El martes pasado se llevó adelante la primera asamblea general de AGD a casi tres meses de que comenzara la cuarentena. En ese lapso, la dirección del sindicato, que se reclama democrático, no creyó conveniente consultar a sus bases sobre la política a defender frente a una situación excepcional y novedosa. Solamente llamó a asambleas en contadas facultades. Por eso, la asamblea tuvo una participación importante en términos de la concurrencia habitual, aunque para nada masiva: 204 conectados en el mejor momento, sobre más de 28 mil docentes.
El eje del debate gremial fue qué hacer frente al trabajo virtual. Las posiciones enfrentadas fueron básicamente dos: la de la dirección de AGD que se oponía a reglamentar el trabajo virtual, y la que RyR defiende hace dos meses: la necesidad de regularlo mientras dure su necesidad, es decir como medida excepcional frente a la pandemia. A la posición de la conducción (PO) se sumaron las fuerzas presentes del FIT (IS y PTS). A la posición de reglamentarla se sumaron otras fuerzas, aunque de manera más bien confusa, como la tendencia del PO y, en parte, Patria Grande.
Sin embargo, aunque decía negarse a reglamentar el trabajo a distancia, la AGD incorporó muchas de nuestras propuestas de reglamentación concretas, junto a otras que presentaron otros compañeros. Pero, hicieron esto de forma vergonzante, sin reconocer que implicaba un cambio de posición. Por el contrario, trataron de hacerlo pasar como una continuidad de su política, cuando cualquiera que haya seguido sus publicaciones puede verificar lo contrario. Se trata de una actitud deshonesta hacia los trabajadores, que muestra que están más preocupados por resguardarse como dirección que por cuidar a sus afiliados.
Por meses los esfuerzos de la conducción se centraron en evitar lo que ellos llamaron una “virtualización obligatoria”, trataron de impedir el dictado de clases a distancia y pugnaron en cambio por reprogramar las clases presenciales. Su programa era “acompañamiento virtual optativo”, a la espera de que vuelvan las clases presenciales. Este acompañamiento era lo contrario de clases, se trataba simplemente de mantenerse conectados para mantener algún tipo de vínculo con los estudiantes y esto solo sí el docente lo deseara.
En la medida que su programa se demostró inviable y fue ignorado por los docentes universitarios que mayoritariamente dieron clases, comenzaron un lento viraje. El mismo puede verse en los cambios de sus posiciones desde la asamblea de Sociales a la asamblea general de AGD. En la Asamblea de Sociales dentro de los 10 puntos propuestos por la conducción figuraba uno que establecía la negativa a tomar cualquier tipo de exámenes. Nosotros nos opusimos planteando que el trabajo realizado estos meses por docentes y estudiantes debía valorarse y, por lo tanto, debía permitirse la toma de exámenes y la acreditación de las materias, inclusive las de promoción directa. Varios docentes respaldaron nuestra propuesta. En ese entonces la conducción defendió su consigna a rajatabla. Sin embargo, esta no apareció en los puntos que bajaron a esta asamblea general. Cambian la posición, pero no lo hacen público, simplemente van desapareciendo las consignas que más molestaban a los docentes.
Como están inmersos en este proceso de readecuación encubierto tampoco fueron honestos ni a la hora de defender su programa ni a la de intentar rebatir el de su adversario. Sus intervenciones como oradores en un primer momento se basaron en generalidades. Varios oradores dijeron que apoyaban los 10 puntos presentados por la conducción de AGD, pero los participantes de la asamblea no sabíamos cuáles eran exactamente esos 10 puntos, lo que nos impedía discutirlos. Recién pasando la mitad de la asamblea un orador los mocionó y el texto fue colocado en el chat. Llamativamente ningún orador aludió o defendió los puntos más controvertidos de ese pliego, a saber, el carácter optativo de la enseñanza durante la cuarentena (lo que lleva implícito el derecho a no trabajar por parte del docente) y la regularización automática de todo estudiante que se hubiera inscripto a una materia. Casi como si quisieran que los mismos pasaran desapercibidos.
