Los Servicios de Inteligencia en la Argentina operan hace muchos años, vinculados a distintos sectores políticos, y actúan con una importante autonomía y lealtades volátiles. Conocen los negocios sucios de cada político y empresario, y los usan en su provecho para acumular riqueza y poder.
Por Federico Genera
Laboratorio de Análisis Político
Hace algunas semanas explotó el Caso D’Alessio y con él, volvió a salir a la luz el submundo de los servicios de inteligencia. Los “carpetazos” que se arrojan macristas y kirchneristas, cada vez más frecuentes, sacan a la luz una trama de negocios oscuros, aprietes y complicidades que involucran a la política, la justicia y el periodismo. Un Estado negro descontrolado, que devela operaciones del gobierno hacia la oposición y viceversa, pero también dentro del propio oficialismo. Que los servicios de inteligencia tienen un peso creciente en la resolución de internas políticas no es una novedad. Lo que sí es nuevo es la creciente incapacidad del gobierno, sumido en una crisis política y económica muy profunda, para controlar la situación.
Buenos muchachos
Las bases del actual sistema de inteligencia se fijaron en la ley promulgada durante la presidencia de Fernando De La Rúa en el año 2001. Allí entre sus puntos más importantes se destacan tres elementos. En primer lugar, el destino del presupuesto de inteligencia sería confidencial, salvo para el Poder Ejecutivo y para la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia. El segundo, es la creación de esta comisión de control, que tendría todas las facultades para exigir explicaciones pertinentes: “La Comisión Bicameral tendrá amplias facultades para controlar e investigar de oficio (…) y los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional deberán suministrar la información o documentación que la Comisión solicite.”[1] El tercer punto, establecido en el art.18, donde se señala que cualquier actividad de inteligencia se deberá hacer con el aval del Poder Judicial mediante un escrito.
Estos puntos permiten entender los hechos que salieron a la luz con el caso D’Alessio. En primer lugar, los vínculos que enhebran al Poder Judicial y los Servicios de Inteligencia: controlar la AFI, es, ante todo, controlar la Justicia, disciplinando a jueces y fiscales con dinero, tráfico de información y amenazas de “carpetazos”. A su vez, esta estructura explica los lazos que unen a la AFI macrista con la SIDE kirchnerista y la de la Alianza. El control operativo de la AFI hoy recae sobre Silvia Majdalani, que durante los últimos años del kirchnerismo presidió la Bicameral de Inteligencia. Durante esos años, forjó una excelente relación con el número dos de la SIDE kirchnerista, Francisco Larcher, aliado en su momento del Director General de Operaciones Jaime Stiusso. Larcher y Stiusso, otrora fieles espías kirchneristas, protagonizaron un enfrentamiento interno contra Berni y Milani, donde abundaron los “carpetazos” y hasta hubo algún muerto.[2] El otro mandamás de la AFI macrista es Daniel Angelici, el operador judicial del gobierno que a través de funcionarios que le responden controla el área jurídica y los fondos reservados. Daniel Angelici, dirigente radical aliado del Coti Nosiglia, mantiene un estrecho vínculo con otro personaje ligado a la inteligencia radical y kirchnerista: Darío Richiarte. Richiarte fue el número dos de la SIDE durante el gobierno de la Alianza, es actualmente vicepresidente 3ro. de Boca (donde comparte la conducción con Angelici), y fue abogado de Boudou y del Grupo 23 de Sergio Spolsky. Se entiende, analizando estos vínculos, por qué Angelici siempre fue partidario de dosificar la ofensiva judicial contra Cristina, apretando sin ahorcar para mantenerla como sparring en cada contienda electoral. A su vez, esto explica en parte la guerra interna desatada dentro del macrismo: Carrió, quien también tiene vínculos con el aparato judicial y los servicios (eso explica cómo consigue las escuchas que filtra a los medios), se la tiene jurada a Angelici y Nosiglia. Cabe aclarar que aunque la AFI es el organismo con mayor presupuesto dentro del área de inteligencia, no es el único. Su presupuesto para 2019, de $2.697 millones de pesos, representa un 35% de lo destinado a Inteligencia. El resto se reparte entre los organismos de la inteligencia policial y militar que dependen de los ministerios de Seguridad y Defensa.
