Los límites del Estado como empresario
Muchos piensan que no tenemos una industria potente porque el Estado no hizo lo que tenía que hacer. Algunos piensan que se debe a que este sofocó la iniciativa privada. Otros a que no abarcó lo suficiente. Si usted se ubica en alguna de estas posiciones, tal vez se lleve una sorpresa. Pase y lea.
Emiliano Mussi
OME-CEICS
“Las mujeres y el asado” no paraba de repetir un amigo cubano sobre lo que le fascinaba de Argentina. De hecho, su única obsesión aquí fue aprender a manejar una parrilla. Es que en el Caribe no hay asadores ni asados. Estos son el producto de un derrotero histórico particular que se desarrolla en Argentina y que tiene como base las amplias pasturas pampeanas. El asado es el producto de una sociedad básicamente ganadera, de campos abiertos y una casi inexistente sujeción personal. En Cuba, sin esas extensas praderas poco pobladas, nada de esto fue posible.
Esta simple anécdota sirve para ordenar cuentas con aquellos que piensan (y escriben) que, bajo relaciones capitalistas, los problemas del Estado en la economía deben buscarse en otro lado que no sea en las condiciones reales, materiales y objetivas de un país. Los límites de la intervención estatal en la producción deben buscarse en los problemas de las empresas en esa producción. Cualquier otra explicación quedará flotando en el aire. El Estado capitalista, al defender la propiedad privada de las empresas, no puede impulsar una rama industrial si ésta no tiene las condiciones necesarias para hacerlo, tal como pasa en Argentina.
El pantano de la “voluntad”
¿Cuántas veces escuchamos que los problemas de Argentina son la “falta de iniciativa” o “falta de voluntad”? Amigos kirchneristas y anti kirchneristas discutían con termómetro en la mano, qué tanto habría hecho el Estado por ayudar a la industria a que crezca, que logre expandirse y despegar. Ambos partían de que “todavía” la Argentina no tenía una industria como la gente. Los kirchneristas decían que faltaba otra década igual a esta. Después de diez años en que la “opo” impuso un modelo financiero, le llevaría el doble de años al Estado revertirlo. “Estamos en camino, pero falta mucho”. Ahí el amigo K nos guiñaba el ojo, como diciendo “te espero en las elecciones de octubre”. Enfurecido, a mi amigo opositor entró a despotricar sobre la política industrial del gobierno. En este caso, no sería una década ganada. Todo lo contrario: se habría perdido toda una oportunidad histórica.
En realidad, este contrapunto resume en grandes líneas los debates sobre qué rol juega el Estado en la industrialización de un país. Las dos posiciones presentes en aquel asado, elogiado por el cubano, contenían toda la discusión académica sobre qué rol juega o debe jugar el Estado. Estarán aquellos que dirán que si no se la controla, la economía entrará en crisis, y que por eso el Estado debe intervenir y regular. Keynesianistas, desarrollistas, “mercadointernistas”, populistas, kirchneristas en general, con matices, se encuentran de este lado de la vereda. Enfrente están los liberales, que piensan que la intromisión del Estado en el mercado distorsiona los precios, “las señales”, y que al cambiar las reglas del juego, los jugadores (léase los capitalistas) no pueden tomar las decisiones adecuadas acerca del futuro de su negocio. La misma discusión se da cuando el Estado se arremanga, y mete mano de lleno en la producción industrial para impulsar al conjunto de la industria.
Como en el asado, unos y otros se tiran la pelota diciendo, por un lado que faltó voluntad, o por el otro lado, que se desperdiciaron buenos años con políticas intrusivas (es decir, que la voluntad “sobró”). La receta para unos es más y mejor Estado; menos y, en todo caso, más preciso, para otros. En realidad, ambos se equivocan, porque parten de separar lo que está unido de hecho: el Estado y el mercado, la sociedad política y la civil, la política y la economía. En realidad, son diferentes nombres para el mismo problema.
En primer lugar, nunca está de más aclarar que de lo que hablamos no es del Estado a secas, sino del Estado capitalista. El sentido es marcar que es un Estado particular, que persigue intereses diferentes al feudal o esclavista. Al ser capitalista, el Estado debe alentar el desarrollo del capital. Puede alentarlo, pero no crear condiciones que no están presentes ya en el capital. El Estado se asienta sobre las empresas de ese país. Es la expresión de los capitales individuales que acumulan allí, y no hace más que reproducir los límites que éste ya tiene. En la Argentina, el capital tiene límites bien concretos: una baja escala, baja productividad y altos costos. Cualquier experiencia estatal que no revierta estas condiciones estará condenada al fracaso.
Son esas las condiciones que los teóricos sobre la experiencia estatal no pueden ver, y centran toda su atención en el Estado en sí mismo. Al no ver la unidad entre empresas y Estado, la acción estatal parece no tener límites, más allá de los que el gobierno de turno quiera. Como mis amigos, llevan la discusión a un terreno ideal, donde todo es posible y sólo es cuestión de voluntad política. Por eso la discusión se da en esos términos: faltó “un plan a largo plazo”, “se les fue la mano”, etc. En definitiva, se olvidan cuáles son las condiciones concretas que tiene el capital sobre las que el Estado tiene que actuar. Volviendo a la anécdota que comentaba al comienzo, esta forma de razonar lleva a pensar que el cubano es un mal asador por su propia incompetencia. Cuando en realidad, su falta de habilidad es expresión de la mala calidad de la carne en su país. Eso no quiere decir que con un corte de exportación cualquier ignoto hace un manjar. Las condiciones iniciales son solamente (y nada menos que) eso: elementos que posibilitan o limitan una experiencia. Lo que se debe discutir, en este caso, antes de cargar las culpas en el Estado, es qué es lo que no se puede hacer en Argentina (y bajo estas relaciones sociales).