Del mismo modo, en ningún momento argumentaron contra varias de nuestras mociones como el pedido de respeto de la promoción directa. En vez de dar un debate honesto, simplemente se llamaron a silencio durante toda la asamblea y a la hora de la votación operaron burocráticamente contra la moción, intentando bajarla primero, para finalmente votarla en contra.
En la medida en que había presión de las bases para establecer diferentes formas de regulación del trabajo a distancia y ante la imposibilidad por el formato de la asamblea de debatir en detalle cada una de las propuestas, propusimos la creación de una comisión que discutiera el conjunto de estas demandas y presentara un proyecto de reglamentación exhaustivo a votarse en una próxima asamblea cercana en el tiempo. Esta moción fue votada por un tercio de la asamblea, con oposición de la conducción que claramente buscaba negar cualquier pedido concreto formal.
De tal forma si bien hay un acercamiento a las posiciones que siempre sostuvo RyR de reglamentar la enseñanza a distancia durante la emergencia, el mismo es parcial y contradictorio. Solo se aceptan elementos aislados de lo que sería una reglamentación general de la enseñanza a distancia, se bloquea un avance más general y sistemático en ese sentido y se mantienen elementos de la posición anterior (la idea de que dar clases sea optativo).
Con los trabajadores o con la patronal
La asamblea comenzó con más de una hora y media de informes por parte de la dirección. Lo interesante del asunto es que tanto el informe que dio la Ileana Celotto, la secretaria general, como cada una de las facultades mostraba algo que la AGD no está dispuesta a aceptar: que la abrumadora mayoría de los docentes está dando clases, aunque ellos prefirieran ignorar este hecho durante casi tres meses. Más interesante resultó otro dato: la abrumadora mayoría de los docentes se queja de la sobrecarga que implican las clases virtuales y los problemas de equipamiento que tienen. Es más, según los datos de la encuesta virtual que hizo AGD, el 77% de los 1491 docentes que respondieron, dijeron sentir que están más precarizados y flexibilizados. Estos datos son toda una confesión: mientras la AGD denunciaba la “virtualización forzosa” y promovía el “acompañamiento optativo” los docentes trabajaron y lo hicieron sin ninguna reglamentación que regulara esta nueva modalidad. La pasividad del gremio frente al hecho consumado de que la abrumadora mayoría de los docentes está dando clases, llevó a que las condiciones laborales empeoraran. En lugar de intervenir en defensa de condiciones de trabajo para los compañeros, simplemente se abstuvieron de tener una política y con ello dejaron hacer al rectorado y a las gestiones de las facultades. Es decir, dejaron a quienes se supone que tienen que defender a merced de la patronal.
Ahora, adaptándose a reclamos de la mayoría van a aceptando a cuentagotas aspectos parciales de una reglamentación, pero mantienen su oposición a un cuerpo ordenado de artículos que en su conjunto reglamenten el trabajo a distancia en la emergencia. Los argumentos para oponerse a la reglamentación del trabajo virtual fueron variando: desde los conspiranoicos (hay una conspiración macabra de los organismos internacionales que quiere imponer la virtualidad para privatizar la educación), los negacionistas (si no lo nombro, no existe; si lo nombro lo “naturalizo”) y otros argumentos fantasiosos por el estilo. Fuera de los relatos de ciencia ficción o los argumentos posmodernos y liberales, algunos plantearon que una reglamentación iría, de alguna forma inentendible, contra la defensa del convenio colectivo de trabajo de CONADUH, aquel que la UBA desconoce y no aplica. El problema con este argumento es, primero, su falsedad. Todo Convenio Colectivo de Trabajo se firma en un momento y luego puede sufrir modificaciones. En este caso, estamos ante un hecho excepcional que, por supuesto, no estaba contemplado. Por lo tanto, establecer límites a la forma en que la patronal organiza nuestro trabajo, exigiendo mejores condiciones laborales y que nos provean del equipamiento y los servicios necesarios (pago de servicios de internet y planes de datos) no estaba previsto en nuestro convenio. Por eso es necesario que esto se discuta y el resultado de esa discusión quede asentado por escrito, con la explicitación de que esta modalidad de trabajo será excepcional y transitoria, atada a la duración de la emergencia sanitaria. Una reglamentación como esa no es paralela ni sustitutorias del convenio sino ampliatoria.
