El último domingo, el diario The Intercept Brasil publicó una serie de reportajes sobre los intercambios de mensajes que hubo entre el exjuez Sergio Moro, actual ministro de Justicia, y el fiscal de la operación Lava Jato, Deltan Dallagnol. Además, dieron a conocer algunos de los intercambios que hubo dentro del equipo de trabajo del Ministerio Público Federal que se encargaba de realizar las investigaciones que se desarrollaron en el marco de la operación. Frente a estas revelaciones, el Partido de los Trabajadores (PT), la izquierda y buena parte de la prensa salieron a denunciar las irregularidades que se habrían cometido y el interés político de quienes eran responsables de investigar y juzgar los diferentes casos. Las conversaciones de Moro, Dellagnol y la Fuerza de Tarea de la Lava Jato evidenciarían la falta de imparcialidad y los objetivos políticos que había detrás de la operación, puesto que manifiestan abiertamente su intención de impedir la victoria electoral del PT y de encarcelar a Luiz Inácio Lula da Silva. Se señala que el expresidente fue condenado en un proceso signado por irregularidades y falta de pruebas, lo cual habría constituido una violación del estado democrático de derecho y del debido proceso legal.
Lamentablemente, como se ha señalado, parte de la izquierda brasileña y argentina han salido a defender a Lula. En efecto, el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), el Partido Obrero (PO), el Nuevo MAS y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) han denunciado el “golpismo judicial”, el “atentado contra la soberanía popular y el derecho democrático del pueblo”, así como la supuesta “proscripción electoral” del expresidente.
Pues bien, en primer lugar, es preciso hacer una aclaración elemental: sí hay pruebas. Lula cometió delitos de corrupción y está bien que se encuentre en prisión. La constructora OAS entregó propinas a Lula para que favorezca a esta empresa en contratos con Petrobras. Basta con leer la sentencia de Moro en primera instancia, en donde se detallan cuáles fueron los elementos considerados: las confesiones de los ejecutivos de OAS y los correos electrónicos de los miembros de la familia de Lula y los altos funcionarios de la constructora. Ello ya es suficiente para justificar el encarcelamiento del expresidente y desmentir la idea de que fue condenado sin pruebas. No obstante, es preciso agregar que el Tribunal Regional Federal nº 4 de Porto Alegre ratificó la sentencia inicial en segunda instancia y aumentó la condena a doce años de cárcel. Además, el Supremo Tribunal Federal rechazó un habeas corpus solicitado por la defensa de Lula. Esto demuestra que la sentencia que lo llevó a prisión no fue una mera decisión arbitraria de Moro, sino un proceso que involucro a diferentes instancias. Las conversaciones que salieron recientemente a la luz entre el ex juez y el fiscal de la operación no alteran estos elementos fundamentales. Moro puede haber estado motivado por intereses políticos, pero ello no anula el hecho de que Lula sea un corrupto.
En segundo término, vale señalar que este caso no debe ser considerado de manera aislada. Lula afronta al menos otras seis causas en las que se lo acusa de corrupción, lavado de activos y obstrucción a la Justicia. Además, el expresidente no es la única figura que ha sido salpicada por este tipo de hechos. Los crímenes de corrupción han involucrado a presidentes, ministros, gobernadores, diputados y senadores del conjunto de los partidos políticos que han gobernado en los últimos treinta años: el Partido de los Trabajadores, el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el Partido Progresista (PP) y el Partido Laborista Brasileño (PTB), entre otros. A modo de ejemplo, basta recordar los casos de Aécio Neves, candidato a presidente por el PSDB en el año 2014, el de Michel Temer (MDB), presidente entre 2016 y 2018, el de Luiz Fernando Pezão (MDB), ex gobernador de Río de Janeiro, el de Antonio Palocci (PT), ex Ministro de Hacienda, y el de Eduardo Cunha (PMDB), ex presidente de la Cámara de Diputados. Por su parte, vale señalar que también se ha procesado y encarcelado a algunos de los empresarios más importantes de Brasil, como Marcelo Odebrecht, ex ejecutivo del grupo Odebrecht, José Adelmário Pinheiro Filho, ex presidente de la constructora OAS, y João Ricardo Auler, alto funcionario del Grupo Camargo Corrêa. Todos ellos y muchos otros han sido partícipes activos del gigantesco desfalco que azota al país
Estos casos demuestran que Lula no fue el único afectado. Todo el personal político brasileño, junto a la clase social a la que representan, la burguesía, se ha visto involucrado en esquemas de corrupción. Y el nuevo gobierno no constituye una excepción en este escenario. Gustavo Bebianno, quien era ministro de la Secretaría General de la Presidencia, terminó siendo desplazado de su cargo luego de que se los acusara de ser el responsable del financiamiento irregular de su partido durante la campaña electoral del año pasado, momento en el que presidía el Partido Social Liberal (PSL), el mismo al que pertenece Bolsonaro. Además, Flavio Bolsonaro, hijo mayor del presidente y Senador por el Estado de Río de Janeiro, ha sido vinculado a la Oficina del Crimen, el grupo de sicarios que asesinó a Marielle Franco. Como si ello fuera poco, Flavio también es acusado de lavado de dinero y movimientos financieros ilícitos cuando se desempeñaba como parlamentario en la Legislatura de Río de Janeiro. Pues bien, a la luz de todos estos elementos, se hace necesario superar el análisis estrictamente jurídico de cada caso para comprender que no se trata de una simple violación a la ley y al orden constitucional, sino de la forma en que una clase social gobierna al conjunto de la sociedad. Así lo ha hecho y lo seguirá haciendo hasta el momento en que pierda su lugar.
Los reportajes que recientemente fueron publicados y las conversaciones que salieron a la luz no deben confundirnos. La parcialidad de los jueces y el uso político del aparato judicial solo pueden sorprender a los defensores de la democracia burguesa, a quienes no se atreven a poner en cuestión los principios ficticios sobre los cuales se asienta. Este tipo de justicia es el único que puede ofrecer la burguesía. Además, ¿por qué habría que defender el respeto al debido proceso para a un sujeto bajo cuyo gobierno se asesinaron cientos de militantes? ¿Por qué exigir la neutralidad de la justicia para quien ajustó y sometió a la miseria a la clase obrera? Oponerse al encarcelamiento de Lula es defender a un verdugo. Al igual que él, Collor de Mello, Cardoso, Dilma, Temer y Bolsonaro han robado, reprimido y ajustado. Los revolucionarios no debemos tomar partido por uno o por otro, tenemos que exigir que se vayan todos. Las diferencias que los separan son minúsculas en relación con el aspecto que comparten: todos ellos son nuestros enemigos. Por eso, es preciso aprovechar la crisis política actual e intervenir de manera independiente para construir una alternativa revolucionaria que termine de una vez con todos estos bandidos y con la burguesía parasita a la que representan.
Razón y Revolución