Guerra de servicios
El caso D’Alessio se inicia como una contraoperación de inteligencia destinada a poner en jaque la Causa de los Cuadernos, que, recordemos, también arranca con una operación de inteligencia (la aparición de los famosos Cuadernos de Centeno, también sospechado de espía). El empresario Pedro Etchebest filmó a D’Alessio cuando le pedía una coima en nombre del fiscal Stornelli para no aparecer en la causa. La denuncia fue presentada en simultáneo en la Justicia y en los medios (ultra kirchneristas), donde apareció material fotográfico que daba cuenta de los encuentros entre Stornelli y D’Alessio. Aunque no fue acreditado que el autor intelectual de la extorsión haya sido Stornelli, la investigación develó una trama mucho más oscura. D’Alessio quedó desenmascarado como agente de inteligencia, que además de prestar servicios para sus jefes en la AFI, realizaba “trabajos particulares” reportando a periodistas, fiscales y políticos. Pero quienes lo denunciaron también aparecen vinculados a los servicios de inteligencia, aunque responden a otros sectores políticos. Como revelaron Carrió y sus secuaces, dando a conocer escuchas telefónicas obtenidas de manera ilegal, los presos kirchneristas detenidos por los Cuadernos estaban al tanto de la operación desde tiempo antes de que salga a la luz. Roberto Baratta, jefe del chofer Centeno, comentó en conversaciones telefónicas los detalles de lo que posteriormente se revelaría y mencionó contactos con agentes de inteligencia.
Los testimonios y la documentación que se fue sumando a la causa que lleva el juez Ramos Padilla, revelan que D’Alessio reportaba a dos ex comisarios bonaerenses, hoy detenidos, que también se desempeñaron en la AFI: Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi. Poco tiempo después cayó también Rolando Barreiro, también ex agente de la AFI que formaba parte de la banda de D’Alessio. Aunque en sus declaraciones los expías confirmaron que trabajaban para la AFI reportando a Majdalani, su jefa negó ese vínculo. Por supuesto, no hay nada más sencillo que negar la contratación de un espía, cuyo trabajo es secreto. Sin embargo, la documentación hallada permite corroborar que se trataba de espías que reportaban a algún sector de la interna oficialista: carpetas donde consta el espionaje a la gobernadora María Eugenia Vidal, o a los jueces de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. También ha aparecido evidencia de trabajos “particulares”, como extorsiones a empresarios complicados en la justicia o el espionaje que realizó D’Alessio sobre la ex pareja de la novia de Stornelli, a pedido del propio fiscal. A su vez, es claro el vínculo con algunos periodistas, como Daniel Santoro, que servían a D’Alessio para sus operaciones, filtrando información en momentos oportunos. La banda también aparece vinculada a otros funcionarios judiciales, agentes de las fuerzas de seguridad y espías, como Juan Ignacio Bidone, fiscal del Triple Crimen de General Rodríguez, a quien le aportaron información y supuestos testigos arrepentidos. El tráfico de información y los aprietes, aunque puedan parecer trabajos por cuenta propia, pueden ser parte de operaciones políticas, o estar destinados a aceitar relaciones o conseguir datos que luego serán utilizados en otras operaciones. Por esa razón, aunque es claro que la banda de D’Alessio actuaba con cierta autonomía del gobierno, no queda claro el límite entre su labor oficial y sus trabajos particulares.