La conducción del sindicato apeló a estos argumentos contra la creación de una comisión abierta que elabore en forma urgente un proyecto de reglamentación del trabajo a distancia en la emergencia. Pretendía también que el vacío legal dado por la emergencia de una modalidad laboral no prevista en nuestro convenio se podría cubrir a través del proyecto de ley que el FIT impulsa en el congreso. Más allá de que dicho proyecto de ley no contempla reglamentaciones específicas que hacen a nuestra actividad como docentes universitarios, este planteo implica un fuerte sesgo parlamentarista: bloquea la lucha que los trabajadores de un sector podemos dar para conseguir mejores condiciones laborales y deposita ilusiones en un proyecto parlamentario.
Como explicamos en la asamblea, el debate no era trabajo virtual sí o trabajo virtual no. En primer lugar, porque el trabajo virtual ya es un hecho. Frente a ello hay dos posibilidades: o la patronal organiza el trabajo como quiere frente a la emergencia sanitaria, o los trabajadores imponen condiciones para evitar que ello suponga una sobrecarga laboral y económica (por la compra de insumos, el pago de planes de internet, etc). La AGD eligió lo primero.
Bajo la fórmula de “acompañamiento optativo” que AGD elaboró en la medida que veía que las clases virtuales se estaban imponiendo, se supone que los docentes tienen la libertad de elegir si dan o no clases, una perspectiva totalmente liberal. Pero lo más llamativo es que, al mismo tiempo que se defiende esa fórmula, se reclaman elementos que muestran su futilidad, como las licencias. Si el “acompañamiento” es optativo, ¿para qué es necesario reclamar que se respeten las licencias? A la inversa, si se consiguen las licencias y dispensas a las personas que lo requieren por tener familiares a cargo u otras razones de fuerza mayor, ¿cuál es la justificación para pedir que el trabajo docente sea optativo? Insistimos todo docente que lo precise (por cuidar menores o adultos, por hallarse varado fuera de su residencia, etc. etc. debe tomarse la licencia o dispensa que corresponda), deben nombrarse los suplentes con renta y organizarse la cursada. Por el contrario, la idea del acompañamiento optativo opera contra la organización de la cursada generando una situación caótica en la cual cada uno realiza o deja de realizar tareas docentes en el momento que desea. En la práctica esta es la situación vigente en Sociales, único lugar donde la conducción de AGD impuso su política.
La cláusula de la optatividad defendida por la conducción con uñas y dientes solo se justifica hoy en función de sostener la alianza que la dirección de AGD ha establecido en la Facultad de Sociales con la gestión y con la dirección de las carreras kirchneristas, todos de acuerdo en que no se dicten verdaderas clases. Ante nuestro planteo de que esto lleva a la ruptura de la alianza con los estudiantes pues puede hacerles perder el cuatrimestre se nos respondió, ¡qué importa el cuatrimestre cuando está en juego la vida!, como si alguien arriesgara su vida por dar clases a distancia…
Es evidente que la AGD se equivocó y, probablemente, haya subestimado la extensión de la cuarentena y que, ahora, frente al hecho de que la presencialidad va a tardar en volver, está desorientada y no puede reconocer su error, amén de que parece amarrada a los acuerdos realizados. Su reorientación es parcial, sigue defendiendo la optatividad de las clases en los papeles, pero en la práctica solo busca imponerlo en Sociales donde es bancada por los K. En otras partes se concentra en una política más positiva: la gestión de licencias y dispensas, mientras que acepta una gradual incorporación al pliego de reclamos de medidas que regulan el trabajo a distancia. Pero esto no es suficiente: debemos tener un pliego ordenado, coherente y detallado de reglamentaciones del trabajo a distancia que ocupen un rol central en nuestros reclamos actuales.
