¡A marzo! La intervención sindical frente a la violencia hacia los docentes

Natalia Álvarez Prieto
Grupo de Investigación de la Educación Argentina- CEICS

A fines de septiembre trascendió a los medios un nuevo caso de violencia escolar. En esta oportunidad, un director de escuela fue molido a palos por un estudiante y su madre en una escuela de Pergamino. Este tipo de hechos configuran un paisaje cada vez más familiar en la vida educativa. A contramano de esa realidad, el Estado crea políticas ad hoc que no generan instrumentos concretos. Al mismo tiempo, construye a diario una poderosa ideología que culpabiliza al colectivo docente por no “contener” a los alumnos, generar “climas escolares autoritarios” que “cierran los canales de diálogo”, y otras acusaciones de ese estilo. Se trata de una ideología que, en muchos casos, se materializa en despidos, suspensiones, sumarios y causas penales.

En ese marco, la violencia se ha convertido, de hecho, en un fenómeno que contribuye a precarizar aún más las condiciones de trabajo de los docentes. Es ahí donde aparece otro grave problema: hasta el momento, los sindicatos docentes no han intervenido de manera sustantiva frente al flagelo que sufren a diario los trabajadores de la educación. Si bien frente a ciertos casos que trascienden a la opinión pública y general verdaderos escándalos, todos los gremios se ven obligados a pronunciarse, lo cierto es que la solución al problema de la violencia no forma parte de los reclamos sistemáticos impulsados en tiempos de aparente calma.

En función de este problema analizaremos la estrategia que los sindicatos, aunque no sea más que embrionariamente, están diseñando para enfrentar un fenómeno que, seguramente, volverá a estallar. Intentaremos dar cuenta de ello a la luz de un caso reciente en Pergamino.

Por knock-out

El lunes 26 de septiembre, el director de la escuela secundaria n° 11 de Pergamino citó a la madre de un alumno de 3º año por su mal comportamiento. Al ingresar a la oficina de preceptores, la mujer sacó un fierro y lo golpeó mientras su hijo intentaba cortarlo con un cuchillo de cocina. Luego, lo corrieron hasta el patio y, una vez desmayado, siguieron golpeándolo en el suelo. El director tuvo que ser hospitalizado e internado durante todo un día. La madre del estudiante fue detenida e imputada por “coacción agravada”, delito que podría otorgarle una pena de hasta 10 años de prisión. Para justificar la agresión, la mujer sostuvo que el docente acosaba sexualmente a su hijo. Sin embargo, no existía ninguna denuncia previa al respecto. Por el contrario, en 2007 el directivo sí había efectuado una denuncia policial por una serie de amenazas recibidas por parte de la mujer a raíz de los problemas escolares que presentaba otra de sus hijas. Afortunadamente contaba con esa prueba, ya que otro gran problema al que se enfrentan los docentes son las denuncias falsas de abusos. Este fenómeno llegó a tal punto que, en 2008, se creó una organización al respecto: “Maestros en riesgo”. Como de costumbre, en aquel entonces la denuncia del director fue desestimada por la justicia. Un botón de muestra más de la actual desprotección de los trabajadores de la educación. Por su parte, el estudiante fue expulsado y ya se está evaluando una nueva escuela (¿más contenedora?) de destino.

El director, Ricardo Fusco, es además representante de la comisión de la Unión de Educadores de Pergamino y Congresal de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) en dicha localidad. Fusco no sabe si volverá a ingresar a un aula. En forma categórica sostuvo: “los maestros les tienen cada vez más miedo a los adolescentes”.¹ En efecto, aquel temor se monta sobre una base real: según un informe realizado por el Departamento de Salud Laboral de la FEB, un 32% de las 6 mil consultas por enfermedades laborales que recibió entre 2008 y 2011 derivó de trastornos psicológicos y psicosociales. Le siguieron en importancia los trastornos de la voz (21%), afecciones respiratorias estacionales (15%), problemas musculares y óseos (12%) y enfermedades ginecológicas (10%), mientras que el porcentaje restante se agrupó en “otras enfermedades”.²  A nuestro entender, la violencia en el escenario escolar juega un rol muy importante y permite explicar buena parte de ese 32%. No es más alentador el panorama descrito por la Unión de Docentes Argentinos (UDA). Según una encuesta realizada a 2 mil de sus afiliados, un 70% de los docentes está preocupado por los casos de violencia y “3 de cada 5 docentes que piden licencia es por casos vinculados a violencia escolar”.³

