Por Gustavo Cazeneuve
La suspensión de clases presenciales en todo el país impactó en todo el sistema educativo. Como venimos insistiendo, la pandemia tiene una función pedagógica y evidenció todos los problemas del sistema educativo argentino. El caso del Fines no es la excepción. En otra oportunidad, nos ocupamos de la nueva reglamentación que se dio a conocer los primeros días de abril y le dio, una vez más, larga vida al programa estrella de Cristina. Si Macri también reconoció sus “bondades” tituladoras, no iban a hacer algo distinto los Fernández. Esta nueva reglamentación reconoció la posibilidad de que el plan se dicte, de forma virtual, tal como el viejo programa porteño Adultos 2000 o el más nuevo “Terminá la Secundaria”. La pandemia le dio impulso a esta aventura solo para los alumnos de 3º año en la provincia de Buenos Aires. Los protocolos de vuelta a clases prometen profundizar un nuevo camino de ciencia ficción para un programa signado por la precarización y la degradación. Veamos.
Sobre la “Continuidad Pedagógica Situada”
Los docentes de Fines, como ya denunciamos, somos contratados cuatrimestralmente, por lo que no existe la continuidad pedagógica. En tiempos normales, durante la segunda mitad de marzo se realizarían los actos públicos para cubrir comisiones, dando inicio al primer cuatrimestre en abril. La pandemia, primero, y el relanzamiento nacional del plan, después, dejó a miles de docentes en “pampa y la vía”. Efectivamente, la suspensión de todos los actos públicos dejó sin trabajo a la capa más precarizada de docentes (sobre este tema nos hemos ocupado en otro lugar). La respuesta del gobierno provincial fue el lanzamiento del Programa de Incorporación Especial de Docentes y Auxiliares (PIEDAS) que se fue prolongando en el tiempo y permite la incorporación de docentes para tareas “no ininterrumpibles” por miserables $10.200. Para el ingreso de los docentes “puros” de FinEs se flexibilizaron algo más los criterios para el ingreso al programa: se exigió haberse desempeñado en el Plan FinEs durante 2019 al menos en tres meses diferentes, ya sea continuos o alternados, sin un requerimiento mínimo de horas o cargos. Si bien otras de las limitaciones permanecieron vigentes también para el sector: contar con domicilio en la provincia de Buenos Aires -lo que excluye a trabajadores domiciliados en CABA y muestra la lógica “electoral” de las decisiones- y no contar con módulos titulares, provisionales y/o suplencias activas al mes de marzo del 2020. O sea, si tomaste algo en los primeros actos públicos quedabas fuera. La resolución de abril se fue prorrogando sucesivamente y hoy se extiende hasta el 31 de julio (Resolución Conjunta 1195/2020, del 3 de julio pasado).
Posteriormente, la Comunicación 17/20 dispuso la continuidad pedagógica situada para los estudiantes de las comisiones del tercer año, último cuatrimestre, de FinEs Trayecto Secundaria y de Secundaria con Oficios (en lo referido al tramo curricular del nivel y la modalidad). Para el desempeño de las tareas se utilizarían a los docentes incluidos en el PIEDAS. Las designaciones se realizaron a dedo, por distrito, como contraprestación del Plan. Así, cada trabajador desocupado -resaltamos esta categoría- retribuiría su ingreso equivalente a 8 miserables horas cátedra. Así, los docentes debían vincularse con las comisiones referidas, identificar y prever los dispositivos de comunicación al alcance de los estudiantes para hacerles llegar las propuestas educativas, diseñar las adecuaciones pedagógicas, enviar actividades a través de los dispositivos previstos con los estudiantes, revisar y devolver esas actividades, confeccionar las planillas de seguimiento.
Como para el resto del sistema educativo, las acciones de desarrollan sin asegurar los mínimos recursos de conectividad para docentes ni estudiantes y se descansa en que esa evaluación la realicen los docentes, los estudiantes y, por qué no, el puntero referente del Plan. Este último, es, en definitiva, el nexo con los alumnos. Por eso mismo, no extraña que hayan influenciado en la selección de docentes del PIEDAS para la distribución de las escasas comisiones de tercer año. Tras cartón, se decidió que las clases de continuidad se redujeran de 16 a 8, esto es la mitad, de un plan que como ya dijimos en muchas oportunidades implica un recorte fabuloso en los contenidos y pericias que se ponen en juego para el conjunto de los trabajadores. Así, la pandemia profundiza aún más la degradación de un ya degradado plan. Nada importa en pos de que los índices de titulación no se vean afectados y que todo termine “en tiempo y forma”. ¿Se animarán a anunciar que, en el peor año de la educación argentina, los egresados del FinEs Trayectos no pararon de crecer? Eso sí, las implicancias pedagógicas negativas que se produjeron en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, bien gracias. Al personal político burgués poco le importa. Tengamos en cuenta, además, que la matrícula que asiste a la EDJA son mayormente adultos y/o jóvenes con una trayectoria escolar discontinua, de fracaso escolar y, por eso, necesitan aún más un real acompañamiento y presencia docente. En el manejo de la pandemia, en la mayor parte del país, la modalidad fue abandonada a su suerte. En este cuadro, si el FinEs representaba ya una opción degradada y cercenada la pandemia hizo lo suyo. Si la continuidad pedagógica se dificulta en las escuelas de la modalidad común imaginemos el cuadro que quedará en la educación de adultos, en general, y en el Fines en particular cuya continuidad se redujo a la mitad de lo que ya era casi un tercio (más una tutoría) de cursada.
