Uno de los mitos más difundidos de la historia argentina sostiene que el peronismo inició un proceso de democratización de la universidad. Ese cuadro es presentado habitualmente como un punto de inflexión entre una universidad “oligárquica” y una popular.
Si bien hay elementos que alimentan esa idea, la realidad es muy distinta. A través de una serie de notas vamos a ir desmontando uno a uno los mitos de la política universitaria del primer peronismo. En esta primera entrega vamos a poner sobre la mesa la primera legislación del gobierno de Perón para el sistema universitario, nos referimos a la ley 13.031.
El proyecto fue presentado a instancias de John William Cooke en 1947 y aprobado por el Congreso ese mismo año. Lo primero que hay que marcar es que la ley no innova en materia de “democratización” ya que mantiene los aranceles universitarios y solo exime de su pago a algunos estudiantes (cosa que ya se venía haciendo). Por lo tanto, aquí no hay ninguna novedad.
Lo realmente novedoso de la ley, presentada por este prócer de la “izquierda” peronista, es su contenido fuertemente represivo hacia los estudiantes. En primer lugar, la distribución de las becas (el no pago de aranceles) entre las casas de estudios queda a único criterio del Poder Ejecutivo. De esta forma habilitaba a direccionar los recursos a las universidades más afines.
En segundo lugar, establecía que los estudiantes podían perder la beca “por observar mala conducta pública, dentro o fuera de la universidad, o por realizar dentro de ella actividades políticas”. Una vez perdida la beca ya no se podía obtener otra en ninguna universidad del país. Por esta vía, el peronismo buscaba eliminar la vida política de las universidades a fin de sofocar toda oposición. Macartismo puro.
La censura no se limitaba solamente a las becas. La propia permanencia en la universidad no estaba garantizada. Tanto docentes como estudiantes podían ser suspendidos y expulsados por defender “intereses que estén en pugna, competencia o colisión con los de la Nación, provincias o municipios”. De hecho, durante estos años, para inscribirse y permanecer en la universidad los estudiantes debían presentar un certificado de buena conducta otorgado por la Policía Federal. En otras palabras, cualquiera que se opusiera al peronismo podía darse por expulsado.
Por último, el peronismo atacó una de las principales conquistas estudiantiles de la Reforma Universitaria. La representación estudiantil en los consejos fue prácticamente suprimida. Se reemplazó la elección de los consejeros por un sistema que le otorgaba dicho cargo solo a estudiantes del último año que hayan obtenido el promedio más alto en su carrera. Los mecanismos democráticos de elección quedaban totalmente abolidos. Además, el cargo tenía una función meramente testimonial ya que en las sesiones del consejo, los representantes estudiantiles tenían voz pero no voto.
Esta legislación marcó la orientación de la política universitaria del peronismo y la consecuente oposición estudiantil. Su gobierno atacó todas las conquistas estudiantiles de las décadas previas a través de un régimen represivo. Hoy, las agrupaciones peronistas y kirchneristas se llenen la boca hablando de la vuelta de la juventud a la política (de la mano de Néstor, dicen) y de los logros universitarios del peronismo. Se presentan como corderos pero son los peores enemigos de los estudiantes.