La pregunta es: ¿a quién conviene que no se reglamente el trabajo a distancia que estamos realizando? ¿Qué intereses termina defendiendo –consciente o inconscientemente- la conducción de un gremio que sistemáticamente bloquea dicha reglamentación? Es la patronal y no los docentes quien se beneficia de esta situación, quien prefiere no tener condicionantes legales que le impongan límites a la forma en que organiza el trabajo. Son los trabajadores quienes tienen que luchar por imponer sus condiciones. Eso es lo que está en discusión: al servicio de qué intereses está nuestro sindicato.
¿Y los estudiantes?
Esta situación excepcional, que va a extenderse por varios meses, no puede pensarse con las estrechas miras corporativas, y es necesario incluir los reclamos de los estudiantes. Lo hemos planteado: no se puede romper la alianza histórica con los estudiantes. En una posición contradictoria hasta el ridículo, la conducción de AGD llamó a defender los reclamos estudiantiles y, al mismo tiempo, a plantear un “acompañamiento optativo”, rechazar instancias de evaluación para regularizar y la imposición del final obligatorio incluso en aquellas materias que son de promoción directa.
Sí, los que se llenan la boca hablando de los derechos de los estudiantes y sus reclamos, se ponen del lado de la patronal a la hora de eliminar el derecho ganado por ellos de tener materias con promoción directa y los obligan a dar final obligatorio. Para peor esos finales serán dados en condición de libres en caso de que sus docentes hayan optado por no hacer el “acompañamiento”, o sea, sin haber tenido clases.
Frente a esto RyR planteó la consiga de que se respete la promocionalidad en aquellas materias que la tenían. La conducción de AGD votó en contra. En ningún momento en la asamblea se pronunció al respecto, pero a la hora de votarla la quisieron dar de baja (ni siquiera someterla a votación) con la excusa de que no se aplicaría al Colegio Nacional Buenos Aires. El argumento de por sí es ridículo, somos un gremio de docentes universitarios y las reglamentaciones que proponemos son para los docentes del nivel universitario. No se puede dar de baja una moción porque no incumba a un sector minoritario de la docencia de AGD que da clases en otro nivel educativo. En todo caso se sanciona la norma general y luego se revisan las excepciones. Ante nuestra insistencia se dio la votación, pero como ya habían procedido a borrar el texto de la moción, la conducción la tuvo que reescribir y lo hizo a su criterio, rechazando incluso nuestro reclamo de que se respetara la redacción original (antes ya rechazaron nuestro pedido de agregar un par de palabras que permitieran salvar la objeción del docente del Colegio Nacional Buenos Aires). Para colmo, alteraron a su favor la forma en que se realizaba la votación de un modo que explicaremos más abajo. Toda una gigantesca maniobra burocrática para votar contra el simple y básico derecho de los estudiantes a promocionar las materias que cursan con ese régimen.
Una burocratización cada día más preocupante
Durante la asamblea, la conducción de AGD mostró actitudes propias de la burocracia sindical que debieran ser rechazadas y revisadas por cualquiera que se considere clasista. Por empezar, como señalamos, la demora en la convocatoria a asamblea en una situación de emergencia como esta. Pero también el propio desarrollo de la asamblea. La conducción se mostró preocupada por la extensión de la asamblea y que los compañeros aguantaran hasta el final (tuvo una duración de 5.30 horas). Sin embargo, no vieron ningún problema en dedicar más de 1.30 horas a la presentación de informes de la conducción de AGD y de cada una de las facultades y colegios, a lo que sumaron en las intervenciones otros informes que habían quedado afuera como FADU y secretaría de la mujer. Remarcamos este hecho porque, después, la conducción de AGD pretendió apurar el debate, las intervenciones y la votación, tras haber desperdiciado una hora y media en informes que nos podrían haber hecho llegar por mail. Las intervenciones debían ser más que breves (3 a 4 minutos), impidiendo el desarrollo de argumentos y el poder expedirse sobre más de uno o dos temas. La dirección incluso pretendió cerrar la lista de oradores mientras ellos proseguían sus informes sin que siquiera el primer orador hubiese tenido aun oportunidad de hablar. Ante la negativa de la mayoría la lista prosiguió abierta por un rato más. Pero al poco rato volvieron a la carga. Ileana Celotto se anotó en la lista de oradores para pedir su cierre inmediatamente después, algo que se hizo sin someter a votación. Nuestro compañero Damian Bil alcanzó a anotarse quedando como último en la lista. Esto ocurrió apenas pasadas las 19.30 hs. Una vez que comenzaron a hablar los oradores ya nadie pudo anotarse para responder nada ya que desde el inicio se había cerrado la lista.