Protocolos paraestatales
Proyectar una vuelta a clases escalonadas en el FinEs es de una irresponsabilidad suprema. En primer lugar, en una modalidad semipresencial no hay muchos días para escalonar. Pero más preocupante aún, para la salud de miles de docentes y alumnos, es pensar quién se hará cargo de garantizar las condiciones sanitarias mínimas para las comisiones paraestatales del Fines. En otra nota de este mismo número, mostramos cómo el protocolo federal apuntaba a hacer uso de sedes paraestatales para garantizar el “distanciamiento” en las escuelas comunes. Como sostuvimos, el Estado no garantiza las condiciones mínimas en las escuelas y pretende tercerizar la vuelta.
No extraña que la vuelta presencial en el Fines se tome con la misma liviandad. Ya en abril se resolvió, a nivel nacional, el sistema de convenios y de sedes paraestatales quedara en pie. Sabemos que el plan funciona, y puede funcionar en universidades, escuelas de otros niveles y modalidades, centros educativos no escolares, entidades sindicales, asociaciones empresarias y de la comunidad (que van desde comedores, parroquias, casas de familia, sedes de partidos políticos, organizaciones de desocupados, fábricas recuperadas como la mismísima Madygraf, etc.) siempre y cuando se suscriban convenios. Inclusive se les dio a esos espacios paraestatales mayor poder de decisión e injerencia para asegurar la “calidad educativa, permanencia y egreso de los estudiantes” o para vincularlos con el mundo de la producción y reformular el plan según las necesidades de la “población escolar involucrada por la necesidad de concluir su escolaridad”, tal como establece el ítem 3 del Anexo de la Resolución nacional que reguló el plan en abril pasado. Va de suyo que la implementación de los protocolos dependerá del “referente” y que veremos casos dónde se apele a la “ausencia de distanciamiento” en los “barrios populares”, o a la inmunidad de rebaño como excusa para garantizar “como sea” la vuelta a clases y el egreso de los cursantes. Imaginemos, por un momento, la vuelta a clases del plan FinES. Serán los funcionarios quiénes explicarán cómo aplicar un protocolo que no exponga a la enfermedad a docentes y alumnos que dictan y toman clases en unidades básicas, casas de familia, clubes, sociedades de Fomento, iglesias. ¿Quién garantiza los elementos de higiene? Ya sabemos la respuesta: nadie más que el propio docente. En este cuadro, conservar la salud: imposible.
¿Cómo llegamos hasta acá?
Esto sucede porque el Estado deposita la organización administrativa del Plan Fines en los CENS. Les pide, además, que sean promotoras de un plan que destruye la educación de adultos. Un plan que delega su implementación territorial y la gestión administrativa de las sedes en una figura central para su desarrollo: el referente, generalmente puntero político barrial, quién además de las tareas administrativas, asegura la provisión del lugar físico donde funcionará la sede. Así, vemos con claridad por qué Fines desarrolla su actividad en lugares tan precarios. El Estado, en su afán descentralizador, deposita su responsabilidad en una figura ajena al contexto educativo. Como sabemos, ni siquiera es requisito ser docente para ser referente. Selecciona las sedes en base a su armado punteril y usa para eso de cualquier lugar “disponible” con el resultado ya por todos conocido: terminamos dando clases en cualquier lado como podemos y a veces, sino las más, compartiendo lugar con otras actividades propias de las instituciones. Hoy ante esta situación de pandemia, salen aún más a la luz los resultados concretos de esta práctica descentralizadora. Ninguna sede seleccionada bajo esta dinámica se encuentra en condiciones para dictar clases. El mito de “educar bajo un árbol” cae por su propio peso y ya no alcanzan las justificaciones pedagógicas posmodernas, tendientes al voluntarismo y a la romantización de la precariedad y la pobreza. El plan degrada desde sus orígenes y hoy promete, además, enfermarnos. Decisiones completamente alejadas de las necesidades concretas y reales de la clase obrera.
Por eso, una vez más, se muestra la vitalidad de nuestras consignas históricas. En cada sede FinES, el Estado debe construir una escuela de adultos. Hay que terminar con la descentralización de esta modalidad y luchar por su rápida incorporación al circuito de la escuela de adultos formal, garantizado todas las condiciones materiales y pedagógicas necesarias para que enormes capas de la población obrera continúen y terminen sus estudios. Para hacerlo, necesitan que se garanticen condiciones materiales y escolares reales. Desde un salario familiar equivalente a dos canastas reales para todos los ocupados y desocupados, salubridad para sus condiciones de vida, condiciones escolares de calidad. Hoy presenciamos las consecuencias de aceptar que se podía estudiar en cualquier lado, que un grupo de la población podía hacerlo y el gobierno pretende la vuelta a clases “fineslizando” todo el sistema educativo. En esa acción se juega la vida y la salud de millones de personas. Y como siempre el eslabón más débil y más expuesto será aquel que fue el caballo de troya para la profundización de la degradación: el FinEs.
