad se los somete a un apriete del tipo: o agarrás esto o te quedás sin nada.
Por su parte, el Frente Gremial Docente dice haberse enterado de esta noticia por casualidad. Por lo que Baradel se mostró molesto al no ser consultado: “hablan mucho de diálogo pero después toman decisiones unilaterales”, dijo. El 15 de Junio dicho Frente interpuso una Medida Cautelar en el Juzgado correspondiente que dejó sin efecto las Resoluciones citadas. A su vez, la DGCyE realizó una presentación para dar marcha atrás con dicha Cautelar que fue aceptada por el juzgado que la recepcionó. Hecho del cual Suteba y compañía tampoco fueron debidamente notificados e impusieron días más tarde una nueva impugnación.
Mientras el gremio se enreda en la discusión judicial es claro que el gobierno de la provincia mide fuerzas y en su horizonte ubique una reforma a lo “Tierra del Fuego”: suba de la edad jubilatoria y de los aportes, fondo de reparación para subsidiar un sistema quebrado, cercenamiento de derechos adquiridos (Jubilación Automática, entre otros).
Por eso no podemos seguir dependiendo de una dirección sindical que no representa nuestros intereses. Debemos tomar el asunto en nuestras manos a través de una organización, seria y consecuente con nuestras necesidades, que enfrente realmente a las patronales.
- No a la degradación de los sistemas previsionales.
- No a las direcciones sindicales cómplices de la patronal.