Celotto que intentó cerrar la lista justo detrás de sí quedó anotada anteúltima en el orden de oradores. Pero, en algo que fue la tónica general de la asamblea: apenas frustrada una maniobra burocrática ideaban otra alternativa. Celotto, sin avisar que se bajaba de la lista de oradores fue salteada por la moderadora, de tal forma habló nuestro compañero y luego se anunció que pasaba a hablar la secretaria general. De un modo u otro Celotto iba a cerrar la asamblea. Celotto no habló en calidad de secretaria general, por el contrario, hizo uso de la palabra para argumentar sobre los puntos en debate y defender su propia posición, por supuesto sin límite de tiempo, porque no se consideró dentro de la lista de oradores.
A la hora de la votación, aparecieron las típicas maniobras. Por ejemplo, meter mociones controvertidas dentro de un bloque en el que suponían que había acuerdo y que se pretendía votar en bloque. Por otro lado, no se permitían modificaciones en las mociones de modo de alcanzar mayores acuerdos, algo ridículo, con la excusa del tiempo.
Mención aparte merece el reclamo que impulsamos respecto al pase a planta de los docentes del laboratorio de idioma. Simplemente bajaron la moción aduciendo que ya se había votado otra más abarcativa respecto al pago de sus salarios (los cual es falso, ya que esa moción era más restringida y no implicaba una oposición con la nuestra). El otro argumento usado para bajar esa moción fue esgrimido por Fabiola Ferro, Secretaria General de la AGD en Filosofía y Letras. Ella planteó que los docentes del Laboratorio no quieren el pase a planta y que no se lo podemos imponer. Al margen de que lo primero es cuestionable (qué docente no quiere el pase a planta si se le ofrece la oportunidad real del mismo), con esta posición autonomista se olvida que cada docente contratado en la UBA debilita al gremio en su conjunto y que es interés general del gremio luchar contra las modalidades contractuales precarias que vienen avanzando año a año en nuestra Universidad.
Otra moción se bajó solo porque quien la mocionó solicitó que así se hiciera, a despecho de que muchos otros docentes sí querían que se votara. Para ahorrar tiempo generalmente los oradores no repiten las mociones ya planteadas, por eso el argumento de que si no tenés el copyright de una moción no podés pedir que se vote es falaz. El argumento además de burocrático fue cínico: si el tema no te preocupó para hablar de él en tu turno, ahora no pidas que se vote. Nadie puede explayarse sobre todos los temas en debates en 3 minutos y no puede bajarse de la votación una moción que tiene apoyo de un sector de la asamblea sólo porque la persona que la formuló originalmente decida hacerlo.
De nuevo, el tiempo no importó a la hora de presentar informes, pero sí de la instancia democrática de la votación. De hecho, cualquier objeción que se interpusiera era respondida con el argumento de que no se hiciera perder tiempo. Como las maniobras eran muchas, esto obligaba a la desgastante tarea de intervenir en cada caso, o dejar pasar al solo fin de reservarse para intervenir en los problemas centrales. Lo más curioso era que no se le decía lo mismo a la secretaria general que si interrumpía permanentemente para aclarar cuestiones menores. Además, en lugar de tomar las objeciones y hacer modificaciones, que hubiera llevado poco tiempo, comenzaban a discutir perdiendo más tiempo. Ya relatamos la falsa discusión que generaron a la hora de votar la defensa de las promociones directas y mejor no entrar en los detalles del tiempo perdido en una discusión intertroskista respecto a cuál era la mejor formulación para pronunciarse sobre la deuda (problema eminentemente abstracto en un contexto en que el gobierno no está pagando la deuda).