A raíz de la golpiza que sufrió Fusco, los principales sindicatos docentes de la provincia convocaron a un paro de 24 horas en repudio por la agresión y por mejores condiciones laborales, logrando un acatamiento del 98%, aproximadamente. Una medida que, tal vez, inicie una nueva etapa en tanto se trata del primer paro realizado, a nivel provincial, por una agresión sufrida por un docente. Hasta el momento, las acciones desarrolladas por los sindicatos frente a casos del mismo tenor no han avanzado en extensión, superando una escala local, ni en profundidad, adoptando formas de acción directa. En relación a este punto, por citar un ejemplo, frente al asesinato de una docente por parte de un estudiante en una escuela de Olavarría, en el año 2000, los sindicatos sólo participaron en una serie de movilizaciones en la localidad.

Bajo la alfombra

En general, los gremios exigen que el Estado adopte medidas preventivas. Sin embargo, en ningún caso queda claro cómo podría llevarse a cabo esa tarea. Por su parte, SUTEBA – CTERA reclama la creación de Equipos de Orientación Escolar en todas las escuelas ya que actualmente muy pocas cuentan con ellos (aún cuando deberían ser parte de la planta permanente de todos los colegios) y la creación de más Equipos Interdisciplinarios Distritales.⁴ Acorde con la ideología de la inclusión, a su vez exige que, como establece la Ley Nacional de Financiamiento Educativo, la escolaridad de jornada completa se extienda como mínimo al 30% de la matrícula. Según el Secretario General de SUTEBA, Roberto Baradel, dicha medida: “le dará más posibilidades a los chicos de contar con espacios de artística, de educación física, de informática y, por ende, de integrarse de otra manera”.⁵ Un argumento muy similar al delineado por los “especialistas” que suponen que los fenómenos actuales refieren a la incorporación de fracciones de la clase obrera “inadaptada” a los mecanismos tradicionales de la escuela. De ese modo se explicaría el rechazo a la autoridad que, en algunos casos, se manifestaría en forma violenta. A todo ello, SUTEBA adiciona algunos reclamos más generales orientados a fortalecer una serie de políticas que, en teoría, reautorizarían a la escuela y a los docentes. Parten del presupuesto que la situación actual sería resultado del largo proceso de desmantelamiento de la escuela pública acontecido en los ’90. Entre sus reclamos se encuentran la formación permanente en servicio, tiempos pagos para la realización del conjunto de las tareas pedagógicas, elevar la calidad educativa, prevenir la salud laboral, potenciar el papel de la supervisión educativa, etc. Va de suyo que, detrás del agitado cuco neoliberal, buena parte de esos argumentos tienden a responsabilizar a los docentes, de una u otra manera, por la situación actual.

Otros sindicatos apuestan a una solución similar. Unos días antes de la agresión en Pergamino, la UDA-CGT presentó un proyecto de Ley para la Creación del Equipo Coordinador Interdisciplinario Centralizado para la Erradicación de la Violencia en el Ámbito Escolar. El mismo, formado por especialistas y representantes sindicales, se ocuparía de analizar los programas creados, la evolución de la violencia y brindaría asesoría y coordinación. Su labor se completaría con la realizada por equipos jurisdiccionales y locales en articulación con los gabinetes interdisciplinarios creados por la Ley Nacional de Educación. Sorprende que la mayor parte de los gremios que hacen esta propuesta “olviden” denunciar el desguace operado sistemáticamente sobre los escasos equipos existentes.⁶ Sin embargo, la UDA, junto con la FEB, posiblemente sea uno de los gremios que ha dado un paso más adelante. Desde hace por lo menos dos años, exige que el problema de la violencia en las escuelas sea incluido y negociado en las paritarias.