Por otro lado, quienes desenmascararon a D’Alessio no son ajenos al submundo de la inteligencia. El empresario Pedro Etchebest compartía oficina con Degastaldi y Bogoliuk en Puerto Madero, y fue señalado por el hijo del financista Aldo Ducler como un agente ligado a la inteligencia norteamericana que lo contactó para obtener información sobre la actividad de su padre. Por otro lado, Etchebest aparece vinculado a negocios con empresarios chinos. Una vez más, la guerra comercial entre China y EE.UU. se filtra en los escándalos de corrupción locales. Recordemos que se había adjudicado el inicio de la Causa de los Cuadernos a la inteligencia norteamericana, que involucró en la denuncia por sobornos a las constructoras chinas y sus socios locales.[3]Hoy, quien inicia una contra-operación destinada a voltear esa causa aparece ligado a intereses comerciales chinos y servicios de inteligencia extranjeros…
Como sea, es claro que Etchebest no es un empresario extorsionado, sino parte de otro aparato de inteligencia (¿o de la misma banda?) que realizó un contragolpe.Estamos frente una guerra de inteligencia que parece ir escalando. Mientras el presidente Macri intentaba desplazar al juez Ramos Padilla para tapar el escándalo, dos de sus aliadas, Carrió y Vidal, han salido a pedirle la disolución de la AFI. Diferenciándose de Macri y del procurador Casal, Vidal no dio su apoyo a los fiscales que aparecen vinculados a D’Alessio: Bidone fue suspendido, ni bien comenzó a sonar su nombre, por la Corte Suprema Bonaerense. Llamativamente, algunos días después de la suspensión, se produjo un resonado enfrentamiento entre policías bonaerenses y federales en la localidad de Avellaneda, donde un comisario fue acribillado. Los bonaerenses fueron interceptados cuando pretendían cobrar coimas a una narcotraficante, que habría denunciado la situación a la Policía Federal. La investigación abierta no había sido comunicada ni a Vidal ni a su ministro de Seguridad, Ritondo, y la desprolija intervención (el comisario bonaerense muerto recibió 7 balazos) recuerda a una batalla de la guerra entre Stiusso y Milani de 2013, cuando un escuadrón de policías bonaerenses acribilló al Lauchón Viale, mano derecha de Stiusso que era investigado por narcotráfico.
En el mismo lodo…
Los escándalos que salen a la luz develan a los Servicios de
Inteligencia en la Argentina como una superposición de aparatos que operan hace
muchos años, vinculados a distintos sectores políticos, que actúan con una
importante autonomía y cuyas lealtades son volátiles. Conocen los negocios
sucios de cada político y empresario, y los usan en su provecho para acumular
riqueza y poder. El kirchnerismo supo valerse de ellos en su momento, cuando
Néstor pactó con Stiusso, e intentó controlarlos pasando la inteligencia a
Milani cuando la SIDE se empezó a desbocar. El macrismo recurrió a estas
cloacas para nutrir su ofensiva judicial y mediática contra el kirchnerismo,
pero parece haber perdido el control. El boomerang vuelve y amenaza con sacar a
la superficie toda la podredumbre que se oculta bajo la alfombra de cada uno de
los gobiernos de 1983 a la fecha. Es claro que con la Causa de los Cuadernosse
ha abierto una crisis que pone en tela de juicio a todo el personal político
burgués y al régimen en su conjunto. La izquierda debería tirar de la piola
para sacar a la luz todas las miserias del Estado negro, en lugar de permanecer
expectante (o apañando a alguno de los acusados) mientras sobrevuelan los
carpetazos de uno otro bando.
[1]Ley N° 25.250. “Ley de Inteligencia Nacional”, Diciembre 3 de 2001.
[2]Véase Lissandrello, Guido: “Guerra Fría. Milani y el futuro de las Fuerzas Armadas”, en El Aromo N° 74, septiembre-octubre de 2013, https://bit.ly/2VtVC13.
[3]Véase Sanz Cerbino, Gonzalo: “Al borde del precipicio. La política y la economía a la luz de la causa de los cuadernos”, en El Aromo Nº 103, octubre-noviembre de 2018, http://bit.ly/2WaYY67.