Por supuesto, la frutilla del postre fue la forma de votación: se decidió que se contaban los votos en contra y las abstenciones que se expresarían en el chat. En cambio, los votos a favor, en vez de tener que ser expresados en el chat, se calcularían por default restando al total de los conectados en ese momento los votos negativos y abstenciones. Junto con muchos otros nos opusimos a este procedimiento (una computadora conectada a una videoconferencia no equivale a un voto positivo por default) ya que si la persona no expresa su posición no hay forma de saber siquiera si en ese momento estaba efectivamente asistiendo a la asamblea o si se había alejado de su computadora por cualquier motivo. Pero el procedimiento fue sometido a votación y aceptado. Más allá de los cuestionable del método, lo realmente llamativo es que este criterio se respetó para todas las mociones a excepción de las últimas tres a ser votadas que eran justo las mociones promovidas por RyR a las que la dirección de la Asamblea se oponía. En este caso, sin que mediara ninguna consulta a la asamblea, invirtieron el criterio de la votación: los afiliados debieron expresar en el chat sus votos a favor y las abstenciones y en este caso se deducirían por default los votos negativos. Esto vulneraba en forma fragrante el criterio que ellos mismos promovieron y que la asamblea votó.
Como resultado de esta inversión del criterio en estas últimas mociones, en todas las votaciones se terminó contando por default como voto favorable a la conducción a todos los que no se habían expresado antes. Si la conducción de AGD impulsaba un voto afirmativo eran los votos afirmativos los que se contaban por default. Si la conducción de AGD impulsaba un voto negativo eran los votos negativos los que se contaban por default. Si había 5 o 10 sillas vacías frente a un computador estas contaron siempre como votos favorables a la conducción de AGD.
Esta última maniobra de invertir el criterio aceptado en la asamblea se empleó contra la defensa del régimen de promoción directa y contra la creación de una comisión abierta que redactase un reglamente de la enseñanza a distancia durante la emergencia. Es decir, no fue una maniobra inocua sobre temas intrascendentes. Con una se les niega un derecho básico a los estudiantes, con la otra se bloquea la construcción una herramienta central para defender nuestras condiciones laborales en la emergencia. Aun así, esta propuesta contó con el voto positivo de cerca de un tercio de los presentes.
Es evidente que este tipo de maniobras poco claras no se dan el aire, sino en el contexto en que una dirección tiene que defender una política para la que no tiene pleno consenso y en donde tiene que aceptar a regañadientes incorporar los puntos que se le vienen criticando. Una conducción que se jacta de democrática muestra de este modo sus uñas burocráticas ante la emergencia de una oposición real a su política.
Por una política en defensa de nuestras condiciones laborales
Los docentes están hoy, a casi tres meses de que comenzó la cuarentena, desamparados. El gremio decidió claudicar frente a la patronal, aceptando de hecho que las clases virtuales transcurran en los términos que esta impuso. A su vez, nos llevó a enfrentarnos a los estudiantes que tienen una serie de reclamos alejados de lo que plantea el gremio: quieren cursar y aprobar materias, y que se respete el régimen de promoción directa cuando corresponde. Por otro lado, estamos en un momento en que es crucial discutir nuestro salario y reclamar por un aumento para recuperarnos de las pérdidas frente a la inflación y evitar mayores. Además, tenemos que reclamar un bono para hacer frente a los gastos que plantea la virtualidad. Perdimos mucho tiempo mientras la conducción abogaba por no dar clases. Lo seguiremos perdiendo mientras que no elaboremos un reglamento de trabajo a distancia y organicemos un plan de lucha para imponerlo junto con nuestras demandas históricas por salario, renta a los ad honorem, titularización de los interinos y todas las modalidades de contratados.
Es necesario un balance honesto de lo actuado hasta ahora y una redefinición clara y coherente de nuestros objetivos en la coyuntura. La deshonestidad de la conducción a la hora de reconocer errores pasados, su negativa a rectificarlos por completo (dejando margen para mantener sus alianzas con la gestión de ciertas facultades o para reivindicar una continuación de la línea ideológica en la prensa de sus respectivos partidos), así como los zigzagueos que toma para acercarse gradualmente hacia una reglamentación de la enseñanza a distancia solo demoran una solución real a los problemas más acuciantes del presente.
Para ver nuestra propuesta: https://bit.ly/3c70KMJ
Razón y Revolución