Por su parte, a raíz de los sucesos de Pergamino, la FEB denunció que las situaciones de “alto riesgo psicosocial” enfrentadas por los docentes constituyen una de las causas del ausentismo docente.⁷  Al mismo tiempo, reclama que los trastornos postraumáticos y enfermedades psicosociales sean considerados enfermedades profesionales y, por tanto, se contemplen en la Ley de Riesgos de Trabajo. El sindicato sostiene que, en la actualidad, la actividad docente es una profesión de alto riesgo en la que los educadores se ven sometidos a agresiones físicas, verbales y morales. En una solicitada, el gremio exigió a las autoridades provinciales: garantizar la seguridad física y psíquica de los educadores y los alumnos; protección real y efectiva para los docentes; gestionar las acciones necesarias para evitar estos hechos y acompañamiento frente a circunstancias violentas. A su vez, el sindicato se declaró en estado de alerta y movilización permanente. En este caso, puede observarse cierta evolución en relación a los planteos previos. Así, por ejemplo, frente al caso de Olavarría, el gremio se limitó a reclamar el desarrollo de una “educación en valores” y la “revalorización del rol docente”.⁸  Sin embargo, que la “radicalidad” del reclamo actual vaya de la mano de una agresión hacia uno de sus militantes habilita a pensar que, posiblemente, con el tiempo su intervención frente al problema se diluya.

Por su parte, la Unión de Docentes de Buenos Aires (UDOCBA-CGT) presentó una nota a Daniel Scioli en la que denunció las constantes agresiones físicas, amenazas e insultos a los que se ven sometidos los docentes cotidianamente. Recientemente, convocaron a un paro por 48hs para el próximo 3 y 4 de noviembre bajo el lema “no a la violencia en las escuelas”. Cabe destacar que fueron los únicos en poner sobre el tapete el problema de la inclusión y cómo ésta opera diluyendo y ocultando los casos de violencia a través de distintos vericuetos burocráticos del sistema.⁹  No obstante, su intervención se limita a pedir reglas claras para actuar. En este punto, UDOCBA razona como si la violencia fuera un problema estrictamente escolar, entendiendo por escolar lo que ocurre pura y exclusivamente adentro de la escuela. Y precisamente, una infinidad de casos ocurre fuera de ese espacio, dando cuenta de la complejidad del fenómeno y de su relación con procesos sociales más generales. Al mismo tiempo, aún cuando no llega a materializarse físicamente, en numerosas oportunidades la violencia hilvana un lento y gradual proceso de enloquecimiento docente.

En suma, más allá de la adhesión al paro, el accionar del resto de los sindicatos y buena parte de las propuestas desplegadas se limitaron a una suerte de saludo a la bandera. Posiciones en las que se conjugaron el repudio al hecho y la solidaridad con Fusco, los pedidos de prevención y las iniciativas del tipo “trabajar en el aula” la violencia. No pareciera una intervención a la altura de las circunstancias.

