Como mostraron las PASO, antes que por el crecimiento de la oposición, el gobierno del Frente de Todos se desploma por su propia inutilidad, que ha generado una situación característica de todo fin de ciclo: el hartazgo es generalizado. Pero denunciar conspiraciones lo coloca en el lugar de víctima de la derecha y los Estados Unidos.
Eduardo Sartelli en Perfil.com
Victoria Tolosa Paz puso sobre la mesa, con sus dichos acerca de un “golpe blando” en marcha, un mecanismo político que el Frente de Todos asumió como propio apenas iniciada la presidencia de Alberto Fernández. En esa ocasión, el gobierno argentino llevó adelante una defensa encendida de Evo Morales, cuya caída fue caracterizada como el resultado de un “golpe de Estado”. La idea era bastante clara: el presidente y su Frente, teniendo que enfrentar un severo ajuste con sus previsibles consecuencias sociales y políticas, intentaban curarse en salud. Pues bien, tiene ahora esa vacuna a mano. Si no es aplicada en forma masiva y sistemática, se debe a que quien aparecería como “golpista” en primera instancia y a la consideración de todo el mundo, sería su propia vicepresidenta. En efecto, Cristina Fernández no ha logrado, hasta ahora, colocarse en posición de “víctima”. Todo lo contrario, no puede abandonar la imagen de “victimaria” que la persigue desde que comenzó el disciplinamiento público de su no tan díscolo como incapaz compañero de fórmula. De no ser por esta peculiar posición en la que está colocada, seguramente veríamos una andanada furiosa de mensajes, por todos los medios posibles, llamando a defender al gobierno. El pequeño detalle es que ella se ha encargado de decirle a todo el mundo, de las más variadas formas, que este no es su gobierno, aunque todo el mundo cree lo contrario. Por eso, es más probable que estemos frente a otro furcio de la candidata provincial antes que a una estrategia política en desarrollo.
Razones. ¿Por qué la idea de un golpe de Estado en marcha resulta tan atractiva para el kirchnerismo? Varias razones. La primera, porque vivimos en la Argentina, donde la sola insinuación de una alteración constitucional deja fuera de combate a su enunciador. Decir algo tan obvio y tan sencillo como “Alberto se tiene que ir”, es cosa de outsiders. Además, la idea tiene la ventaja de colocar en el lugar de víctima al supuestamente amenazado. Es, en general, una estrategia ganadora. Sobre todo, si el tema del golpe está asociado, como sucede en la Argentina, con la derecha política y los Estados Unidos.
Para la autoidentificación de un gobierno como de “izquierda” y “popular”, este combo es inmejorable: nos ataca el imperialismo (“la patria está en peligro”), la derecha quiere volver a imponer sus planes de ajuste (“ah, pero Macri”) y lo que está en juego es la vida misma (“Macri, basura, vos sos la dictadura”).
De todos modos, este instrumento tan precioso del arsenal armamentístico kirchnerista, no está disponible y de estarlo, tal vez no funcione. No está disponible porque, como dijimos, la propia Cristina, sobre todo después del episodio de las renuncias masivas y el basureo mediático del presidente en los días que precedieron al recambio de gabinete, está ella misma en posición de golpista. Por sus acciones, por su relación con el presidente, pero, además, por algo muy obvio: ella sería la primera beneficiada. Pero, aun suponiendo que pudiera apoyarse en una maniobra de este tipo, no parece que resultara efectiva, porque no hay forma de probar que los errores que trajeron al gobierno hasta aquí se deban a otra cosa que al gobierno mismo, a sus malas decisiones, a la impericia de sus protagonistas, pero también a su absoluta incoherencia interna. Como mostraron las PASO, antes que por el crecimiento de la oposición, el gobierno del Frente de Todos se desploma por su propia inutilidad, que ha generado una situación característica de todo fin de ciclo: el hartazgo es generalizado, desde el mundo “empresario” hasta el planeta “piquetero”, pasando por todas las graduaciones intermedias, sin distinguir género ni clase ni edad.
Medios. Recordemos que se denomina “golpe blando” a la creación de condiciones de inestabilidad política que llevan a la caída de un gobierno. La idea de que la tapa de un diario puede provocar un resultado como ese, de la que el kirchnerismo ha hecho uso y abuso, es solidaria con el adjetivo que define a los “nuevos” golpes: ya no vienen los militares con sus tanquetas, ahora todo se cocina en los “medios”. Lejos estoy de negar la importancia de este tipo de maniobras, que forman parte del arsenal de toda lucha política. Pero ningún gobierno con sólido respaldo popular cae por una campaña mediática ni por “conspiraciones” de grupos entre las sombras: a Evo lo volteó la movilización de masas que antecedió a su renuncia.
El concepto de golpe de Estado “blando” tiene, además, consecuencias negativas, para el conocimiento social y para la vida política: oculta la lucha social y el protagonismo de las masas, sea en las calles o en las urnas y oblitera una comprensión seria de los problemas sociales. Por otra parte, anula la política, porque cualquier crítica termina siendo “destituyente”, como se decía en la “década ganada”. Transmite, además, una concepción bastante pobre de la vida social y de la praxis política, en tanto la reduce a los mecanismos electorales. Ignora, y pretende que ignoremos, que la política incluye un conjunto de prácticas no validadas por la ley, pero sí por la realidad. Que la ley no recoja esos elementos de la constitución real, o lo haga deformadamente, es un problema de la ley, no de la soberanía popular.
Presidencialismo. Y esto sigue siendo válido aún cuando nos limitemos a examinar el problema dentro de los límites del derecho burgués, es decir, sin plantear sus taras insalvables a la hora de expresar otros intereses que los de la clase dominante. En efecto, aún cuando nos limitemos a este tipo de sociedad, el sistema político argentino es notablemente autoritario. Si para sacar a un presidente inútil hay que hacer un juicio político, pero los mecanismos previstos hacen que sea casi imposible llevarlo adelante, hay un problema en el sistema político.
Ese problema, que puede denominarse, por comodidad, “presidencialismo”, hace mucho más restrictiva a la democracia burguesa argentina que la de los países donde reina el “parlamentarismo”. No es un resultado casual: una sociedad en crisis permanente obliga a su clase dominante a crear sistemas políticos restrictivos: el capitalismo argentino se protege con un sistema político de naturaleza “alberdiana”, en tanto se trata de elegir un dictador cada cuatro años. El resto del tiempo, a callarse y esperar.
Aparece aquí, una pregunta elemental: ¿por qué hay que esperar dos años más para sacar a un gobierno que concita una reprobación unánime? La falta de respuesta a esta pregunta nos lleva a un problema, todavía más grave, y es que nadie quiere que Alberto se vaya. Por distintas razones, pero confluyentes: ni Cristina ni JxC quieren hacerse cargo de la crisis. Los dos prefieren esperar a que la situación termine de hundirse y que la realidad haga el ajuste. No hay golpe en marcha, ni blando ni duro, porque las dos oposiciones, la de Cristina y la de JxC esperan un 2001 salvador. Para ellos, claro. Para los trabajadores, no.