El Estado como empresario en la industria
Estas falencias se pueden ver en uno de los trabajos que probablemente más analizó el tema del Estado empresario en la Argentina.[1] Con la salvedad de que el error que cometen es peor. Los autores no se cansan de describir de manera muy minuciosa y exhaustiva los fracasos del Estado argentino en materia industrial, lo cual de por si es muy valioso para futuras investigaciones, pero no alcanza para una buena explicación. Además, a la hora de concluir cuáles fueron los límites de estas experiencias estatales, se olvidan de todo lo que escribieron y terminan afirmando que fue un problema de la burocracia estatal. Si hubiese habido una burocracia eficiente, con un plan general de desarrollo, políticas coherentes, que lleven a cabo lo que se proponían, para ellos, la historia hubiese sido diferente. Otra vez, la culpa del fracaso la tiene el asador, y no la carne. Pero así como en Cuba no hay buena carne, en Argentina, bajo relaciones capitalistas, no hay condiciones para el despliegue industrial, por más que el Estado impulse.
En el libro, Belini y Rougier describen las dificultades para financiar proyectos en los que el Estado decidió crear empresas estatales. Un problema general que aparece es la incorporación de los equipos y maquinaria para producir. Como había que importarla, se necesitaban dólares que sólo entraban al país cuando el agro exportaba. Si no lo hacía, como pasaba cíclicamente, se producía una crisis, y los planes quedaban demorados. Esto pasó en la siderurgia con dos empresas estatales: Altos Hornos Zapla (1943) y SOMISA, que se creó en 1946 pero se puso en marcha en 1961.
Otro problema que los autores mencionan es el mercado chico para ubicar la producción (baja escala). Este es un problema grave, porque al haber una demanda acotada en comparación con otros países, es muy difícil que el negocio se expanda. Uno ejemplo que podemos mencionar es la Fábrica Militar de Tolueno Sintético Campana (1942). Son los propios autores que mencionan que el límite de la industria petroquímica en general “se vio limitada en su conjunto por la reducida demanda interna”. La falta de tecnología adecuada, y un mercado interno chico, redundaba de manera directa en altos costos. Esto se ve claro en otra industria básica, como es la química.
El Estado fundó, en 1943, Industrias Químicas Nacionales Sociedad Mixta. Aquí se sumaban problemas específicos de la rama, como la baja cantidad de mineral que se extraía de la mina; los 24 km de distancia entre la mina y la planta refinadora que aumentaban los costos; y que por razones climáticas la fábrica debía estar cerrada de mayo a septiembre. La producción nunca pasó la barrera de las 11 mil toneladas, ni un cuarto del mercado interno. Los autores señalan que estos factores influían para que el “azufre nacional duplicara holgadamente los precios del azufre chileno o del norteamericano” llevando el negocio a la crisis (p. 67).
Misma situación se daba cuando el Estado no se encargaba de manera directa de la producción, sino que participaba en el directorio de las empresas que necesitaban “rehabilitación”. En la década del ´70, participaba en casi 400 empresas, que por la magnitud de la compra del paquete accionario, en varias tenía el control de la empresa. Pero por más control estatal, los problemas del capital privado eran los mismos que vimos en el capital estatal. Otra vez, “pese al apoyo crediticio y la condonación de deudas, muchas de las empresas no lograron ‘rehabilitarse’. El problema era que no todas estaban en condiciones de superar la crisis” (p. 239). Sin embargo, y a pesar de toda la evidencia empírica que presentan, no sacan las conclusiones lógicas de lo que exponen. La intervención del Estado falla por los propios límites concretos que encuentra la valorización del capital en Argentina, no por la falta de autonomía de una burocracia estatal.
La idea de que la voluntad política puede todo es falsa. Al revés, los problemas no siempre se explican por el accionar político. Más bien son expresión de determinadas condiciones concretas o coyunturas históricas. En Argentina, el accionar del Estado capitalista para el desarrollo industrial es bastante limitado. No por la falta de capacidad, sino porque no existen condiciones para que triunfe. En Corea del Sur, el accionar del Estado en determinado momento sí pudo resultar porque, contó con las premisas necesarias, como costos salariales bajos, que Argentina no tuvo[2] (ni tiene, ni ojalá tenga). El Estado sí tendrá posibilidad de desarrollo cuando logre expandir el tamaño de la producción, haciendo que aumente la productividad del trabajo, y reduzca los costos. Así sí se estarían revirtiendo las condiciones previas. El Estado capitalista no puede hacerlo porque para lograrlo debe obligar a que se fusionen las empresas, y eso sería cuestionar la propiedad privada sobre la que se sustenta. Sólo un Estado socialista, que centralice todo el capital en manos de la clase obrera, puede lograrlo.
[1]Rougier, Marcelo y Belini, Claudio: El Estado Empresario, Manantial, Buenos Aires, 2008.
[2]Mussi, Emiliano: “Sin lugar para el bis. Lecciones de la crisis siderúrgica de los ´70”, en El Aromo, n° 68, 2012.