Vísperas de nuevos “rounds”

Como hemos visto, las intervenciones sindicales frente a la violencia escolar presentan serias limitaciones: en términos generales, no son sistemáticas, adoptan una escala local y no se expresan en medidas de acción directa. Así, por ejemplo, frente al caso de Carmen de Patagones, la acción gremial se limitó a acompañar a la comunidad educativa y a manifestar su repudio cuando se decidió separar de sus cargos a algunos de los docentes. En el caso del asesinato de la docente de Olavarría, sólo realizaron unas pocas movilizaciones en la localidad. En relación al contenido de los reclamos, en todos los balances y propuestas existe un núcleo común: la creencia en la inexistencia de antagonismos y contradicciones sociales insalvables que se trasladan al espacio escolar. En el caso de las propuestas orientadas a saldar el problema puertas adentro (más equipos de orientación escolar, extensión de la jornada completa a más escuelas, etc.) no se desvían de la ideología de la “inclusión” suponiendo que los alumnos tienen que estar, cueste lo que cueste, en la escuela. En el caso de los pedidos de más herramientas disciplinarias, al reclamar medidas “excluyentes”, depositan sus expectativas en mecanismos de carácter paliativo frente a situaciones extremas. Es decir, curar el síntoma dejando intacta la enfermedad ¿Cuál es el problema entonces? Ambas posiciones comparten una imagen falsa de la escuela al suponer que se trata de un espacio en donde los “ciudadanos” se encuentran y resuelven sus problemas sin condicionamiento alguno. Esa imagen distorsionada impide ver que la raíz de la violencia escolar se halla en la descomposición de la sociedad, siendo la escuela fiel reflejo de esa situación.

Por otra parte, la mayoría de los posicionamientos se producen como coletazos de grandes estallidos. Y uno de los principales problemas es que sobre el hecho consumado sí existen una serie de herramientas -aunque limitadas- para la intervención, ya sea por la vía administrativa o bien judicial. Todo ello explica que una parte sustantiva del fenómeno no sea problematizada en forma sistemática por los gremios: nos referimos al hostigamiento permanente que sufren miles de docentes al ser blanco de cargadas, insultos, faltas de respeto, etc. Este aspecto, que no se pone en cuestión, posiblemente explique gran parte de las enfermedades psicofísicas que indica la FEB en su informe. Esa situación, en el contexto de las políticas “inclusivas” dominantes que obligan a que los docentes convivan con sus agresores, sumado a la carencia de especialistas que trabajen sobre esos casos, configura un panorama francamente explosivo. En general, frente a los episodios de violencia, la sospecha recae, a priori, sobre el docente: “no supo anticiparse”, “tal vez sea autoritario y poco inclusivo”, “habrá hostigado o acosado al alumno”… Luego, no ha de sorprender el amplio desarrollo de enfermedades psiquiátricas en el seno de la docencia, la contradicción y la culpa que los acompaña en su vida más allá de la escuela, la presencia de docentes armados a modo de defensa -como si fueran a la guerra.

Los sindicatos, como explicamos, son parte del problema más que parte de la solución. Con todo, son una parte. Otra parte, y más determinante, es la conciencia de los docentes. Los compañeros no se hacen cargo de estas cuestiones y no las toman en sus manos, más allá de lo que haga un gremio integrado al Estado. Las quejas pueblan las charlas de sala de profesores, los comentarios de pasillo e incluso llegan a algún planteo puntual, pero no disparan la organización, la discusión y la intervención más general. Muchos, ven a este verdadero flagelo como un “gaje del oficio”, un dato inmodificable de una tarea necesariamente ingrata. Se levantan ante retrasos salariales o reformas al estatuto, pero no ante este ataque más certero y sistemático.

Si agregamos a los alumnos, en ese contexto tampoco asombra que porten armas, incluso en algunos casos desde los seis años, los suicidios o asesinatos por “bullying”. En suma, un amplio espectro de escenarios que dan cuenta de un fenómeno extenso que no se reduce a lo que acontece en las aulas. Por ende, las soluciones de fondo no se limitan a modificar tal o cual reglamento.

Lamentablemente, es posible que nos encontremos en las vísperas de nuevos y más intensos “rounds” en los que el docente consuma una derrota, física y emocional, construida día a día, sin haber dado pelea alguna. Sin dudas, la intervención de los sindicatos será crucial si logra ubicarse a la altura de las circunstancias dejando de lado el consignismo y la intervención de ocasión.